Sentencia N.º 2541
- Sentencia
- N.º 2541
- Fecha
- 15/10/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-2007
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 6 de septiembre de 2001, el abogado Hugo Albarán Acosta, inscrito en el Inpreabogado, bajo el n° 10.519, en su condición de defensor del ciudadano EDUARDO SEMTEI ALVARADO, titular de la cédula de identidad n° 3.595.657, presentó ante esta Sala escrito continente de solicitud de revisión contra el fallo que pronunció la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el 10 de agosto de 2001, dentro de la causa penal que se le sigue actualmente, entre otros, al recurrente y por el cual:
1. Fue declarado inadmisible el recurso de casación que ejerció el Ministerio Público contra la decisión de la Corte de Apelaciones, en Sala n° 6, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de 21 de diciembre de 2000, que declaró sin lugar el recurso de apelación que interpuso la representación fiscal, contra el auto de sobreseimiento que dictó la Jueza 48ª del Tribunal de Control del mismo Circuito Judicial Penal;
2. Fueron anulados ambos pronunciamientos de los tribunales de instancia que se citaron en el anterior aparte y se ordenó la reposición de la causa al estado de que se celebre nueva audiencia preliminar.
Luego de la recepción del expediente de la causa, la Sala dio cuenta de ello por auto de 6 de septiembre de 2001 y fue asignada la ponencia al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
Consta, igualmente, que, el 17 de septiembre de 2001, el ciudadano Juan Vicente Vadell Graterol, quien es también parte en el precitado proceso penal, interpuso, mediante su defensora, la abogada Beatriz Di Totto Benítez, inscrita en el Inpreabogado, bajo el n° 13.869, escrito de solicitud de revisión contra el precitado fallo de la Sala de Casación Penal. Luego de la recepción del respectivo expediente, la Sala dio cuenta de ello por auto de 18 de septiembre de 2001 y fue asignada la ponencia al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
Consta, por último, en autos que, el 17 de septiembre de 2001, los ciudadanos Etanislao González González, Argenis Riera Encinoza y Jacqueline Fernández de Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad nos 2.795.407, 3.857.933 y 5.972.813, respectivamente, quienes, igualmente, son partes en la referida causa penal, presentaron, con la asistencia del abogado Ramón Haddad, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 1924, solicitud de revisión contra el fallo de la Sala de Casación Penal que se mencionó en los anteriores apartes. Por auto de 18 de septiembre de 2001 se dio cuenta, en Sala, del expediente de esta causa y fue designado Ponente el Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
Por auto de 15 de noviembre de 2001, la Sala admitió la precitada solicitud de revisión que interpuso el ciudadano Juan Vicente Vadell Graterol, la cual encabeza el proceso identificado 01-2102. Por autos de 23 de enero de 2002, la Sala admitió las solicitudes que impulsaron las causas identificadas 01-2007 y 01-2103, correspondientes a las referidas solicitudes de revisión que presentaron los ciudadanos Eduardo Semtei Alvarado, por una parte, y Etanislao González González, Argenis Riera Encinoza y Jacqueline Fernández de Rodríguez, por la otra, respectivamente.
Mediante auto de 23 de enero de 2002, la Sala decretó la acumulación de las tres referidas causas y confirmó como ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA PRETENSIÓN DE LOS RECURRENTES
1. El Defensor del recurrente Eduardo Semtei Alvarado:
1.1. Alegó:
1.1.1. Que, el 27 de julio de 2000 y conforme al dispositivo que contiene el artículo 329 (hoy, modificado, 316) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público presentó escrito de acusación contra los hoy recurrentes por la supuesta comisión del delito de peculado doloso propio, con base en los hechos que se relacionan con el proceso electoral de 28 de mayo de 2000, conocido como megaelecciones. En la misma oportunidad, la representación fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, a favor del ciudadano Omar Rodríguez Agüero, por la imposibilidad de atribuirle el hecho objeto de investigación;
1.1.2. Que, el 18 de octubre de 2000, en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, dentro del proceso penal que antes fue referido, la Jueza 48ª del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó auto mediante el cual desestimó totalmente dicha acusación fiscal y, en consecuencia, decretó el sobreseimiento de la causa; todo, de conformidad con los artículos 333, ordinal 1º, (actualmente, con modificaciones, artículo 330, cardinales 2 y 3), y 325, ordinal 2º, (hoy, modificado, artículo 318, cardinal 2) del Código Orgánico Procesal Penal;
1.1.3. Que, contra el auto que fue mencionado en el anterior aparte, la representación fiscal ejerció recurso de apelación, con base en lo que dispone el artículo 439, ordinal 1º (ahora, modificado, artículo 447, cardinal 1) del Código Orgánico Procesal Penal;
1.1.4. Que el recurso de apelación que se refirió ut supra fue declarado sin lugar, el 21 de diciembre de 2000, por la Corte de Apelaciones, en Sala n° 6;
1.1.5. Que, el 12 de enero de 2001, el Ministerio Público anunció recurso de casación contra el auto que se mencionó en el aparte anterior, para lo cual alegaron falta de motivación en la decisión de la Corte de Apelaciones, por cuanto se dejó de analizar y comparar la totalidad (sic) de los elementos probatorios que fueron agregados a las actuaciones que practicó el Ministerio Público, en el curso de la investigación ... los cuales, de haber sido analizados de manera comparativa, con el resto de los elementos de convicción existentes en el proceso, otro hubiese sido el pronunciamiento de ese órgano jurisdiccional, toda vez que los mismos tienen influencia decisiva en el resultado del proceso...;
1.1.6. Que los defensores de los imputados contestaron oportunamente el recurso de casación que presentó el Ministerio Público, luego de lo cual fueron remitidas las respectivas actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia;
1.1.7. Que, el 11 de junio de 2001, el Ministerio Público consignó ante la Sala de Casación Penal, el informe definitivo de la Contraloría General de la República, atinente a las megaelecciones 2000 y un ejemplar del libro titulado La Conspiración de los Sordos, recaudos respecto de los cuales la representación fiscal alegó que estaban relacionados con los hechos investigados. La defensa del hoy recurrente solicitó, con base en lo que disponen los artículos 455 y 456 (hoy, modificados, 462 y 463, respectivamente) del Código Orgánico Procesal Penal, que tales probanzas fueran desechadas por la Sala de Casación Penal, porque las mismas fueron presentadas extemporáneamente y son, además, impertinentes, inoportunas y carentes de fundamento para el esclarecimiento de los hechos que se imputaron;
1.1.8. Que, el 10 de agosto de 2001, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, publicó el fallo mediante el cual declaró inadmisible el recurso de casación; a la vez, anuló los autos que dictaron el Tribunal de Control y la Corte de Apelaciones, mediante los cuales fue decretado y confirmado, en sus casos, el sobreseimiento de la causa y ésta fue repuesta al estado de que fuera celebrada nueva audiencia preliminar;
1.1.9. Que, de los tres Magistrados que concurrieron a la suscripción del fallo que se refirió en el aparte anterior, dos consignaron votos concurrentes: en uno de ellos se manifestó la conformidad con la razón por la cual la Sala de Casación Penal declaró la nulidad de las decisiones que dictaron los precitados tribunales de instancia, pero se declaró en desacuerdo con el oriente (sic) del fallo, por las razones que quedaron registradas en el respectivo escrito; en el segundo, se manifestó conformidad con la parte dispositiva de dicho fallo, pero se expresó la opinión contraria a la celebración de una nueva audiencia preliminar, salvo que la misma fuera precedida de una nueva acusación fiscal que estuviera depurada de los vicios que motivaron su desestimación;
1.1.10. Que el fallo de la Sala de Casación Penal es confuso y contradictorio, que el mismo cuenta sólo con el voto favorable de la Magistrada Ponente; que resulta imposible concluir si los votos de los restantes Magistrados integrantes de la Sala son votos salvados o favorables a la ponencia; que dichos votos son calificados de concurrentes, hecho éste que encuadra en el supuesto (de nulidad. Nota de la Sala) consagrado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Fácilmente se puede notar que es una sentencia de tal modo contradictoria, que no puede ejecutarse, y no señala claramente lo decidido (...). Es así pues, que ante las observaciones realizadas por la mayoría de los Magistrados que conforman la Sala de Casación, al no compartir, ni estar totalmente de acuerdos (sic) con la decisión, resulta imposible la validez jurídica de una sentencia suscrita únicamente con el voto favorable del Magistrado Ponente, hecho éste violatorio del debido proceso y de garantías procesales, la lógica y sensatez nos indica el reputar tal fallo como inexistente.
1.1.11. Que el derecho constitucional al debido proceso es de orden público, carácter este que le viene dado por el Estado de Derecho que rige la República, ya que es inconcebible su violación en un proceso penal que está protegido por la propia Ley Fundamental que lo establece;
1.1.12. Que el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 244 y 246, señala expresamente las formalidades que se han de seguir en el acto de la sentencia;
1.1.13. Que, en el desarrollo de garantías procesales que contienen los antecitados dispositivos legales, la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece, en su artículo 59: La decisión será suscrita por todos los Magistrados que constituyan la Corte en pleno o la respectiva Sala, al ser aprobada por la mayoría...; que, ciertamente, resulta insólito dicho fallo de la Sala de Casación Penal, pues ignoró las formalidades necesarias para la publicación de las decisiones, lo cual constituye una infracción a la garantía del debido proceso.
1.2. Denunció:
1.2.1. Violación de las garantías constitucionales del debido proceso, por cuanto el fallo que se impugnó en la presente causa contó con el solo voto favorable de la Magistrada Ponente, pues los demás miembros de la Sala de Casación Penal presentaron votos concurrentes.
1.3. Pidió:
1.3.1.
Por todo lo anteriormente expuesto, en la búsqueda de la garantía y vigencia efectiva de los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, que implica el sometimiento de todos los actos del Poder Público al control constitucional y preeminencia de los derechos humanos, que constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se erige el vigente régimen constitucional, cuya preservación y salvaguarda tenía que ser encomendado a algún órgano del Poder Público, que no es otro que esa Sala Constitucional en virtud de lo establecido en el numeral 1 y el último aparte del artículo 266 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en los artículos 335 y 336 ejusdem, es que recurro ante Uds., ciudadanos Magistrados, en procura de la revisión constitucional extraordinaria que otorga a esa Sala el mencionado ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución, en relación al fallo emitido en fecha Diez (10) de agosto de 2001, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual desestima por inadmisible el Recurso de Casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, y anula los pronunciamientos cursantes a los autos, a efecto de que se produzca nuevamente una audiencia preliminar en la cual el Tribunal de Control se ciña a lo previsto en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal dentro de los parámetros legales, todo conforme a los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando tal decisión no contó con el voto favorable de la mayoría de los Magistrados que conforman esa Sala de Casación Penal, en consecuencia se tenga como inexistente tal sentencia.
2. La defensora del recurrente Juan Vicente Vadell Graterol:
2.1. Alegó:
2.1.1. Que el Código Orgánico Procesal Penal no es más que el desarrollo legislativo, en el área penal, de la garantía constitucional del debido proceso, de suerte que sus disposiciones, ... salvo que colidan con normas constitucionales o menoscaben derechos de la misma naturaleza, constituyen el instrumento que dota de seguridad jurídica a los procesos de los justiciables;
2.1.2. Que el Código Orgánico Procesal Penal desarrolla un procedimiento claro y coherente, en materia de recurso de casación, con una estructuración en dos fases: A) Inicial, en la cual, dentro de los lapsos que están indicados, debe concluirse, bien con un pronunciamiento de desestimación (artículo 458, hoy 465), por estimarse que el recurso es inadmisible o manifiestamente infundado y cuyo efecto, de cosa juzgada, es la terminación del juicio, o bien, con la admisión y el pase del proceso a la fase final, dentro de la cual se producirá la decisión definitiva; B) Final, la cual comprende la audiencia oral (artículo 459, ahora 466, modificado) y la decisión definitiva (artículo 460, hoy 467); la cual, si es declarativa con lugar del recurso de casación, dará lugar, según el caso, a una nueva decisión que pronunciará la misma Sala de Casación Penal, o a la anulación de la sentencia que fue impugnada, caso en el cual se ordenará la celebración del juicio oral o la reposición del proceso al estado en que se incurrió en el vicio de procedimiento que dio lugar al recurso;
2.1.3. Que para la decisión del recurso de casación que ejerció el Ministerio Público contra la sentencia (sic) de la Sala n° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, confirmatoria del sobreseimiento de la causa, por atipicidad de los hechos que fueron imputados, la Sala de Casación Penal emitió dos pronunciamientos distintos, de los cuales derivan consecuencias jurídicas obviamente diversas:
2.1.3.1. Que el primero de los fallos que se mencionaron en el aparte anterior, enmarcado dentro del debido proceso, eligió la vía legal de la desestimación conforme al artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal que recientemente fue derogado, y no el de la admisibilidad previa o preliminar, de acuerdo con el artículo 459 eiusdem, y era esta última la que, en la fase decisoria, podría haber dado lugar, entre otras opciones, a la reposición, con el fin de la corrección del vicio que se denunció e impedir que éste vulnerara la legitimidad de un fallo con efectos definitivos, como lo es el auto de sobreseimiento; que, cuando desestimó el recurso de casación, el fallo de la Sala de Casación Penal generó, como efecto jurídico inmediato, la terminación del juicio y, por tanto, creó derechos constitucionales a favor de los imputados sobreseídos (sic) puesto que dicho fallo confirió al auto impugnado fuerza de cosa juzgada;
2.1.3.2. Que luego de la decisión que antecede, la Sala de Casación Penal, de manera inexplicable, dictó un segundo pronunciamiento, éste totalmente ajurídico, con fundamento en la curiosa necesidad de corregir errores que se derivó de lo que la Sala denominó actuación precipitada de las partes, en este caso, el Ministerio Público; que dicho pronunciamiento consistió en la anulación de la decisión de sobreseimiento, justamente, contra la cual el Ministerio Público ejerció el recurso de casación que, como quedó dicho, había sido desestimado previamente por la Sala de Casación Penal, con el consiguiente efecto de cosa juzgada que recayó sobre la decisión que fue impugnada.
2.2. Denunció:
2.2.1. Que dicho fallo de la Sala de Casación Penal constituye un excelente y poco frecuente ejemplo de grotesca violación de derechos constitucionales, en uno de sus aspectos más sensibles y de indudable orden público, como lo es la subversión del debido proceso, a través de tres maneras distintas y concurrentes:
2.2.1.1. Por la utilización de una vía ajurídica y tortuosa para el logro de un objetivo, a pesar de que el ordenamiento jurídico específicamente aplicable al caso garantizaba las vías legales para la consecución de los mismos fines dentro del marco del Derecho;
2.2.1.2. Por la inobservancia de la prohibición expresa y absoluta de reposición en perjuicio del imputado, la cual se funda en las garantías constitucionales del debido proceso y de la tutela judicial eficaz; prohibición que se encuentra desarrollada en el artículo 213 (actualmente, modificado, 196) del Código Orgánico Procesal Penal;
2.2.1.3. Por los propios fines que persigue la decretada nulidad del sobreseimiento, ya que ... resultan totalmente inútiles, contrarios a derecho y reñidos con la garantía constitucional del debido proceso y con el ordenamiento legal que la desarrolla. En efecto, la afirmación que hace el fallo cuya revisión y subsiguiente anulación solicito, en relación con la precipitación de los fiscales o con su disposición de acusar pese a no contar con una investigación concluida, podría haber tenido algún sentido si el sobreseimiento acordado se hubiese fundado en el numeral 4 del artículo 325 (ahora, modificado, 318. Nota de la Sala) del COPP, caso en el cual se estaría poniendo fin a un juicio ignorando las consecuencias de la aparición de nuevos elementos útiles para sostener la imputación fiscal. Pero, por el contrario, la decisión de sobreseer dictada por el Tribunal de Control y ratificada por la Sala nº 6 de la Corte de Apelaciones, fundó su razonamiento en otra causal distinta: la falta de tipicidad (325, num. 2 COPP), es decir, la imposibilidad de encuadrar la conducta de los acusados en el tipo penal imputado, lo cual no significa otra cosa que los hechos imputados no constituyen delito, independientemente de que su demostración pudiere perfeccionarse gracias a un despliegue investigativo adicional;
2.2.2. Que, de manera insólita, para la corrección de las consecuencias de la alegada precipitación fiscal y el logro del objetivo de la demostración fehaciente de hechos que no constituyen delito, el fallo de la Sala de Casación Penal se apoyó en circunstancias que, en sí mismas, representan violaciones adicionales a derechos constitucionales. Así, dicho pronunciamiento, en los motivos que expresó para la declaración de la nulidad del sobreseimiento en cuestión, pareciera anticipar los resultados que, según su propia convicción, arrojaría a la investigación el hecho de conferirle valor probatorio, en juicio penal, al informe de la Contraloría General de la República y a una eventual averiguación administrativa que recién se habría concluido, así como a las opiniones que fueron vertidas en un libro sobre los hechos objeto de la presente causa, que escribieron dos periodistas venezolanas. Tales probanzas, aparte de inútiles o impertinentes, porque están destinadas a la demostración de hechos que no son típicos, subvierten el régimen probatorio y por ende, la garantía constitucional del debido proceso- que preceptúa el Código Orgánico Procesal Penal, conforme al cual ninguna actuación puede ser sustanciada o apreciada como prueba, ni siquiera como prueba anticipada, ... sin que haya mediado para su formación, el control por parte del juez encargado de velar por las garantías constitucionales de las partes, esto es, el juez de control; que, adicionalmente, la Sala de Casación Penal desconoció la expresa derogatoria, por parte del Código Orgánico Procesal Penal -y ratificada, posteriormente, por la Constitución-, de la potestad sustanciadora, en materia penal, y el nulo valor probatorio que tienen actuaciones de tal género que realice la Contraloría General de la República, cuyo ámbito de competencia quedó limitado, por la Constitución y la Ley, a la apertura, sustanciación y decisión de averiguaciones que se refieran exclusivamente sobre la exigibilidad (sic) de responsabilidades administrativas; que casos como los que acaban de narrarse están viciados de nulidad absoluta, conforme al artículo 208 (ahora, modificado, 191), por ser inobservantes o violatorios de derechos o garantías constitucionales o que están contenidos en tratados internacionales;
2.2.3. Que no existe razón alguna que justifique el uso de vías contrarias a la seguridad jurídica, en la búsqueda de una pretendida justicia real; sobre todo: A) si ya existe una vía legal para el logro del mismo objetivo; B) si el acto jurídico que se realiza, para tales fines, está expresamente prohibido por la Ley, porque es inconstitucional; y C) si los fines que son perseguidos y los mecanismos para su realización ulterior son contrarios a Derecho y entrañan vulneración de garantías constitucionales;
2.2.4. Que en la norma que contiene el antiguo artículo 213 del Código Orgánico Procesal Penal se basó, precisamente, la Magistrada Ponente del fallo cuya revisión se ha solicitado en la presente causa, mediante voto salvado, para manifestar su inconformidad con la nulidad de oficio, en perjuicio del procesado, que fue declarada en el caso de Johan Enrique Torres Pacheco (expediente 00-1068), en sentencia de 24 de abril de 2001; que, cuando se declaró, en el presente caso, la nulidad del sobreseimiento que confirmó la Corte de Apelaciones y la subsiguiente reposición de la causa al estado de celebración de nueva audiencia preliminar, la Sala de Casación Penal incurrió en el mismo supuesto que prohíbe la ley, cuya inobservancia fuera anteriormente deplorada por la hoy Magistrada Ponente, en su referido voto salvado.
2.3. Pidió:
Por todo lo expuesto, en virtud de la violación del derecho al debido proceso, previsto en el artículo 48 Constitucional y, dentro de éste, al de no ser juzgado dos veces por la misma causa (cosa juzgada), contemplado en el numeral 7 del mismo artículo, así como al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución, ratifico mi solicitud de revisión de los fallos dictados por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10 de agosto del presente año con motivo del conocimiento del recurso de casación intentado por el Ministerio Público en contra de la decisión de la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones de Caracas que confirmó el sobreseimiento de la causa a favor de mi defendido Juan Vicente Vadell Graterol.
3. Los recurrentes Etanislao González González, Argenis Riera Encinoza y Jacqueline Fernández de Rodríguez:
3.1. Alegaron:
3.1.1. Que, a los fines de su pronunciamiento, la Sala de Casación Penal, en el Título Materia de la Acusación Fiscal, especificó que los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó penalmente a los recurrentes de autos fueron investigados por dicho acusador, quien, además, realizó las diligencias tendientes al esclarecimiento de tales hechos;
3.1.2. Que, además, la Sala de Casación Penal concluyó que, conforme a los hechos que se mencionaron en el aparte anterior, el Ministerio Público presentó acusación penal, por la comisión del delito de peculado doloso propio, descrito en el artículo 58, primera parte, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, contra los ciudadanos Etanislao González, Eduardo Semtei, Argenis Riera y Juan Vicente Vadell, como autores, y contra Jacqueline Fernández de Rodríguez, como cómplice; en el mismo acto, la representación fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa en favor del ciudadano Omar Rodríguez Agüero, con base en el artículo 325 (actualmente, modificado, 318), ordinal 1º, del Código Orgánico Procesal Penal;
3.1.3. Que, en su precitado fallo, la Sala de Casación Penal reprodujo las razones que tuvo el Tribunal de Control para la desestimación de la acusación fiscal, con base en lo que establece el artículo 333, ordinal 1º, eiusdem, y para el decreto del sobreseimiento de la causa, conforme a lo que dispone el artículo 325, ordinal 2º, de la mencionada ley adjetiva; que dichas razones se concretaron, de manera exclusiva, en el contenido de la acusación; que, sobre las bases de la misma, en ningún caso puede afirmarse la existencia de vicios que enervaran o menoscabaran la legalidad de la audiencia preliminar, tal como fue aseverado por la Sala de Casación Penal, cuando afirmó, en su fallo, que: En efecto, los jueces, por haber ido más allá de sus facultades se pronunciaron sobre el fondo de la materia de juicio en la etapa preliminar, siendo que el objetivo central de esa audiencia es pronunciarse sobre la inadmisibilidad o no de la acusación y sobre la procedencia de las incidencias que hayan sido planteadas...
3.1.4. Que como el objetivo central de la audiencia preliminar es el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acusación, resulta obvio que el juez debe conocer y valorar el contenido de la misma, sin que tenga que asumir, en esta fase del proceso, el conocimiento del fondo del asunto que se discute, para la decisión sobre aspectos que deben resolverse dentro de la audiencia preliminar, según el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal; tal es el caso de la desestimación de la acusación fiscal y el consiguiente decreto de sobreseimiento, que fue dictado, entre otras razones, por la atipicidad de los hechos imputados;
3.1.5. Que, en el presente caso, la Jueza de Control refirió, de manera concisa, aspectos que están relacionados con la imprecisión de la acusación; que, adicionalmente, apreció la inexistencia de una relación clara y circunstanciada del hecho punible que se atribuyó a los imputados; que los elementos y fundamentos de convicción eran genéricos y, por consecuencia, resultaba jurídicamente imposible la determinación de cuáles podrían atribuirse a cada uno de los imputados;
3.1.6. Que las anteriormente enumeradas observaciones de la Jueza de Control debieron ser estudiadas por la Sala de Casación Penal, dada su importancia para la determinación final sobre la atipicidad de los hechos imputados; pues, si lo hubiera hecho así, habría observado dicha Sala que tales menciones no excluyen el punto fundamental de la motivación de la decisión de la Jueza de Control, cual es que tales hechos no se adecuaban a los supuestos de apropiación y distracción, elementos constitutivos del tipo legal que invocó la representación fiscal;
3.1.7. Que la Corte de Apelaciones, en Sala n° 6, confirmó la referida decisión de la Jueza de Control, luego de un análisis de los hechos, en el contexto de la acusación fiscal y ... previa cita de aspectos no controvertidos referidos por el Ministerio Público en su escrito donde también ofrecieron pruebas en las que supuestamente fundamentaban su acción;
3.1.8. Que la referida sentencia de la Sala de Casación Penal ratificó el criterio de inadmisibilidad de los autos de sobreseimiento que fueron dictados por los tribunales a quo, por cuanto los mismos son eso, autos y no sentencias, conforme se desprende del artículo 327 (hoy, modificado, 324) del Código Orgánico Procesal Penal;
3.1.9. Que, no obstante que declaró inadmisible el recurso de casación en referencia, la Sala de Casación Penal, sin manifestación de razonamiento legal o constitucional alguno que lo justifique, asumió la casación de oficio, en abierta contradicción con el pronunciamiento previo de inadmisibilidad de dicho recurso;
3.1.10. Que resulta improcedente y temeraria la afirmación de la Sala de Casación Penal, en el sentido de que el Ministerio Público presentó una acusación sin que la investigación correspondiente hubiera sido concluida; investigación esta que, en criterio de dicha Sala, concluyó con el respectivo informe que expidió la Contraloría General de la República y que consignó, extemporáneamente, la representación fiscal; que la Contraloría no pertenece al orden penal ni el Ministerio Público está legalmente obligado a esperar las resultas de una investigación administrativa de tal naturaleza, para poder actuar en materia penal; que la aceptación del precitado criterio de la Sala de Casación Penal significaría el menoscabo de las funciones del Ministerio Público, en la fase de investigación ... y subordinar sus actividades a la espera de un informe (cuyo contenido desconocemos totalmente) que se gestaba durante un tiempo indeterminado, por un organismo del poder público distinto al Ministerio Público y al Poder Judicial;
3.1.11. Que los argumentos que esgrimió la Sala de Casación Penal para el sustento de la imputación de precipitación a los funcionarios que intervinieron en la causa penal en cuestión, es jurídicamente inconsistente, contradictoria en contexto ideológico e ineficaz ... por las razones que la fundamentan y el objetivo que persigue. Es este el primer enunciado de una secuencia de gravísimas violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y al inquebrantable principio de irrefragabilidad de la cosa juzgada, para luego advertir que de haberse ajustado al dispositivo legal correspondiente, no se habrían estimado, en la motiva, circunstancias incongruentes con la dispositiva, en el sentido de que encontrándose fallas en la acusación presentada, su decisión debió haber sido de admisión parcial o de desestimación, teniéndose a la vista los requerimientos del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal; que tal opinión es extemporánea e impertinente; que afecta la independencia del Poder Judicial, por cuanto recomienda el modo de la decisión, con instrucciones particulares y específicas para un determinado caso;
3.1.12. Que, adicionalmente, la Sala de Casación Penal censuró al Tribunal de Control, en los siguientes términos: ...y no declarar el sobreseimiento de la causa que anula la posibilidad de una nueva persecución penal, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal 2º, que señala ...será admisible una persecución penal:... 2º Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o ejercicio, lo cual configuró el corolario de una evidente violación de las disposiciones constitucionales sobre el debido proceso, el derecho a la defensa y los efectos definitivos de la cosa juzgada; que, al declarar la Sala de Casación Penal que no se debió decretar el sobreseimiento porque contravendría la posibilidad de una nueva persecución penal, prejuició al Juez de Control y al Ministerio Público, pues tal opinión encierra una propuesta compromitente que releva o reduce la libertad de criterio de los servidores de justicia para que orienten sus decisiones de una determinada manera;
3.1.13. Que el planteamiento que formuló la Sala de Casación Penal, dirigido al Juez de Control y su instancia inmediata, en el sentido de que dicho jurisdicente debe excluir de sus autos el sobreseimiento, obedeció a una confusión, probablemente circunstancial, respecto de dicha institución, lo cual se hace más evidente cuando en el fallo de dicha Sala se expresa que la decisión en materia de sobreseimiento se equipara a una sentencia absolutoria; que, con base en doctrina citada por el recurrente, se ... excluye cualquier especulación que pretenda asimilar el sobreseimiento a una sentencia absolutoria, tal sería como restarle a esta solución judicial aquellos casos basados en la relación procesal por no existir el imputado, y las causales fundadas en actos jurídicos que eliminan la punibilidad del hecho, la cosa juzgada y las que se fundamentan en la extinción del hecho punible; que, para la dilucidación de esa supuesta identidad entre el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, se remite a la disposición que está contenida en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal;
3.1.14. Que la Sala de Casación Penal, a la vez que se pronunció por la inadmisibilidad del recurso de casación, también anuló las antes referidas decisiones de los tribunales de instancia, con errado fundamento en lo que disponen los artículos 257 de la Constitución y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ... en razón de que tal disposición no establece normas procesales sino que advierte al legislador los elementos fundamentales de las leyes procesales. Resulta absolutamente impertinente que la Sala invoque un dispositivo que pretende prevenir al legislador y no al poder judicial, como fundamento constitucional de su reposición de oficio. No es ésta la norma más idónea para que la Sala de Casación Penal justifique su sentencia, pero en todo caso la recomendación es válida en cuanto a lo que deben contener las leyes procesales, y aun cuando no tengan un enunciado disponible en sí mismo, dentro de su contexto se advierten los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad que afectan ya no la decisión de la Corte de Apelaciones sino la de la propia Sala de Casación Penal;
3.1.15. Que la Sala de Casación Penal fundó la nulidad que ella declaró en una disposición constitucional que promueve la simplificación, uniformidad, eficacia de los trámites y la brevedad del proceso; sin embargo, la consecuencia de tal decisión ha sido la retracción de la causa penal en cuestión, la cual llevaba ya (al tiempo de la interposición de la solicitud de revisión. Nota de la Sala) casi año y medio, desde cuando fue celebrada la audiencia preliminar dentro de la cual fue dictado el predicho sobreseimiento, hasta la oportunidad del fallo de la Sala de Casación Penal;
3.1.16. Que es cuestionable la independencia de criterio que podrían mostrar los jueces, luego del fallo de la Sala de Casación Penal que regresa el expediente con un verdadero manual de instrucciones de cómo resolver el caso.
3.2. Denunciaron:
3.2.1. Violación de la disposición constitucional sobre el debido proceso, que contiene el artículo 49 de la Constitución de la República; ello, porque la decisión de la Sala de Casación Penal impuso un nuevo régimen el acto procesal de la audiencia preliminar, en cuanto estableció que el objetivo central de esta audiencia es pronunciarse sobre la inadmisibilidad o no de la acusación y sobre la procedencia de las incidencias que hayan sido planteadas, mientras que, por el contrario, el artículo 333 (ahora, 330, modificado) del Código Orgánico Procesal Penal, cuando enumera los pronunciamientos que debían ser hechos por el Juez de Control, al final de la citada audiencia, dispone el de la admisión, total o parcialmente, de la acusación del Ministerio Público o del querellante, la orden de la apertura a juicio, pero, también, el sobreseimiento, si desestimaba totalmente la acusación del Ministerio Público; que, ... restringir la posibilidad del análisis de la acusación para proteger la intangibilidad de la materia de fondo, es un manejo desproporcionado de las oportunidades procesales así como es excesivo asignar características de fondo al contenido de la acusación cuando ha sido tratado en los linderos de la letra del libelo y en su pacífico contenido de hechos aún no debatidos. Semejante concepción de la materia de fondo, constituye una innovación restrictiva de la competencias del juez y una muy especial manera de interpretar la disposición contenida en el último párrafo del artículo 333 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, cuando establece que En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público ;
3.2.2. Violación de la disposiciones constitucionales que desarrollan el derecho fundamental al debido proceso, en sus específicas manifestaciones que describen los cardinales 1 (derecho a la defensa y la asistencia jurídica), 2 (supuesción de inocencia), 6 (principio de la legalidad de los delitos y de las penas) y 7 (principio non bis in idem), del artículo 49 de la Constitución; que tales disposiciones fueron violadas por la Sala de Casación Penal cuando la razón del pronunciamiento de nulidad de la decisión de sobreseimiento, que dictó la Jueza de Control, y de la confirmatoria que pronunció la Sala 6 de la Corte de Apelaciones, fue dejar abierta la posibilidad de una nueva persecución penal; que, ... por tal razón se reducen los términos de la supuesción de inocencia, se plantea la desaplicación de la propuesta legal de una de las formas procesales que pone fin a la persecución penal por hechos no contemplados como delitos en ley preexistente;
3.2.3. Violación de la norma que establece el principio de autonomía y de distribución de competencia de los órganos del Poder Ciudadano que establece el artículo 273 de la Constitución, en su último párrafo; ello, por cuanto la Sala de Casación Penal, cuando estableció que los fiscales del Ministerio Público debieron esperar la conclusión del informe de la Contraloría General de la República, antes de la proposición de su acusación, transfirió a este organismo atribuciones que son propias del Ministerio Público, con lo cual infringió las disposiciones que rigen las competencias del Poder Judicial y del Ministerio Público; que, cuando la Sala de Casación Penal sometió la acusación fiscal a los resultados del informe de la Contraloría, cuya conclusión, por otra parte, se desconoce, introdujo en el proceso un elemento de dilación gravemente dañino, tanto para el mismo proceso como para los sujetos que están involucrados en el mismo; que el referido cuestionamiento al Ministerio Público transgrede el orden procesal y atenta, muy especialmente, contra el régimen de competencias y el principio de celeridad del proceso, por cuanto la atribución que, en virtud de la norma que contiene el artículo 289.4 de la Constitución de la República, tiene la Contraloría General de la República, de instar al Fiscal General al ejercicio de la acción penal, en los casos de delitos contra la cosa pública, no se extiende hasta la inclusión de aquélla entre los organismos servidores de justicia, con competencia en la investigación penal. Transferirle atribuciones investigativas dentro del proceso penal, así como crear cierta dependencia del Ministerio Público a las conclusiones que en cualquier tiempo ofrezca la Contraloría General de la República, constituye un evidente quebrantamiento del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque no solamente se viola la disposición que distribuye la dirección de las investigaciones penales al Ministerio Público sino también el orden programático del proceso y la actividad sistemática del Ministerio Público en función de la celeridad procesal y, en definitiva, la buena marcha de la administración de justicia. De tal manera que es evidente que la Sala de Casación Penal quebrantó los ordinales 2º y 3º del artículo 285 de la Constitución Nacional, que establecen las atribuciones del Ministerio Público;
3.2.4. Infracción de la disposición que contiene el artículo 254 de la Constitución, la cual establece la independencia del Poder Judicial; ello, en razón de que el juez de casación censuró a los de instancia porque declararon y confirmaron, en sus casos, el señalado sobreseimiento, en lugar de verse que pronunció la admisión parcial o la desestimación, con vista en los requerimientos que exige el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal. Tal criterio de la Sala de Casación Penal, de efecto vinculatorio para los jueces que deban conocer del proceso que fue afectado por la reposición antes mencionada, afecta, además, la libertad de criterio de tales jurisdicentes y la independencia e integridad de sus sentencias o autos decisorios;
3.2.5. Lesión al derecho a la defensa, ... porque la voluntad de los jueces que han de conocer del caso con motivo de la reposición, queda enajenada a las recomendaciones preestablecidas por la Sala de Casación Penal para que este caso, en audiencia preliminar, sea resuelto de una determinada manera. Poca o ninguna eficacia tendrán las defensas en la audiencia preliminar que puedan conducir a una decisión distinta a la que recomienda la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia;
3.2.6. Quebrantamiento de la norma que está contenida en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. En el orden de la citada disposición, volvemos a preguntarnos: ¿Para este cuáles son las vías o esos caminos aptos para decidir con justicia, cuando de antemano se excluye o segrega una institución importante del proceso como es el sobreseimiento?;
3.2.7. Inmotivación o defectuosa motivación de la señalada declaratoria de nulidad que decretó la Sala de Casación Penal, por cuanto no se citó cuál es la disposición constitucional o el supuesto del artículo 208 (hoy, 191) del Código Orgánico Procesal Penal que hubiera servido como fundamento de tal decisión; en consecuencia, infracción de la norma que contiene el artículo 213 (hoy, modificado, 196) eiusdem, por cuanto la nulidad que se pronunció generó efectos perjudiciales para el recurrente y, con ello, la decisión que fue impugnada infringió el artículo 257 de la Constitución, por cuanto quebrantó la noción del proceso como principio fundamental para la realización de la justicia.
3.3. Solicitaron:
En base a la convicción de que tal pronunciamiento de la casación de oficio se ofrece al amparo de la transgresión de distintas disposiciones de la Constitución Nacional, como son las contenidas en los artículos citados y analizados, consideramos que la parte de la sentencia que anula los pronunciamientos, no tiene base constitucional y, por el contrario, quebranta expresos dispositivos de nuestra Carta Magna. No así la primera parte de la decisión que desestima por inadmisible el recurso de Casación. Por esta razón consideramos que debe la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, resolver por vía de nulidad el contenido y los efectos de la Casación de Oficio y que así se declare expresamente, con respecto a la inconstitucionalidad de la sentencia cuando anula los pronunciamientos de el (sic) Juzgado Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia Penal en Funciones de Control y de la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas. En vista a que a (sic) la decisión de la Sala de Casación Penal que ahora recurrimos en revisión, produjo la nueva distribución del expediente correspondiéndole su conocimiento al Juez Cuadragésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, pedimos como medida provisional para garantizar la eficacia de la sentencia que se produzca con motivo de este recurso, se solicite a este Tribunal (que ya recibió las actuaciones el pasado jueves 13 de septiembre del corriente año), suspenda el cumplimiento de la audiencia preliminar y remita las actuaciones a esta Sala para el debido conocimiento de las actuaciones correspondientes.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en las disposiciones del artículo 336.10 de la Constitución de la República, esta Sala resulta competente para la revisión de las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas que dictan los Tribunales de la República, en los términos que establece la ley orgánica respectiva;
Por cuanto esta Sala, en fallo de 6 de febrero de 2001 (caso CORPOTURISMO/OLIMPIA TOURS AND TRAVEL, C.A.), decidió que es constitucionalmente competente para la revisión, de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de actos jurisdiccionales definitivamente firmes, en los siguientes términos:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país;
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia;
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional;
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de esta Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que simplemente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional ;
Por último, por cuanto en el presente caso, y con base en la doctrina que estableció esta Sala, ha sido solicitada la revisión del precitado fallo definitivamente firme que dictó la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la solicitud en referencia. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO
La parte dispositiva del fallo que es objeto de la presente revisión fue expresada en los términos siguientes:
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DESESTIMA POR INADMISIBLE el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Y por las razones ya expuestas, ANULA LOS PRONUNCIAMIENTOS cursantes a los autos a efecto de que se produzca nuevamente una audiencia preliminar en la cual el Tribunal de Control se ciña a lo previsto en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal dentro de los parámetros legales, todo conforme a la facultad conferida a este Tribunal por los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico Procesal Penal.
En criterio del juez de la decisión objeto de revisión:
1. El recurso de casación es de carácter extraordinario y, por tanto, sólo es admisible contra las sentencias que expresamente determina la ley y cuando el recurso que se proponga ha cumplido con las exigencias propias del mismo;
2. El Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia de lo que se observa en la legislación comparada y establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal, admitió el recurso de apelación contra los autos, mas no la posibilidad de impugnación de los mismos mediante el de casación, el cual reservó para las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación, o la víctima en su querella, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años, o para las sentencias que condenen a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el querellante haya pedido la aplicación de penas inferiores a las señaladas, y las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación; ello, conforme a lo que dispone el artículo 451 (ahora, modificado, 459) del Código Orgánico Procesal Penal. Como puede observarse, nada dice el Código Orgánico Procesal Penal, respecto a los autos de sobreseimiento o actos conclusivos del proceso, por lo que en criterio de la Sala de Casación Penal, los autos de sobreseimiento no son recurribles en casación, por no estar previsto así en la ley;
3. Que la decisión respecto de la cual la Sala n° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar el recurso de apelación que ejerció el Ministerio Público, fue dictada por un Tribunal de Control, por lo que éste desestimó, en su totalidad, la acusación fiscal conforme a lo que dispone el 333.1 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy, 330, modificado, cardinales 2 y 3) y, en consecuencia, fue decretado el sobreseimiento de la causa, con base en lo que establece el artículo 325, ordinal 2º (ahora, 318, modificado, cardinal 2), pues consideró que los hechos objeto del proceso no podían serles atribuidos a los imputados de autos;
3.4. Que la Sala de Casación Penal, en decisiones anteriores, ha sentado el criterio, que ratificó en el fallo bajo análisis, de que los autos de sobreseimiento que dicten los Tribunales de Control, tanto en la fase de la investigación como en la intermedia del proceso penal, no son impugnables vía recurso de casación, por virtud de su predicha naturaleza de autos, según se desprende del contenido del artículo 327 (ahora, modificado, 324) del Código Orgánico Procesal Penal y porque no está expresamente establecido tal recurso para el acto procesal en cuestión, razón por la cual la antes referida Sala consideró que lo procedente y ajustado a Derecho era, con base en el artículo 458 (hoy, 465) eiusdem, la desestimación, por inadmisible, como en efecto lo hizo, del recurso de casación que intentó el Ministerio Público;
3.5. Que, no obstante las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal, cuando revisó el contenido del auto de sobreseimiento y del que lo confirmó, observó, del análisis de ambas decisiones y del escrito acusatorio, que resultaba claro que los funcionarios que, por Ley, debían intervenir en la causa penal en referencia, actuaron precipitadamente: por una parte, los jueces, cuando se pronunciaron, en la audiencia preliminar, sobre el fondo materia de juicio, fueron más allá de sus facultades, por cuanto el objetivo central de esta oportunidad procesal es el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acusación y la procedencia de las incidencias que hayan sido planteadas; por la otra, los Fiscales del Ministerio Público, por cuanto presentaron una acusación que no estaba verdaderamente basada en una investigación debidamente concluida, la cual, de hecho, acababa de concluir la Contraloría General de la República, según se desprende del Informe que rindió la misma y que aparece inserto en el expediente de la causa penal anteriormente señalada;
3.6. Que si los pronunciamientos jurisdiccionales que se revisaron en Casación se hubieran ajustado al dispositivo legal correspondiente, no se habrían apreciado incongruencias entre las partes motiva y dispositiva de dichos fallos, en el sentido de que, habiéndose encontrado insuficiencias en la acusación que fue presentada, la decisión consiguiente ha debido ser, con vista en los requerimientos que enumera el artículo 329 (actualmente, modificado, 316) del Código Orgánico Procesal Penal, de admisión parcial o desestimación, y no declaratoria del sobreseimiento, el cual anuló la posibilidad de una nueva persecución penal; en consecuencia, la decisión del juez de control devino infractora de lo que dispone el artículo 20, ordinal 2º, de la mencionada ley adjetiva; que, del contenido de la decisión en cuestión ... se deduce que se efectuó una mixtura de disposiciones legales y supuestos de hechos (sic) que nos han llevado a la situación confusa que tenemos en los autos;
3.7. Que la anterior consideración conduce, no obstante la inadmisibilidad del recurso de casación en el caso de autos, a la anulación de los pronunciamientos judiciales antes referidos, para que sea celebrada una nueva audiencia preliminar, en la cual el Tribunal de Control se ciña a lo que preceptúa el artículo 333 (hoy, modificado, 330) del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los parámetros legales (sic); decisión esta que se fundó en los artículos 257, de la Constitución, y 13, del precitado Código;
3.8. Que tampoco podía la Sala de Casación Penal pasar por alto el contenido del Informe Definitivo de la Contraloría General de la República, que consignó el Ministerio Público, por cuanto, en el mismo, la Contraloría hace una serie de recomendaciones generales ... en las que se tomaron en cuenta la naturaleza y características de las diversas deficiencias determinadas en el curso de la actuación del referido órgano, que van desde las de orden organizativo institucional hasta las específicas atinentes a los procesos electorales, dirigidas a erradicar las causas que originan las fallas administrativas, para así procurar la reparación de los daños que se le irrogaron al patrimonio público y para promover las sanciones que resulten pertinentes. Por ello, en el capítulo denominado PUNTUALIZACION FINAL, el órgano contralor dejó asentado lo siguiente: Este Organismo Contralor, con vista de los resultados de la gestión cumplida en el CNE expuestos detalladamente en este Informe Definitivo, y de las valoraciones jurídicas que de los hechos, actos u omisiones efectúe, emprenderá las acciones fiscales a que haya lugar, para establecer las responsabilidades administrativas, exigir los reintegros al patrimonio público y promover las respectivas indemnizaciones por los daños que se le irrogaron. Como puede observarse la Contraloría General de la República, vistas las investigaciones efectuadas en el Consejo Nacional Electoral, emprendería las acciones pertinentes, en el caso de hallar que existiera responsabilidad administrativa, y exigiría de acuerdo al procedimiento indicado, los reintegros a que hubiere ligar, o si encontrare que de la investigación efectuada, se desprendiera la comisión de algún hecho punible, así se lo notificara (sic) al Fiscal General de la República, quien ordenaría de ser el caso, la investigación a los Fiscales del Ministerio Público, toda vez que al presentar una acusación que verdaderamente no se basaba en una investigación concluida, que de hecho, acaba de concluirse por la Contraloría General de la República, según se desprende del Informe cursante a los autos, no se llenaron los requisitos exigidos por la Ley en la presentación de la misma.
El fallo que dictó la Sala de Casación Penal contó con dos votos concurrentes:
1. En el primero de ellos, el Magistrado que lo dictó sostuvo lo siguiente:
1.1 La declaratoria del sobreseimiento implica la cesación del procedimiento penal que se siga contra una persona y causa los mismos efectos que una sentencia absolutoria. Tal pronunciamiento, hecho por el Juez de Control, conforme al artículo 325 (hoy, 318), antes o durante la audiencia preliminar, es expedido bajo la forma de un auto y le pone fin al juicio. Ahora bien, el sobreseimiento también es procedente después del juicio y por ello está previsto como sentencia en el artículo 365 (hoy, 364. Nota de la Sala) del citado código adjetivo;
1.2 Sobre la base de lo que anteriormente fue expuesto, se opone al criterio mayoritario de la Sala, por cuanto el sobreseimiento, que se dicte antes o después del juicio, constituye siempre un pronunciamiento que pone fin al juicio e impide su continuación y, dados sus efectos, está forzosamente sujeto al recurso de casación, conforme a lo que establece el último aparte del artículo 451 (ahora, modificado, 459) del Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo con el cual se puede recurrir contra las decisiones de las Cortes de Apelaciones que hagan imposible la continuación del juicio y ... es obvio que se está ante un juicio cuya decisión es recurrible por mandato del propio texto legal (...). Un examen gramatical evidencia que no hay distingos en esa clarísima disposición: ese derecho no se restringe a que sólo se pueda recurrir ante tribunales de instancia, mas no ante los de casación;
1.3. Un examen teleológico es aún más concluyente: el fin último o más importante de la norma jurídica es el bien común y a éste propende la madre de todas las virtudes. Muchos de los criterios que acogió la mayoría de la Sala atienden a una excesiva y errónea interpretación literal de las disposiciones relativas al recurso de casación y coartan el derecho a recurrir contra el fallo, que reconoce el artículo 8.2.h. de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, disposición esta que contiene un instrumento normativo internacional que suscribió y ratificó la República y, por ende, vigente en la misma, en los términos que expresa el artículo 23 de la Constitución;
1.4. La norma que antes se transcribió ha sido tergiversada por analistas venezolanos y extranjeros, ya que se pretende que la garantía que ella contiene está referida sólo a favor de los inculpados, lo cual es erróneo, ya que el precitado numeral 2 distingue claramente dos supuestos: el primero de índole particular y referido sólo a los inculpados. Y el segundo de índole general y referido a todas las personas;
1.5. La errada interpretación del antiguo artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal fue extendida para negar, también, la recurribilidad en casación contra los autos que recaigan en materia de admisión de hechos y las sentencias que dicten los tribunales de reenvío; sin embargo, la Sala rectificó semejante criterio, tal como quedó expresado en las sentencias nos 598, de 11 de junio de 2001, y 602, de 13 de julio de 2001;
1.6. La reposición de la causa, que decretó la Sala de Casación Penal, pese a que declaró previamente inadmisible el recurso de casación referido anteriormente, demuestra la necesidad absoluta de que se declarase admisibles los recursos de casación que se intenten contra las sentencias (sic) que pronuncien el sobreseimiento. En efecto: si la Sala Penal repuso de oficio la causa, fue porque descubrió vicios tan graves en el proceso y en la decisión recurrida, que ameritaron ser subsanados porque, de lo contrario, se habría dejado viva la injusticia (...). Entonces: siendo así ¿por qué declarar inadmisibles esos recursos de casación e insistir en ello pese a reconocer paladinamente que puede haber injusticias en tales sobreseimientos? Tal es incomprensible y máxime si se considera que, por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2, vivimos en un Estado de justicia y que el artículo 257 constitucional ordena que No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales ;
1.7. La casación o reposición de oficio no viene a ser tan probable como cuando la revisión (del fallo y de sus causa) resulte obligatoria por haberse admitido el recurso de casación. Palmaria comprobación de tal aserto es que son excepcionales los casos de anulación de oficio cuando se inadmitió el recurso de casación: hasta casi se podría asegurar, sin mucho temor a equivocarse, que ésta es la primera vez que se casa de oficio después de no admitirse el recurso de casación contra la sentencia que pronunció el sobreseimiento. Y no es posible que la justicia dependa del acaso o de la mejor disposición de una Sala Penal, que no siempre será la misma. Así que insisto, la causa que motivó este voto concurrente demuestra una vez más lo justo que resulta admitir los recursos de casación, en estos casos, pues aun cuando se declaró inadmisible la impugnación de los representantes del Ministerio Público, tal impugnación permitió que la Sala de Casación Penal, procediendo oficiosamente, anulara las decisiones de los tribunales de instancia porque advirtió un vicio procesal y ordenó la celebración de una nueva audiencia preliminar;
1.8. En el presente caso, hubo la posibilidad de la corrección del vicio que dio lugar a la nulidad de oficio porque se anunció el recurso de casación, a pesar del conocimiento del criterio de la Sala, en cuanto a la inadmisiblidad del mismo contra los autos de sobreseimiento; que si, con base en dicho criterio, no se hubiera anunciado el recurso, no habría sido posible hacer la mencionada corrección y habría pervivido y triunfado la injusticia;
1.9. El criterio de inadmisibilidad de los recursos de casación que fueron interpuestos en los casos anteriormente mencionados, limita en alto grado la competencia de la Sala de Casación Penal, así como también su facultad para la corrección de los vicios que durante el proceso pudieren ser cometidos;
1.10. Difiere de las consideraciones de la Sala, que expresó en relación con la actuación del Ministerio Público porque, con ellas, la Sala dio directrices al Ministerio Público acerca de cómo éste debe actuar, lo cual es absolutamente impropio. Son aceptables, al menos en principio, las advertencias u observaciones hechas a las decisiones de los tribunales de instancia y porque jerárquicamente dependen éstos (directa o indirectamente) del Tribunal Supremo de Justicia o autoridad máxima del Poder Judicial; pero de ninguna manera lo son las efectuadas a esa labor del Ministerio Público, pues éste pertenece al Poder Ciudadano, es decir, a otro Poder distinto al Poder Judicial. Por tanto, no debe inmiscuirse el Poder Judicial en la actividad o inactividad del Poder Ciudadano, porque eso podría configurar una intromisión indebida.
2. En el segundo de los votos concurrentes, el Magistrado que lo dictó expuso:
2.1 Que si bien está de acuerdo con el dispositivo, en relación con la inadmisibilidad del recurso de casación que se mencionó ut supra, porque, en el presente caso, se trata de una decisión de sobreseimiento que no pone fin al juicio ni impide su continuación, es su opinión que cuando una decisión de esta índole tiene carácter definitivo, es admisible el recurso de casación que, contra la misma, sea intentado;
2.2. Que la celebración de una nueva audiencia preliminar sería procedente si fuera precedida de una nueva acusación fiscal que estuviera depurada de los vicios que motivaron su desestimación;
2.3. Que el Ministerio Público acusó a los recurrentes de autos por la comisión del delito de peculado doloso propio, que describe el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y en los grados de participación que han quedado señalados;
2.4 Que, el 18 de octubre de 2000, la Jueza 48ª del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas desestimó la acusación fiscal y decretó el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 333, ordinal 1º, in fine, del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, en criterio de dicha jurisdicente, no existe ... una relación clara y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye a los acusados, así como los elementos y fundamentos de convicción que la motivan son genéricos, resultando jurídicamente imposible a esta juzgadora determinar cuales elementos de convicción se pueden atribuir a cada uno de los imputados, generando un estado de indefensión a los mismos, coartándoles la garantía constitucional prevista en el artículo 49, ordinal 1º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referida el derecho a la defensa...;
2.5. Que el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, antes de su última reforma parcial, establecía, de manera taxativa, la decisiones recurribles en casación: las decisiones de las Cortes de Apelaciones que resolvieran sobre la apelación, dentro de las condiciones que están impuestas en la predicha disposición legal; igualmente, aquéllas decisiones de las Cortes, que declararan terminado el juicio o impidieran su continuación. La Corte de Apelaciones, en Sala n° 6, declaró sin lugar el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el antes referido auto de sobreseimiento que dictó la Jueza de Control. Del texto de la precitada disposición se infiere que las sentencias o autos de sobreseimiento que pusieran fin al juicio o impidieran su continuación, si, además, satisfacían las precitadas exigencias, eran recurribles en casación, porque ellas equivalen a fallos absolutorios que resuelven el caso y apuntan a que el mismo no pueda ser planteado nuevamente; tienen, en otros términos, vocación de cosa juzgada. Ahora bien, otros pronunciamientos de sobreseimiento, que no tienen tal carácter conclusivo, no impiden una nueva persecución penal tal es el caso del supuesto que establece el artículo 20, numeral 2 (sin variaciones en el texto vigente), del Código Orgánico Procesal Penal-, no tienden a producir los efectos de la cosa juzgada y, por ende, no pueden ser impugnados en sede de casación;
2.6. Que la acusación en cuestión luce confusa en su argumentación, por cuanto ... no precisa si se trata de un delito de corte subjetivo (doloso) o de alguna de las formas de delito imprudente (culposo), como tampoco las cantidades apropiadas indebidamente ni el monto del daño causado a la administración pública, todo lo cual es importante para la estructuración jurídica del delito;
2.7. Que, en el presente caso de sobreseimiento, el mismo fue decretado por causa de defectos en el ejercicio de la acción penal, lo cual no es impedimento para que la misma sea nuevamente propuesta, una vez que sea depurada de los vicios que dieron lugar a su desestimación.
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
1. En la presente causa, los recurrentes han solicitado, conforme a lo que dispone el artículo 336.10 de la Constitución, la revisión del fallo que pronunció, el 10 de agosto de 2001, la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, por el cual fue declarado inadmisible el recurso de casación que intentó el Ministerio Público contra el auto de la Corte de Apelaciones, en Sala 6, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, confirmatorio del sobreseimiento que decretó la Jueza 48ª del Tribunal de Control del mismo Circuito Judicial Penal, dentro de la causa penal seguida a los precitados recurrentes, a quienes se les imputó la comisión del delito de peculado doloso propio. Ahora bien, en la presente decisión han quedado reproducidos los supuestos de sentencias definitivamente firmes que, con arreglo a lo que establece dicho dispositivo constitucional, pueden ser sometidas -de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional- a revisión por esta Sala, de acuerdo con una uniforme jurisprudencia constitucional y mediante un uso prudente de la antedicha potestad, en cuanto a los pronunciamientos sobre admisión y procedencia de las solicitudes de revisión de sentencias definitivamente firmes y, por ende, pasadas con autoridad de cosa juzgada.
2. En el caso bajo análisis, el alegato crucial de los recurrentes es el hecho de que la Sala de Casación Penal, luego de que declaró inadmisible el recurso de casación que se refirió en el párrafo anterior, con lo cual la decisión que se impugnó adquirió carácter de definitivamente firme, procedió, en segundo término, a la anulación o casación de oficio de dicha decisión, con base en lo que disponen los artículos 257 de la Constitución y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual se violó el principio de la cosa juzgada. En relación con el predicho alegato, la Sala hace las siguientes consideraciones:
2.1. Atinente a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación:
2.1.1. En su decisión de 10 de agosto de 2001, la Sala de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación que intentó el Ministerio Público, contra el auto de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por el cual confirmó el sobreseimiento que decretó la jueza 48ª del Tribunal de Control del citado Circuito, dentro de la causa penal contra los hoy recurrentes. Se fundó la Sala Penal en el criterio, que reiteradamente ella ha sentado, y ratificado en el fallo bajo análisis, en virtud de lo que establece el artículo 451 (hoy, modificado, 459) del Código Orgánico Procesal Penal, de que sólo procede el recurso de casación contra los actos jurisdiccionales que, conforme a la precitada ley, estén calificados como sentencias y de que, en consecuencia, contra los autos se puede recurrir por la vía de la apelación, mas no por la de casación; ello, por interpretación conjunta de las disposiciones de los artículos 327 y 451 (ahora, modificados, 324 y 459, respectivamente) del Código Orgánico Procesal Penal;
2.1.2. Respecto del precitado dispositivo, se observa que el mismo fue favorecido por la mayoría requerida en el artículo 458 (hoy, 465) de la ley adjetiva penal y fue fundado en un criterio que derivó de una válida interpretación de normas legales preexistentes, pues, aun cuando esté controvertido dentro de la propia Sala como puede ser observado en uno de los votos concurrentes-, el mismo ha gozado de favor doctrinario y jurisprudencial; de suerte que, incluso, el legislador sancionó una reforma de dicho artículo 451, en su segundo párrafo, para que fuera indudable la admisibilidad del recurso de casación contra los autos que sean dictados por las Cortes de Apelaciones, que contengan decisiones que confirmen o declaren la terminación del proceso, como es el caso del sobreseimiento. En efecto, el citado párrafo legal establecía: Asimismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación. Luego de la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 459, el cual sustituyó al que se acaba de transcribir parcialmente, dispone: Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia anterior;
2.1.3. Como consecuencia del antecedente análisis, no se observan, en el dispositivo en comentario, vicios que lo hagan subsumible en alguno de los supuestos de procedencia de la revisión, enumerados ut supra, razón por la que se concluye que dicho dispositivo escapa de la potestad revisora que fue asignada constitucionalmente a esta Sala. Así se declara;
2.1.4. La referida inadmisibilidad del recurso de casación, que decretó la Sala de Casación Penal, produjo, como principal e inmediato efecto procesal, la confirmación de la decisión que, mediante el mismo, fue impugnada por el Ministerio Público y la cual, como consecuencia, adquirió la cualidad de sentencia definitivamente firme; por tanto, resulta aplicable al presente caso, el criterio que sentó esta Sala, en su decisión de 28 de noviembre de 2001 (caso George Yebaile y José Lito Loureiro): En el caso planteado en el recurso sub examine, encuentra esta Sala que, en la sentencia objeto de revisión, se obvió por completo la interpretación y aplicación de la norma contenida en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, omisión esa que produjo un resultado de relevancia constitucional, que fue anulado, al ser casado un auto que, según se ha narrado en esta decisión, no era impugnable mediante recurso de casación, quedando afectada de esa manera la cosa juzgada emergente del mismo y que debe ser preservada por mandato del artículo 49, cardinal 7, del Texto Fundamental (resaltado de la Sala) . Con tal declaratoria, la Sala de Casación Penal agotó su competencia dentro del predicho proceso penal y, adicionalmente, creó derechos subjetivos a favor de la parte actora en la presente causa, los cuales, salvo impugnación mediante el ejercicio de los recursos procesales o que se trate de alguno de los supuestos de nulidades que serán analizados más adelante, no son revocables, pues ello resultaría contrario a la prohibición legal de la reformatio in peius, según lo que dispone el artículo 434 (hoy, 442) del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 433 (441, en el Código vigente) eiusdem. Así se declara.
2.2. Ahora bien, no obstante lo que ha quedado asentado en el aparte inmediatamente anterior, se observa que el fallo, que en la presente causa ha sido sometido a revisión por esta Sala, contiene un segundo dispositivo por el cual, la Sala de Casación Penal, con base en las razones que antes han quedado reseñadas, anuló, de oficio, la precitada decisión de la Corte de Apelaciones y ordenó la reposición de la causa al estado de que fuera celebrada una nueva audiencia preliminar. Ahora bien, para la decisión, en relación con el presente punto, la Sala hace las siguientes consideraciones previas:
2.2.1. Dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se encuentra preceptuada, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues, conforme se establece en el precitado artículo 433 (hoy, 441) del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados. Esta es una disposición que obliga a todas las instancias jurisdiccionales que conozcan de los recursos descritos en el Libro Cuarto del Código, incluso el extraordinario de casación, por cuanto la misma está contenida dentro de las disposiciones generales aplicables a dichos recursos;
2.2.2. Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio están preestablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyas normas, en esta materia, son, obviamente, de interpretación restrictiva:
2.2.2.1. Cuando se trate de alguno de los vicios de nulidad absoluta descritos, de manera taxativa, en el artículo 208 (ahora, modificado, 191) del Código Orgánico Procesal Penal;
2.2.2.2. Cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a hacer valer la preeminencia de la Constitución, a activar el control difuso que dispuso el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición esta que desarrolla el principio fundamental que contiene el artículo 7, en concordancia con el 334, de la Constitución;
2.2.2.3. Cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión, a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo del artículo 434 (ahora, 442) del Código Orgánico Procesal Penal.
En el presente caso, se observa que la nulidad que declaró la Sala de Casación Penal no encuadra en ninguno de los supuestos que acaban de ser descritos, ni dicha Sala declaró fundamentarse en los mismos, para la toma de la decisión en comentario, de suerte que tal pronunciamiento comporta un vicio de ultrapetita, por cuanto la misma no responde a ninguno de los pedimentos que contiene el recurso que incoó el Ministerio Público e infringió, en consecuencia, el entonces vigente artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero, por otra parte, no estaba tampoco legalmente autorizada la referida Sala para la declaración oficiosa de la nulidad en cuestión, pues se aprecia que el supuesto que sirvió de fundamento de la misma no se encuentra entre los que, de manera restrictiva, dispuso el legislador, como ha quedado previamente anotado;
2.2.3. Como consecuencia de la antedicha declaratoria de nulidad, la Sala de Casación Penal, a pesar de que agotó su competencia, luego de que hubo declarado inadmisible el recurso de casación que formalizó la representación fiscal, ordenó la reposición del proceso penal contra los recurrentes de autos, a la etapa de celebración de nueva audiencia preliminar. Ello comporta, virtualmente, la realización de nuevo juicio, por cuanto ya existe, en favor de dichos recurrentes, una decisión de fondo definitivamente firme y por ende, con autoridad de cosa juzgada- de sobreseimiento, la cual impide una nueva persecución penal que esté fundada en los mismos hechos, por cuanto tal providencia judicial fue dictada con base en el ordinal 2° del artículo 325 (hoy, 318) del Código Orgánico Procesal Penal, según se ha señalado expresamente en la decisión que es objeto de la presente revisión. En tales circunstancias, se aprecia que, en caso de la realización, de nuevo, del acto procesal que ordenó la Sala de Casación Penal, nos encontraríamos en franca infracción del principio non bis in idem, que acogió el artículo 49.7 de la Constitución y desarrollo el artículo 20 de la predicha ley adjetiva. Así se declara.
2.2.4. Además del efecto que acaba de explicarse, el dispositivo bajo análisis ordenó una reposición que, por ser ilegal y sujeta, por tanto, a una eventual declaratoria de nulidad, conformó una reposición inútil y, si se efectuara, sometería al proceso penal en cuestión a una dilación indebida, con grave e injustificado daño para los procesados y un claro desconocimiento de la garantía fundamental del debido proceso, en los términos de los artículos 26 y 257 de la Constitución; este último, por cierto, señalado como uno de los soportes normativos del fallo bajo análisis.
2.2.4.1. La censura que se expresó en el fallo de casación antes mencionado indicó supuestos defectos o vicios en las partes motiva y dispositiva de los fallos de los jueces de instancia, sobre los cuales sólo era legalmente admisible pronunciarse cuando los mismos hubieran sido expresamente impugnados por el recurrente, según se ha afirmado previamente. Comporta, además, dicha censura un mandato al Juez de Control que presidiría el nuevo acto de la audiencia preliminar, para que decida conforme a los lineamientos que han quedado demarcados por la Sala de Casación Penal; como lo expresó la propia decisión bajo análisis: ... anula los pronunciamientos cursantes a los autos a efectos de que se produzca nuevamente una audiencia preliminar en la cual el Tribunal de Control se ciña a lo previsto en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal dentro de los parámetros legales...(resaltado añadido). En estas circunstancias, se debe concluir que la máxima instancia penal del país ha obviado, igualmente, su deber constitucional de la garantía de una administración de una justicia autónoma e independiente, que fue impuesto en los términos del precitado artículo 24 de la Constitución y desarrollado en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con la prohibición general que establece el artículo 3º eiusdem: Tampoco podrán los jueces (...) dictar instrucciones de carácter vinculante, generales o particulares, sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico que llevan a cabo los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Por otra parte, con su preseñalada extralimitación, la Sala de Casación Penal actuó fuera del marco de su competencia y, en consecuencia, se apartó de la condición de juez natural; así, obvió la garantía fundamental que contiene el artículo 49.4 de la Constitución. Así se declara.
Esta Sala, en definitiva, concluye que en el fallo que dictó la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el 10 de agosto de 2001, pertinente al recurso de casación que ejerció el Ministerio Público, contra el auto de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dentro de la referida causa penal contra los solicitantes de autos, fue obviada la interpretación de las disposiciones que contienen los artículos 26, 49, cardinales 4 y 7, y 257 de la Constitución, lo cual conduce a la estimación de que el fallo en cuestión se encuentra incluido en el cuarto supuesto de los que, según ha establecido esta Sala (ver ut supra), son pasibles de ser impugnados por vía de la solicitud extraordinaria de revisión. Así se declara.
Con base en las consideraciones que anteceden, se concluye que es parcialmente procedente la demandada nulidad del precitado fallo de la Sala de Casación Penal, la cual debe recaer sobre la parte dispositiva del mismo, en la cual se declaró, de oficio, la nulidad del antes referido auto de la Sala n° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y se ordenó la reposición de la causa penal en referencia al estado de celebración de nueva audiencia preliminar. Así se declara, en cumplimiento del imperativo de garantizar el imperio de la Constitución de la República, que impone esta Sala Constitucional el artículo 335 de la misma.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de revisión de la sentencia que dictó la Sala de Casación Penal del mismo Máximo Tribunal, el 10 de agosto de 2001, dentro del proceso penal que, por la comisión del delito de peculado doloso propio, se sigue contra los ciudadanos EDUARDO SEMTEI ALVARADO, JUAN VICENTE VADELL GRATEROL, ETANISLAO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ARGENIS RIERA ENCINOZA Y JACQUELINE FERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, previamente identificados. En consecuencia, declara la NULIDAD de la parte dispositiva de dicho fallo, mediante la cual anuló los pronunciamientos insertos en los autos de la referida causa penal y repuso la causa al estado de que se produjera nuevamente el acto procesal de la audiencia preliminar. Por tanto, declara firme y con autoridad de cosa juzgada el auto que pronunció, el 21 de diciembre de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por el cual declaró sin lugar el recurso de apelación que incoó la representación fiscal contra el auto de sobreseimiento que dió la Jueza 48ª del Tribunal de Control del mismo Circuito, dentro del referido proceso penal contra los solicitantes de autos.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de octubre de dos mil dos. Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSE MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
El Secretario,
JOSE LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exps. 00-2007, 01-2102, 01-2103
El Magistrado Iván Rincón Urdaneta, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, al declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la revisión solicitada por el ciudadano Eduardo Semtei Alvarado de la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal el 10 de agosto de 2001.
Dicha decisión, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas el 21 de diciembre de 2000, la cual, conociendo en apelación, confirmó el sobreseimiento dictado por el Juzgado No. 48 de Control de la misma Circunscripción Judicial Penal y de oficio, ordenó la reposición de la causa al estado de que se celebre nueva audiencia preliminar, en el juicio seguido, entre otros, al ciudadano Eduardo Semtei Alvarado por la comisión del delito de peculado doloso propio.
Estimó la mayoría sentenciadora, entre otros argumentos, que el pronunciamiento emitido por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia comporta un vicio de ultrapetita, por cuanto la misma no responde a ninguno de los pedimentos que contiene el recurso que incoó el Ministerio Público e infringió, en consecuencia, el entonces vigente artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, (hoy 441).
Asimismo, en la presente decisión se estableció que la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal no estaba legalmente autorizada... a declarar oficiosamente la nulidad en cuestión, pues se aprecia que el supuesto que sirvió de fundamento de la misma no se encuentra entre los que, de manera restrictiva, previó el legislador, toda vez que, conforme sostuvo la mayoría sentenciadora, los supuestos de nulidad de oficio previstos en el artículo 208 -hoy 191- del Código Orgánico Procesal Penal, son, obviamente, de interpretación restrictiva, por lo cual declaró la decisión in commento, que la Sala de Casación Penal obvió la interpretación de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 49 y 257 del Texto Constitucional.
Ahora bien, estima quien disiente, que si bien el artículo 433 -hoy 441- del Código Orgánico Procesal Penal le atribuye al tribunal que resuelva el recurso el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados, ello no puede ser óbice para ignorar o tolerar la inobservancia o violaciones de derechos o garantías constitucionales.
En efecto, si bien las leyes procesales son las que desarrollan el contenido de los derechos fundamentales del justiciable, éstas no pueden soslayar en modo alguno, los preceptos constitucionales que los contienen, pues a la luz de las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -artículos 26 y 257- se instituye el proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia. De allí, que el único medio constitucionalmente legítimo para la satisfacción del derecho fundamental relativo a la tutela judicial efectiva es el debido proceso.
En el presente caso, sostuvo la mayoría sentenciadora, que la nulidad de oficio declarada por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal configura el vicio de ultrapetita, por cuanto dicho pronunciamiento no responde a ninguno de los pedimentos que contiene el recurso que incoó el Ministerio Público, y que la nulidad decretada no se subsume en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicha disposición establece:
Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado... o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República (negrillas propias).
Por ello, conforme a los razonamientos expuestos precedentemente, quien suscribe estima, que la citada disposición, al referirse a la inobservancia o violación de derechos y garantías constitucionales, no puede en modo alguno ser interpretada en forma restrictiva, como afirma la mayoría sentenciadora, pues ello implicaría el desconocimiento de la preeminencia de los derechos fundamentales y una ilegítima limitación en su desarrollo, toda vez que nuestra Carta Magna -artículo 27- consagra el derecho que tiene toda persona a ser amparada en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución.
De tal modo, que una interpretación restrictiva de los derechos constitucionales, va en detrimento de una tutela judicial efectiva, habida cuenta que los preceptos y garantías fundamentales pasarían a ser simples enunciados de carácter dogmático, pues el Texto Constitucional propugna el valor normativo supremo de sus preceptos y la realización de la justicia a través del proceso.
Por lo anterior, no comparte quien disiente, el criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, relativo a que la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia no estaba legalmente autorizada para declarar de oficio la nulidad decretada, conforme a lo previsto en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que si bien dicha disposición limita el conocimiento del recurso exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados, ello no implica la inobservancia de algún derecho fundamental so pretexto de la citada disposición legal.
Por tanto, la referida Sala de Casación Penal sí estaba plenamente autorizada para, no obstante la inadmisibilidad del recurso interpuesto, declarar la nulidad cuestionada por el solicitante de la presente revisión, pues conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, dicha nulidad de oficio procede cuando se está en presencia de una inobservancia o violación de derechos y garantías constitucionales, lo cual en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta obligatorio para el juzgador (en este caso Sala de Casación Penal) en su función jurisdiccional, velar por el cumplimiento de los preceptos fundamentales en resguardo del supremo valor constitucional, los cuales, por ser materia de orden público, son de ineludible cumplimiento.
Queda así expuesto el criterio de quien disiente respecto a lo expresado por la mayoría en el presente fallo. Fecha ut supra.
El Presidente - Disidente
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Antonio García García
Magistrado
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Pedro Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exps. 01-2007, 01-2102, 01-2103
IRU.
Quien suscribe, Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, disiente del contenido del presente fallo, y salva su voto, por las razones siguientes:
En el fallo, la mayoría de la Sala asienta, que dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se encuentra prevista, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues conforme se establece en el artículo 441 (antes 431) del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados, y al encontrarse la referida norma contenida dentro de las disposiciones generales de los recursos establecidas en el Libro Cuarto del Código, la misma es aplicable en todas las instancias jurisdiccionales que de ellos conozcan, inclusive al extraordinario de casación.
Igualmente asienta, que excepcionalmente, los supuestos de la nulidad de oficio están previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, y las normas que la hacen procedente, obviamente son de interpretación restrictiva.
Ahora bien, es cierto que el tribunal que conozca del recurso solo tiene atribuido el conocimiento del proceso respecto de los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados, de suerte que el pronunciamiento que emita para su resolución, debe atenerse a los pedimentos contenidos en el mismo.
Sin embargo, a juicio de quien disiente, cabría preguntarse ¿en un estado de justicia y de derecho como el que resguarda la Constitución, puede quedar a los jueces de mérito, solo extendido su conocimiento a lo impugnado por el recurrente, y fuera de toda posibilidad de control por vía del recurso, la constitucionalidad del proceso?.
Indudablemente que la respuesta no puede ser otra que siendo todo juez garante de la Constitución, al actuar en un proceso sometido a su conocimiento, por vía recursiva, y juzgar que está ante vicios de naturaleza constitucional que comportan una nulidad absoluta, puede declarar la misma de oficio, y ello no implica una actuación del juez fuera de su competencia, ni lo hace incurrir en el vicio de ultrapetita.
La declaratoria de inadmisibilidad del recurso, lo que le impide a la alzada es entrar a resolver cuestiones inherentes al mérito del mismo, mas no valorar la actuación del juez de la instancia que inobserva derechos y garantías constitucionales, que conlleven la declaratoria oficiosa de nulidad.
En el presente caso, considera quien aquí disiente, que el juez de la casación no puede carecer de todo efecto en relación al recurso intentado, si se pretende que éste funcione como una verdadera garantía. Es cierto que no se le podría permitir la revocación de una sentencia y el dictado directo de otra, por cuanto ello exigiría una completa revalorización de la prueba, para lo cual sería necesaria indefectiblemente la inmediación; pero ello no es óbice para permitirle la anulación del fallo por violación de las normas constitucionales y procesales que deben observar las otras instancias, en el curso del proceso.
Si ello no es así, se priva de toda eficacia el control de la sentencia en sede casatoria, y condena al juez del recurso a ser un mero espectador convencido de que el fallo es violatorio de normas constitucionales, pero impotente para procurarle siquiera un camino (la casación de oficio) para su reparación. La casación de oficio, debe comprender, para este supuesto, la posibilidad de anulación, para satisfacer los derechos consagrados en la Constitución.
De allí, que la sola circunstancia de la comprobación inmediata de que una garantía constitucional ha sido violada, baste para que sea restablecida por los jueces de alzada en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la existencia de normas de aplicación restrictiva, o la competencia para conocer del asunto solo en cuanto a los puntos de la decisión que han sido objetados.
Por último, la censura del fallo sometido a revisión, se fundamenta en el hecho de que en el mismo se obvió la interpretación de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 49, cardinales 4 y 7, y 257 de la Constitución, lo cual conduce a estimar que se encuentra incluido en el cuarto supuesto, de los que, según lo ha establecido la Sala son pasibles de ser impugnados por vía de solicitud extraordinaria de revisión; sin embargo, la mayoría de la Sala dejo de estimar el alegato de uno de los recurrentes fundado en que el fallo de la Sala de Casación Penal es confuso y contradictorio, que el mismo contó sólo con el voto favorable de la Magistrada Ponente, ya que resulta imposible concluir si los votos de los restantes Magistrados son votos salvados o favorables a la ponencia, ya que las observaciones realizadas, al no compartir ni estar totalmente de acuerdo con la decisión, resulta imposible su validez jurídica.
Tal denuncia, a criterio de quien disiente, debió ser estimada por la Sala, por cuanto su constatación, mas no la falta de aplicación de las normas constitucionales señaladas, si podrían hacer procedente la declaratoria con lugar de revisión.
Queda así expresado el criterio del disidente.
Caracas, en la fecha ut- supra.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Disidente
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
EXP. Nº: 00-2007, 01-2102, 01-2103
J.E.C.R./
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