Venley

Sentencia N.º 2649

Sentencia
N.º 2649
Fecha
12/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-1589
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Recurso de Revisión
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SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante escrito del 15 de junio de 2004, presentado ante esta Sala Constitucional, los abogados Juan Vicente Ardila y Yadira Atías, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.691 y 9.962, respectivamente, en su carácter de apoderados de las sociedades mercantiles C.A. CLÍNICA ATÍAS, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 26 de enero de 1954 bajo el número 36, Tomo 1-B; C.A. CLÍNICA ATÍAS HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 6 de julio de 1982 bajo el número 95, Tomo 5-A Sgdo, con posteriores modificaciones, y los ciudadanos FARITH ATÍAS RICOVERY e IVÁN MACHADO ATÍAS, titulares de las cédulas de identidad números 757.939 y 762.991, respectivamente, interpusieron solicitud de revisión de la decisión que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 27 de abril de 2004, en la cual declaró perecido el recurso de casación anunciado contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el 12 de julio del 2000, con ocasión del juicio que por cobro de bolívares intentó la Asociación Bancaria Export-Import Bank Of United States contra los solicitantes.

 

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

 

El 4 de febrero de 2005, acordada la jubilación del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, se reasignó la Ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 15 de marzo de 2005, compareció la parte actora a los fines de solicitar celeridad procesal y consignó copia simple de la decisión número 45 del 23 de febrero de 2001 (Caso: Inmobiliaria Memojual) emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

 

El 31 de marzo de 2005, la parte solicitante pidió la tramitación de su solicitud, “pues el caso en especie se trata de materias que atañen al orden público, referidas a la vulneración de derechos fundamentales” y en la misma oportunidad requirió “pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada”.

 

El 18 de julio de 2005, mediante sentencia número 1785, esta Sala Constitucional ordenó a la parte actora la consignación de las copias de las actuaciones posteriores a la decisión que dictó el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el 12 de julio del 2000 con ocasión del juicio por cobro de bolívares que intentó la Asociación Bancaria Export-Import Bank Of United States contra los solicitantes de revisión, en especial, la decisión del 26 de septiembre de 2000, que admitió el recurso de casación ejercido por los solicitantes, lo cual resultaba necesario para verificar las denuncias formuladas por los mismos.

 

El 29 de julio de 2005, el abogado Juan Ardila, en su condición de apoderado judicial de Clínica Atías C.A, Clínica Atías Hospitalización y Servicios y Farith Atías Ricovery  e Iván Machado Atías, consignó actuaciones solicitadas por la Sala, “previa renuncia al lapso de comparecencia”.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, para esta Sala decidir hace las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 3 de julio de 1997, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, declaró parcialmente con lugar la demanda que por cobro de bolívares intentó la Asociación Bancaria Export-Import Bank Of United States, contra las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios,  y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías.

 

El 19 de septiembre de 1997, el abogado César Romero, en su carácter de apoderado judicial de los demandados, apeló de la decisión que dictó el Juzgado de Primera Instancia antes referido.

 

El 12 de julio del 2000, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, dictó sentencia declarando sin lugar la apelación interpuesta por la representación de la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, condenando a la parte demandada a cancelar a los actores, la suma de trescientos noventa y un mil cuatrocientos dólares norteamericanos con cincuenta y cuatro centavos (US $ 391.400,54) o su equivalente en bolívares al cambio oficial para el momento que quede firme dicho fallo y se haga efectivo el pago en cuestión; igualmente condenó a la actora a pagar los intereses moratorios causados a partir del 15 de julio de 1993, hasta el momento del pago definitivo a la rata preferencial fijada en la Carta Convenio, más 2% anual adicional o su equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente a la fecha de su pago, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

 

El 16 de septiembre de 2000, el abogado César Romero, actuando como apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación ante el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, contra el fallo que dictó el 12 de julio del 2000.

 

El 26 de septiembre de 2000, el Juzgado Superior admitió el recurso de casación interpuesto por la representación de las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios,  y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías.

 

En esa misma oportunidad, el referido Juzgado Superior, remitió el expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

 

El 6 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada, consignó escrito en el que formalizó su recurso de casación.

 

El 24 de noviembre de 2000 el abogado Luis E. Gamardo Medina en representación de la Asociación Bancaria Export-Import Bank Of United States, mediante un escrito presentado ante la referida Sala, pidió se declarare percido el recurso por haberse vencido el lapso para su fundamentación el 1 de noviembre de 2000.

 

El 14 de diciembre de 2000, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, suscribió oficio librado al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en el que ordenó al referido Juzgado Superior, que remitiera a dicha Sala el cómputo de los diez (10) días que se conceden para el anuncio del recurso de casación ejercido contra la sentencia que dictó el 12 de julio del 2000.

 

El 17 de enero de 2001, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, informó a la Sala de Casación Civil que “el referido lapso para anunciar recurso de casación según consta en el libro diario de este Tribunal comenzó a correr el día 07 de agosto de 2000, fecha en la cual se dictó la aclaratoria de la sentencia de fecha 12 de julio de ese mismo año, solicitada en 03 de agosto de 2000 por el apoderado actor y venció el día 25 de septiembre de 2000, tal como consta del acto dictado por este Tribunal en fecha 26 de ese mismo mes y año, siendo así los días Despachados los siguientes: 08, 09, 10, 11 y 14 de agosto, 18, 19, 20, 21 y 25 de septiembre del año 2000”.

 

El 30 de enero de 2004, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, ordenó un nuevo cómputo pero, en esta ocasión, a partir de la fecha de notificación de la sentencia.

 

El 10 de febrero de 2004, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, informó, indicó a la Sala de Casación Civil que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000.

 

El 30 de enero de 2004, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, suscribió oficio librado al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en el que ordenó al referido Juzgado Superior, que remitiera a dicha Sala el cómputo de los diez (10) días que se conceden para el anuncio del recurso de casación ejercido contra la sentencia que dictó el 12 de julio del 2000.

 

El 27 de abril de 2004, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró perecido el recurso de casación anunciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil y ordenó la remisión del expediente al Tribunal de origen -Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas- a los fines legales consiguientes.

 

El 15 de junio de 2004, tal y como fue expuesto, los abogados Juan Vicente Ardila y Yadira Atías actuando como apoderados judiciales sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, solicitaron a esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 27 de abril de 2004.

II

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

Los solicitantes fundamentaron su solicitud de revisión en los siguientes términos:

 

Que la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo, para el análisis del recurso formulado, tomó en cuenta la solicitud que planteó el impugnante en su escrito de contestación a la formalización, de que se declarase perecido el recurso de casación que interpusieron, ya que el auto que admitió el recurso de casación interpuesto tiene fecha de 26 de septiembre de 2000. Indicó que en el auto anterior, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, cometió un error ya que “debió hacerlo el 20 de septiembre de 2000 (...) y el lapso de los cuarenta (40) días para consignar la formalización ante la Sala de Casación Civil comenzó a contarse a partir del último día de los diez (10) útiles para anunciar casación”. Expusieron los solicitantes que no discuten “que el auto de admisión del recurso haya sido librado con tardanza, sino que este mismo auto fijó cuál fue el último día de los diez (10) concedidos para anunciar el referido recurso”, lo cual fue omitido por el sentenciador y la parte demandante.

 

Que el auto referido “sirvió de guía a (sus) representados para hacer el cómputo de cuándo comenzó a correr el lapso de cuarenta (40) días para formalizar; si esto es así resulta fácil establecer que el último día no fue el 30 de octubre de 2000, sino el 6-11-2000; de manera que el recurso de casación fue formalizado en día oportuno por lo que el perecimiento no tenía prudente cabida”.

 

Que la omisión por parte de la Sala de Casación Civil no tomo como cierto que el mencionado auto dispuso “que el último día de los diez (10 ) cayó el 25 de septiembre de 2000 y nadie lo cuestionó ante el tribunal de Alzada; tanto que el impugnante hasta ese momento, se hizo la vista gorda o el desentendido sobre el particular”.

 

 Que los solicitantes conforme al artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, tomaron en cuenta lo indicado en el auto dictado por el Juzgado Superior “significa que no se le puede castigar por un hecho que no le resulta atribuible, por más que se palpa del oficio librado por el Juez de Alzada, que ese 25 de se(p)tiembre de 2000 no se corresponde con aquel último de los diez (10) a que alude la ley” y, a tal efecto, transcribió extractos de decisiones de la Sala de Casación Civil “(G.F. N°89. 2DA ETAPA. P.284.S.08-08-1966)” y “(G.F. N° 89. 2DA. ETAPA.p.284. S.01-07-1975)”. Expusieron que se “impone al juez de la recurrida la obligación de precisar cuando vencía el último día de los diez (10) otorgados a la recurrente para interponer casación, con el buen propósito de que quede claro en el expediente cuando caducaba el lapso perentorio para formalizar”.  Que “el descuido pertenece por entero al Juez Ad quem” y transcribieron extractos de las sentencias “N° 732/03” y “N° 486/94” de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia para fundamentar que en el presente caso, “el Juez de Alzada fijó por auto, como se lo exige el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, cuando se agotó el plazo de los diez días; si se equivocó, esa es una providencia que rindió sus efectos”.

 

Que el proceder de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, infringió su derecho a una tutela judicial eficaz que comprende el obtener de los tribunales una sentencia de fondo, razonada y fundada en derecho  y  para que éstas “sean constitucionalmente legítimas se ha de tener en cuenta el principio pro actione, de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, puesto que debe estar previsto ex lege y determinado ad casum, porque de lo contrario se corre el peligro de que la efectividad del derecho a la jurisdicción, quede en el aire, en vista que, ese principio no admite interpretaciones y aplicación de los requisitos legales caracterizados por el rigorismo, formalismo o desproporción con sacrificio del derecho de acceso a la jurisdicción” .

 

Que la sentencia cuya revisión solicitan “quiebra el principio de efecto útil”, “transgrede el principio de interpretación conforme”, “viola el principio de interpretación razonable” y deja de lado el principio de protección efectiva de los derechos .

 

Que “al incurrir el Juez en un error patente con efectos negativos en el ámbito jurídico del litigante, deberá considerar violado el principio de la tutela jurídica efectiva cuando i) el error no sea imputable a la parte sino al Tribunal, ii) que el dislate sea fácilmente detectable de forma incontrovertible a partir de lo que dicen los autos, iii) que sea determinante para la decisión adoptada”.  Continuó señalando que habiendo interpuesto “su recurso de casación en día, el Tribunal ad quem lo admitió pero por error a él, fijó desacertadamente, que el día último para anunciar el recurso venció el 25-08-2000 y no el 20-09-2000; resulta irrazonable (que) se interprete en contra de (sus) representados, perdieron éstos su último derecho a que se revise el mérito del recurso interpuesto, porque aparece como extemporáneamente formalizado pero a consecuencia y obra del descuido y negligencia del Tribunal; sentado esto, podría tildarse de injustificada y manifiestamente arbitraria, la decisión de inadmisión del recurso por parte de la Sala de declarar perecido el recurso de casación”.

 

Que el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil establece que, el tribunal admitirá o negará el recurso al día siguiente del vencimiento de los diez (10) días que se dan para el anuncio; esto no lo hizo  pero lo que sí hizo fue establecer cuando venció el último día de esos diez (10), aunque luego sea el fruto de una equivocación; entonces, el Juez cumplió con lo que la norma le exige y luego (sus) representados siguieron al pie de la letra lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, porque ni más ni menos justamente esa norma produce una consecuencia jurídica: el hito o punto de partida para contar el lapso de formalización y no otro. Que conforme al artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proceso es un instrumento de justicia y según lo establecido en  el artículo 49 eiusdem existe a su favor  el derecho de acceso al proceso y recurrir de la sentencia que le sea adversa, lo cual garantiza una justicia transparente, idónea y ausente de rigorismo conforme al artículo 26 eiusdem.

 

La parte actora transcribió extractos de doctrina de casación civil e indicó que “i) mis representados adquirieron su derecho de formalizar su recurso a partir de ese día, con independencia del error de cálculo incurrido por el Tribunal ad quem, ii) Si, luego la Sala de Casación, comprueba el error en cuestión, y declara perecido el recurso por extemporáneo, viola los derechos constitucionales de (sus) representados, iii) porque se le hace solidario de un descuido del Tribunal, imputable a éste y a nadie más; iv) al grado que los responsabiliza del mismo y le quita su derecho a que se le resuelva el mérito del recurso ejercido contra una sentencia de la cual se duele(sic)”. Los solicitantes plantearon que la Sala de Casación Civil no examinó que el auto del 26 de septiembre de 2000 emanado del Juzgado Superior Octavo antes referido, por el cual se admitió el recurso de casación interpuesto, dispuso que el 25 de septiembre de 2000 “fue el último día de aquellos diez; simple cómputo calendario arroja que (su) formalización fue tempestiva; con la declaración de perecimiento y con ello cerró indebidamente el acceso al recurso a que se tiene; ya que no debe reconocerse una interpretación desproporcionada y rigorista del artículo 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil”.

 

Solicitó a la Sala “declarar vulnerado el derecho fundamental de (sus) representados a la tutela judicial efectiva por indefensión, anular la sentencia librada el 27-04-2004 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y retrotraer las actuaciones al punto que se le conozca y resuelva el fondo del recurso de casación, dada la tempestividad de su formalización (....) pedimos se decrete medida cautelar innominada y por consiguiente se anticipen los efectos del fallo ordenándose suspender los efectos de la sentencia dictada por la Sala (de Casación ) Civil que declaró perecido el recurso”.

 

 

 

III

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

La sentencia dictada, el 27 de abril de 2004, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, declaró perecido el recurso de casación anunciado contra la sentencia que dictó, el 12 de julio del 2000, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, con fundamento en lo siguiente:

 

“En relación a la extemporaneidad de la formalización alegada por el impugnante, se observa que en fecha 30 de enero de 2004, el Presidente de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, (...), suscribió oficio librado al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, signado con el Nº 124 e inserto al folio 534 del expediente, del tenor siguiente:..’Me dirijo a usted a los fines de que se sirva remitir a esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el cómputo de los diez días de despacho que se conceden para el anuncio del recurso de casación, contados a partir del día siguiente a la última notificación de las partes de la publicación de la sentencia de fecha 12 de julio de 2000, dictada en el juicio que por cobro de bolívares sigue EXPORT- IMPORT BANK OF THE UNITED STATES contra CLÍNICA ATÍAS, C.A. y OTROS...”.

Al respecto, en fecha 2 de marzo de 2004, fueron recibidas las resultas del cómputo solicitado al Tribunal de alzada, que en su parte pertinente, señala:

 ‘...Este Tribunal ordena practicar por Secretaría cómputo de los Diez (sic) (10) días de Despacho (sic) previstos en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, contados a partir del 03 de Agosto (sic) de 2.000 (sic), fecha en la cual se practicó la última de las notificaciones exclusive y remítase las resultas mediante oficio.

Quien suscribe, Abog. CÉSAR A. FARÍAS GARBÁN, Secretario del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad(sic) de Caracas, hace constar que desde el día 03(sic) de agosto (sic) de 2.000 (sic), exclusive, hasta el 20 de Septiembre (sic) de 2.000 (sic) inclusive, han transcurrido 10 días de Despacho,(sic) discriminados de la siguiente manera: 04,(sic) 07,(sic) 08,(sic) 09,(sic) 10, 11 y 14 del mes de Agosto (sic) 18, 19 y 20 del mes de Septiembre (sic) del mismo año. Cómputo éste(sic) practicado de conformidad con lo ordenado en el auto que antecede...’.

De conformidad con dicho cómputo, queda evidenciado que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del presente recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000.

Por consiguiente, el lapso para la presentación del escrito de formalización del recurso, fenecía el 30 de octubre del 2000.

Ahora bien, el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, textualmente dispone:(omissis) Por su parte, el artículo 317 del mismo Código Adjetivo Civil, señala:(omissis) En consecuencia, los escritos de formalización presentados ante la Secretaría de esta Sala,  en fecha 6 de noviembre de 2000, por la representación de la CLÍNICA ATÍAS, C.A., CLÍNICA ATÍAS HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS, C.A., FARITH ATÍAS RICOVERY e IVÁN MACHADO ATÍAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil,   resultan extemporáneos toda vez que el lapso de los cuarenta días continuos para tal fin, feneció el 30 de octubre de 2000.

Por lo tanto, esta Sala en la parte dispositiva del presente fallo,  procederá a declarar el perecimiento del recurso extraordinario de casación bajo examen, en virtud de la extemporánea formalización del mismo. Y así se decide”.

 

 

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que, conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la facultad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

También observa la Sala que el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

 

 “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala;”

 

Por su parte, en el fallo n° 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo), doctrina aplicable en atención al literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala determinó su facultad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

 

 “1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

 

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 27 de abril de 2004, la cual declaró perecido el recurso de casación interpuesto por las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios; y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, contra la sentencia que dictó, el 12 de julio del 2000 el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, a la que se atribuye la violación de la uniformidad de la interpretación y alcance de las normas y principios constitucionales, esta Sala se considera competente para conocerla, y así lo declara.

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza, y para ello observa:

 

El 6 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, consignó escrito ante la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal en el que formalizó su recurso de casación contra la decisión del 12 de julio de 2000, emanada del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas.

 

El 14 de diciembre de 2000, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, suscribió oficio librado al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en el que ordenó al referido Juzgado Superior, que remitiera a dicha Sala el cómputo de los diez (10) días que se conceden para el anuncio del recurso de casación ejercido contra la sentencia que dictó el 12 de julio del 2000.

 

El 17 de enero de 2001, según consta al folio quinientos veinticuatro (524) de las actas que conforman el presente expediente, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, informó a la Sala de Casación Civil que “el referido lapso para anunciar recurso de casación según consta en el libro diario de este Tribunal comenzó a correr el día 07 de agosto de 2000, fecha en la cual se dictó la aclaratoria de la sentencia de fecha 12 de julio de ese mismo año, solicitada en 03 de agosto de 2000 por el apoderado actor y venció el día 25 de septiembre de 2000, tal como consta del acto dictado por este Tribunal en fecha 26 de ese mismo mes y año, siendo así los días Despachados los siguientes: 08, 09, 10, 11 y 14 de agosto, 18, 19, 20, 21 y 25 de septiembre del año 2000”.

 

Posteriormente, el 30 de enero de 2004, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, ordenó un nuevo cómputo pero, en esta ocasión, a partir de la fecha de notificación de la sentencia, cómputo que fue realizado a partir del 3 de agosto de 2000, oportunidad en la cual el hoy solicitante en revisión fue notificado de la decisión que expidiera el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En tal sentido, del cómputo practicado, se indicó que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000. Por consiguiente, estimó la referida Sala que, el lapso para la presentación del escrito de formalización del recurso, fenecía el 30 de octubre del 2000 y el escrito de fundamentación del recurso de casación fue presentado de manera extemporánea, el 6 de noviembre de 2000. En consecuencia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró perecido el recurso de casación anunciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil y ordenó la remisión del expediente al Tribunal de origen - Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas - a los fines legales consiguientes.

 

Ahora bien, la parte solicitante denunció que la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo, para el análisis del recurso formulado en el que declaró perecido el recurso de casación que interpusieron, no tomó en cuenta el auto que admitió el recurso de casación emanado del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, del 26 de septiembre de 2000. Denunciaron que, el Juzgado Superior referido erradamente realizó el cómputo  ya que “debió hacerlo el 20 de septiembre de 2000 (...) y el lapso de los cuarenta (40) días para consignar la formalización ante la Sala de Casación Civil comenzó a contarse a partir del último día de los diez (10) útiles para anunciar casación”. En tal sentido se denunció que el auto referido “sirvió de guía a (sus) representados para hacer el cómputo de cuándo comenzó a correr el lapso de cuarenta (40) días para formalizar; si esto es así resulta fácil establecer que el último día no fue el 30 de octubre de 2000, sino el 6-11-2000; de manera que el recurso de casación fue formalizado en día oportuno por lo que el perecimiento no tenía prudente cabida”.

 

En consecuencia, el solicitante en revisión denunció la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, de conformidad con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues la Sala de Casación Civil -a su decir- incurrió en un error inexcusable en derecho, con violación de principios constitucionales reconocidos por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional.

 

Ahora bien, tal y como se indicó precedentemente en el caso en cuestión, se solicitó la revisión de la sentencia de la Sala de Casación Civil publicada bajo el rc-00362 del 27 de abril de 2004, que declaró perecido el recurso de casación anunciado por los hoy solicitantes, al señalar que, conforme al cómputo ordenado por dicha Sala al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, los escritos de formalización resultaban extemporáneos, toda vez que el lapso de los cuarenta (40) días continuos previstos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil para tal fin, feneció el 30 de octubre de 2000 y el escrito de fundamentación del recurso de casación fue presentado de manera extemporánea el 6 de noviembre de 2000.

 

En tal sentido, la Sala observa que la decisión de la Sala de Casación Civil está estrechamente vinculada a un derecho constitucional, esto es, el derecho al libre acceso a la jurisdicción, el cual no debe ser entendido como un derecho absoluto, sino como un derecho objeto de restricciones legales, y, en este sentido, el legislador establece una serie de formas procesales -esenciales para el logro de los fines del acto- que determinan el tiempo, modo y lugar de realización de los actos procesales (en este caso el anuncio del recurso de casación) que deben cumplirse. (vid. sentencia número 1097 del 7 de junio de 2004 Caso: Seguros La Seguridad C.A.).

 

Tales restricciones, no sólo atienden a facilitar la labor del juez, sino también a proteger otros derechos e intereses tutelados constitucionalmente (cfr. Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial efectiva. Derechos y Garantías Procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución, Editorial Bosch, Barcelona, 1994, p. 28), como por ejemplo el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

En el presente caso, debe precisarse si la declaratoria de perención del recurso, con fundamento en el cómputo ordenado por la Sala de Casación Civil, el 30 de enero de 2004, y no con fundamento en la decisión del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, del 26 de septiembre de 2000 (en la cual se admitió el recurso de casación y se dejó constancia que el lapso de diez (10) días previsto para su anunció venció el 25 de septiembre de 2000), estuvo acorde con el respeto y garantía del derecho al debido proceso y a la defensa.

 

En este sentido, esta Sala, al analizar el derecho al acceso a la jurisdicción, en sentencia nº 389, del 7 de marzo de 2002, indicó lo siguiente:

 “...el juez puede constatar el incumplimiento de alguna formalidad y desestimar o inadmitir la pretensión de alguna de las partes, sin que ello se traduzca, en principio, en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que esas formalidades han sido establecidas como una protección de la integridad objetiva del procedimiento. Pero no todo incumplimiento de alguna formalidad puede conducir a la desestimación o inadmisión de la pretensión, ya que para ello el juez debe previamente analizar: a) la finalidad legítima que pretende lograse en el proceso con esa formalidad; b) constatar que esté legalmente establecida, c) que no exista posibilidad de convalidarla; d) que exista proporcionalidad entre la consecuencia jurídica de su incumplimiento y el rechazo de la pretensión. Solamente cuando el juez haya verificado que no se cumplan con los elementos antes descritos es que debe contraponer el incumplimiento de la formalidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, específicamente de acceso a la justicia, para desechar o inadmitir la pretensión del justiciable y en caso de dudas interpretarse a favor del accionante, ello en cumplimiento del principio del pro actione”.

 

Según el criterio expuesto, si la Sala de Casación Civil consideró que se había incumplido con alguna formalidad, debió analizar la finalidad que se perseguía con su cumplimiento, esto es, si la misma estaba establecida por el legislador, si no existía forma de subsanarla y si existía proporcionalidad en las consecuencias aplicables.

 

A juicio de la Sala, en la sentencia objeto de la solicitud de revisión este análisis no se hizo, y el mismo resultaba de vital importancia, pues, como ya se indicó, no toda falta de cumplimiento de una formalidad puede traer como consecuencia la inadmisión de la pretensión, o, como en el presente caso, perecido el recurso, menos aún cuando la decisión emanada del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, estableció una fecha cierta para el inicio del cómputo del lapso de los cuarenta (40) días a que alude el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil y la parte fue sancionada en acatamiento al cómputo emitido por el Juez Superior.

 

En efecto, la Sala de Casación Civil consideró pertinente ordenar un nuevo cómputo a la Secretaría del Juzgado, a los fines de establecer “de conformidad con dicho cómputo, (omissis) que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del presente recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000”, obviando que corre inserto en el expediente, el auto del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, del 26 de septiembre de 2000, en el cual se admitió el recurso de casación, y se dejó constancia del vencimiento del último de los diez (10) días para el anuncio del recurso de casación.

 

En este sentido, considera la Sala que la declaratoria de perecimiento del recurso por el supuesto incumplimiento de una formalidad que sería consecuencia directa del error inducido por el Tribunal Superior, constituye una vulneración del derecho a la defensa de la parte demandada en el juicio de cobro de bolívares que la Asociación Bancaria Export-Import Bank Of United States incoó contra las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías., pues se le obstaculizó el derecho a ejercer los recursos legalmente establecidos.

 

De la misma manera estima la Sala que la decisión objeto de revisión es contraria a la propia doctrina de la Sala de Casación Civil, en sentencia número 45 del 23 de febrero de 2001 (Caso: Inmobiliaria Memojual), suscrita por el mismo Magistrado ponente de la sentencia objeto de análisis, en la que se señaló:

 

“Aprecia asimismo la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el Juzgado de Alzada una vez notificadas las partes o sus apoderados, ha debido ‘fijar un término para la reanudación del proceso’, el cual, en ningún caso, podía ser menor de diez días de despacho. Una vez agotado éste sí comenzaría a transcurrir el lapso de diez días previstos en nuestro Código Procesal Civil, para que las partes interesadas pudieran realizar el anuncio del recurso de casación. No obstante lo anterior, el Secretario del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, haciendo caso omiso al mandato del legislador contenido en el referido artículo 14 del Código Procesal Civil, en fecha 15 de julio de 1999, estampó una nota al expediente indicando que la última notificación  se había cumplido en fecha 15 de julio de 1999, fecha desde la cual, en forma exclusiva, comenzaría a correr el lapso para que las partes interpusieran los recursos pertinentes, omitiendo con tal proceder, el lapso de por lo menos diez días previsto en la norma antes citada para la reanudación del proceso. Como consecuencia del señalado error en el cual incurrió el Tribunal de Alzada, la representación judicial de la parte actora anunció en forma extemporánea el recurso de casación bajo análisis, sin embargo, esta Sala en forma reiterada y sostenida, ha considerado que la negligencia y el subsecuente error del órgano jurisdiccional para realizar los cómputos inherentes al proceso, en modo alguno, pueden actuar en detrimento del derecho a la defensa de las partes, quienes en todo caso atuvieron su actuación al señalamiento expreso que sobre el particular realizó el tribunal en el expediente de la causa” (Subrayado de este fallo).

 

 

En tal sentido, estima la Sala de suma gravedad e injustificable que la sentencia de la Sala de Casación Civil supra transcrita, elaborada por el mismo Magistrado ponente que suscribe la decisión objeto de la presente solicitud de revisión contengan criterios manifiestamente opuestos a los aplicados al caso de autos en detrimento del justiciable. Por tal razón, se infringió el principio de seguridad jurídica, comentado por la doctrina de esta Sala en sentencia número  3180 del 15 de diciembre de 2004 (caso: Tecnoagrícola Los Pinos, C.A.), según la cual:

 

“Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad. Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán”.

 

Siendo así, considera esta Sala que se violó igualmente a los solicitantes el derecho a la igualdad, puesto que dio un tratamiento jurídico distinto a sujetos en idéntica situación. La Sala de Casación Civil en el presente caso estableció excepciones y privilegios que excluyeron a los solicitantes en revisión de lo que se concedió a otros en paridad de circunstancias, es decir, se establecieron diferencias entre los que se encontraban en las mismas condiciones.

 

Aunado a lo anterior, ha sido doctrina reiterada tanto de la Sala de Casación Civil como de esta Sala Constitucional, que la indefensión existe solamente cuando por un acto imputable al juez, se priva o limita indebidamente a una de las partes en el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos. De la misma manera, es necesario además que no obedezca la indefensión a la impericia, abandono o negligencia de la propia parte; y que haya habido perjuicio cierto para la parte que arguye tal indefensión, pues de lo contrario sería intrascendente la ilegalidad de la actuación del juez y no habría vicio que subsanar, requisitos que se cumplen a cabalidad en el presente caso.

 

Como corolario de lo anterior, visto que la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil resulta contraria a la interpretación que esta Sala ha hecho del derecho de acceso a la jurisdicción (cfr. sentencia nº 93/2001 del 6 de febrero, caso: Corpoturismo), lo cual trajo como consecuencia una vulneración al derecho a la defensa, esta Sala, ante la vulneración de principios constitucionales fundamentales, en ejercicio de la facultad que le confieren el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara ha lugar a la solicitud de revisión, anula la sentencia de la Sala de Casación Civil y repone la causa al estado en que se pronuncie sobre el recurso de casación, en atención a lo expuesto en el presente fallo, y así se declara.

 

Igualmente, esta Sala, en virtud de la decisión anterior, considera inoficioso hacer un pronunciamiento respecto a la medida cautelar solicitada.

Finalmente, debe esta Sala apercibir severamente al abogado Luis E. Gamardo Medina, quien, mediante escrito presentado ante Sala de Casación Civil, el 24 de noviembre de 2000, indicó de manera capciosa que el cómputo realizado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en su decisión del 26 de septiembre de 2000, resultaba inexacto cuando su deber, en aras de mantener la equidad del proceso, era el de advertirle a la instancia sobre el presunto error cometido y no esperar subrepticiamente a que se remitiera el expediente a la alzada para luego que el recurrente formalizara el recurso de casación efectuar tal denuncia. Por lo anterior, es evidente que el referido abogado incumplió el principio establecido en nuestro ordenamiento jurídico relativo a que los profesionales del Derecho deben actuar con probidad o lealtad, principio que se encuentra establecido en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, así como con los deberes esenciales e institucionales dispuestos en el Código de Ética del Abogado, y los deberes establecidos en la Ley de Abogados.

 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR a la solicitud de revisión interpuesta por los abogados Juan Vicente Ardila y Yadira Atías, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedades mercantiles C.A. CLÍNICA ATÍAS, C.A. CLÍNICA ATÍAS HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS, y los ciudadanos FARITH ATÍAS RICOVERY e IVÁN MACHADO ATÍAS, contra la decisión que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 27 de abril de 2004, en la cual declaró perecido el recurso de casación anunciado contra la sentencia que dictó el el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, el 12 de julio del 2000. En consecuencia, se declara la nulidad de la sentencia cuya revisión se solicitó y se repone la causa al estado en que la referida Sala dicte un nuevo pronunciamiento en acatamiento a lo dispuesto en este fallo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de este fallo a la Sala de Casación Civil.  Remítase copia certificada de la decisión al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  12 días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

LUIS ESTELLA MORALES LAMUÑO

 El Vice-Presidente,

                                       JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Ponente

 

ARCADIO DELGADO ROSALES 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. 04-1589

MTDP/

 

 

 

 

 

 

 

 

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