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MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO Delgado Rosales
El 1° de octubre de 2003, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de
Dicha remisión obedece a la apelación que interpusiera el 21 de agosto de 2003 el defensor privado de los quejosos, contra la decisión dictada el 15 de ese mismo mes y año por la referida Corte de Apelaciones, mediante la que se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio García García.
Vista la jubilación acordada por
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE
Señaló el defensor judicial, que sus representados se encontraban privados de su libertad en virtud de estar incursos en la supuesta comisión del delito de robo de vehículo automotor en grado de frustración, hecho que presuntamente había sido cometido en la ciudad de San Juan de los Morros; narró que en virtud de lo anterior sus representados fueron colocados a la orden de
Indicó que dicho órgano jurisdiccional celebró el 29 de julio de 2003 audiencia especial de presentación de imputados, mediante la cual ordenó medida judicial de privación preventiva de libertad contra ellos, aplicación del procedimiento ordinario vista la flagrancia, no acogió la acusación fiscal presentada y declinó el conocimiento de la causa a un Tribunal competente por el territorio en el Estado Guárico.
Estimó, una vez señalado lo dispuesto en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal referido a que el principio del juez natural era aplicable para todos los actos del proceso inclusive al de la audiencia especial de presentación, que lo decidido había vulnerado el derecho al debido proceso de sus representados, toda vez que el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial del Estado Aragua, no era el competente para conocer de la acusación de un delito que supuestamente se había cometido en la ciudad de San Juan de los Morros en el Estado Guárico.
Afirmó que, igualmente, fue cercenado tal derecho a los imputados por parte de la representación fiscal, ya que del mismo modo que el Tribunal de Control, ésta era incompetente, por el territorio para conocer del caso, ésta debió de oficio declarar su incompetencia y remitir la investigación al fiscal del Ministerio Público competente en el Estado Guárico.
Precisó que la declaratoria de flagrancia por parte del Tribunal de Control fue írrita, dado que, bajo ningún contexto, se presentaron los requisitos formales para la aplicación de la misma, tales como los establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Denunció la transgresión del derecho establecido en el cardinal 6 del artículo 49 de
Finalmente, solicitó un mandamiento de habeas corpus, que le otorgase la libertad inmediata a sus representados y la nulidad de todas las actuaciones contenidas en la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.
II
DE
La sentencia objeto de la presente apelación, dictada el 15 de agosto de 2003 por
Que la detención ordenada por el Tribunal Segundo de Control de ese Circuito Judicial Penal contra los ciudadanos Nelson David Chourio y Arturo Díaz Martínez, no vulneraba derecho alguno, ya que dicho órgano jurisdiccional había actuado dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que resultaba improcedente la solicitud de un mandamiento de habeas corpus.
Destacó que las decisiones que acordaban detenciones judiciales eran susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de apelación dispuesto en el artículo 447 eiusdem, por lo que en el caso analizado los quejosos contaban con la posibilidad del medio de impugnación ordinario dispuesto en
Señaló, una vez trascritas varias decisiones de esta Sala con respecto a las causales de inadmisibilidad de las acciones de amparo, que estas poseían un carácter extraordinario por lo que no se encontraban dispuestas para obviar los medios judiciales preexistentes que permiten reponer la situación jurídica infringida, ya que tal situación implicaría el desconocimiento de lo preceptuado en la referida norma del Código Orgánico Procesal Penal.
Sostuvo que los accionantes tenían abierta la vía de la apelación y que la declinatoria de competencia realizada por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua no era causa para la falta de interposición de dicho recurso, por lo que resultaba forzosa la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo, propuesta de conformidad con lo dispuesto en el cardinal 5 del artículo 6 de
El 21 de agosto de 2003, vista la solicitud de aclaratoria formulada por el defensor de los imputados, mediante la cual requería la información con respecto a: a) Ante quien debía ser ejercido el recurso citado en la decisión y; b) Cual era o fue la oportunidad para ejercerla en todo caso,
III
FUNDAMENTO DE
Señaló el defensor de los recurrentes que carecía de sentido lógico y común la consideración por parte de
Refirió que la declaratoria de inadmisibilidad por parte del a quo se apegó a un criterio formalista y no objetivo como lo era la exigencia del agotamiento previo de las vías ordinarias, inobservando con tal actuación la protección constitucional que debía garantizarle a los justiciables.
Precisó que una de las circunstancias que motivaron la interposición de la presente acción de amparo, era la imposibilidad de intentar un recurso de apelación ante un Tribunal Superior que resultaba igualmente incompetente por el territorio como el Tribunal de Primera Instancia contra el que se accionó.
Sostuvo la idoneidad de la acción de amparo para la restitución de la supuesta situación jurídica infringida de sus defendidos, toda vez que los recursos de apelación intentados ante los órganos jurisdiccionales superiores demoraban más de un mes en ser decididos, por lo que dicha dilación judicial colocaba aún más en peligro la posibilidad de reparar la referida situación jurídica.
Indicó que el fallo apelado no restituyó derecho alguno de sus representados, aunado al hecho de que no señaló ante qué Tribunal debía interponerse el recurso de apelación contra la decisión accionada, interrogante que sería planteada a través del Recurso de Aclaratoria.
Finalmente, y en consideración de lo expuesto, solicitó la nulidad de la decisión dictada por
DE
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación de amparo constitucional, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa que, conforme a la conforme a
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo establecido en el artículo 35 de
ANÁLISIS DE
Determinado lo anterior, observa esta Sala de los alegatos esgrimidos por el defensor de los accionantes, que la acción de amparo fue intentada contra la decisión dictada el 29 de julio de 2003 por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, mediante la cual ordenó la aplicación de medidas judiciales de privación preventiva de libertad contra los imputados, del procedimiento ordinario vista la flagrancia, y la declinatoria de la causa al conocimiento de un Tribunal competente por el territorio en el Estado Guárico, por ser esta la entidad donde se materializaron los hechos objetos de la imputación.
Por su parte,
Refirió la parte actora en su escrito de fundamentación de la apelación que la acción de amparo resultaba el medio más efectivo para la restitución de la alegada situación jurídica infringida, puesto que los recursos de apelación no eran decididos con inmediatez y celeridad por las Cortes de Apelaciones, situación que colocaba a los justiciables en una total indefensión. Asimismo, reafirmó la consideración de que siendo el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua incompetente por el territorio, no podía imponer contra sus defendidos medidas judiciales de privación preventiva de libertad.
Planteados como fueron los términos de la controversia observa esta Sala, sin entrar a conocer cuál órgano jurisdiccional poseía la competencia para conocer de la causa principal, ya que esto no constituye el objeto de la acción de amparo, que, ciertamente, contra la decisión dictada el 29 de junio de 2003 por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, cabía perfectamente la interposición del recurso de apelación establecido en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que en la misma se decretó la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad y el cardinal 4 de la referida norma establece expresamente como decisión susceptible de ser recurrida las que dicten dichas medidas de coacción, como la solicitud de examen y revisión de medida de coerción que prevé el artículo 264 ejusdem.
Visto que los accionantes en el presente caso sí disponían de mecanismos ordinarios que de manera eficaz e idónea podían dar satisfacción a su pretensión, esta Sala estima que, en el caso de autos, se configura la causal de inadmisibilidad dispuesta en el cardinal 5 del artículo 6 de
La acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
(..omissis...)
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión que el uso de los medios procesales ordinarios resultan insuficientes al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado. Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso (debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias específicas de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrían identificarse, como ejemplo, de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Así pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto).
Igualmente en decisión N° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (Caso: Mario Téllez García y otro) estableció que:
(...)para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).
Por tanto, se colige que los medios judiciales de impugnación establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal permiten -en caso de ser procedente- que los juzgados, dentro del proceso penal, puedan restituir o reparar las situaciones jurídicas infringidas por violaciones de derechos o garantías constitucionales, dado que todos los jueces dentro del ámbito de su competencia están obligados a asegurar la integridad de
De manera que, al no haberse hecho uso de los medios ordinarios establecidos tanto en el artículo 264 como en el cardinal 4 del artículo 447 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión mediante la cual se acordó la imposición de medida judicial de privación preventiva de libertad contra los imputados, la presente acción deviene inadmisible, conforme lo señalado por
Establecido lo anterior considera necesario señalar esta Sala, sin entrar a la determinación de la competencia o incompetencia del Tribunal de Control del Estado Guárico para conocer de la causa declinada por el Tribunal de Control del Estado Aragua que, mediante fallo dictado el 24 de marzo de 2000 (Caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señalaron los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, (...) de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar.
Considera esta Sala que esa idoneidad señalada en el transcrito fallo la poseía el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, más aún cuando tanto este último como el perteneciente al Circuito Judicial Penal del Estado Guárico son de la misma jerarquía, aplican un mismo procedimiento, regido por los mismos principios procesales, conocen la causa en el mismo estado aplicando el procedimiento ordinario, y sus competencias tienen como sustrato común el derecho penal, sus principios y las normas del Código Orgánico Procesal Penal aplicables; por tanto las actuaciones del supuesto juez incompetente son perfectamente válidas y no encuadrarían en la declaratoria de nulidad que prevé el artículo 69 eiusdem, ya que la referida en esta norma concierne a los actos dictados por un Tribunal incompetente por la materia mas no por el territorio.
En ese mismo orden de ideas esta Sala mediante decisión N° 1708 del 19 de julio de 2002 (Caso: Compactadora de Tierra, C.A. (Codetica), señaló la posibilidad de que los actos realizados por un juez incompetente no sean objeto de anulación; en dicho fallo indicó que:
Considera esta Sala que en la aplicación de los efectos de cada sistema, hay que tener en consideración las especialidades y características de las distintas jurisdicciones y los principios que rigen los procesos que ellas conocen.
Si se trata de dos jueces con diferentes competencias, pero que aplican un mismo procedimiento, regido por los mismos principios procesales, o que pueden conocer la causa en el mismo estado aplicando el procedimiento ordinario, si las competencias tienen como sustrato común el derecho civil y sus principios, las normas del Código de Procedimiento Civil deberían ser las aplicables, y por tanto no se anularían las actuaciones del juez incompetente. Declarada con lugar una cuestión previa por incompetencia por la materia, se envían los autos al juez competente, que necesariamente va a aplicar el mismo procedimiento para la instrucción de la causa, por lo que anular lo realizado por el juez incompetente, sería en desmedro de la celeridad procesal, ya que el mismo juez no podía realizar actividad procesal distinta a la que correspondía al incompetente.
Finalmente, y en virtud de lo expuesto, debe esta Sala declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el fallo dictado el 15 de agosto de 2003 por
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
PRIMERO.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el defensor de los ciudadanos Nelson David Chourio Aponte y Domingo Arturo Díaz Martínez.
SEGUNDO.- CONFIRMA la decisión dictada por
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Luis V. VeláZquez Alvaray
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
ARCADIO DELGADO Rosales
Ponente
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 03-2588
ADR/jr.-