Sentencia N.º 2647
- Sentencia
- N.º 2647
- Fecha
- 22/11/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2326
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 23 de agosto de 2004, la ciudadana GABRIELA ROSSI CARDOZO, titular de la cédula de identidad n° 12.112.038, mediante la representación de la abogada Gladis Cardozo Andrade, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 17.147, planteó, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pretensión de amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos a la tutela judicial eficaz, a la defensa, al debido proceso, a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, a la igualdad ante la Ley, y de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o expectativa plausible que acogieron los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia al magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 24 de agosto de 2004, la apoderada judicial de la demandante consignó ante la Secretaría de la Sala las copias certificadas de la sentencia contra la que demandó amparo.
I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. La apoderada judicial de la parte actora alegó:
1.1 Que, (e)l 5 de octubre de 1998, en representación de (su) patrocinada inco(ó) demanda por ante el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor), en contra del ciudadano EFRAÍN JARABA PERALTA, por resolución de contrato de arrendamiento de un inmueble propiedad de (su) mandante ubicado en la calle Sur-3 de la Urbanización El Placer, parcela nº 67-A, distinguido con el nombre de Quinta ZEN, los Guayabitos, Municipio Baruta del Distrito Capital.
1.2 Que la demanda en referencia se fundamentó en el hecho de que el arrendatario había dejado de pagar las cuotas de condominio a la Asociación Civil El Placer ASOPLACER, así como las mensualidades correspondientes al Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, comúnmente conocido como derecho de frente, incumpliendo las obligaciones que asumió en la cláusula novena del contrato.
1.3 Que (p)ara probar dicho incumplimiento produj(o), junto con el libelo, avisos de cobro suscritos por el Presidente de la referida asociación, en los que se evidencia una deuda de condominio por la cantidad de cuarenta y seis mil quinientos bolívares (Bs. 46.500.00) correspondiente a los meses de enero a julio de 1998. Igualmente produj(o) estado de cuenta expedido por la Alcaldía del Municipio Baruta el 15/06/98 en el que se refleja una deuda por concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos por la cantidad de cuarenta y tres mil seiscientos cinco bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 43.605,44).
1.4 Que el referido ciudadano, sin el consentimiento de (su) representada, sin autorización alguna de Ingeniería Municipal, y lo que era más grave aún, en clara contravención a las normas de urbanismo del Municipio Baruta, levantó una pared medianera entre la parcela nº 67-A y la contigua 67-B, con una altura superior a los cinco (5) metros (...)
1.5 Que tal reforma del inmueble fue contraria a la obligación que asumió el arrendatario en la cláusula sexta del contrato en cuanto a la conservación y mantenimiento del inmueble, lo que quedó demostrado, tal y como lo estableció el Juez de primera instancia, con las actuaciones de ingeniería municipal cuando se trasladó al inmueble y dejó constancia por vía de inspección del levantamiento de la pared en cuestión.
1.6 Que la inobservancia de la obligación que asumió el arrendatario se evidenciaba en el hecho de haber arrancado el piso del patio de la cocina y no haberlo reconstruido, así como por el deterioro que presentaba el piso del porche de la entrada principal, y el inmueble en general, para cuya demostración consign(ó) inspección ocular extra litem.
1.7 Que correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la declaratoria con lugar de la cuestión previa de incompetencia por la cuantía que opuso el demandado.
1.8 Que (e)l 31 de mayo de 2001, el demandado contestó la demanda, luego, ambas partes promovi(eron) pruebas.
1.9 Que (e)l 12 de noviembre de 2003, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en una congruente y justa sentencia falló a favor de (su) representada (...), ordenó al arrendatario entregara el inmueble y lo condenó en costas por haber resultado totalmente vencido.
1.10 Que (c)ontra dicha decisión apeló el demandado, recurso éste que declaró con lugar el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en sentencia del 26 de abril de 2004, contra la que intent(a) el presente amparo por ser violatoria de derechos fundamentales de (su) mandante....
1.11 Que (su) representada no cuenta, y por ende, no ha optado por recurrir a otra vía, medio o recurso judicial preexistente puesto que se trata de una sentencia que, por la cuantía del juicio (Bs. 7.500.000ºº), no es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, ello, porque el aparte cuarto del artículo 18 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -vigente para el momento en que correspondía hacer el anuncio- exige una cuantía superior a las 3.000 U.T., es decir, a setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000ºº).
2. Denunció:
2.1 La violación del derecho a la tutela judicial eficaz que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la siguiente manera:
(S)i bien (su representada) tuvo acceso al órgano jurisdiccional, éste no decidió la controversia con arreglo a la pretensión deducida y las pruebas que había presentado, las cuales silenció, incurriendo en un grave error de juzgamiento conocido como incongruencia omisiva(...)
(E)n el libelo de demanda se alegó que para ese entonces (octubre de 1998) el arrendatario había dejado de pagar el condominio de la urbanización El Placer así como el impuesto sobre inmuebles urbanos (vulgarmente conocido como derecho de frente), lo cual probó mi representada con documentos privados (avisos de cobro suscritos por el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil El Placer ASOPLACER, así como con un documento público administrativo (estado de cuenta expedido por la Alcaldía del Municipio Baruta), sin embargo, el Juzgado Superior silenció dichas probanzas porque dizque no se había señalado su objeto, cuestión que es totalmente falsa ya que en el libelo de la demanda se precisó qué se pretendía probar con cada uno de dichos instrumentos.
(...) el referido Juzgado Superior dio por probado el pago de los servicios y del impuesto sobre inmuebles urbanos con unas solvencias que obtuvo el arrendatario con posterioridad a la fecha en que se interpuso la demanda y que como bien lo había determinado el Juez de primera instancia,
no son prueba de que haya pagado los servicios oportunamente, sólo revelan que a la fecha de la emisión de las solvencias no adeudaba nada por esos conceptos, pero no contienen la fecha de pago, por lo que en nada desvirtúan el incumplimiento que se le imputa
(...) si el Juez Superior hubiese analizado y valorado el documento público administrativo (estado de cuenta) que acompañ(ó) junto con el libelo de la demanda hubiera determinado que el arrendatario no estaba solvente en el pago del impuesto sobre inmuebles urbanos para la fecha en que se le demandó, por tanto, dicho yerro fue determinante del dispositivo del fallo.
Asimismo, si el Juzgado agraviante hubiese analizado las actuaciones de ingeniería municipal en las que constaba el levantamiento de una pared de más de cinco (5) metros de altura en contravención a las normas urbanísticas del Municipio Baruta, no hubiese concluido, como erróneamente lo hizo, que el arrendatario había dado cumplimiento a sus obligaciones de mejoramiento, conservación y mantenimiento del inmueble (cláusula sexta), por lo que el silencio de dicha prueba también fue determinante del dispositivo del fallo.
Lo propio ocurrió con la inspección ocular extra litem, la cual fue indebidamente silenciada, y cuyo análisis hubiese sido determinante en el dispositivo del fallo porque con la misma se demostraba el deterioro del inmueble, trabajos de albañilería inconclusos, paredes sin friso, sin pintura, con humedad, piso con cemento rústico sin revestimiento, etc.
2.2 La violación de los derechos a ser oído, a la defensa y al debido proceso que acogió el artículo 49 constitucional, por cuanto con su decisión del 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, privó a (su) representada del derecho a que las pruebas que promovió válidamente en juicio fueran apreciadas y valoradas en la definitiva, concediéndole con ello una ventaja indebida al demandado, en perjuicio de (su) patrocinada, a quien se le vedó la posibilidad de que sus argumentos fueran debidamente apreciados por el Juzgado al que correspondía hacerlo.
2.3 La violación del derecho a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, que establece el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, con su absurda determinación, el Juzgado agraviante omitió pronunciarse de forma adecuada sobre la pretensión deducida y las pruebas válidamente promovidas, quedando mi patrocinada en un completo estado de indefensión.
2.4 La violación al derecho a la igualdad y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o expectativa plausible en los siguientes términos:
En la sentencia objeto de impugnación, se despojó a (su) representada de la valoración de las pruebas que promovió, porque dizque no había señalado su objeto, cuestión totalmente falsa como antes indiqué, sin embargo, considero que dicho requerimiento no le era exigible ni aplicable porque para el momento en que ésta promovió pruebas, no se consideraba incorrecto y así lo hacían la mayoría de los abogados litigantes, el que no se especificara el objeto de la prueba, lo cual fue aceptado siempre como válido tanto por los Tribunales de instancia como por la propia Corte Suprema de Justicia, y hasta por este Tribunal Supremo de Justicia hasta el año 2001, cuando se estableció dicha condición para que las pruebas fueran admitidas y valoradas en la definitiva.
Tal práctica procesal no era entonces considerada ilegal ni contraria a derecho, por lo que legítimo era confiar en que el Juzgado agraviante valorara las pruebas que promovió (su) mandante de la misma manera como lo había venido haciendo en casos similares, y no que le aplicara a las mismas un criterio nuevo, que no estaba vigente para el momento de la promoción, vulnerando de esa forma su derecho a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, produciendo una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos, actuación ésta fuera de su competencia que refuerza la procedencia de la presente pretensión de amparo. Así pido se declare.
3. Pidió:
...se declare con lugar la presente demanda de amparo, y que se ordene la restitución de la situación jurídica infringida o la que más se asemeje a ella para lo cual solicito:
1) Se declare NULA la sentencia definitiva y firme que dictó, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y cualquier otra actuación procesal posterior a dicho pronunciamiento en caso de haberse producido.
2) Se ORDENE al Juzgado agraviante o al que conoció la causa en primera instancia remita el expediente al Juzgado Superior con competencia Civil, Mercantil y Tránsito para que lo asigne por distribución a otro Juzgado Superior con el objeto de que en un plazo perentorio que determine esta Sala pronuncie nueva decisión de segunda instancia en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, tomando en cuenta lo decidido por esta Sala.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Disposición Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de los amparos contra las sentencias y demás actuaciones judiciales que dicten los Juzgados Superiores de la República. Y por cuanto, en el caso de autos, el amparo se intentó contra el fallo que dictó el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para la decisión de la demanda de amparo en referencia. Así se decide
III
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN
Luego del examen de la demanda de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que ella cumple con los mismos. Así se declara.
En lo concerniente a la admisibilidad de la pretensión de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala observa que, especialmente con respecto del cumplimiento del requisito de agotamiento de las vías ordinarias de impugnación de sentencias y actos procesales, que preceptúa el cardinal 5 del mismo artículo, en el caso de autos la demandante no podía acceder al recurso de casación, por cuanto, para el momento cuando fue notificado de la sentencia objeto del amparo, ya había entrado en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció una cuantía, para la admisibilidad de la Casación, ostensiblemente superior a la que se estimó en la causa de arrendamiento originaria. Con respecto a las demás causales, la Sala concluye que, por cuanto no está incursa prima facie en las mismas, la pretensión es admisible. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley ADMITE la demanda de amparo que incoó la ciudadana GABRIELA ROSSI CARDOZO, mediante la representación de la abogada Gladis Cardozo Andrade, contra la sentencia que dictó, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y ORDENA:
1. Notificar esta decisión al Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual tiene su ubicación en la Esquina de Pajaritos, Edificio José María Vargas, piso 21, Caracas, notificación que deberá acompañarse con copia de este auto y del escrito continente de la demanda de amparo, con la información de que el juez podrá hacerse presente en la audiencia pública, cuyo día y hora serán fijados por la Secretaría de la Sala, para que exponga lo que estime pertinente acerca de la demanda de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Se le advertirá al notificado que su ausencia no será entendida como aceptación de los hechos que se le imputaron.
2. Que el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas notifique esta decisión a quien actuó como apelante en el proceso dentro del cual se produjo la sentencia que ha resultado impugnada mediante la demanda de amparo que se admite, ciudadano EFRAÍN JARABA PERALTA, quien puede ser ubicado en calle Sur-3, Urbanización El Placer, parcela nº 67-A, Quinta ZEN, Los Guayabitos, Municipio Baruta del Distrito Capital.
3. La notificación, al Ministerio Público, de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
4. Fijar la audiencia pública dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones que se están ordenando.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de noviembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Magistrada
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 04-2326
Quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, que se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, de acuerdo con lo establecido en el literal b de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin atender a la verdadera lectura que de ese precepto y de la Ley en su conjunto se desprende.
.El 20 de mayo de 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, instrumento jurídico que fija las competencias de cada una de las Salas de este Supremo Tribunal, conjuntamente con las leyes destinadas a regir la jurisdicción constitucional, contencioso administrativa y electoral, todavía sin dictarse. Tal circunstancia obligaba a la Sala a plantearse la vigencia de los criterios competenciales que ha venido desarrollando desde su funcionamiento para hacer aplicativas, de manera directa e inmediata, las disposiciones contenidas en la Constitución de 1999.
En tal sentido, se observa que el fundamento de la jurisprudencia de esta Sala era la falta de sanción de una nueva ley, de allí que, a partir de la aparición del texto antes ausente, su invocación se hizo prescindible al cesar el silencio legislativo que justificó su configuración, lo que implicaba, dada la carencia de sintaxis del mencionado texto normativo: a) un análisis concienzudo del literal b de la disposición derogatoria de la Ley, para determinar si la competencia, como presupuesto del proceso, debe considerarse un elemento integrante del procedimiento y, por tanto, aceptar que la Ley habilita a aplicar los criterios competenciales vinculantes; b) contrastar los criterios de especialidad y temporalidad para fijar el alcance de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales luego de la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y, c) determinar cómo se articulan, con la nueva Ley, el amparo constitucional y la revisión constitucional.
Según el literal b de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos dispuestos en esa Ley y demás normativas especiales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional.
Tal dispositivo plantea tres escenarios. El primero, casado con la lógica, excluye la aplicación de cualquier interpretación en materia de competencia de la Sala porque ya el artículo 5 de la Ley Orgánica indicó expresamente cuál iba a ser la distribución competencial. No acepta, pues, que se establezca un catalogo expreso de competencia para luego excepcionarlo mediante una disposición transitoria.
El segundo llega a la misma conclusión sólo que desde un análisis más jurídico formal. Si la competencia es un presupuesto del proceso, ¿debe entenderse que cuando la Ley indica procedimiento en este concepto está inmerso el de competencia así contradiga lo dispuesto en su artículo 5?
Finalmente el tercero, por el que se inclinó la Sala, según el cual la habilitación mencionada alcanza a los criterios competenciales y, por tanto, la distribución de competencia en materia de amparo constitucional establecida por la jurisprudencia de la Sala se mantiene incólume, no obstante la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En criterio de quien disiente el primero de los supuestos es, a corta pisa, el más natural de los escenarios que sobreviene a la entrada en vigencia de la Ley, ya que, cuando una ley neo-regula a una institución se debe presumir que en ese nuevo orden está recogida toda la experiencia normativa vinculada al precepto, por lo que el operador jurídico no puede defender la subsistencia del orden modificado, salvo que se trate de cuestionar la constitucionalidad del dispositivo; antes más, la interpretación debe seguir la línea futurista del legislador: si modificó la institución -lo que también comprende omitir figuras- es porque ese es el orden que el legislador quiere que exista y debe ser el orden que el operador debe aplicar.
El argumento expuesto adquiere solidez si se tiene en cuenta que para el supuesto de que la Asamblea Nacional hubiese querido que la distribución de competencia en materia de amparo constitucional continuase operando como hasta la entrada en vigencia de la Ley sucedía, con no hacer señalamiento alguno a la materia tenía, ya que la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en nada regulaba, como es cronológicamente lógico, la materia de amparo constitucional -lo que hacía su mención en la novísima Ley innecesaria-. De allí, que el señalamiento expreso de esa materia no encuentra más justificación que el deseo de regularla en los términos en que se hizo, y nada habilitaba a la Sala a hacer interpretaciones extensivas que, en definitiva, le dan vigencia ultra-activa al ordenamiento derogado.
Por otra parte, se debe agregar que la competencia es un presupuesto del proceso, y aunque en la práctica son instituciones que se presentan indisolublemente unidas, en la teoría son conceptos que, inclusive, temporalmente puede ubicarse.
La competencia, según se ha enseñado en nuestras Facultades, es la medida de la función jurisdiccional del juez y el procedimiento el aspecto exterior del fenómeno procesal, el método propio para la actuación ante ese juez (Couture). Conforme lo expresado, existe una idea primera de competencia y una noción segunda de procedimiento, lo que sucede es que tales instituciones se entremezclan en las variadas actividades que deben realizarse en el proceso para que avance hasta su meta final, requiriéndose constantemente en el devenir procedimental pronunciamientos del tribunal; sin embargo, ello no da pie a que se incluya en la idea de procedimiento la noción de competencia pues esta la precede. En conclusión, el señalamiento que hace el literal b de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no abarcaba a ninguna de las sentencias dictadas por esta Sala para determinar su competencia, como erradamente indica el fallo disentido, lo que la obligaba a plegarse plenamente a la distribución competencial realizada por el artículo 5 de la Ley.
Asimismo, si se observa cómo se imbrica, bajo la nueva ley, el amparo constitucional y la revisión extraordinaria, se evidencia que procesalmente no tiene razón de ser que el legislador haya ampliado la posibilidad de que los ciudadanos soliciten la revisión constitucional de un fallo para otorgarle, simultáneamente, la posibilidad de que cuestione ese mismo fallo a través del amparo. Por ende, la tesis que defiende la sentencia disentida conlleva a una duplicidad de mecanismos para tutelar el mismo objeto, hecho que no se compadece con la intención del legislador de modificar, seguramente en aras de la celeridad, los instrumentos con los cuales cuenta esta Sala para garantizar la supremacía de la Constitución.
No puede perderse de vista que el mayor número de amparos constitucionales que cursan ante esta Sala son en segunda instancia, lo que ha conllevado a que los casos que conoce en única instancia sean tramitados con lentitud, perdiendo el amparo su naturaleza expedita. Para paliar tal circunstancia el legislador recogió los criterios jurisprudenciales desarrollados por esta Sala en materia de revisión extraordinaria, consolidando a dicha institución como el mecanismo ideal para revisar los fallos atendiendo a la clara ventaja que ello representa, de consolidarse dicha institución como una figura similar al certiorari originario del common law, y a tal tendencia debió obedecer la Sala, que tiene que saber distinguir cuándo cuestiona al legislador y cuándo está irremediablemente vinculado a sus designios .
Partiendo de tal premisa, quien salva su voto es del criterio que en lo relativo al amparo constitucional, las competencias de la Sala están dispuestas de la siguiente manera:
- Amparos autónomos y cautelares, mientras que las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia sólo conocen de los cautelares, no en razón de la Ley del Tribunal Supremo sino por la previsión genérica del amparo como medida provisional contenida en la Ley de Amparo.
- Los amparos autónomos están circunscritos a dos casos: cualquiera que se ejerza contra funcionarios y órganos de rango constitucional y la que se ejerza contra sentencias.
- Las acciones de amparo contra sentencia, a su vez, sólo están dispuestas en dos casos: contra sentencias de tribunales contencioso administrativos y contra sentencias de tribunales que deciden la acción de reclamo.
- Fuera de los amparos en primera (y única) instancia -es decir, contra las altas autoridades y las sentencias mencionadas- existe la posibilidad de que la Sala Constitucional conozca de amparo por vía de apelación, justamente en los dos casos enumerados (sentencias de tribunales contencioso administrativos y sentencias que deciden la acción de reclamo), con lo que coinciden los supuestos de amparo contra sentencias y apelación de las mismas sentencias. Obviamente, las pretensiones son distintas en uno u otro caso.
- Las consultas quedan también dentro de la competencia de esta Sala, sólo para el caso ya mencionado de las sentencias respecto de los cuales cabría apelación ante ella, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Amparo, según el cual toda sentencia es consultable si no se apela dentro del lapso, ante el juez que debería conocer de la apelación. La sanción de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia no ha eliminado la posibilidad de consulta, pese a no decir nada al respecto; sólo ha precisado cuáles son los supuestos de apelación. Si esta Sala es tribunal de apelación en dos casos -y sólo ellos- será también tribunal para las consultas correspondientes.
La enumeración anterior trae importantes consecuencias:
- No cabrá ante el Tribunal Supremo de Justicia más amparo autónomo que los mencionados: contra los funcionarios de rango constitucional, sea por acción u omisión; y contra las sentencias en el caso especialísimo -y novedoso- de la acción de reclamo y contra las sentencias de los tribunales contencioso administrativos. Con ello, no existe posibilidad de amparo contra sentencias de otros tribunales, cualquiera que sea el ámbito de sus competencias.
- No cabrá apelación sino contra las sentencias enumeradas: una vez más los casos de la acción de reclamo y de los fallos de los tribunales contencioso administrativos.
- Excepción hecha de esos casos expresamente dispuestos, la Sala Constitucional no debió conocer de apelación (y consulta) respecto de ninguna sentencia de tribunales superiores.
- Tampoco procede la apelación de sentencias de amparo ante la Sala Político Administrativa, aunque esa Sala sí pueda ser vista como tribunal superior en ciertos casos, porque los casos que le hubieran correspondido (el de los tribunales contencioso administrativos) han sido atribuidos a esta Sala Constitucional.
Ciertamente, lo expuesto no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que, hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley, conocía, pues, según el principio perpetuatio fori -artículo 3 del Código de Procedimiento Civil-, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación; sin embargo, esta posibilidad ni siquiera fue analizada por la Sala para conocer legalmente de los casos que cursan ante ella, por el contrario, se casó con un criterio errado que desconoce el espíritu final del legislador, al cual quien disiente no le puede brindar apoyo.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
En Caracas, fecha ut supra.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Disidente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp: 04-2326
AGG/
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