Sentencia N.º 2563
- Sentencia
- N.º 2563
- Fecha
- 09/11/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-2517
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 24 de septiembre de 2003, el abogado Pedro Antonio Rey García, mayor de edad, venezolano, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, titular de la cédula de identidad número 5.670.867, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 24.471, actuando en su carácter de apoderado de la ciudadana MARÍA LUISA MATAMOROS PULIDO, mayor de edad, venezolana, domiciliada en la ciudad de San Cristóbal del Estado Táchira y titular de la cédula de identidad número 5.670.751, presentó ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2003, por la ciudadana Aura María Ochoa Arellano, en su carácter de Juez Superior Segunda en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
El 24 de septiembre de 2003 se dio cuenta en esta Sala del recibo del presente expediente y se designó como ponente al Magistrado, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.
El 10 de junio de 2004, el abogado de la parte accionante solicitó pronunciamiento acerca de la presente acción de amparo.
Del Amparo Propuesto
Alegó el actor que la sentencia accionada en amparo, fue dictada con ocasión de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada el 30 de octubre de 2000 en el procedimiento de estabilidad incoado por la ciudadana Nelly Lozano en contra de la ciudadana María Luisa Matamoros Pulido, acordándose la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.
La ciudadana Nelly Lozano prestaba sus servicios como higienista dental en el Centro de Salud Bucal Dra. María Luisa Matamoros, consultorio odontológico propiedad de la accionante María Luisa Matamoros Pulido.
Señaló el apoderado accionante en su escrito, que la Jueza agraviante, en desconocimiento voluntario de la circunstancia demostrada en autos, acerca de que la ciudadana Nelly Lozano era la única empleada que tenía su representada acordó un reenganche injusto; ya que el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: Los patronos que ocupen menos de diez trabajadores no estarán obligados al reenganche....
Alegó que el pretendido despido nunca fue probado en el curso del proceso, por cuanto el mismo nunca ocurrió. De tal modo que la notificación al Juez de Estabilidad Laboral, prevista en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, nunca existió, y añadió: ...pues es evidente, que si la ciudadana MARÍA LUISA MATAMOROS PULIDO no realizó despido alguno, nada tenía que participar al Juez Laboral. (Sic)
Denunció el apoderado accionante la violación del principio constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 49 de la Constitución, por cuanto uno de sus presupuestos es el principio de legalidad consagrado en el artículo 137 eiusdem. Estimó el abogado Pedro Antonio Rey García, ...que la abusiva condena a un reenganche que no se encuentra previsto, y más aún se encuentra excluido expresamente por el legislador constituye un quebranto del principio de la legalidad y en consecuencia una lesión al debido proceso. Toda decisión judicial, debe ser ajustada a derecho, debe ajustarse al principio de legalidad, es la única garantía de seguridad jurídica que tenemos los justiciables. El debido proceso comprende precisamente el derecho a obtener una decisión ajustada en derecho, una decisión ...con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley..., esto es, conforme a las normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. (Sic).
Expuso el apoderado accionante, que el fallo denunciado como lesivo, fundamentó su dispositivo en un despido alegado por la demandante Nelly Lozano, el cual no fue probado en autos, contraviniendo el principio rector en materia procesal, según el cual el juez debió atenerse a lo alegado y probado en autos; tal y como lo establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, según lo establecido en el artículo 506 del Código antes citado, correspondía a la parte actora probar el hecho constitutivo de su pretensión, lo cual no hizo; y la jueza denunciada Aura María Ochoa Arellano contravino el principio de igualdad consagrado constitucionalmente, por cuanto favoreció la negligencia o deficiencia de la parte llamada a probar.
Por otra parte, advirtió la parte accionante, que la obligación de reenganchar a la demandante implicaría cancelarle salarios caídos por un período superior a los diez años, debido a que el proceso inició en el mes de mayo de 1993; y ello traería como consecuencia la entrega del consultorio, siendo su único patrimonio, a pesar de haberse desempeñado Nelly Lozano solamente por algo más de dos años y habiéndose retirado voluntariamente, por lo cual no tendría derecho al reenganche.
Concluyó su escrito el apoderado actor solicitando fuese declarada la nulidad de la sentencia agraviante, por violatoria de los derechos descritos, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Constitución y, en consecuencia, se declare la improcedencia del reenganche y el pago de salarios caídos ordenado en el fallo agraviante. Agregó además, para el caso de ser desestimado lo anterior, se repusiere la causa al estado de dictar nueva sentencia.
Fundamentos de la Decisión Impugnada
El Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 16 de julio de 2003, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la entonces apoderada de la ciudadana MARÍA LUISA MATAMOROS PULIDO, contra la decisión del 30 de octubre de 2000, dictada por el Juzgado Segundo Accidental de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Fundamentó su decisión en lo siguiente:
-Que revisadas las actuaciones que conformaban el expediente, estableció la carga de la prueba en el procedimiento, y al entrar a examinar la forma en que la parte demandada contestó la demanda observó, que la parte actora alegó en su libelo haber sido despedida injustamente, el 6 de mayo de 1993, de su lugar de trabajo en el cual se desempeñaba como higienista dental desde hacía dos años y nueve meses; y por considerar que no había causales suficientes para el despido, solicitó la calificación del mismo.
-Que la apoderada de la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda del 18 de junio de 1993, negó haber despedido injustamente a la ciudadana Nelly Lozano por las razones siguientes:
a) Para esa fecha no se encontraba en la ciudad de San Cristóbal;
b) La ciudadana Nelly Lozano presentó su renuncia por escrito en enero de 1993; sin embargo, siguió laborando, pero manifestando su intención de querer retirarse del trabajo;
c) El 5 de mayo de ese año se fue del trabajo y no volvió, a raíz de habérsele pedido que mostrara en la historia médico odontológica de un paciente, el abono que él había hecho, ofendiendo de palabra a la ciudadana MARÍA LUISA MATAMOROS PULIDO, delante de unos pacientes que se encontraban en el consultorio; y manifestando que no regresaría a trabajar, al tiempo que lanzaba las llaves del recinto.
-Que fue demostrado en juicio la relación de trabajo existente entre la ciudadana María Luisa Matamoros Pulido en su carácter de patrono y la demandante Nelly Lozano como higienista dental, desde el 1 de agosto de 1990 hasta el 5 de mayo de 1993.
-Que correspondía a la demandada la carga de probar los alegatos nuevos que le sirvieron de fundamento para negar las pretensiones de la actora.
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, el patrono tiene el deber de participar al Juez de Estabilidad Laboral el despido del trabajador, haciendo mención de las causas que lo motivaron. De tal modo que la omisión de ese deber traía como consecuencia por imperativo de la ley, el reconocimiento del patrono de tratarse de un despido injustificado; por no constar en las actas procesales que éste haya efectuado dicha participación.
La Juez Superior concluyó, que la parte demandada en la contestación de la demanda, no logró probar hechos, que sirvieran para determinar que la demandante jamás fue despedida sino que fue ella quien el 5 de mayo de 1993 se fue y no regresó. Por lo tanto, tomó como cierto la Juez el alegato de la demandante, pues no existen, según el fallo, suficientes elementos en autos que le permitieran determinar que la relación laboral terminó por retiro voluntario del trabajador o por despido justificado del patrono.
DE LA COMPETENCIA
Según la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 5.20, esta Sala es competente para conocer de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias de última instancia dictadas por los Tribunales Contenciosos Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.
No señala el artículo 5 citado, la competencia de la Sala para conocer de los amparos cuando la sentencia de última instancia la dicte otro Juzgado Superior distinto a los Contencioso Administrativos; sin embargo, como quiera que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada y ella en su artículo 4 consagra el amparo contra sentencia, el cual debe interponerse ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, estima la Sala, que igualmente le compete conocer de dichas acciones de amparo, en virtud de ser la Sala, el Tribunal Superior.
A la precisión anterior, se suma lo establecido en el literal b) de la disposición derogativa, transitoria y final de la señalada Ley del Tribunal Supremo de Justicia, que señala:
...b) Hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos previstos en esta Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculadas, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional. En cuanto a la jurisdicción especial para estas materias, la Sala Plena deberá dictar un Reglamento Especial que regule el funcionamiento y la competencia de los tribunales respectivos, en un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.(Resaltado de este fallo).
Por tanto, juzga la Sala, que la referida omisión del señalado artículo 5, no le impide a la Sala mantener su competencia con base en la interpretación vinculante del artículo 335 Constitucional. Así se declara.
Motivaciones Para Decidir
Pasa ahora a pronunciarse sobre la acción de amparo incoada y al respecto observa:
En el presente caso, el abogado PEDRO ANTONIO REY GARCÍA, apoderado de la accionante, ciudadana MARÍA LUISA MATAMOROS PULIDO, señaló que se le violó el derecho al debido proceso y a la defensa, por cuanto el tribunal autor del acto presuntamente lesivo, no tomó en cuenta al dictar su fallo el contenido de las disposiciones legales recogidas en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 12 y 506 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, consideró la presunta agraviada que al admitir la Juez como cierto el despido de la trabajadora NELLY LOZANO por parte de la accionante, sin mayores pruebas y pese a que no probó en autos el despido, estableciendo como cierto un hecho nunca probado el despido de la misma; y vulnerando las reglas de la carga de la prueba, ...pues el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, y no fallar por creencia o intuición de los hechos, ni favorecer la negligencia o las deficiencias de la parte que estaba llamada a probar pues estaría produciendo indefensión a la contraparte... (omissis) quebrantando así ...el principio de igualdad consagrado constitucionalmente..., violó el derecho al debido proceso y el derecho de la defensa de la misma.
Tal como lo Sala lo ha expresado en otras decisiones, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece la procedencia de la acción de amparo contra decisiones, actuaciones u omisiones judiciales supeditada al cumplimiento de tres requisitos: a) que el juez de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional y, finalmente, c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado.
Por otra parte, en sentencia publicada el 28 de julio de 2000 (Caso: Luis Alberto Baca), la Sala señaló que: ...no es cierto que per se, cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de tutela inmediata a la tutela del amparo y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer al ser utilizados las vías procesales ordinarias (recursos, etc.) la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.
Se trata en este caso de un supuesto error de juzgamiento, de interpretación o de omisión, en el cual no existe violación constitucional ya que el Juez expresó su criterio sobre el mérito de la causa; y en tal sentido, la no aplicación de las normas denunciadas no configura una violación al debido proceso, ni al derecho de defensa, lo mas que podría constituir es una infracción legal.
Recuerda esta Sala que, no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal y, que dicha acción no puede revisar la aplicación o interpretación de las normas del derecho ordinario, lo cual corresponde a la autonomía decisoria de cada juez, y se encuentra en el ámbito de juzgamiento de los mismos. En estos casos, se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, o de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses; y no, de la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que busca la acción de amparo.
Atendiendo a lo señalado anteriormente, esta Sala considera que la presente acción de amparo constitucional debe ser declarada in limine litis improcedente, y así se decide.
Decisión
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional incoada por el abogado PEDRO ANTONIO REY GARCÍA, apoderado de la accionante, ciudadana MARÍA LUISA MATAMOROS PULIDO, en contra de la sentencia del 1 de septiembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 09 días del mes de noviembre dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente-Ponente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N°: 03-2517
JECR/
...gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz discrepa del criterio mayoritario respecto del fallo que antecede con fundamento en los siguientes razonamientos:
En la sentencia en cuestión la mayoría sentenciadora declaró la improcedencia in limine litis de la pretensión de tutela constitucional, sin la consideración de que la única actuación, del apoderado judicial de la recurrente, se produjo más de seis meses después de cuando introdujo la demanda (24.09.03), oportunidad cuando solicitó pronunciamiento de la Sala respecto del amparo en cuestión (10.06.04), en razón de lo cual debió declararse la terminación del procedimiento por abandono del trámite, tal y como reiteradamente lo ha hecho esta Sala con fundamento en su decisión n° 982/01, caso: José Vicente Arenas Cáceres, en resguardo de la seguridad jurídica y del derecho a la igualdad de los justiciables.
En el veredicto que se indicó (n° 982/01) se estableció, de manera vinculante (publicado en Gaceta Oficial de la República), el abandono del trámite por decaimiento del interés, el cual, según dicho acto jurisdiccional, se produce, entre otros supuestos, por la inactividad, por seis meses, del peticionante de tutela constitucional en la etapa de admisión de la pretensión de amparo, en una clara asimilación a la perención de la instancia. De allí que, cuando se produce, no es posible la reactivación del proceso, mediante una diligencia o actuación procesal posterior, ya que se consumó la extinción de la instancia.
La terminación del procedimiento constituye una sanción a la inactividad del demandante; por ello, si no manifiesta su interés dentro del lapso de seis meses debe asumir dicha consecuencia. La adopción de lo contrario implicaría un abandono tácito de la posición que acogió, de manera vinculante, esta Sala Constitucional mediante el referido pronunciamiento (n° 982/01) que, como ya se señaló, fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en claro perjuicio al derecho a la igualdad de los justiciables, pues en los mismos supuestos esta Sala, en reiteradas sentencias, ha declarado la terminación del procedimiento con fundamento en tal decisión, lo cual atenta contra la seguridad jurídica.
En conclusión, en juicio de quien disiente, se imponía en este caso la declaración de la terminación del procedimiento con fundamento en todo lo que fue expuesto.
Por último, observa quien salva su voto que la mayoría sentenciadora fundamentó la improcedencia in limine de la pretensión de tutela constitucional en la afirmación genérica de la imposibilidad, mediante amparo constitucional, del examen sobre la interpretación y aplicación que, de las normas legales, hacen los juzgadores para la resolución de un caso concreto, sin una fundamentación específica para la desestimación de la denuncia sobre la falta de aplicación del parágrafo único del artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo (ahora artículo 191 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), el cual exonera a los patronos, que ocupen menos de 10 trabajadores, de la obligación de reenganche del trabajador despedido y, como consecuencia, del pago de los salarios caídos, no así del pago de las otras indemnizaciones a que se refiere el artículo 125 eiusdem.
La falta de aplicación la referida norma legal no puede desestimarse mediante un fundamento genérico, sino en atención del caso concreto, por cuanto, de alegarse y probarse en el proceso laboral (lo que no ocurrió en este caso) que el patrono tenía menos de diez trabajadores, no podría condenársele al reenganche ni al pago de los salarios caídos, pues, de lo contrario, se produciría una violación al debido proceso, por la aplicación de consecuencias jurídicas que no están establecidas legalmente; es decir, que, en ese supuesto, la falta de aplicación de la norma produciría una vulneración constitucional que sería determinante en la dispositiva del fallo y, por tanto, recurrible, dentro de los supuestos para su admisibilidad y procedencia, mediante amparo constitucional.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut supra.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado Disidente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 03-2517
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