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Sentencia N.º 2637

Sentencia N.º 2637

Sentencia
N.º 2637
Fecha
30/09/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-2599
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

            El 21 de octubre de 2002, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JOSÉ GUZMÁN MONTILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 73.998, en su carácter de representante judicial de la ciudadana MARÍA DE LOS ÁNGELES PINTO OLIVEROS, titular de la cédula de identidad N° 1.335.993, en contra de la sentencia dictada el 18 de febrero de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. 

 

            En la misma oportunidad, se dio cuenta en esta Sala del recibo del expediente, contentivo de la apelación ejercida por el abogado José Guzmán Montilla; y en esa oportunidad se designó como ponente al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

            El 5 de noviembre de 2002, el abogado VICENTE AMENGUAL SOSA, actuando como apoderado judicial de la accionante, mediante diligencia presentada ante esta Sala, consignó escrito contentivo de los fundamentos de la apelación ejercida.

 

            El 14 de abril de 2003, la ciudadana MARÍA PINTO OLIVEROS, asistida por la abogada ROSA ESPINOZA MILLÁN, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 30.127, consignó diligencia ante esta Sala Constitucional, a través de la cual solicitó se dicte sentencia en el presente caso.

 

            El 26 de mayo de 2003, el abogado PORFIRIO QUINTERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 24.239, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JUDITH BRAMANTE DE RODRÍGUEZ, presentó escrito ante esta Sala, solicitando se declare improcedente el presente recurso.

 

ANTECEDENTES

 

            Señala el apoderado actor en amparo, como antecedentes de la acción propuesta lo siguiente:

 

            Que, “En fecha 21 de Enero de 1.997, la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES PINTO OLIVEROS, asistida por el Abogado ALFREDO ELIAS VIVAS ZAMBRANO, I.P.S.A. No 61.191, interpuso demanda por ante el Juzgado de Municipio Valencia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, hoy Juzgado de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego del Estado Carabobo, en ese entonces a cargo de la Dra. ROSA GRACIELA OJEDA DE GOMEZ, ahora a cargo de la Dra. TIBISAY SIRIT CARREÑO, Juez Provisorio (que anexo copia simple constante de tres (03) folios marcada con la letra “C”). Dicha demanda fue interpuesta por mi hoy representada, MARIA DE LOS ANGELES PINTO OLIVEROS, contra la ciudadana YUDITH BRAMANTE, ambas ya identificadas, con motivo de la solicitud de NULIDAD POR SIMULACION DEL CONTRATO DE CESION celebrado en la Notaría Pública Tercera de Valencia, (que anexo copia simple constante de 2 folios marcado con la letra “D”) bajo el No 50, Tomo 254 sobre los derechos y acciones del 30% del Edificio MARIFE del terreno sobre el que está construido y el galpón de su exclusiva propiedad, fundamentada la acción en el Artículo 1.282 del Código Civil, en concordancia con el Artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”.

 

            Que, “En fecha 02 de diciembre de 1.993, MARÍA DE LOS ANGELES PINTO OLIVEROS, mediante documento autenticado en la Notaría Pública Tercera de Valencia, bajo el No 50, Tomo 254, que contiene una declaración simulada, adversa a la verdad, aparentemente cedió el 30% de sus derechos y acciones sobre el Edificio MARIFE, el terreno sobre el que está construido y el galpón de su exclusiva propiedad, esto, porque su sobrina YUDITH BRAMANTE, para adquirir el 70% de los derechos del edificio MARIFE y del terreno sobre el que está construido el Edificio, carecía de recursos económicos para cancelar al Dr. RAFAEL LEON GRANADILLO, Apoderado Judicial de los herederos de FELIPE MARTINEZ, propietarios vendedores del 70% del Edificio MARIFE y el terreno sobre el que está construido, la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00) y gestionaba una hipoteca de primer grado para cancelar la deuda, pero las entidades financieras y los prestamistas a los que acudió le exigían que ella fuera propietaria del 100% de los inmuebles para que respondiera, en virtud de la indivisibilidad de la hipoteca”.

 

            Que, “Ante esa situación, tía y sobrina conversaron con el Dr. RAFAEL LEON GRANADILLO y le cancelaron Bs. 1.000.000,00 en fecha 2 de junio de 1994, según documento autenticado en la Notaría Tercera de Valencia, dejando sin efecto el documento de fecha 1 de junio de 1.993, confiriéndole una nueva prórroga para el pago del saldo deudor con vencimiento el día 2 de junio de 1.994 y fue en fecha 29 de junio de 1.995 cuando YUDITH BRAMANTE pudo cancelar el saldo deudor del 70%, del inmueble ya referido al Dr. RAFAEL LEON GRANADILLO, Apoderado Judicial de los herederos de FELIPE MARTINEZ, y en fecha 28 de Diciembre de 1995, YUDITH BRAMANTE canceló el préstamo hipotecario al ciudadano MANUEL SANTOS SALINA sobre un local comercial del 70% del Edificio MARIFE”.

 

            Que, “la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES PINTO OLIVEROS, para interponer la demanda de NULIDAD POR SIMULACIÓN del documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, bajo el No 50, Tomo 254, de fecha 2 de diciembre de 1.993, se fundamentó en lo siguiente: No existiendo motivos para mantener en vigencia el referido contrato, ya que no recibió suma de dinero, que los bienes no han salido de su patrimonio, que los posee, y que sólo existió un contrato de administración sobre el 30% de los locales Nos. 1, 2 y 3, y el galpón, según se evidencia en el contenido del documento poder autenticado por ante la Notaría Pública de Valencia, bajo el No 59, Tomo 86 de fecha 5 de mayo de 1.993, (que anexo copia simple constate de dos (02) folios marcado con la letra “E”) y siendo infructuosas las diligencias amistosas para que su sobrina conviniera en la nulidad del contrato simulado, procedió a demandar a YUDITH BRAMANTE, para que conviniera en los hechos narrados en la demanda o en defecto de ello, el Tribunal declare con lugar la demanda por simulación”.

 

De esta forma, dicha demanda fue declarada con lugar por el Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declarando la nulidad absoluta del documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de Valencia el 2 de diciembre de 1993, bajo el N° 50,  Tomo 254. Asimismo, fue ejercido recurso de apelación, el cual una vez sustanciado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, fue decidido, declarando con lugar la apelación interpuesta y sin lugar la demanda intentada, revocando en consecuencia la decisión tomada en primera instancia. 

 

Hechos y Fundamentos de la Acción

 

            La sentencia objeto de amparo fue la proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como alzada en la referida causa, al respecto alega el accionante que tal decisión violó sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa debido a lo siguiente:

 

1.- Que, dicha sentencia se encuentra afectada por su incongruencia con los resultados del proceso, al omitir pronunciamientos que necesariamente debieron darse; así -alega el accionante- puede apreciarse que al referirse a diversas pruebas constantes en autos, el juez las consideró enumerándolas del “1” al “8” y señalando que “los hechos en el contenido no guardan relación con el hecho simulado” o “que del resultado de ellas no emerge la prueba del acto simulado”.  Ante lo cual, adujo el accionante, que el juez no podía limitarse a enunciar lo que constituía su conclusión, sin indicar los razonamientos y convicciones que lo llevaban hasta ella.

2.- Que, existe omisión de pronunciamiento expreso por parte del juzgador, lo que viene a ser un hecho lesivo a su derecho a la defensa, cuando en referencia a las posiciones juradas que fueron absueltas por ambas partes, el tribunal se limitó a señalar que “sin embargo debe precisar este sentenciador que del resultado de ellas no emerge la prueba del acto simulado”.  Indicando el accionante, que de esta forma el juez nuevamente establece una conclusión sin hacer consideración alguna sobre la gran cantidad de preguntas que fueron hechas a ambas partes; sostiene que como parte actora no pudo saber a través del fallo cómo apreció el juez las preguntas y las respuestas y cómo se convenció que de ellas no emergió la prueba del acto simulado.        

 

            3.- Que, dicho fallo no produjo ningún análisis sobre el documento autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia el 5 de mayo de 1993, bajo el N° 59, Tomo 86 de los libros de autenticaciones respectivos; cuando, si bien este documento es anterior a aquél en que la ciudadana María de los Ángeles Pinto transfirió la propiedad del Edificio “Marife” a Yudith Bramante, no es menos cierto que contiene una serie de regulaciones a futuro entre ambas, sobre dicho inmueble, incluyendo la administración del mismo y repartición de los beneficios resultantes de esa administración, de lo que puede deducirse que, la transferencia posterior de esa propiedad obedeció a lo pautado entre ambas partes en un sentido simulado de su verdadera intención. Además, señaló el accionante que “esa falta de valoración de este esencial documento, constitutivo de una prueba importante para sustentar la simulación, lo que viene a configurar la lesión al debido proceso y a la defensa de la parte actora. La simulación, ciertamente, puede probarse categóricamente con un documento en contrario que exprese la verdad real, pero su no existencia no quiere decir que no se pueda probar de muchas otras maneras, fundamentalmente indicios y presunciones que concatenados entre sí, lleven al juez tal convicción”.

 

            4.- Que, al negarse el juez a analizar y valorar ese documento, bajo la consideración que no es ese un contra documento, dejó también de considerar testimoniales y otras probanzas, señalando que no existía el principio de prueba por escrito, así como que tal mérito nada aportaba al debate judicial, con lo cual lesionó una vez más -al decir del accionante-, el derecho a la defensa y al debido proceso de su representada.

 

            5.- Que, no se pronunció en modo alguno sobre la confesión ficta de la demandada en el escrito de contestación a la demanda, así como silenció y no valoró el perjurio en que incurrió Yudith Bramante en el acto de evacuación de las posiciones juradas convalidadas por la demandada en el escrito de informes presentados en el juzgado superior.

 

            6.- Que, silenció y no valoró otras pruebas como una inspección judicial y unos testigos, así como denunció ultrapetita al sostener que el juzgado de alzada decidió cuestiones no planteadas en el proceso por Yudith Bramante. 

 

De la Decisión Apelada

 

            El 2 de octubre de 2002, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró improcedente la acción de amparo ejercida, basándose en los siguientes argumentos:

 

            Así, con relación a la denuncia presentada en cuanto a que el juez a quo, no tomó en consideración la confesión ficta en que incurrió la accionada, señaló el juez de amparo, que incurrieron en un error, pues de los autos no se evidencia que la accionada haya incurrido en confesión ficta pues consta que los apoderados contestaron la demanda tempestivamente.

 

            Indicó de este modo el juez constitucional, que:

 

“En relación con la omisión de valoración de las pruebas que la presunta agraviada le imputa al Juez “a-quo”, de la transcripción anterior se observa que sobre:

a) Posiciones juradas el Juez se pronunció afirmando que de su evacuación no emerge la prueba del acto simulado.

Es  de observar que el Juez “a-quo” a lo largo de su sentencia hace un análisis de los documentos, y llega a la conclusión de que de ellos no se desprende la prueba del acto anulado, al extremo de indicar las causas o motivos que impidieron la protocolización de uno de dichos instrumentos públicos, con lo cual queda descalificada la imputación de perjurio que la agraviada le imputa a YUDITH BRAMANTE en las posiciones que absolvió.

Omissis...

c) Las testimoniales de JACQUELINE DIAZ CARREÑO, y del Dr. RAFAEL LEON GRABADILLO.

En relación con la prueba testimonial, el Juez ‘a-quo’ señaló que dicha prueba no es admisible, dando las razones y exponiendo los motivos para ello, como se ha visto de la transcripción que se ha hecho del fallo.

d) Ultrapetita, se observa que el Juez ‘a quo’ señala las razones por las cuales no se habían (sic) protocolizado el documento, es decir, por la existencia de una prohibición de enajenar y gravar, y de lo cual concluye que una vez suspendida dicha medida y protocolizado el documento, la ciudadana YUDITH BRAMANTE, adquirió así la totalidad del inmueble.

Como se ha visto del análisis que se ha hecho, los apoderados de la quejosa pretenden a través de la vía de amparo que se revisen los fundamentos y motivos que tuvo el Juez para valorar y apreciar unas pruebas, y desestimar otras, convirtiendo así este Juzgado Constitucional en una tercera instancia, lo cual no se permite”.

 

            Sosteniendo finalmente, al acogerse al criterio jurisprudencial previsto en distintas decisiones de esta Sala Constitucional, que la acción de amparo incoada resultaba improcedente.

 

 

 

Consideraciones para Decidir

 

En principio corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, en tal sentido, reiterando los criterios asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); y, 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer del recurso ejercido, y así se declara.

 

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida, en los siguientes términos:

 

            En principio observa esta Sala que, la acción de amparo incoada hace referencia a un juicio por simulación, en el cual se denuncia que el juzgador inobservó una confesión de parte y no valoró las pruebas producidas por el accionante.

 

            En tal sentido, estima necesario esta Sala, vislumbrar que en materia de simulación el objeto de la pretensión está dirigido a demostrar que la voluntad plasmada en un documento autenticado -como sucede en la causa que nos ocupa-, no es cierta y por tanto, la parte accionante deberá dirigir toda su carga probatoria a demostrar que fue simulado el acto o negocio jurídico realizado. De esta forma, deberá presentarse contraprueba o prueba en contrario al documento que contiene la simulación, de tal forma que se pruebe la inexistencia de los hechos afirmados por las partes fundamentados en una presunción iuris tantum a fin de demostrar la inexistencia de lo figurado, lo cual -conforme al artículo 1383 del Código Civil- se tiene por cierto el hecho material de las declaraciones, si ellas constan en documento autenticado o reconocido, teniendo las partes del negocio simulado la limitante en la prueba que establece el segundo aparte del artículo 1387 del Código Civil.

 

            Así, el demandante de la simulación debería para hacer la  contraprueba, utilizar las pruebas previstas en el ordenamiento jurídico a fin de demostrar la inexistencia de lo presumido; con lo cual, se buscará eliminar la presunción de veracidad del hecho material de las declaraciones que contiene el acto presuntamente simulado, a través de la destrucción del medio en particular que lo contiene. Es decir, que la forma para atacar o destruir un acto simulado contenido en un documento autenticado, si se trata de una simulación demandada por las partes de un documento que contiene el acto, será únicamente la prevista en la ley para desvirtuar ese tipo de documentos.

 

            En el presente caso, observa esta Sala que se plantea la simulación de un documento privado autenticado, poseyendo el mismo como consecuencia de la intervención efectuada por un funcionario competente, la certeza legal de sus autores y del hecho material de las declaraciones, al igual que un documento público, con la salvedad de que el contenido de estos documentos admite prueba en contrario, tal como lo señala el Código Civil en su artículo 1363 cuando dispone: “El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.

 

            De esta forma, se puede inferir que cuando se está en presencia de alguna simulación contenida en un documento privado reconocido, la parte accionante tiene a su disposición toda la gama de medios probatorios permisibles en nuestro sistema jurídico, que vayan dirigidos a contradecir la manifestación de voluntad contenida en el instrumento objeto de la simulación o a evidenciar que ese hecho o acto contenido en dicho documento, es simulado.

 

            Siendo así y estando claro que las partes deben cuidar que los medios que empleen sean suficientes para transportar los hechos que pretenden probar al proceso (conducencia), y que los mismos guarden relación con los hechos controvertidos (pertinencia); es evidente que el juez fijará los hechos del proceso basándose en la calificación y valoración que de las pruebas haga, en el sentido de considerar si dichos medios de prueba fueron idóneos para probar las alegaciones realizadas, así como para formar un animo en el juez que lo lleve a determinada convicción. 

 

            Por lo cual, observa esta Sala, que cuando el accionante en amparo denuncia la presunta omisión por parte del juez constitucional en valorar las pruebas producidas en especial la contenida en un documento privado reconocido y la confesión judicial de la parte demandada, se pretende invadir la esfera de juzgamiento del juez.

 

            De allí que, tanto la apreciación de un documento como contradocumento de otro, como la valoración de la alegada confesión por la contraparte en el juicio, obedecerá a la apreciación que sobre ello haga el juez de la causa. En este sentido y siguiendo el orden de ideas, la eficacia probatoria de la confesión alegada, dependerá en principio de que el juez considere que en efecto existió una declaración confesoria de parte y que se fije como desfavorable a la parte que la realizó.

 

Siendo así, observa esta Sala que en el presente caso el punto controvertido fue cómo valoró el juez presuntamente agraviante las pruebas promovidas y evacuadas en juicio, al decir del accionante la confesión, las posiciones juradas, la inspección judicial y las testimoniales. De lo que se evidencia, que la acción de amparo incoada, se encuentra dirigida a cuestionar valores de juzgamiento del juez de la causa, lo cual no es materia de amparo, por lo que esta Sala se ve en el deber de reiterar el criterio asumido en sentencia del 20 de febrero de 2001 (Caso: Alimentos Delta C.A.), donde se indicó:

 

“...en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso; puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución”.

 

Lo cual aplicado al presente caso, denota que el accionante pretende por la vía del amparo que el Juez constitucional entre a conocer posibles vicios legales que tienen que ver con la motivación y el juzgamiento que sobre el fondo de la causa debe hacer el Juez a cuyo conocimiento corresponda dicho juicio, lo cual viene a formar parte de la actividad jurisdiccional que desempeña al momento de dirimir las controversias que se le presenten, situación que originaría una tercera instancia; no siendo éste el objetivo del amparo, debido a que no se puede pretender que cada vez que se produzca un fallo que desfavorezca a una parte de la relación jurídica debatida, ésta interponga una acción de amparo, mediante la cual se aspire que el Juez de amparo entre a conocer de un juicio ya decidido, cuando ésta no es una función del juez constitucional a menos que en su función juzgadora el juez que conozca de la causa principal viole directamente derechos o garantías constitucionales.

 

No obstante lo anterior, pudo observar esta Sala Constitucional, que el juez de amparo consideró improcedente la acción de amparo incoada en el momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, por lo que si bien el fundamento de la decisión estuvo ajustado a derecho, en el dispositivo debió al estimar innecesario abrir el contradictorio, considerar improcedente in limine litis la acción, al verificar en miras a salvaguardar los principios de celeridad y economía procesal, que el amparo propuesto no cumplía con los requisitos necesarios para su procedencia.

 

En virtud de las consideraciones antes señaladas, este Tribunal Supremo de Justicia se ve en el deber de modificar la sentencia objeto de la presente apelación que consideró improcedente el amparo y declarar la improcedencia in limine litis de la acción interpuesta. Así se declara.

 

Decisión

           

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, declara SIN Lugar la apelación ejercida por el abogado JOSE G. MONTILLA, en contra de la decisión del 2 de octubre de 2002, emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Se MODIFICA la decisión del a quo. Se declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo intentada.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en Caracas, a los 30 días  del  mes  de octubre de  2003.  Años:  193º  de  la  Independencia  y  144º  de  la  Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                          El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

Antonio José García García

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 02-2599

JECR/

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