SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
El 14 de enero de 2005, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jorge Anyelo Armas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.097, en representación de los ciudadanos MANUEL FELIPE AZUAJE DÍAZ y AMARILIS COROMOTO BARRETO RUÍZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.434.031 y 6.152.744, respectivamente, contra la decisión dictada, el 11 de noviembre de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El mismo día, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta. Posteriormente, vista la jubilación del referido Magistrado, el 4 de febrero de 2005, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 6 de junio de 2001, los ciudadanos Manuel Felipe Azuaje Díaz y Amarilis Coromoto Barreto Ruíz, dieron en venta con pacto de retracto a la Sociedad Mercantil INTERTRUST NEGOCIOS C.A., un inmueble constituido por una parcela de terreno y la casa-quinta sobre ella construida denominada Los Piojos, ubicada en la Calle Andrómeda de la Urbanización El Peñón, Municipio Baruta del Estado Miranda. Siendo el 20 de junio del mismo año, el día en que finalizaría el plazo para realizar la restitución del precio de la venta en caso de rescatar el bien.
El 2 de mayo de 2002, Intertrust Negocios C.A. vendió pura y simplemente el referido inmueble a PROAGRO C.A., la cual, el 14 de marzo de 2003, solicitó la entrega material del bien inmueble descrito.
El 4 de abril de 2003, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la solicitud de entrega material de conformidad con lo establecido en el artículo 929 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, comisionó a un Juzgado de Municipio para las notificaciones correspondientes y la práctica de la entrega.
Luego de la distribución de ley, la causa correspondió al Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, el 19 de junio de 2003, ordenó la notificación de las partes.
El 11 de julio de 2003, los ciudadanos Manuel Felipe Azuaje y Amarilis Coromoto Barreto Ruíz, ejercieron formal oposición señalando que la solicitante conoce muy bien que el inmueble que es objeto del presente proceso nos pertenece y solicitaron al Juzgado de Municipio antes identificado se sirva remitir la presente comisión para que ese tribunal declare la terminación del presente proceso.
El 28 de octubre de 2003, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró que la oposición formulada carecía de causa legal, pues la propiedad que se adjudican los demandados nunca fue probada ni por sí, ni por medio de apoderados, a través de los recaudos demostrativos de su oposición. En consecuencia, consideró que no desvirtuaron el instrumento público por el que se inició el procedimiento que demuestra la venta del bien realizada entre Intertrust Negocios C.A y la solicitante de la entrega- declaró sin lugar la oposición y ordenó la continuación de la entrega material.
El 10 de junio de 2004, los ciudadanos Manuel Felipe Azuaje y Amarilis Coromoto Barreto Ruíz ejercieron recurso de apelación contra la anterior decisión, por considerar que de la norma adjetiva transcrita y de los criterios jurisprudenciales mencionados se evidencia que erradamente sentenció el Tribunal de Primera Instancia al declarar sin lugar la oposición formulada por mis representados, al considerar que los opositores no comparecieron ni por sí, ni por medio de apoderados a los efectos de consignar los recaudos demostrativos de su oposición... toda vez que, Al ser la entrega material un procedimiento de naturaleza no contenciosa, mal puede el juzgador entrar a conocer sobre la eficacia jurídica o valoración de pruebas aportadas por los interesados en el proceso.
Dicha apelación fue oída en ambos efectos el 6 de julio de 2004.
El 11 de noviembre de 2004, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la apelación ejercida y confirmó el fallo apelado en todas sus partes.
El 30 de noviembre de 2004, los hoy accionantes anunciaron recurso de casación contra la anterior decisión. Sin embargo, por auto del 9 de diciembre de 2004, el Juzgado Superior antes mencionado lo desestimó por considerar que el fallo impugnado no era susceptible de ser recurrido en casación por tratarse de un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
En consecuencia, el 14 de enero de 2005, los ciudadanos Manuel Felipe Azuaje y Amarilis Coromoto Barreto Ruíz ejercieron acción de amparo constitucional contra el mismo fallo ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Los días 14 de marzo, 5 de mayo y 14 de junio de 2005, compareció la representación de la parte actora y solicitó fuera decidida la presente causa.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Manifestó la representación de los accionantes que, el 6 de junio de 2001 supuestamente vendieron con pacto de retracto a la empresa INTERTRUST NEGOCIOS C.A., (...) un inmueble de su exclusiva propiedad. Posteriormente, la empresa PROAGRO C.A. solicitó la entrega material del referido bien inmueble, por lo que sus representados interpusieron formal oposición. Al efecto, señalaron la titularidad del bien y acotaron que la solicitante conoce que el bien en realidad le pertenece a los opositores, por lo que, a su entender, estaban desconociendo el derecho de propiedad invocado en la solicitud de entrega material, lo cual constituye una verdadera causa legal de oposición y debió suspenderse el trámite de la jurisdicción voluntaria e iniciarse un procedimiento ante la jurisdicción ordinaria.
En este sentido, consideró que la decisión recurrida al haber confirmado el fallo que declaró sin lugar la oposición de sus representados erró por falsa interpretación de la norma que regula los proceso (sic) de jurisdicción voluntaria, subvirtiendo el orden procesal, y con ello conculcó el derecho al debido proceso de (sus) representados, quienes de haberse cesado el procedimiento señalado en estos autos, hubiesen podido hacer valer sus derechos en sede contenciosa contra la solicitante y hubiesen podido demostrar que efectivamente, ellos, (sus) representados son los legítimos y verdaderos propietarios....
A mayor abundamiento, señaló que la venta con pacto de retracto inicial celebrada con Intertrust Negocios C.A. era en realidad una garantía de obligaciones recíprocas dinerarias por negociaciones cruzadas en la que al final PROAGRO C.A. debía liberar a (sus) representados pagando dicho retracto a los prestamistas INTERTRUST NEGOCIOS C.A.- y el bien inmueble citado debió volver a la esfera del patrimonio de (sus) representados. No obstante, Intertrust Negocios C.A. le otorgó la venta a Proagro C.A, quien al pagar a favor de (sus) representados para liberar y compensar obligaciones recíprocas, se apropió indebidamente del tantas veces referido inmueble. Como consecuencia de lo anterior, realizaron una denuncia penal contra Intertrust Negocios C.A ante la Fiscalía del Ministerio Público por la comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida.
Finalmente, manifestó que todos los hechos señalados no pueden dirimirse ni probarse si no existe un juicio ordinario, pues la vía de la jurisdicción voluntaria ni es idónea para resolver una situación tan compleja, ni la oposición formulada deja de ser legal o no, según se mida por lo breve o largo del escrito de oposición, sino por la causal invocada y siendo desconocido como le fue el derecho de propiedad a la solicitante, al momento de la entrega material, lo que debió ocurrir es la cesación del procedimiento, y ordenar la entrega como equivocadamente lo hizo la recurrida.
Como medidas cautelares, la representación de los accionantes solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia accionada mientras se decide la presente acción de amparo y que se ordene al tribunal de la causa se abstenga de ejecutar la entrega material del bien inmueble objeto del litigio, así como la prohibición de desalojo del mismo.
III
DE LA DECISIÓN ACCIONADA
El Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la apelación ejercida por los hoy accionantes contra la decisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que desestimó la oposición que dichos ciudadanos ejercieron contra la entrega material, por considerar que, habiendo demostrado la parte actora (Proagro C.A.) la adquisición del inmueble propiedad de Instertrust Negocios C.A. como consecuencia de la venta con pacto de retracto realizada a ésta última por los hoy accionantes, se encontraba demostrado que cumplía con los requisitos de acondicionamiento necesarios para su admisión.
Por otra parte, consideró que los hoy accionantes no han argumentado en forma debida su oposición a la entrega material, pues la simple indicación de que la solicitante tendría conocimiento de que el inmueble pertenece a los opositores y no a la solicitante, en nada enerva el derecho de propiedad adquirido como consecuencia del contrato de compra venta que genera la obligación de hacer la entrega. En consecuencia, estimó que no existía prueba alguna de que la causa invocada para ejercer la oposición sea una causa legal de las contempladas en el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil.
IV
COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo y, a tal efecto, observa:
De conformidad con lo previsto en el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permite a la Sala Constitucional de este máximo Tribunal integrar el régimen procesal del amparo, a través de las interpretaciones vinculantes que realiza dicha Sala, con base en el artículo 335 y 266, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la misma debe reiterar la inveterada jurisprudencia sentada desde el caso Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000, la cual puede reducirse a la afirmación de que a la misma le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional, en primera y única instancia, ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores (excepto los Juzgado Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), las Cortes de Apelaciones en lo Penal y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de instancia superior a los mismos.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala una acción de amparo incoada contra la decisión del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, motivo por el cual, la Sala resulta competente para conocer la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y en tal sentido observa que la misma cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 eiusdem.
Sin embargo, aprecia la Sala que la pretensión de la parte actora es que se anule el fallo que conoció en apelación de la desestimación de la oposición que ejercieron contra la entrega material, por el hecho de resultar insatisfechos con tales decisiones.
Así las cosas, es evidente que lo pretendido por la parte actora es una tercera revisión de los hechos previamente controvertidos y resueltos, por no estar de acuerdo con las decisiones que sobre los mismos han sido dictadas, y no como consecuencia de nuevas violaciones constitucionales.
Es por ello, que debe la Sala reiterar el criterio que estableció mediante decisión del 6 de febrero de 2001, Caso Licorería El Buchón C.A., según el cual la procedencia de la acción de amparo contra sentencia de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias. (Subrayado no es del original).
De conformidad con los criterios esgrimidos anteriormente, la acción de amparo constitucional objeto del presente estudio, al solicitar las mismas pretensiones que el recurso de apelación, no cumple con los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, no se deriva de la decisión accionada violación alguna de derechos constitucionales susceptibles de ser enmendados mediante la acción de amparo constitucional, por lo cual ha de ser declarada improcedente in limine litis, y así se declara.
Finalmente, esta Sala en virtud de la decisión anterior considera inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada solicitada, dado el carácter accesorio que tiene respecto de la acción principal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos MANUEL FELIPE AZUAJE DÍAZ y AMARILIS COROMOTO BARRETO RUÍZ, contra la decisión dictada el 11 de noviembre de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de agosto de dos mil cinco Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp.: 05-0007
MTDP.-