Sentencia N.º 2526
- Sentencia
- N.º 2526
- Fecha
- 12/09/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-1802
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 15 de julio de 2003, la abogada Carmen de Díaz, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 27.700, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Carlos Alberto Peña Casas, titular de la cédula de identidad número 9.350.710, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la decisión del 25 de noviembre de 2001 sic, emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente de al Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
En la oportunidad anterior, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Único
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción, y a tal efecto, reiterando los criterios asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta competente para decidir el caso de autos, y así se declara.
Ahora bien, una de las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es aquella que se configura:
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.
Tal como se evidencia del epígrafe de la presente decisión, la acción de amparo de autos es propuesta contra la decisión emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente de al Circunscripción Judicial del Estado Táchira, del 5 de noviembre de 2001, y la apoderada actora presentó ante esta Sala el escrito contentivo de la acción, el 15 de julio de 2003, es decir, después de un (1) año y 8 meses de haber sido emitida la decisión presuntamente agraviante, razón por la cual, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad de la acción, conforme al artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.
No escapa a esta Sala los argumentos esgrimidos por la apoderada actora, bajo los cuales señala que en el presente caso no opera la caducidad establecida en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, fundamentándose para ello en que en el presente caso se ha violado el orden público, porque con la decisión accionada se le vulneran los derechos del debido proceso y defensa de su poderdante. A este respecto debe apuntar la Sala lo siguiente:
La supuesta violación de orden público denunciada por el accionante se refiere a que el presunto agraviante no repuso la causa al estado de que se dictara el edicto a que se refiere el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de citar a los herederos desconocidos de la demandante Irma Griselda Pineda de Chacón. A tal efecto, observa la Sala que la causa original se refería a una demanda por reparación de daños y perjuicios intentada por la ciudadana Irma Griselda Pineda de Chacón en contra del hoy accionante, y la demandante falleció, por lo que se procedió conforme al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil a citar a sus herederos. Señaló el accionante, que si bien se citaron y se hicieron parte los herederos conocidos, se omitió la citación de aquellos que se desconocían y por tanto, se le vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa.
Esta Sala, una vez analizado el caso, observa que al accionante no se le puede causar ningún tipo de lesión constitucional por el hecho de que se omita la citación por edicto de los herederos desconocidos de la demandante, ya que éste es el demandado en el juicio principal y no uno de esos herederos, quienes harían valer su participación frente a aquellos que ya han actuado en la causa. En tal sentido, conforme a lo expuesto, el accionante se estaría atribuyendo una especie de representación de terceros, sin tener la cualidad para ello, y por tanto, debe ser desestimado cualquier argumento a ese fin, y así se declara.
En vista de lo anterior, esta Sala debe proscribir la intención de la apoderada actora, en escudarse en cuestiones de orden público para hacer valer su pretensión, cuando el transcurso del tiempo lo que evidencia es la falta de actividad por parte de la misma en preservar los derechos presuntamente infringidos del accionante.
Por otra parte, de autos se evidencia que en el presente caso fueron utilizados todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico prevé. En efecto, consta en autos que contra la decisión emanada del presunto agraviante, fue interpuesto recurso de casación, el cual fuese declarado sin lugar por la Sala de Casación Civil el 3 de abril de 2003, lo cual, evidencia que fueron ejercidos dichos recursos, y en virtud de que sus pretensiones no han sido satisfechas, se trata de acudir a esta jurisdicción constitucional con el señalamiento de que han sido vulnerados los derechos y garantías del accionante, lo cual esta Sala condena expresamente.
Decisión
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Carmen de Díaz, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Carlos Alberto Peña Casas, contra la decisión del 5 de noviembre de 2001, emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente de al Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil tres. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente- Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 03-1802
JECR/
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