Sentencia N.º 255
- Sentencia
- N.º 255
- Fecha
- 28/02/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0519
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 7 de abril de 2006, la abogada Yuly Melero, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 68.276, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano LUIS ARMANDO REBOLLEDO ZAPATA, titular de la cédula de identidad Nº 3.848.772, mediante escrito presentado en esta Sala, ejerció acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
El 17 de abril de 2006, se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 11 de octubre de 2006, esta Sala procedió admitir la solicitud de amparo y ordenó practicar las notificaciones respectivas.
El 17 de julio de 2007, la apoderada judicial del accionante solicitó se fijara día y hora para la realización de la audiencia oral y pública.
El 21 de febrero de 2008, esta instancia constitucional, previa verificación de la notificación de las partes interesadas, fijó el día 26 de febrero de
Llegado el día y hora fijado para la celebración de la audiencia oral, ésta se llevó a cabo; dejándose constancia de la asistencia de las apoderadas judiciales de la parte accionante, abogadas Yuly Melero y Julie Rosie. Así mismo, se dejó constancia de la presencia de la representación del Ministerio Público, abogada Maria Cristina Vispo López. Así mismo se dejó constancia de la no comparecencia del Juez Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
En esa misma oportunidad, esta Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo interpuesta y ordenó la publicación in extenso del fallo dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia constitucional, lo cual pasa de seguidas esta Sala a realizar.
I
DE
Alegó la recurrente en amparo como fundamento de su pretensión, que su representado interpuso ante
Que, el 20 de mayo de 1998, demandó judicialmente a la empresa por indemnizaciones laborales, lucro cesante y daño emergente, demanda ésta que fue admitida por el tribunal y registrada con su orden de comparecencia en
Que, el 17 de febrero de 1999, se logró la citación de la empresa demandada, quien en la oportunidad de la contestación de la demanda, opuso entre otras la defensa de prescripción de la acción.
Que, el 11 de julio de 2000, el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral, dictó sentencia declarando prescrita la acción y, en consecuencia sin lugar la demanda. Dicha sentencia fue apelada, y el 29 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
Ejercido el recurso de control de legalidad contra la sentencia definitiva, el mismo fue declarado inadmisible el 11 de octubre de 2005, por
Que, según se evidencia de las actas, su representado interpuso en tiempo hábil una reclamación laboral contra la demandada ante el Ministerio del Trabajo con ocasión a los trastornos de salud que estaba padeciendo originadas por el reiterado esfuerzo físico realizado en sus jornadas de trabajo y, que fue diagnosticado por los expertos en la materia con soportes en los resultados médicos, técnicos y científicos practicados al paciente.
Que no cabe duda que su representado agotó la vía administrativa al interponer ante
Que desde la fecha en que se le diagnosticó la lesión a su representado que dio origen a la reclamación laboral (20/3/96) hasta la fecha en que efectivamente se confirma la notificación del demandado para el acto conciliatorio en
Que, igualmente desde la primera interrupción de la prescripción (27/10/97) hasta la fecha en que se interpone la reclamación judicial y se registra la demanda (20/5/98) transcurrieron seis (6) meses y (23) veintitrés días, por lo que mal podía hablarse de prescripción de la acción, por haber sido interrumpida por actos legítimamente establecidos en la ley.
Denunció como infringido, su derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de
Así mismo, consideró quebrantado el artículo 89 de la norma constitucional que reza:
El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras
; cuando el juzgador manifestó que el acta levantada el 27 de octubre de 1997, no surtía efecto interruptivo, pues si tenía dudas en cuanto a la reclamación contenida en ella como consecuencia de la reclamación laboral interpuesta por el trabajador, debió apreciarla conforme lo dispuesto en el artículo 9 de
Por lo que solicitó: se declare la nulidad del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
II
OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO
III
EL FALLO DENUNCIADO COMO LESIVO
El 29 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
Es obligante para este Tribunal Superior traer a colación sentencia dictada por
Esta Sala reitera en este fallo el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, según el cual todas las acciones que el trabajador intente por indemnización de daños ocasionados por accidentes o enfermedades profesionales, incluso aquellos daños que se originan con ocasión del hecho ilícito del patrono, prescribirán a los dos (2) años contados a partir de la fecha del accidente, constatación de la enfermedad o declaración de la incapacidad, por aplicación de la norma contenida en el artículo 62 de
Aplicando las nociones antes determinadas al caso bajo estudio observa
Visto el criterio parcialmente trascrito, que esta Alzada hace suyo; y establecido que la enfermedad profesional fue diagnosticada el día 20/03/1996, observa este Juzgador que la interposición de la demanda se realizó el día 20 de mayo de 1998; habiendo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo y la interposición de la demanda un tiempo superior al lapso de un (sic) dos (2) años establecido en el artículo 62 de
Es forzoso puntualizar, que en la mencionada acta suscrita ante
De igual modo, debe puntualizar esta Alzada que la copia certificada del libelo de demanda y la orden de comparecencia, registrado ante
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La presente acción de amparo tiene por objeto la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 29 de marzo de 2005, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por LUIS ARMANDO REBOLLEDO ZAPATA contra la decisión proferida el 11 de julio de 2000, por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
En dicha sentencia, el Juzgado Superior que conoció en alzada de la apelación interpuesta consideró que la acción incoada por el accionante se encontraba prescrita toda vez que
.la interposición de la demanda se realizó el día 20 de mayo de 1998; habiendo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo y la interposición de la demanda un tiempo superior al lapso de un (sic) dos (2) años establecido en el artículo 62 de
Y, del contenido del acta a la cual se hace referencia en la sentencia antes transcrita, levantada en
a los veintisiete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y siete, comparecieron por ante este despacho de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua (
) RECLAMOS Nº 1, el ciudadano REBOLLEDO ZAPATA LUIS ARMANDO, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.848.772, en su carácter de trabajador reclamante de la empresa SUDAMTEX DE VENEZUELA, y quien reclama por accidente de trabajo sufrido en la empresa y según dictamen Médico Legista Dr. ISAAC HERNANDEZ RODRIGUEZ, de fecha 23 de julio de 1997. En este estado el trabajador reclamante expone: En vista de que la empresa ha sido citada por ante este Despacho, y la misma no ha comparecido ni por sí ni por medio de representante legal alguno solicito a este Despacho levante la presente acta a los fines de continuar mi reclamación por ante los Tribunales competentes
. (negrillas de la Sala )
Ahora bien, con vista a los elementos antes descritos, no entiende esta Sala la afirmación efectuada por el juzgado denunciado como agraviante referida al acta levantada en
En materia de prescripción de acciones,
Artículo 61. Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios.
Artículo 62. La acción para reclamar la indemnización por accidentes o enfermedades profesionales prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha del accidente o constatación de la enfermedad.
(
)
Artículo 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:
a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;
b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra
c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y
d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil. (negrillas de
De acuerdo a lo anterior, en el presente caso era evidente que se estaba en presencia del supuesto contenido en el literal c del artículo 64 de
Ahora bien, esta Sala Constitucional ha dicho en oportunidades anteriores que a través de la acción de amparo no puede entrar a revisarse criterios de interpretación, pues ello forma parte de la labor de juzgamiento de los operadores de justicia. Sin embargo, existe una excepción, y es cuando de ese error de juzgamiento pudiera resultar la violación directa a un derecho constitucional, sin que ello implique una tercera instancia respecto al mérito de la causa originaria.
Cabe pues traer a colación lo que en decisión del 27 de julio de 2000 (Caso: Segucorp) esta Sala dejó apuntado:
...hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan
Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión. Si la inmediatez no existe, no es necesario acudir a la vía del amparo, sino a la ordinaria, no porque el amparo sea una vía extraordinaria, sino porque su supuesto de procedencia es la urgencia en el restablecimiento de la situación o en el rechazo a la amenaza, y si tal urgencia no existe, el amparo tampoco debe proceder.
En el presente caso, resulta evidente que el juzgado denunciado como agraviante, interpretó erradamente el contenido del artículo referido a la prescripción de las acciones en materia laboral, con lo cual violentó de manera decisiva el derecho del ciudadano Luís Armando Rebolledo a tener acceso a la justicia para hacer valer su pretensión, garantía constitucional contenida en el artículo 26 de
Como quiera que el juzgado superior conoció en alzada y contra la mencionada decisión no cabe recurso alguno, -dado que el control de la legalidad fue desestimado por
Este mandamiento debe ser acatado por todas las autoridades de
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Este mandamiento debe ser acatado por todas las autoridades de
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 06-0519
JECR/
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