Sentencia N.º 2649
- Sentencia
- N.º 2649
- Fecha
- 12/08/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-1589
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Mediante escrito del 15 de junio de 2004, presentado ante esta Sala Constitucional, los abogados Juan Vicente Ardila y Yadira Atías, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.691 y 9.962, respectivamente, en su carácter de apoderados de las sociedades mercantiles C.A. CLÍNICA ATÍAS, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.
El 4 de febrero de 2005, acordada la jubilación del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, se reasignó
El 15 de marzo de 2005, compareció la parte actora a los fines de solicitar celeridad procesal y consignó copia simple de la decisión número 45 del 23 de febrero de 2001 (Caso: Inmobiliaria Memojual) emanada de
El 31 de marzo de 2005, la parte solicitante pidió la tramitación de su solicitud, pues el caso en especie se trata de materias que atañen al orden público, referidas a la vulneración de derechos fundamentales y en la misma oportunidad requirió pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada.
El 18 de julio de 2005, mediante sentencia número 1785, esta Sala Constitucional ordenó a la parte actora la consignación de las copias de las actuaciones posteriores a la decisión que dictó el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
El 29 de julio de 2005, el abogado Juan Ardila, en su condición de apoderado judicial de Clínica Atías C.A, Clínica Atías Hospitalización y Servicios y Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, consignó actuaciones solicitadas por
Efectuada la lectura individual del expediente, para esta Sala decidir hace las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
El 3 de julio de 1997, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
El 19 de septiembre de 1997, el abogado César Romero, en su carácter de apoderado judicial de los demandados, apeló de la decisión que dictó el Juzgado de Primera Instancia antes referido.
El 12 de julio del 2000, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
El 16 de septiembre de 2000, el abogado César Romero, actuando como apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación ante el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
El 26 de septiembre de 2000, el Juzgado Superior admitió el recurso de casación interpuesto por la representación de las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías.
En esa misma oportunidad, el referido Juzgado Superior, remitió el expediente a
El 6 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada, consignó escrito en el que formalizó su recurso de casación.
El 24 de noviembre de 2000 el abogado Luis E. Gamardo Medina en representación de
El 14 de diciembre de 2000,
El 17 de enero de 2001, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
El 30 de enero de 2004,
El 10 de febrero de 2004, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
El 30 de enero de 2004,
El 27 de abril de 2004,
El 15 de junio de 2004, tal y como fue expuesto, los abogados Juan Vicente Ardila y Yadira Atías actuando como apoderados judiciales sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, solicitaron a esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia que dictó
II
DE
Los solicitantes fundamentaron su solicitud de revisión en los siguientes términos:
Que
Que el auto referido sirvió de guía a (sus) representados para hacer el cómputo de cuándo comenzó a correr el lapso de cuarenta (40) días para formalizar; si esto es así resulta fácil establecer que el último día no fue el 30 de octubre de 2000, sino el 6-11-2000; de manera que el recurso de casación fue formalizado en día oportuno por lo que el perecimiento no tenía prudente cabida.
Que la omisión por parte de
Que los solicitantes conforme al artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, tomaron en cuenta lo indicado en el auto dictado por el Juzgado Superior significa que no se le puede castigar por un hecho que no le resulta atribuible, por más que se palpa del oficio librado por el Juez de Alzada, que ese 25 de se(p)tiembre de 2000 no se corresponde con aquel último de los diez (10) a que alude la ley y, a tal efecto, transcribió extractos de decisiones de
Que el proceder de
Que la sentencia cuya revisión solicitan quiebra el principio de efecto útil, transgrede el principio de interpretación conforme, viola el principio de interpretación razonable y deja de lado el principio de protección efectiva de los derechos .
Que al incurrir el Juez en un error patente con efectos negativos en el ámbito jurídico del litigante, deberá considerar violado el principio de la tutela jurídica efectiva cuando i) el error no sea imputable a la parte sino al Tribunal, ii) que el dislate sea fácilmente detectable de forma incontrovertible a partir de lo que dicen los autos, iii) que sea determinante para la decisión adoptada. Continuó señalando que habiendo interpuesto su recurso de casación en día, el Tribunal ad quem lo admitió pero por error a él, fijó desacertadamente, que el día último para anunciar el recurso venció el 25-08-2000 y no el 20-09-2000; resulta irrazonable (que) se interprete en contra de (sus) representados, perdieron éstos su último derecho a que se revise el mérito del recurso interpuesto, porque aparece como extemporáneamente formalizado pero a consecuencia y obra del descuido y negligencia del Tribunal; sentado esto, podría tildarse de injustificada y manifiestamente arbitraria, la decisión de inadmisión del recurso por parte de
Que el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil establece que, el tribunal admitirá o negará el recurso al día siguiente del vencimiento de los diez (10) días que se dan para el anuncio; esto no lo hizo pero lo que sí hizo fue establecer cuando venció el último día de esos diez (10), aunque luego sea el fruto de una equivocación; entonces, el Juez cumplió con lo que la norma le exige y luego (sus) representados siguieron al pie de la letra lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, porque ni más ni menos justamente esa norma produce una consecuencia jurídica: el hito o punto de partida para contar el lapso de formalización y no otro. Que conforme al artículo 257 de
La parte actora transcribió extractos de doctrina de casación civil e indicó que i) mis representados adquirieron su derecho de formalizar su recurso a partir de ese día, con independencia del error de cálculo incurrido por el Tribunal ad quem, ii) Si, luego
Solicitó a
III
DE
La sentencia dictada, el 27 de abril de 2004, por
En relación a la extemporaneidad de la formalización alegada por el impugnante, se observa que en fecha 30 de enero de 2004, el Presidente de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, (...), suscribió oficio librado al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en
Al respecto, en fecha 2 de marzo de 2004, fueron recibidas las resultas del cómputo solicitado al Tribunal de alzada, que en su parte pertinente, señala:
...Este Tribunal ordena practicar por Secretaría cómputo de los Diez (sic) (10) días de Despacho (sic) previstos en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, contados a partir del 03 de Agosto (sic) de 2.000 (sic), fecha en la cual se practicó la última de las notificaciones exclusive y remítase las resultas mediante oficio.
Quien suscribe, Abog. CÉSAR A. FARÍAS GARBÁN, Secretario del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en
De conformidad con dicho cómputo, queda evidenciado que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del presente recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000.
Por consiguiente, el lapso para la presentación del escrito de formalización del recurso, fenecía el 30 de octubre del 2000.
Ahora bien, el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, textualmente dispone:(omissis) Por su parte, el artículo 317 del mismo Código Adjetivo Civil, señala:(omissis) En consecuencia, los escritos de formalización presentados ante
Por lo tanto, esta Sala en la parte dispositiva del presente fallo, procederá a declarar el perecimiento del recurso extraordinario de casación bajo examen, en virtud de la extemporánea formalización del mismo. Y así se decide.
IV
DE
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que, conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de
También observa
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
Por su parte, en el fallo n° 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo), doctrina aplicable en atención al literal b) de
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia dictada por
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza, y para ello observa:
El 6 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, consignó escrito ante
El 14 de diciembre de 2000,
El 17 de enero de 2001, según consta al folio quinientos veinticuatro (524) de las actas que conforman el presente expediente, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en
Posteriormente, el 30 de enero de 2004,
Ahora bien, la parte solicitante denunció que
En consecuencia, el solicitante en revisión denunció la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, de conformidad con los artículos 26 y 49 de
Ahora bien, tal y como se indicó precedentemente en el caso en cuestión, se solicitó la revisión de la sentencia de
En tal sentido,
Tales restricciones, no sólo atienden a facilitar la labor del juez, sino también a proteger otros derechos e intereses tutelados constitucionalmente (cfr. Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial efectiva. Derechos y Garantías Procesales derivados del artículo 24.1 de
En el presente caso, debe precisarse si la declaratoria de perención del recurso, con fundamento en el cómputo ordenado por
En este sentido, esta Sala, al analizar el derecho al acceso a la jurisdicción, en sentencia nº 389, del 7 de marzo de 2002, indicó lo siguiente:
...el juez puede constatar el incumplimiento de alguna formalidad y desestimar o inadmitir la pretensión de alguna de las partes, sin que ello se traduzca, en principio, en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que esas formalidades han sido establecidas como una protección de la integridad objetiva del procedimiento. Pero no todo incumplimiento de alguna formalidad puede conducir a la desestimación o inadmisión de la pretensión, ya que para ello el juez debe previamente analizar: a) la finalidad legítima que pretende lograse en el proceso con esa formalidad; b) constatar que esté legalmente establecida, c) que no exista posibilidad de convalidarla; d) que exista proporcionalidad entre la consecuencia jurídica de su incumplimiento y el rechazo de la pretensión. Solamente cuando el juez haya verificado que no se cumplan con los elementos antes descritos es que debe contraponer el incumplimiento de la formalidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, específicamente de acceso a la justicia, para desechar o inadmitir la pretensión del justiciable y en caso de dudas interpretarse a favor del accionante, ello en cumplimiento del principio del pro actione.
Según el criterio expuesto, si
A juicio de
En efecto,
En este sentido, considera
De la misma manera estima
Aprecia asimismo
En tal sentido, estima
Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad. Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.
Siendo así, considera esta Sala que se violó igualmente a los solicitantes el derecho a la igualdad, puesto que dio un tratamiento jurídico distinto a sujetos en idéntica situación.
Aunado a lo anterior, ha sido doctrina reiterada tanto de
Como corolario de lo anterior, visto que la decisión adoptada por
Igualmente, esta Sala, en virtud de la decisión anterior, considera inoficioso hacer un pronunciamiento respecto a la medida cautelar solicitada.
Finalmente, debe esta Sala apercibir severamente al abogado Luis E. Gamardo Medina, quien, mediante escrito presentado ante Sala de Casación Civil, el 24 de noviembre de 2000, indicó de manera capciosa que el cómputo realizado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de este fallo a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUIS ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice-Presidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 04-1589
MTDP/
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