Venley

Sentencia N.º 255

Sentencia
N.º 255
Fecha
28/02/2008
Sala
Constitucional
Expediente
06-0519
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

El 7 de abril de 2006, la abogada Yuly Melero, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 68.276, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano LUIS ARMANDO REBOLLEDO ZAPATA, titular de la cédula de identidad Nº 3.848.772, mediante escrito presentado en esta Sala, ejerció acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 29 de marzo de 2005, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la actora contra la decisión proferida el 11 de julio de 2000, por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua.

            El 17 de abril de 2006, se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

            El 11 de octubre de 2006, esta Sala procedió admitir la solicitud de amparo y ordenó practicar las notificaciones respectivas.

            El 17 de julio de 2007, la apoderada judicial del accionante solicitó se fijara día y hora para la realización de la audiencia oral y pública.

El 21 de febrero de 2008, esta instancia constitucional, previa verificación de la notificación de las partes interesadas, fijó el día 26 de febrero de 2007, a las 10:30 a.m. para que tuviera lugar la celebración de la audiencia oral.

Llegado el día y hora fijado para la celebración de la audiencia oral, ésta se llevó a cabo; dejándose constancia de la asistencia de las apoderadas judiciales de la  parte accionante, abogadas Yuly Melero y Julie Rosie. Así mismo, se dejó constancia de la presencia de la representación del Ministerio Público, abogada Maria Cristina Vispo López. Así mismo se dejó constancia de la no comparecencia del Juez Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, señalado como presunto agraviante.

En esa misma oportunidad, esta Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo interpuesta y ordenó la publicación in extenso del fallo dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia constitucional, lo cual pasa de seguidas esta Sala a realizar.

I

DE LA PRETENSION DE AMPARO

 

            Alegó la recurrente en amparo como fundamento de su pretensión, que su representado interpuso ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua, una reclamación por enfermedad profesional contra SUDAMTEX DE VENEZUELA C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal el 22 de enero de 1946, bajo el Nº 107, tomo 6B, y que habiéndose cumplido con las formalidades de ley, el 27 de octubre de 1997, se levantó en la sala de reclamos del citado organismo un acta donde se dejó expresa constancia de la incomparecencia de la empresa demandada, a los fines de que el trabajador continuara su reclamación ante los tribunales competentes del trabajo, conforme lo previsto en el artículo 655 de la Ley Orgánica del Trabajo.

            Que, el 20 de mayo de 1998, demandó judicialmente a la empresa por indemnizaciones laborales, lucro cesante y daño emergente, demanda ésta que fue admitida por el tribunal y registrada con su orden de comparecencia en la Oficina Subalterna de Registro del Segundo Circuito de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, bajo el Nº 35, Tomo 8, Protocolo Primero del trimestre en curso.

            Que, el 17 de febrero de 1999, se logró la citación de la empresa demandada, quien en la oportunidad de la contestación de la demanda, opuso entre otras la defensa de prescripción de la acción.

            Que, el 11 de julio de 2000, el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral, dictó sentencia declarando prescrita la acción y, en consecuencia sin lugar la demanda. Dicha sentencia fue apelada, y el 29 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró sin lugar la apelación interpuesta.

            Ejercido el recurso de control de legalidad contra la sentencia definitiva, el mismo fue declarado inadmisible el 11 de octubre de 2005, por la Sala de Casación Social, razón por la cual procedía a interponer la solicitud de amparo, toda vez que la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quebrantó el debido proceso, al declarar indebidamente la prescripción de la acción, al obviar el verdadero contenido de las actas que integran el expediente, aunado al hecho de que manifiesta una total inexactitud y contradicción en los hechos que afirma en su sentencia, incurriendo en un falso supuesto y errada interpretación del contenido de las mismas y subsiguientemente una errada aplicación de la norma legal correspondiente.

            Que, según se evidencia de las actas, su representado interpuso en tiempo hábil una reclamación laboral contra la demandada ante el Ministerio del Trabajo con ocasión a los trastornos de salud que estaba padeciendo originadas por el reiterado esfuerzo físico realizado en sus jornadas de trabajo y, que fue diagnosticado por los expertos en la materia con soportes en los resultados médicos, técnicos y científicos practicados al paciente.

            Que no cabe duda que su representado agotó la vía administrativa al interponer ante la Inspectoría del Trabajo su reclamo por enfermedad profesional, conforme lo establecido en los artículos 62 y 64 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual no sólo interrumpió la prescripción de la acción sino que no fue impugnada ni objetada por la parte demandada en ningún momento en la secuela del proceso y por lo tanto tiene valor probatorio.

            Que desde la fecha en que se le diagnosticó la lesión a su representado que dio origen a la reclamación laboral (20/3/96) hasta la fecha en que efectivamente se confirma la notificación del demandado para el acto conciliatorio en la Inspectoría del Trabajo (27/10/97) transcurrió un (1) año, siete (7) meses y siete (7) días, lo cual demuestra que no había operado la prescripción, tal y como erradamente lo afirmó la sentencia presuntamente lesiva, sino que por el contrario al ser interpuesto en tiempo hábil interrumpió la prescripción de la acción, tal y como lo establece el artículo 64 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo.

            Que, igualmente desde la primera interrupción de la prescripción (27/10/97) hasta la fecha en que se interpone la reclamación judicial y se registra la demanda (20/5/98) transcurrieron seis (6) meses y (23) veintitrés días, por lo que mal podía hablarse de prescripción de la acción, por haber sido interrumpida por actos legítimamente establecidos en la ley.

            Denunció como infringido, su derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Carta Magna, por haber el fallo en cuestión declarado prescrita la acción y sin lugar la apelación, a pesar de haberse interrumpido en tres oportunidades, a saber: con la interposición del procedimiento o reclamo administrativo, la subsiguiente interposición de la demanda judicial y su protocolización y, el acto de citación de la empresa.

Así mismo, consideró quebrantado el artículo 89 de la norma constitucional que reza: “…El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras…”; cuando el juzgador manifestó que el acta levantada el 27 de octubre de 1997, no surtía efecto interruptivo, pues si tenía dudas en cuanto a la reclamación contenida en ella como consecuencia de la reclamación laboral interpuesta por el trabajador, debió apreciarla conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Procesal Laboral que indica que en caso de dudas sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará la que más favorezca al trabajador. Es decir, que por el solo hecho de haber intentado el accionante la reclamación en su oportunidad (no se le puede exigir conocimientos de derecho que son propios de los funcionarios y administradores de justicia) y por haber quedado demostrado que el trabajador padecía de una enfermedad laboral, quedó despejada la duda del sentenciador en cuanto al origen o naturaleza de la reclamación.

Por lo que solicitó: se declare la nulidad del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua el 29 de marzo de 2005, y se restablezca la situación jurídica infringida reponiendo la causa al estado de que el Tribunal que resulte competente dicte nueva sentencia subsanando los vicios denunciados. 

 

II

OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscal Cuarta del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la oportunidad de celebrarse la audiencia constitucional, consignó escrito de opinión, en el cual consideró que la actuación denunciada como lesiva “…le conculcó al demandante ciertos derechos constitucionales como lo es la Tutela Judicial Efectiva…” toda vez que en aplicación del artículo 64 literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, fue interrumpida la prescripción de la acción mediante la actuación efectuada por el ciudadano Luís Armando Rebolledo ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua y, por tanto  no había corrido la prescripción de la acción.

 

 

III

EL FALLO DENUNCIADO COMO LESIVO

El 29 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (supuesto agraviante), dictó sentencia  haciendo las consideraciones siguientes:

 

“Es obligante para este Tribunal Superior traer a colación sentencia dictada por la Sala de Casación Social, donde estableció:

‘Esta Sala reitera en este fallo el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, según el cual todas las acciones que el trabajador intente por indemnización de daños ocasionados por accidentes o enfermedades profesionales, incluso aquellos daños que se originan con ocasión del hecho ilícito del patrono, prescribirán a los dos (2) años contados a partir de la fecha del accidente, constatación de la enfermedad o declaración de la incapacidad, por aplicación de la norma contenida en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto las normas sustantivas y adjetivas que regulan el Derecho del Trabajo son de eminente orden público.

Aplicando las nociones antes determinadas al caso bajo estudio observa la Sala que el ad quem incurrió en la  errónea interpretación del artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo (…) cuando considere que únicamente es aplicable el lapso de prescripción contemplado en dicha norma a la indemnización por daños materiales ocasionados por accidentes de trabajo, mientras que en materia de daños morales se debe hacer expresa remisión a las normas legales de derecho común. Con tal pronunciamiento el sentenciador de la recurrida infringió por falsa aplicación el artículo 1.977 del Código Civil que establece que todas las acciones personales prescriben por diez años, por cuanto la acción intentada deriva de un accidente laboral y por tanto está regulada por la norma especial contemplada en la Ley Orgánica del Trabajo, la cual ha debido aplicar por mandato del artículo 1.629 del Código Civil que establece que los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores con ocasión del trabajo se regirán por la legislación especial del trabajo, norma ésta que resultó violentada por falta de aplicación. Por consiguiente, esta Sala declara que el lapso de prescripción aplicable al caso sub-examine es el de dos (2) años previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente (artículo 288 de la Ley de Trabajo derogada), declaratoria ésta que hace la Sala de oficio. Así se decide. (Sentencia Nº 128, de fecha 06 de marzo de 2003).’

Visto el criterio parcialmente trascrito, que esta Alzada hace suyo; y establecido que la enfermedad profesional fue diagnosticada el día 20/03/1996, observa este Juzgador que la interposición de la demanda se realizó el día 20 de mayo de 1998; habiendo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo y la interposición de la demanda un tiempo superior al lapso de un (sic) dos (2) años establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo para la prescripción de la acción interpuesta por el hoy accionante, y visto igualmente que no consta en autos ningún elemento probatorio que demuestre la interrupción de la mencionada prescripción, ya que el acta que cursa al folio 109, a criterio de quien Juzga, no surte efecto interruptivo, ya que de su contenido no se desprende que se haya realizado ninguna reclamación a la accionada, amen de referirse en todo caso a un accidente de trabajo. Así se decide.

Es forzoso puntualizar, que en la mencionada acta suscrita ante la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua, hace mención del dictamen emitido por el médico legista (…) sin embargo, precisa esta Alzada, que el documento antes indicado no se realiza ninguna reclamación a la empresa accionada. Así se decide.

De igual modo, debe puntualizar esta Alzada que la copia certificada del libelo de demanda y la orden de comparecencia, registrado ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry (…) que consta a los folios 174 al 181 (…), no surte efectos interruptivos de la prescripción de la presente causa, ya que dicho registro se realizó una vez operado el lapso de prescripción previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide…”.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La presente acción de amparo tiene por objeto la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 29 de marzo de 2005, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por LUIS ARMANDO REBOLLEDO ZAPATA contra la decisión proferida el 11 de julio de 2000, por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua.

            En dicha sentencia, el Juzgado Superior que conoció en alzada de la apelación interpuesta consideró que la acción incoada por el accionante se encontraba prescrita toda vez que “….la interposición de la demanda se realizó el día 20 de mayo de 1998; habiendo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo y la interposición de la demanda un tiempo superior al lapso de un (sic) dos (2) años establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo para la prescripción de la acción interpuesta…”, “…y visto igualmente que no consta en autos ningún elemento probatorio que demuestre la interrupción de la mencionada prescripción, ya que el acta que cursa al folio 109, a criterio de quien Juzga, no surte efecto interruptivo, ya que de su contenido no se desprende que se haya realizado ninguna reclamación a la accionada, amen de referirse en todo caso a un accidente de trabajo...”.

Y, del contenido del acta a la cual se hace referencia en la sentencia antes transcrita, levantada en la Inspectoría del Trabajo, se dejó constancia que:

“…a los veintisiete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y siete, comparecieron por ante este despacho de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua (…) RECLAMOS Nº 1, el ciudadano REBOLLEDO ZAPATA LUIS ARMANDO, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.848.772, en su carácter de trabajador reclamante de la empresa SUDAMTEX DE VENEZUELA, y quien reclama por accidente de trabajo sufrido en la empresa y según dictamen Médico Legista Dr. ISAAC HERNANDEZ RODRIGUEZ, de fecha 23 de julio de 1997. En este estado el trabajador reclamante expone: En vista de que la empresa ha sido citada por ante este Despacho, y la misma no ha comparecido ni por sí ni por medio de representante legal alguno solicito a este Despacho levante la presente acta a los fines de continuar mi reclamación por ante los Tribunales competentes…”. (negrillas de la Sala)

 

Ahora bien, con vista a los elementos antes descritos, no entiende esta Sala la afirmación efectuada por el juzgado denunciado como agraviante referida al acta levantada en la Inspectoría del Trabajo en el sentido de que “…de su contenido no se desprende que se haya realizado ninguna reclamación a la accionada, amen de referirse en todo caso a un accidente de trabajo...”; pues -sin lugar a dudas- en ella se indica que se trata de un “reclamo” por “accidente de trabajo”; pero aún cuando ello no se hubiera especificado, no podía atribuírsele al trabajador tal omisión, pues escapa de su control los términos en que la misma es levantada por el funcionario público.

 En materia de prescripción de acciones, la Ley Orgánica del Trabajo regula tal figura, desarrollándola en los artículos que a continuación se transcriben:

“Artículo 61. Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios.

Artículo 62. La acción para reclamar la indemnización por accidentes o enfermedades profesionales prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha del accidente o constatación de la enfermedad.

(…)

Artículo 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:

a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;

c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil”. (negrillas de la Sala)

 

            De acuerdo a lo anterior, en el presente caso era evidente que se estaba en presencia del supuesto contenido en el literal “c” del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, como medio interruptivo de la prescripción, dada la actuación del ciudadano Luís Armando Rebolledo, al efectuar su reclamación ante una autoridad administrativa por enfermedad profesional antes del transcurso de los dos años de haberse ésta constatado.

Ahora bien, esta Sala Constitucional ha dicho en oportunidades anteriores que a través de la acción de amparo no puede entrar a revisarse criterios de interpretación, pues ello forma parte de la labor de juzgamiento de los operadores de justicia. Sin embargo, existe una excepción, y  es cuando de ese error de juzgamiento pudiera resultar la violación directa a un derecho constitucional, sin que ello implique una tercera instancia respecto al mérito de la causa originaria.

Cabe pues  traer a colación lo que en decisión del 27 de julio de 2000 (Caso: Segucorp) esta Sala dejó apuntado:

“...hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él.

Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión. Si la inmediatez no existe, no es necesario acudir a la vía del amparo, sino a la ordinaria, no porque el amparo sea una vía extraordinaria, sino porque su supuesto de procedencia es la urgencia en el restablecimiento de la situación o en el rechazo a la amenaza, y si tal urgencia no existe, el amparo tampoco debe proceder.

 

En el presente caso, resulta evidente que el juzgado denunciado como agraviante, interpretó erradamente el contenido del artículo referido a la prescripción de las acciones en materia laboral, con lo cual violentó de manera decisiva el derecho del ciudadano Luís Armando Rebolledo a tener acceso a la justicia para hacer valer su pretensión, garantía constitucional contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que el derecho al acceso a la justicia no se limita a la posibilidad que tiene el justiciable para que acuda a las instancias judiciales para el planteamiento de sus pretensiones, sino que incluye el derecho a que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el fondo del asunto cuando no exista una causa legal que impida tal pronunciamiento.

Como quiera que el juzgado superior conoció en alzada y contra la mencionada decisión no cabe recurso alguno, -dado que el control de la legalidad fue desestimado por la Sala de Casación Social-, tal menoscabo de las garantías constitucionales sólo puede ser reparado mediante la presente acción de amparo constitucional, razones por las cuales esta Sala declara CON LUGAR la acción de amparo intentada por el ciudadano Luís Armando Rebolledo contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua y, en consecuencia declara su nulidad, en vista de haberse evidenciado la interrupción de la prescripción y, se ordena reponer la causa al estado de que un juzgado superior laboral sentencie el fondo de la causa, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

 

Este mandamiento debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la abogada Yuly Melero, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano LUIS ARMANDO REBOLLEDO ZAPATA, contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2005, por el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En consecuencia se declara la nulidad de la sentencia  antes mencionada y se ordena reponer la causa al estado de que un juzgado superior laboral sentencie el fondo de la causa, previo cumplimiento del o dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 

 

Este mandamiento debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de febrero de dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 149° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

                                                        Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                          Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. 06-0519

JECR/

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