Sentencia N.º 2516
- Sentencia
- N.º 2516
- Fecha
- 05/08/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0774
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-0774
El 14 de abril de 2005 se recibió en esta Sala el Oficio Nº C.A.180-05 del 11 de abril de 2005, anexo al cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GONZALO RAFAEL OLIVARES CALVIER, titular de la cédula de identidad N° 4.357.922, asistido por el abogado Alexis Rabel Moreno López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 15.984, contra la decisión del 28 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, que ordenó la remisión de la causa seguida contra el quejoso por la presunta comisión del delito de difamación agravada, al Juzgado en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, Extensión Guasdualito, vista la “(…) ausencia, por (sic) la no designación de una terna de jueces accidentales que conozcan de las causas como las que nos ocupa (…)”.
El 5 de abril de 2005, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta.
Mediante auto del 11 de abril de 2005, el a quo, en virtud de la apelación interpuesta el 8 de abril de 2005, por el abogado Alexis Rafael Moreno López, en su carácter de autos, contra la sentencia dictada el 5 de abril de 2005, por la referida Corte, que ordenó “(…) remitir la misma al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, a los fines de que decida el recurso de apelación referido (…)”.
En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y, los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 20 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Eldefensor de la parte presuntamente agraviada fundamentó su acción, con base en los siguientes argumentos:
Que ejerce la presente acción de amparo constitucional contra la decisión del 28 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Estado Apure, que ordenó remitir la causa al Juzgado de Juicio, Extensión Guasdualito del Estado Apure.
Que “(…) inhibidos los dos (2) Jueces de juicio en esta localidad de San Fernando de Apure, y por no haberse designado terna de Jueces accidentales para continuar conociendo esta causa ordena y decide remitir la causa al Juzgado de Juicio, Extensión Guasdualito”.
Que “(…) el Juzgado de Juicio, Extensión Guasdualito, (...) consumó la orden del Juzgado Segundo de Juicio (…) como lo fue ordenar continuar el juicio en esa sede territorial, sin enviar previamente ternas al TSJ (sic) para la designación del Juez accidental, para continuar conociendo de la causa que se me sigue, dado el agotamiento de los Jueces de Juicio, por inhibición de ambos (…)”.
Que “(…) los hechos, según la acusación, ocurrieron por el contenido de un acto administrativo dictado por mi como Director del Hospital General ‘Dr. Pablo Acosta Ortiz’, ubicado en la avenida Caracas de la ciudad de San Fernando de Apure, Municipio San Fernando del Estado Apure, donde se pretende sacar la especie difamatoria, lo que se concluye que el hecho acusado se cometió en el territorio y localidad de San Fernando de Apure y no en el territorio y localidad de Guasdualito (…)”.
Que “En el iter constituconal, el Juez penal previamente establecido por la ley (...), para conocer delitos o faltas es el lugar donde se consumó el hecho y en el caso de autos, el hecho acusado se consumó en San Fernando de Apure y no en Guasdualito”.
Que “Trasladar la causa penal fuera del lugar donde se consumó el hecho, es violar y desconocer al acusado el derecho que tiene a ser juzgado por su Juez natural, previamente establecido por la ley, en este caso es el Juez de juicio de San Fernando de Apure y no el de Guasdualito, lugar totalmente desconocido y ajeno a la consumación del hecho, máximo cuando se trata de un delito de acción privada, donde las partes nada tienen que ver con ese lugar”.
Que “(…) el Juez de Juicio de San Fernando no debía enviar el conocimiento de la causa a un Juez de Juicio en Guasdualito, por no tener competencia para radicación, ni para avocamiento de juicios penales, de ahí la extralimitación de sus funciones y al haber actuado fuera de su competencia”.
Que “(…) inhibidos los dos (2) Jueces de Juicio (…) se abría ope legis, una incidencia procesal natural, como es la de que el Juez último inhibido, convocara al suplente respectivo, y de no hacerlo, oficiar al TSJ (sic), para que designe un Juez accidental, para que en ese mismo Tribunal continuara conociendo la causa; jamás debía enviarlo a un Juzgado de Juicio de Guasdualito y al hacerlo violó el debido proceso para esta incidencia (…)”.
Que “El artículo 26 ejusdem, le da el derecho a toda persona de acceder a los órganos de la administración de justicia, de manera accesible y expedita, y el artículo 49 ordinal 1 ejusdem, le garantiza el derecho a la defensa, disponiendo el tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, lo que no se puede llevar a la práctica (…) por cuanto el Juez Segundo de Juicio envía la causa al Juzgado de Juicio de Guasdualito, ya que ello me impide revisar a diario las actuaciones y las pruebas que crea conveniente, en definitiva ejercer todos los derechos y acciones que considere necesarios a cada momento en virtud de que ello se imposibilita por la distancia, por el estado de la carretera y la inseguridad jurídica que reprenda la zona fronteriza (…)”.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El a quo fundamentó la decisión apelada, en los siguientes términos:
“(…) la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 48 establece los procedimientos y pautas para los casos de inhibiciones y recusaciones al señalar dos (2) supuestos, cuando el Tribunal unipersonal esté en la misma localidad del de Alzada conocerá éste y el segundo supuesto es cuando no se encontrare en la misma localidad decidirán los suplentes. En el primer caso la inhibición de los jueces unipersonales, serán decididas por el Tribunal de Alzada, es decir las Cortes de Apelaciones, cuando ambos estén en la misma localidad, que es el presente caso. El segundo supuesto, y que si el Tribunal unipersonal y la Corte no están en la misma localidad decidirán la incidencia y el fondo los suplentes, por el orden de selección, advirtiendo la norma que si la inhibición fuera declarada con lugar la causa deberá ser conocida por otro Tribunal de igual competencia y categoría caso en el cual deberán ser pasados los autos para el conocimiento del asunto, estableciendo el último párrafo, que la causa no deberá paralizarse, sino que las actas deberán ser enviadas a otro Tribunal de igual categoría si lo hubiere, entendiéndose este que es dentro de la misma Circunscripción Judicial.
Es claro para estos sentenciadores, que en el caso bajo análisis y la Corte (sic) están en la misma localidad de San Fernando de Apure, por lo que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe remitirse a otro Tribunal de la mima categoría es decir primera instancia penal, en Funciones de Juicio, ubicado dentro de esta Circunscripción Judicial, que es el ubicado en la población de Guasdualito. Por lo que debe concluir esa Corte de Apelaciones, que en el presente caso el Juez accionado actuó dentro de la competencia que le faculta para tal actuar como es el artículo 48, observando que los Circuitos Judiciales Penales fueron creados para ordenar las competencias bien por la materia y por el territorio y para garantizar a los usuarios de justicia el acceso a la misma, por lo que el primer supuesto, del amparo contra sentencia no se cumple (…) ya que el Tribunal accionado actuó apegado a la normativa legal antes señalada y en busca precisamente que con esa decisión que la causa no se paralizara, garantizándole de esta forma celeridad procesal y debido proceso.
…omissis…
De lo anteriormente analizado (…), esta Corte (…) considera que el presente recurso constitucional (…) carece de los presupuestos de procedencia, y en tal sentido resulta inoficioso iniciar el presente procedimiento en virtud del cual debe declararse la improcedencia in limine litis de la acción de amparo propuesta (…)”.
III
DE LA APELACIÓN
La parte apelante expuso:
Que “La Corte de Apelaciones para declarar improcedente la acción de amparo constitucional, aplicó como único criterio, que el Juzgado de Juicio, sede Guasdualito es de esta Circunscripción Judicial y tiene competencia en todo el Estado al igual que los juzgados de Juicio (sic) sede San Fernando de Apure (…)”.
Que “(…) si las denuncias hubieren sido analizadas por capítulo separado, como se hizo en el escrito libelar, se hubiese trabado de verdad la litis, y resulta cuesta arriba tomar la decisión que en este acto impugno, por vía de apelación, por tal omisión se dejó indefenso a mi representado (…)”.
Que “Ratifico íntegramente el texto, es decir, alegatos y pruebas, contenidos en la acción de amparo constitucional ejercido (…), por tener el fondo válido para declarar con lugar la acción de amparo (…)”.
Que “(…) es de elemental lógica procesal, que técnicamente viola derechos constitucionales, el hecho de que ocurrido el mismo en San Fernando de Apure (lugar), por agotamiento de la lista de Jueces, sea enviado fuera del lugar donde se cometió, sede Guasdualito, sin tramitar (en el lugar) la designación de jueces de la causa, criterio este que se aplica por supuesto a todo el orden judicial (…)”.
IV
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones y consultas de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -salvo los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.
Conforme a lo anterior, visto que la decisión apelada fue dictada en materia de amparo constitucional por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure el 5 de abril de 2005, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
El caso de marras, tuvo como origen el juicio incoado contra el quejoso, en vista de la presunta comisión del delito de difamación agravada cometido por él, en perjuicio de la ciudadana Iraima Michelangelli.
En tal sentido, el conocimiento de dicha causa le correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure; cuyo Juez se inhibió del conocimiento de dicha causa, declarándose con lugar la inhibición planteada por la respectiva Corte de Apelaciones, en la oportunidad debida.
Posteriormente, el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a quien le correspondió conocer de la presente causa en vista de la declaratoria con lugar de la inhibición antes planteada, también se inhibió para conocer dicho caso, siendo declarada con lugar también la referida inhibición por la Corte de Apelaciones respectiva.
Ahora bien, ante las circunstancias descritas, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, resolvió que “(…) en obsequio del debido proceso, de la sanidad del mismo y en resguardo de la celeridad procesal, así como de las previsiones del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ante la ausencia, por (sic) por la no designación de una terna de jueces accidentales que conozcan de las causas afectadas como las que nos ocupa; lo prudente y procedente será remitir el legajo contentivo de la causa hasta el Tribunal de Juicio Extensión Guasdualito del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, todo ello a los fines de ley (…)”.
Siendo la anterior decisión la que motivó la presente solicitud de tutela constitucional, fundamentada en la supuesta violación al juez natural previsto en el artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues a criterio del quejoso corresponde es la designación de un Juez accidental por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia que continúe conociendo de la causa en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la acción principal, esto es en San Fernando de Apure y no en Guasdualito.
Ahora bien, con respecto al caso sub júdice la Sala advierte que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 48 dispone:
“La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el Tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición.
Las causas criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar el procedimiento”.
De la anterior disposición normativa, se desprende que cuando un Tribunal unipersonal –como es el caso de autos- esté en la misma localidad que el de Alzada, éste conocerá de la recusación o inhibición planteada. De manera que, la inhibición o recusación de los jueces unipersonales, serán decididas por el Tribunal de Alzada, es decir, en el caso de marras la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure –como en efecto ocurrió-; advirtiendo además el referido artículo, que en caso de ser declaradas con lugar la inhibición o recusación planteada, la causa deberá ser conocida por otro Tribunal de igual competencia y categoría, caso en el cual deberán ser remitidos los autos para el conocimiento del asunto principal, entendiéndose por supuesto, dentro de la misma Circunscripción Judicial y de no existir, es que se convocará a los suplentes respectivos.
Asimismo, cuando la norma señala a un “tribunal de igual categoría y competencia” se refiere a cualquier Tribunal de la misma jerarquía que, por la materia, tenga competencia para el conocimiento de la causa, que en el caso en concreto sería cualquier Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Juicio, pues la causa que dio origen a la acción principal es de esa naturaleza, ya que se trata de un juicio por difamación agravada, y por supuesto dentro de la misma Circunscripción Judicial.
En el mismo sentido, sobre la no paralización del proceso y la exigencia de que el Juez llamado a sustituir al inhibido, una vez declarada –de ser el caso- con lugar esta por el órgano jurisdiccional respectivo, se expresa el artículo 94 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone “La recusación o la inhibición no detendrán el curso del proceso, cuyo conocimiento pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a quien deba sustituir conforme a la ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o recusado”.
Ello así, al constatar el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, la declaratoria con lugar de las inhibiciones planteadas, resulta lógico que el referido Tribunal ordenara la remisión de las actas a un Tribunal distinto a los fines de salvaguardar el derecho a la imparcialidad e igualdad de las partes en el proceso, con lo cual no se le violentó el derecho al juez natural, pues las actas fueron remitidas a otro Juez Penal de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal; en consecuencia, el Juez no actuó fuera del ámbito de sus competencias, según los extremos consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino mas bien apegado a la ley y en procura del resguardo a la tutela judicial efectiva, la cual a tenor del artículo 26 de la Carta Magna exige “(…) obtener con prontitud la decisión correspondiente (…) y una justicia (…) imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
Ciertamente, podría decirse que existe violación al derecho al juez natural, cuando se verifiquen remisiones de causas a un Tribunal incompetente por el grado, materia o territorio, pero en el caso de autos, el Juzgador cumpliendo lo establecido en la ley respectiva –artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, remitió la causa a un Tribunal de la misma categoría con competencia penal en Funciones de Juicio, y dentro de la misma Circunscripción Judicial, en pro de la celeridad y la tutela judicial efectiva de la parte, por lo que definitivamente no puede argumentarse que existe violación al juez natural, pues el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de Estado Apure, Extensión Guasdualito, está predeterminado por la ley para conocer de casos como el de autos.
En refuerzo de lo anterior, cabe citar decisión de la Sala N° 29 del 15 de febrero de 2000, caso: “Enríque Méndez Labrador”, la cual señaló que:
“El derecho al juez natural consiste en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es que sea aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; y, en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional”.
En virtud de lo anterior, esta Sala Constitucional considera que la tramitación y consecuente decisión de las incidencias sobre incompetencia subjetiva formuladas, se efectuaron dentro de los parámetros de la ley, y la remisión al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Extensión Guasdualito, para que continuara conociendo de la causa principal en vista de la declaratoria con lugar por la Corte de Apelaciones respectiva de las inhibiciones previas planteadas al respecto, estuvo ajustada a derecho, razón por la cual es necesario concluir que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, no subvirtió el orden procesal, pues, siguiendo los parámetros legales establecidos al respecto y en aras de la tutela judicial efectiva, procurando la continuidad de la causa en el marco de un debido proceso y el resguardo del derecho de las partes a contar con un Tribunal imparcial y objetivo, ordenó la remisión de autos, razón por la cual esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, confirma el fallo del a quo que declaró improcedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida; en consecuencia, CONFIRMA el fallo del 5 de abril de 2005, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GONZALO RAFAEL OLIVARES CALVIER, asistido por el abogado Alexis Rabel Moreno López, anteriormente identificados, contra la decisión dictada el 28 de febrero de 2005, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 05-0774
LEML/f
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