Venley

Sentencia N.º 2595

Sentencia
N.º 2595
Fecha
12/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-0663
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO DELGADO ROSALES  

 

El 19 de enero de 2004, el ciudadano Prieto Crudeli, actuando en su propio nombre y en su carácter de Presidente de Frío Box C.A., inscrita originalmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 21 de abril de 1981, bajo el n° 112, Tomo 26-A y posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 22 de mayo de 1986, bajo el No. 9, Tomo 2-E; actuando igualmente en su carácter de Presidente de Criotek C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 29 de agosto de 2000, bajo el n° 37, Tomo 35-A, asistido por el abogado Aaron Soto García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 23.422, ejerció acción de amparo constitucional contra actuaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y del Juzgado de Juicio en Régimen de Transición de la Coordinación Laboral del Estado Lara.

El 4 de marzo de 2004, el Juzgado Superior del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, previa celebración de la audiencia constitucional, declaró con lugar la acción de amparo.

Apelado el fallo por el abogado Esteban Guart Guarro, en su condición de tercero interesado, el Juez de la causa oyó la apelación en un solo efecto, por auto del 9 de marzo de 2004, y remitió el expediente a esta Sala Constitucional, donde fue recibido el 17 de marzo de 2004.

El 18 de marzo de 2004 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García.

El 3 de mayo de 2004, la parte actora presentó ante la Secretaría de esta Sala escrito de fundamentación de la apelación. 

Vista la jubilación acordada por la Sala Plena el 18 de mayo de 2005 al Magistrado Antonio J. García García, se asignó la ponencia al Magistrado Arcadio Delgado Rosales quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala decide, previas las siguientes consideraciones: 

 

I

De la Acción de Amparo Constitucional

            Alegó el accionante que las actuaciones señaladas como lesivas fueron dictadas por el aludido Juzgado de Primera Instancia, con ocasión del juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros derechos laborales intentó el ciudadano Bruno Vicentini Ordiner, contra sus representadas, el cual cursa actualmente ante el Juzgado de Juicio en Régimen de Transición de la Coordinación Laboral del Estado Lara, que “…homologó la transacción realizada ante la Notaría Pública Tercera de Barquisimeto (…) a cargo para aquel entonces de la Juez Ana Morella Colmenares y actos consecutivos de fraude procesal colusorio cometido en perjuicio tanto de sus representadas como en mi patrimonio por los abogados JAIRO REVILLA DUARTE, titular de la cédula de identidad No. 6.245.075 y ESTEBAN GUART GUARRO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 14.070 en actos del proceso, que en el decurso del presente escrito narraré y que palmariamente atentan contra principios de orden público, verbigracia el derecho a la defensa y el debido proceso entre otros”.

            Refirió que el auto recurrido, del 21 de mayo de 2001, vulneró, además de los aludidos derechos, el de la tutela judicial efectiva y el de propiedad. En este sentido, sostuvo:

“El meollo del asunto (...) está en que la homologación a esa transacción realizada extra litems (sic) para que surta efectos en una causa judicial obliga a quien imparte autoridad de cosa juzgada, a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y muy especialmente, de los abogados que como apoderados los representan.

En el presente caso, las partes sustrajeron el objeto de lo que debió ser la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Trabajo, Tránsito y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial  del Estado Lara a cargo de la Jueza Gloria Durán, por una transacción, contrato bilateral que constituye un medio de autocomposición procesal que pone término al juicio de voluntad expresa de las partes, y que a tenor de lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, debe celebrarse conforme a las disposiciones contenidas en el Código Civil. Tal referencia incorpora la verificación previa por el Juez a quien compete homologar la transacción, del cumplimientos (sic) de los extremos de Ley, entre los cuales destaca la capacidad para disponer de las cosas comprendidas en dicho contrato”.

           

            Seguidamente, transcribió parcialmente el texto de la actuación señalada como lesiva y, en relación con ella, precisó que “…[n]o plantea el Juez decidor que imparte su aprobación, tal como se aprecia motivación alguna (sic) de la cual se constate como efectuado, el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente a (sic) lo que respecta a la capacidad para disponer por parte de quien representó estatutariamente a la empresa demandada, lo cual evidencia de parte del Juez, un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio al (sic) derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado el (sic) artículo 26 de la vigente Carta Magna”.

            Igualmente, alegó que el abogado Esteban Guart Guarro, valiéndose de acta aprobatoria viciada, solicitó la ejecución del convenio mediante diligencia del 11 de julio de 2001, con lo cual obtuvo el respectivo mandamiento de embargo ejecutivo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, del 1° de agosto  de 2001, de los bienes de las empresas por él representadas, extensivo a los bienes de su propiedad y del ciudadano Giacomo Fasce.

            Narró que el 13 de agosto de 2001 se trasladó y constituyó el juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la sede de sus representadas y procedió a embargar sus bienes. Ante el incalculable perjuicio económico que resultó de la ejecución de dicha medida –denunció- “desproporcionada en sus límites en comparación a los derechos laborales reclamados por el ciudadano Bruno Visentini Ordiner”, confirió poder a los abogados antes mencionados  Jairo Revilla Duarte y Grecia Nacary Rivero Meléndez (ahora revocados) para que ejercieran todos los recursos y defensas en protección de los derechos de sus representadas, procediendo el primero de los aludidos abogados a suscribir un convenio el cual tituló “CONVENIO TRANSACCIONAL” con  Esteban Guart Guarro “donde sin consulta, (..) sin facultades para ello dio en pago todos los bienes embargados...” al referido abogado “y lo más grave aún, es que el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial  del Estado Lara, a cargo del Juez Tomás Suárez Gavidia, homologó la transacción, cometiéndose las mismas irregularidades antes denunciadas pero esta vez santificando un acto colusorio habido entre las partes (…). Configurando éste el segundo acto del proceso atacado en amparo”.

            Señala, pues, que es contra las referidas actuaciones “configurativas de un palmario y por demás evidente fraude colusorio procesal”, que sus representadas recurren en amparo.

            Inmediatamente, procedió el accionante a referirse a la admisibilidad de la acción y, en este sentido, expuso que no se configuraba ninguna de las causales de inadmisibilidad de las contempladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            Asimismo, sostuvo que por cuanto lo que denunciaba era de orden público, no había caducidad, pues no había consentimiento de parte.

            Al respecto, expresó el quejoso lo que sigue: 

“Como ya las actuaciones del abogado Revilla y Guart Guarro han sido realizadas con una naturalidad extrema, siendo suficiente en tal sentido acudir a las actas del expediente para verificar que cada una de las actuaciones constitutivas del fraude en cuestión, cuya ocurrencia ha quedado acreditada con sobrada contundencia en tales actas, fue realizada en tales términos expuestos por los abogados aquí señalados como colisionados (sic) para cometer el fraude (ord. 2).

Mientras exista la posibilidad de que los autos obtenidos fraudulentamente sean declarados nulos; se castigue la conducta de los abogados aquí colisionados; así como se reponga la causa al estado de que nuestras representadas cumplan voluntariamente el dispositivo del fallo definitivamente firme; no cabe dudas que careciendo de cualquier otro medio para que se declare la nulidad de tales actuaciones fraudulentas, dada la firmeza del valor de cosa juzgada con que cuentan las decisiones en cuestión, resulta indispensable obtener por esta vía especial, la declaración formal de tales nulidades, a partir de la cual los obligados en juicio puedan cumplir voluntariamente o sometidos a una ejecución forzada, sean dispuestos los bienes por voluntad de sus legítimos dueños y no por apoderados judiciales que sin tener facultades para ello, dieron a mis espaldas entrega total de los mismos.

Por otra parte, nuestras representadas niegan categóricamente haber consentido ni expresa, ni tácitamente, en la violación de la cual están siendo objeto actualmente en sus derechos y garantías fundamentales (ord. 4) mereciendo destacarse en tal sentido no sólo la ausencia de elemento alguno de la cual pueda derivarse siquiera en forma somera –al menos un atisbo de tal consentimiento, sino que también la presente acción de amparo se interpone en contra de actos realizados por funcionarios judiciales en la comisión de los actos impugnados, concretamente los jueces ANA MORELLA COLMENARES, ya retirada de la Magistratura y el Dr. Tomás Suárez Gavidia, actual Juez Rector del Estado Lara; lo cual de acuerdo al criterio sentado al respecto por la misma Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal (vid. la citada sentencia del 04 de agosto del año 2000 caso Intaca, así como la dictada por la misma Sala el 02 de diciembre del año 2002, caso: José Ramón Olano Alonso de Celada) determina la no aplicabilidad en tales casos del lapso de caducidad en referencia”.

 

            Finalmente expresó, en cuanto al alegado fraude, que en el presente caso se satisfacían las exigencias fijadas por la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional, pues la acción de amparo debe ser considerada como la vía posible a los fines de hacer frente a la situación de fraude procesal colusivo descrito “en la medida en que: a) lo que se cuestiona son actuaciones o decisiones surgidas en un proceso cuya etapa ha llegado al estado de sentencia ejecutoriada y que cuenta con fuerza de cosa juzgada, resultando imposible recurrir alguna vía ordinaria para obtener protección, esto es, la restitución inmediata de los derechos y garantías constitucionales violados”.

            Como petitorio indicó que se procediera a declarar lo siguiente:

“…

a.      En los términos en que lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal, a través de las distintas decisiones que se citan e invocan a lo largo del presente escrito, la NULIDAD de la cosa juzgada obtenida en fraude, tanto del acto dictado por la Juez ANA MORELLA COLMENARES como el auto dictado por el Dr. Tomás Suárez Gavidia, que le han dado fuerza y autoridad de cosa juzgada a unas transacciones extra litems, violándose toda norma y principios que rigen a la autocomposición procesal.

b.      Declare la nulidad con su secuela de pérdida de efectos de cosa juzgada de ambos autos obtenidos en fraude y por el ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional; ordenando la reposición de la causa al estado de fijar nueva oportunidad para que la empresa obligada en el juicio principal de cumplimiento voluntario al fallo que declaró el derecho a recibir el ciudadano BRUNO VISENTINI ORDINER sus prestaciones sociales.

…”.

 

Por último, solicitó providencia cautelar en el sentido de que se suspenda la ejecución de los autos contentivos de la homologación, hasta tanto se decida sobre la procedencia del amparo constitucional. 

 

II

Alegato del Abogado Esteban Guart Guarro

Señalado como Agraviante

 

Alegó el abogado Esteban Guart Guarro, en su escrito presentado ante el juez de la causa, las siguientes defensas:

1.- Caducidad de la Acción:

Al respecto, señaló que tal como lo indicó el Juez Constitucional en la oportunidad de admitir el amparo, los hechos y situaciones que, según el presunto agraviado motivaron la solicitud de amparo, ocurrieron en fechas que superan con mucho el tiempo de seis (6) meses, señalado en el numeral 4) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales  (en lo adelante L.O.A.D.G.) por lo que se entiende en tales casos que hubo consentimiento expreso, lo que significa que el amparo constitucional debe ser declarado extemporáneo y por ende inadmisible.

2.- Orden Público:

En cuanto a las supuestas violaciones al orden público señaló:

“…

a) Primera supuesta violación al orden público

La transacción efectuada ante la Notaría Pública en mayo del 2001.

Dicha transacción es totalmente válida a la luz de la jurisprudencia más reciente de nuestro máximo tribunal (caso: CARLOS JOSE JIMENEZ, contra la empresa Schering Plough, C.A. Sala Casación Social del  Tribunal Supremo de Justicia de fecha 27/02/03, ponente Magistrado Omar Alfredo Mora).

 

b) La incorrecta homologación por parte de la Juez Segunda del Trabajo.

En fecha 21 de Mayo del año 2001 la Juez Ana Morella Colmenárez le impartió la homologación a la transacción efectuada ante Notaría Pública y oportunamente consignada en el expediente. Se acusa a dicha Juez de no haber constatado las facultades y capacidad de las partes para la mencionada transacción: Lo cierto es que la capacidad de las partes y las facultades que tenían constaban en los autos del expediente y a la Juez le bastaba con leer las actuaciones de todo el procedimiento [el cual por cierto ha durado más de trece años] para constatar la cualidad de los firmantes de la transacción. Por otra parte, las partes que convinieron en la transacción estuvieron asistidos de abogados, lo cual es garantía de que tuvieron conocimiento de lo que estaban haciendo. Ahora bien, mal se puede alegar que el auto de homologación fuere inmotivado, como se dice en la solicitud de amparo, pero en todo caso, si así fuera, pudieron ejercer los que se consideraran afectados los recursos ordinarios, lo cual no hicieron.

c) Del segundo convenio transaccional.

En fecha 27 de noviembre del año 2002, el abogado Jairo Revilla, con el carácter de apoderado judicial de las empresas FRIO BOX, C.A., CRIOTECK, C.A. y de los ciudadanos GIACOMO FACIA BUTA y PIETRO CRUDELLI (supuesto agraviado) estando pendiente un amparo constitucional anteriormente intentado por las mismas partes (…) [le] propuso hacer una nueva transacción, mediante la cual [su] representado BRUNO VICENTINI ORDINER, sacrificaba una cantidad considerable del monto que le correspondía por la sentencia de ejecución, con la finalidad de poner fin (de una vez) al juicio que ya había durado demasiado tiempo y ello previa consulta con [su] patrocinado y dada la avanzada edad del mismo (70 años) y por ello se aceptó la nueva transacción, a costa de sacrificar algo, pero con vistas a cobrar de una vez.

Se le imputa ahora al abogado Jairo Revilla que no tenía facultades para tal acto, pero de una revisión de instrumento poder que le habían otorgado se observa que las facultades que le habían dado eran amplísimas y sin limitaciones de alguna especie.

Pero volviendo a las supuestas violaciones del orden público, [se preguntan] ¿se puede encuadrar tal actuación, totalmente ajustada a derecho, como violación de normas de orden público? La respuesta es obvia: no hubo tal violación

d) La homologación de la segunda transacción por parte del Juez Tomás Suárez Gaviria.

La segunda transacción fue homologada por quien ocupaba en aquel entonces el cargo de Juez de Primera Instancia del Trabajo del Estado Lara, Dr. Tomás Suárez Gaviria (…).

(…) a pesar de que menciona al Juez homologante Tomás Suárez Gaviria en varias oportunidades, como infractor, no lo incluye entre las personas contra las cuales dirige este amparo constitucional…”

 

3. Recursos ordinarios no agotados.

            Respecto a este alegato invocó –estima la Sala que erradamente- el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para denunciar la inadmisibilidad de la acción sobre la base del ejercicio por el quejoso del recurso de apelación contra el auto de homologación del Dr. Tomás Suárez Gaviria, el cual no había sido decidido según el abogado por cuanto la parte interesada no había consignado las copias certificadas respectivas.

            Igualmente argumentó que “[t]ampoco se agotaron los recursos ordinarios que tenían los demandados cuando se homologó la primera transacción, ni tampoco se agotaron los recursos ordinarios cuando se practicó el embargo ejecutivo sobre bienes de la demandada, los cuales sin embargo no cubrían el moto total de la sentencia”.

4.- Cosa Juzgada.

En cuanto a este alegato sostuvo que los hechos aquí denunciados ya fueron decididos en otro proceso de amparo constitucional, mediante decisión que había sido confirmada por esta Sala el 23 de junio de 2003.

En virtud de lo expuesto, solicitó se declarara inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

 

 

 

III

De la Sentencia Apelada

 

La sentencia objeto de la presente apelación, dictada el 4 de marzo de 2004 por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta fundamentándose en los siguientes argumentos:

“En primer término, debe esta Superioridad precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez le imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, pretenden terminar como en el caso concreto, un litigio pendiente que data ya más de 14 años, vale decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de la cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.

 En el caso de autos, la parte actora o querellante denunció como infringido su derecho constitucional de propiedad consagrado en el Texto Fundamental, circunstancia que por el solo hecho de la homologación de las transacciones, no constituye una violación directa al alegado derecho constitucional. Así se determina.

En lo que respecta a los dos (02) autos homologatorios dictados por los jueces Colmenares y Suárez Gavidia de fechas 21 de mayo de 2001 y 03 de diciembre de 2002, debe este Juzgador señalar lo siguiente:

Dispone el artículo 26 de la vigente Constitución lo siguiente:

…omissis…

Como sostiene la doctrina especializada, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comporta que toda persona obtenga justicia….

Dentro del ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva se entienden comprendidas exigencias en la regulación del proceso, esenciales para la concreción de dicho derecho, cuya determinación resulta, en ciertos casos, difícil labor para el juzgador del amparo a quien corresponde fundamentalmente verificar si ha sido infringido  por la actuación u omisión de algún órgano encargado de administrar justicia.

Ahora bien, todos los titulares de derechos e intereses legítimos  pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar la resolución de un conflicto, lo que debe tener lugar tras la satisfacción de un proceso acorde con el ordenamiento jurídico vigente. De igual modo, todas las personas llamadas a ese proceso o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan también del derecho y garantía constitucional efectiva en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada la sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines de que se verifique la efectividad de los pronunciamientos.

En el caso de autos, las partes han supuestamente sustraído el objeto de la demanda, en lo que respecta al conocimiento del fondo de la misma por parte de la autoridad jurisdiccional, en virtud de una transacción, contrato bilateral que constituye un medio de autocomposición procesal que pone término al juicio por voluntad expresa de las partes y que a tenor de lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil debe celebrarse conforme las previsiones contenidas en el Código Civil. Tal referencia incorpora como elemento procesal la verificación previa por el juez a quien competente homologar la transacción, del cumplimiento de los extremos de ley, entre los cuales destaca la capacidad para dispone de las cosas comprendidas en dicho contrato.

En el presente caso que fue elevado a la consideración de esta Superioridad, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a señalar lo siguiente:

Ambos autos (…) no plantean motivación alguna de la cual se constate como efectuado el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la vigente Carta Magna. Así se declara.

En cuanto a la segunda denuncia de fraude entre los abogados Revilla y Guart Guarro, que a juicio del querellante produce un evidente carácter colusorio, a tales efectos asentó:

…omissis…

Oídas las distintas intervenciones de las partes en la audiencia oral realizada en fecha 01 de marzo de 2004 respecto a este punto, no corresponde a esta Superioridad procediendo como Tribunal Constitucional, apreciar si los montos dados a los bienes embargados por los expertos y dados en pago por la partes en las transacciones realizadas, se ajustan a valores reales del mercado o a los principios contables que rigen la revalorización o depreciación de los bienes, mucho menos establecer si existió fraude entra las partes ante una diferencia entre lo debido y el valor de lo dado en pago, además de no corresponder a este juzgador examinar tales circunstancias; considera finalmente que no existe en actas alguna constancia que los abogados Revilla y Guart Guarro hayan incurrido en conductas impropias, capaces de afectar el bien común o de causar perjuicio a las partes que representan, al cumplir y aplicar las facultades conferidas por las partes.

De tal suerte que la denuncia de fraude o actos colusorios planteada por la recurrente de amparo se declara improcedente. Así se determina”.

   

 

 

 

IV

De la Competencia de esta Sala Constitucional

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido contra la sentencia identificada supra, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contenciosa administrativa, ya que, según las normas invocadas, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala. (Vid. Caso: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000).

De acuerdo con estas últimas interpretaciones y según lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la sentencia ha sido dictada en primera instancia por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación; y así se declara.

V

Análisis de la Situación

 

            Debe con carácter previo esta Sala señalar que la presente causa fue recibida en esta alzada el 17 de marzo de 2004, mientras que el abogado Esteban Guart Guarro, señalado como tercero interesado, consignó el escrito de fundamentación de la apelación, el 3 de mayo de 2004.

Al respecto, en sentencia del 4 de abril de 2001 (caso: Estación Los Pinos), se estableció como lapso preclusivo para la consignación de los escritos en segunda instancia, el tiempo de treinta (30) días para que la superioridad emita la decisión correspondiente, por lo que de no cumplirse la carga procesal en ese período, los mismos se deberán considerar como no presentados. Siendo ello así, vista la intempestividad incurrida por la parte apelante en presentar sus alegatos, esta Sala, atendiendo al criterio antes señalado, desestima el escrito presentado. Así se decide.

Ahora bien, revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente esta Sala pudo constatar que se pretende de esta Sala la revisión en segunda instancia de la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 14 de marzo de 2004,  en virtud de la apelación ejercida contra la misma por el abogado Esteban Guart Guarro, en su condición de tercero interesado. 

Observa la Sala, por una parte, que los actos denunciados como lesivos son los dictados el 21 de mayo de 2001 por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial de Estado Lara y el 3 de diciembre de 2002 por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial, así como las actuaciones de los abogados Esteban Guart y Jairo Revilla Duarte.

Por otra parte, se advierte que la recurrida declaró con lugar el amparo incoado por el ciudadano Prieto Crudeli, actuando en su propio nombre y en su carácter de Presidente de Frío Box C.A., y de Criotek C.A., contra las actuaciones judiciales del 21 de mayo de 2001 dictada por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial de Estado Lara; y del 3 de diciembre de 2002, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial, así como contra las actuaciones de los abogados Esteban Guart y Jairo Revilla Duarte.

Examinados los alegatos expuestos por el accionante en su escrito, en relación con los hechos de los que se pretende deducir la violación constitucional denunciada, esta Sala advierte que, tal como fue alegado por el abogado Esteban Guart Guarro, en el escrito presentado ante el juez de primera instancia, contra las actuaciones supuestamente lesivas, dictadas por los tribunales de primera instancia, pudo el quejoso ejercer el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sentencia que homologa una transacción en un juicio, le pone fin al mismo y, por tanto, tiene carácter de definitiva, y es apelable por no existir disposición alguna que lo prohíba.

Siendo ello así, esta Sala hace notar que contra las decisiones impugnadas a través del presente amparo, es decir, las decisiones del extinto Juzgado Segundo de Primera instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial, la parte supuestamente agraviada pudo o puede, según el caso, hacer uso del referido mecanismo. Ello significa que la parte accionante podía optar por recurrir, antes de acudir al amparo, a la vía judicial ordinaria que le ofrecía el Código de Procedimiento Civil para enervar de manera rápida y eficiente la pretendida ejecución de la decisión, que consideró violatoria de sus derechos constitucionales.

Debe al respecto señalarse que es criterio pacífico y reiterado de esta Sala el que los instrumentos previstos en general en el ordenamiento jurídico otorgan al juez ordinario la posibilidad de mantener la vigencia del orden constitucional que pudiese ser infringido, bastando con ellos, pues aquellos están en la obligación de prestar el debido amparo al justiciable; sin embargo, para que ello sea posible es menester que esa tutela sea peticionada por éste a través del ejercicio de tales mecanismos.

Así las cosas, se precisa que al disponer el supuesto agraviado de una vía judicial ordinaria, dicha circunstancia se subsume en la causal de inadmisibilidad de la acción señalada en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual, como lo ha señalado esta Sala en anteriores oportunidades, contempla como causal de inadmisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo constitucional, que el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales preexistentes, estableciendo la norma una circunstancia (supuesto de hecho) que afecta concisamente el ejercicio de la acción. Si previamente se han ejercido dichos medios o recursos establecidos en la ley, será inadmisible la acción de amparo constitucional.

A este propósito, la Sala tiene establecido que, en caso de concurrir un medio judicial preexistente de tutela con la citada acción de amparo, debe agotarse aquél si es idóneo, es decir, si es apto para restablecer al agraviado en el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales, y si, pudiendo ser ejercido útilmente, se halla a disposición del accionante (vid., entre otras, las sentencias números 848 de 28 de julio de 2000, caso: Luis Alberto Baca; 939 de 9 de agosto de 2000, caso: Parabólicas Service´s Maracay, C.A.).

En consecuencia, al ser posible lograr a través de otros medios, de manera efectiva, la tutela de los derechos reclamados, esta Sala concluye que la presente acción de amparo deviene inadmisible, conforme a la citada norma jurídica. Así se decide.

Asimismo, evidencia la Sala que tal como fue alegado igualmente por el abogado Esteban Guart Guarro, y reconocido por el quejoso en su escrito libelar, la acción de amparo se encuentra incursa en la causal de inadmisibilidad contemplada en el cardinal 4 del referido artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece la caducidad, cuando transcurridos más de seis (6) meses de producida la actuación lesiva, el presunto agraviado no hubiese ocurrido a incoar la acción de amparo respectiva, con cuya omisión se entiende que el mismo ha convenido con la infracción que alega, salvo que existan razones de orden público que dispensen al agraviante de acción dentro del referido lapso.

En este sentido, debe advertirse que revisadas las actas procesales se advirtió que las actuaciones señaladas como lesivas tuvieron lugar el 21 de mayo de 2001 por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y el 3 de diciembre de 2002 por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial; y las actuaciones de los abogados Esteban Guart y Jairo Revilla Duarte, tuvieron supuestamente lugar con ocasión del juicio donde tales actos fueron dictados, que finalizó con ocasión de dictarse la última referida providencia, siendo que la interposición de la presente demanda tuvo lugar el 26 de enero de 2004, es decir, cuando ya se encontraba suficientemente expirado el aludido lapso.

No obstante, esta Sala se percató de que el accionante en su escrito de amparo, alegó violaciones de orden público constitucional. En ese orden de ideas, es oportuno señalar que esta Sala Constitucional estableció, el 10 de agosto de 2001 (caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera), lo siguiente:

“Con relación a la interpretación de la excepción que la propia norma establece (artículo 6, numeral 4 del la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) para aquellos casos de que se trate de violaciones que infrinjan el orden público y las buenas costumbres, ha sido el criterio de esta Sala que no puede considerarse, para los efectos de exceptuarse de la caducidad de la acción de amparo constitucional, a cualquier violación que infrinja el orden público y las buenas costumbres; porque, de ser así, todas las violaciones a los derechos fundamentales, por ser todos los derechos constitucionales de orden público, no estarían sujetas a plazo de caducidad y, definitivamente, esa no pudo ser la intención del legislador.

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado que la excepción de la caducidad de la acción de amparo constitucional está limitada a dos situaciones, y que en esta oportunidad esta Sala considera que deben ocurrir en forma concurrente. Dichas situaciones excepcionales son las siguientes:

1.Cuando la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes.

...omissis...

2.- Cuando la infracción a los derechos constitucionales sea de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el  ordenamiento jurídico.

Ha sido el criterio de esta Sala, además del expuesto en el punto anterior, que la desaplicación del lapso de caducidad establecido en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sólo será procedente en caso de que el juez en sede constitucional observe, en el caso concreto, violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, y en aplicación de una verdadera justicia dentro de un orden social de  derecho”. (Subrayado de este fallo).

 

             Sin embargo, se observa que, en el caso de autos, la infracción denunciada por el accionante no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de sus intereses particulares ni, menos aún, es de una magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, de acuerdo con el criterio señalado supra, resultando por tanto operable la consecuencia jurídica de la caducidad preceptuada en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual debe esta Sala declarar igualmente inadmisible la acción de amparo constitucional y, así se declara.

            Por último, en cuanto a la denuncia de fraude procesal efectuada por la parte accionante, esta Sala reitera su doctrina en el sentido de que la brevedad de cognición que supone el proceso de amparo constitucional, lo cual se refleja en la reducción del término probatorio ante el previsto en el juicio ordinario, es esta última vía, en principio, el medio idóneo para ejercer la acción de fraude procesal, toda vez que este proceso requiere de la exposición de alegatos y pruebas tendentes a demostrar su existencia, lo cual, no se corresponde con un proceso tan breve como lo es el de amparo constitucional; en tal virtud, el accionante, si quisiera hacer valer su pretensión de fraude, deberá ocurrir al referido mecanismo y así también se decide.

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional debe revocar la decisión dictada el 4 de marzo de 2004 por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró con lugar la pretensión planteada. En consecuencia, se declara con lugar la apelación ejercida y, por tanto, se declara inadmisible la acción de amparo incoada. Así se decide.

VI

Decisión

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta; en consecuencia, se REVOCA la decisión dictada el 4 de marzo de 2004 por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de amparo constitucional intentada por el ciudadano Prieto Crudeli, actuando en su propio nombre y en su carácter de Presidente de Frío Box C.A. y Criotek C.A., asistido de abogado, contra las actuaciones dictadas el 21 de mayo de 2001 por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial de Estado Lara y el 3 de diciembre de 2002 por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial, así como contra las actuaciones de los abogados Esteban Guart y Jairo Revilla Duarte, en virtud de que la misma es INADMISIBLE.

 Publíquese, regístrese y remítase el expediente al referido Tribunal Superior. 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  12 días del mes de  agosto    dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

Luis V. VeláZquez Alvaray

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

ARCADIO DELGADO Rosales

                    Ponente

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 04-0663

ADR/

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