Venley

Sentencia N.º 2687

Sentencia
N.º 2687
Fecha
17/12/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-3070
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

            El 5 de octubre de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JULIO CARÍAS GIL contra la decisión judicial del 8 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

El 6 de octubre de 2000, la abogada María de los Ángeles Soto, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARTHA ISABEL ARBELÁEZ VALDERRAMA, apeló de la decisión antes señalada.

             

El 22 de noviembre de 2000, se recibió el expediente en esta Sala, se dio cuenta del mismo y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

            El 4 de diciembre de 2000, la abogada María de los Ángeles Soto, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARTHA ISABEL ARBELÁEZ VALDERRAMA, consignó escrito ante esta Sala mediante el cual explana los motivos de su apelación.

ANTECEDENTES

 

El 16 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, dictó auto mediante el cual decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre los siguientes inmuebles: 1) 12,46% de los derechos sobre el inmueble constituido por el edificio denominado “Macayba” y la parcela de terreno sobre el cual se encuentra construido, el cual pertenece a la sociedad mercantil Inversiones Carirod C.A.; 2) 12,43% de los derechos sobre un lote de terreno de treinta (30) hectáreas denominado “Estancia La Coromoto”, el cual pertenece a la sociedad mercantil Estancia La Coromoto C.A. y 3) 12,43% de los derechos sobre un inmueble constituido por dos fundos con sus tierras propias, denominados “El Lorito” y “La Trinidad”, pertenecientes a la sociedad mercantil Agropecuaria El Amparo C.A.

 

El 14 de agosto de 2000, el ciudadano Julio Carías Gil, asistido por la abogada Norelia Medida, interpuso acción de amparo constitucional ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contra el auto del 8 de junio de 2000, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda que decretó las medidas preventivas.

 

El 17 de agosto de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, admitió la misma y ordenó notificar al Juez que dictó la decisión impugnada, así como al Fiscal del Ministerio Público.

 

            El 28 de septiembre de 2000, se celebró la audiencia constitucional respectiva, haciéndose parte en la misma el ciudadano Julio Carías Gil asistido por la abogada Norelia Medina, así como la abogado María Soto Patiño en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Martha Arvelaez Valderrama, quién es parte demandante en el juicio que por partición de bienes sigue a los ciudadanos Julio Carías Gil, Adriana Carías Gil y Beatriz Carías Gil, juicio del cual resultó el decreto de medida cautelar objeto de impugnación mediante le proceso de amparo constitucional objeto de la presente decisión.

           

El 5 de octubre de 2000, el a quo dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Julio Carías Gil.

 

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

 

El accionante fundamentó su acción de amparo constitucional interpuesta ante el a quo, en la supuesta violación al derecho a la propiedad, al debido proceso y al derecho a una justicia transparente, establecidos en los artículos 26, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el accionante, en el acto de audiencia constitucional llevado a cabo el 28 de septiembre de 2000, ratificó los alegatos presentados en su acción de amparo constitucional, tal como consta en la sentencia apelada, en los siguientes términos:

 

“...El 8 de julio de 2000, el Dr. Pedro Botero, Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, con sede en Los Teques, admite demanda de Partición de bienes intentado (sic) por la ciudadana: MARTHA ARBELAEZ, contra los herederos de ROBERTO CARIAS GIL, y nos nombra a JULIO, ADRIANA y BEATRIZ CARIAS GIL, como herederos de ROBERTO, sin haber consignado en el expediente en ninguna forma que los hermanos CARIAS GIL eramos (sic) herederos de ROBERTO CARIAS GIL, por lo tanto dicha demanda es improcedente y las medidas de prohibición de enajenar y gravar acordadas en autos del 16 de julio de 1999, también son improcedentes. Además la demandante presentó prueba jurada que ella sólo era la novia de ROBERTO CARIAS, en documento firmado por ella seis meses antes de la muerte de mi hermano ROBERTO CARIAS GIL, niego que la ciudadana ARVELAEZ haya sido concubina de ROBERTO y ni siquiera novia formal, en dicha demanda se violan nuestros derechos Constitucionales en el artículo 26 de la Constitución, ya que la justicia impartida no fue idónea, imparcial, ni transparente. Se me viola el derecho al debido proceso, ya que no somos herederos del de cuyus (sic), y sin embargo se nos trata como tales, violando el artículo 49 de la Constitución, y al estar decreta (sic) prohibición de enajenar y gravar sobre bienes de los que no somos herederos, se violan nuestros derechos económicos consagrados en el artículo 115 de la Constitución, por lo que solicito al ciudadano Juez declare nulo el auto de fecha 8 de julio de 1999 y del 16 de julio de 1999.”

ALEGATOS DEL TERCERO INTERVINIENTE

 

En el acto de audiencia constitucional llevado a cabo el 28 de septiembre de 2000, compareció la abogada María Soto Patiño en su condición de apoderada judicial de la ciudadana Martha Arbeláez Valderrama, quien es parte demandante en el juicio que por partición de bienes le sigue a los ciudadanos Julio, Adriana y Beatriz Carías Gil, y quien actuó en ese acto en su carácter de tercero interviniente a los fines de esgrimir sus defensas en los siguientes términos:

 

“…El acto contra el cual el ciudadano Julio Carías interpone recurso de amparo es la decisión interlocutoria de fecha 8 de junio de 1999, que admitió la demanda por partición de bienes intentada por mí representada Martha Arvelaez. En su escrito de amparo el accionante no interpone recurso alguno contra el auto dictado en fecha 16 de junio de 1999, que dictó medidas cautelares en el señalado juicio, razón por la cual éste Tribunal actuando en sede constitucional no tiene materia sobre la cual decidir respecto a dicho auto. Por otra parte en su escrito de amparo el accionante única y exclusivamente formula la solicitud de que sea decretada una medida cautelar que suspenda los efectos de las medidas de prohibición de enajenar y gravar dictadas en el señalado juicio… me permito señalar al tribunal que la presente acción de amparo es absolutamente improcedente toda vez que el artículo 2 de la Ley de Amparo, establece que este recurso extraordinario procede cuando haya violación o amenaza de inminente violación a los derechos constitucionales, en el presente caso nos encontramos que en el juicio en el cual cursa el auto contra el cual se interpone el amparo, ni el accionante ni los demás co-demandados en el mismo se han dado por citados, razón por la cual todos los recursos procesales ordinarios establecidos en la ley, para que hagan valer sus derechos se encuentran expeditos e indemnes a favor de los co-demandados quienes pueden ejercer en el mismo las interposiciones de cuestiones previas, la contestación al fondo de la demanda, oposición a las medidas preventivas y cualquier otro derecho de defensa que le acuerda la ley procesal…”. 

 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

 

El Tribunal a quo, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Julio Carías Gil, por las siguientes razones:

 

“…Considera esta Alzada que cuando el Juez de la Primera Instancia al admitir la demanda en fecha 8 de junio de 1999, intentada por la ciudadana Martha Isabel Arvelaez Valderrama, identificada en autos, contra los ciudadanos Julio Carías Gil, Adriana Carías Gil y Beatriz Carías Gil, diciéndose haber vivido en unión concubinaria con el ciudadano Roberto Carías Gil, desde octubre de 1984, hasta su deceso, y posteriormente acordar medida de prohibición de enajenar y gravar de conformidad con los artículos 585 en concordancia con el 588 y 779 del Código de Procedimiento Civil, sobre bienes de los que no son el accionante ni sus hermanas Adriana y Beatriz Carías Gil, herederos, violándose con ello sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso, el deber de restablecimiento de la situación jurídica del accionante está tanto más imperiosa cuanto que la Constitución de la República otorga el derecho a una justicia responsable, a una tutela judicial efectiva, conforme al artículo 26 de la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela, que este Tribunal de Alzada está en el deber de garantizar la efectividad de las normas y principios constitucionales. Así se decide…”.

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACION

 

La ciudadana Martha Isabel Arbeláez Valderrama, en su carácter de tercero interesado, en escrito consignado ante esta Sala el 4 de diciembre de 2000, fundamentó su apelación en lo siguiente:

 

1.-Que la sentencia dictada por el a quo adolece de un vicio de imprecisión al haber repetido en las distintas partes de la sentencia que el acto recurrido es el auto de fecha 8 de junio de 1999, y al llegar a la parte dispositiva de su decisión modifica su afirmación en forma repentina, inesperada, y pasa a expresar intempestivamente que el acto recurrido es la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 16 de junio de 1999.

 

2. Violación de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia apelada no aprecia los alegatos y defensas presentados.

 

3. Violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el sentenciador llega a conclusiones falsas que no se corresponden con lo alegado y probado en autos al aseverar que su representada no instó la citación en el juicio de partición de bienes que le sigue a los herederos de Roberto Carías Gil.

 

4. Violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el sentenciador llega a conclusiones falsas que no se corresponden con lo alegado y probado en autos al aseverar que se decretaron medidas cautelares sobre bienes que no son del accionante en amparo ni de sus hermanas Adriana y Beatriz Carías Gil.

 

5. Que en el presente caso no existía la violación o amenaza de violación de derechos constitucionales, toda vez que el accionante tenía abiertos los recursos procesales ordinarios para hacer oposición a las medidas cautelares decretadas y ejercer las demás defensas y excepciones que la ley consagra.

 

COMPETENCIA

 

De conformidad con la sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), esta Sala es la competente para conocer de las apelaciones y consultas de sentencias de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. En consecuencia, en el presente caso esta Sala es competente para conocer de la apelación  de la sentencia de amparo constitucional dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y así se declara.

 

CONSIDERACIONES PREVIAS

 

Como consideración previa, debe esta Sala pronunciarse sobre el alegato de la parte apelante de que la sentencia apelada debe revocarse en virtud de que, a pesar de que la acción de amparo fue interpuesta contra el auto de fecha 8 de junio de 1999, la sentencia apelada declaró el amparo con lugar contra el auto de fecha 16 de junio de 1999, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Ahora bien, la parte accionante, ciertamente, incurre en error en su escrito de acción de amparo constitucional al accionar contra el auto del 8 de junio de 1999, el cual se refiere sólo a la admisión de la demanda de partición de bienes interpuesta. Sin embargo, de la revisión de fondo de la acción de amparo constitucional, y del análisis de las supuestas violaciones constitucionales denunciadas, se desprende que el objeto de la acción era precisamente el decreto de medida cautelar dictado el 16 de junio de 1999.

 

En este sentido, ha sido el criterio de esta Sala que en virtud de que los derechos constitucionales son de orden público y en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece, entre otras cosas, que los órganos judiciales cuando se trata, sobre todo, de procesos de amparo constitucional, no deberán sacrificar la justicia, es decir, el conocimiento del fondo del asunto por vicios de forma. Considera esta Sala que el juez a quo actuó correctamente al corregir el error formal en la solicitud de amparo y dictar una decisión que efectivamente restituyera la situación jurídica infringida, y así se decide.

 

Con relación a lo alegado en el escrito presentado ante esta Sala por la apelante, en referencia al supuesto incumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que el a quo no se atuvo a lo alegado y probado en autos, al decidir que la demandante, en el proceso objeto de la decisión impugnada, no instó la citación en el juicio de partición de bienes que le sigue a los herederos de Roberto Carías Gil, y que se decretaron medidas cautelares sobre bienes que no son del accionante en amparo ni de sus hermanas Adriana y Beatriz Carías Gil, cabe destacar que, tal como se señaló con anterioridad, el juez que conoce de un amparo constitucional debe tener como fin restituir en forma inmediata, luego de oír a las partes, la situación infringida, y en caso de que así lo considere de lo alegado y probado en autos, o de lo que perciba en la audiencia constitucional respectiva, puede examinar situaciones o tomar las decisiones que, en forma más apropiada, sirvan para restituir el derecho constitucional infringido.

 

De una lectura de las actas que conforman el expediente, se evidencia que no consta en los autos ninguna prueba que desvirtúe lo declarado por el Tribunal a quo; es decir, no existe ninguna prueba o argumento que desvirtúe que la parte demandante en el juicio principal de partición de bienes (hoy tercero interviniente), haya instado la citación de la parte demandada luego de que se haya decretado la medida preventiva. Dicha afirmación, en realidad, no tiene que ver con el objeto de la acción de amparo constitucional. Sin embargo, implica un indicio de la afirmación de los accionantes de que no se enteraron de la medida preventiva, sino luego de haber transcurrido más de un año desde que la ciudadana Martha Arbeláez interpuso la demanda de partición de bienes, así como desde que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar. Tampoco consta en autos prueba alguna que hiciera llegar a la convicción del sentenciador de que los ciudadanos Julio Carías Gil, Beatriz Carías Gil y Adriana Carías Gil, eran herederos del de cuius ciudadano Roberto Carías Gil,  y en virtud de que el Tribunal a quo debe decidir en base a lo alegado y probado en autos, mal puede esta Sala declarar procedente el fundamento del tercero interviniente, dado que el Tribunal a quo cumplió con el dispositivo del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ADMISIBILIDAD

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Ha sido criterio reiterado de esta Sala, que la acción de amparo constitucional, no puede ser admitida para suplir las denominadas vías judiciales ordinarias, siempre y cuando estas últimas tengan los efectos restitutivos expeditos que posee la acción de amparo constitucional, y siempre y cuando el recurso o acción posible dentro de la denominada vía ordinaria permita en forma inmediata suspender o dejar sin efecto la lesión constitucional o, en cualquier caso, restituir el derecho constitucional infringido.  Por lo tanto, no es cierto que, de por sí, cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias, la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.

 

En relación con lo anterior, en sentencia dictada el 28 de julio de 2000 (Caso: Luis Alberto Baca), esta Sala especificó el alcance de la causal de inadmisibilidad antes señalada en los siguientes términos:

 

“… 1.- Estas precisiones llevan a la Sala a afirmar que en cuanto a las partes, los fallos cuya apelación se oye en ambos efectos, no generan -en principio- acción de amparo alguno, si ellos contienen transgresiones constitucionales que hagan necesario acudir a dicha acción, ya que al oírse la apelación en ambos efectos, dichas sentencias no se ejecutan y los efectos de la lesión no se concretan; no pudiéndose considerar ni siquiera que hay amenaza de infracción, ya que el juez de la alzada o la casación si la infracción constitucional la contiene el fallo de la última instancia recurrible en casación, pueden impedir la concreción de los efectos lesivos a la situación jurídica.

2.- La situación varía con los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, o a los que se negó la apelación o el recurso de hecho, ya que lo acordado en esas sentencias sí se ejecuta; pero sólo cuando esa ejecución va a causar agravio constitucional a la situación jurídica de una parte, es que ella podrá acudir a la vía del amparo para proteger su situación jurídica, ya que concretado el agravio, las cosas no podrán volver a la situación anterior ni a una semejante. Como en todo caso de agravio constitucional, el mismo y sus consecuencias queda a la calificación del juez.

Con respecto a los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, si contienen violaciones constitucionales en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de la apelación, caso en que la parte considera que por este camino restablecerá su situación, o acudir a la acción de amparo.

Si antes de que precluya el plazo para apelar, opta por la acción de amparo, en lo concerniente a la infracción constitucional el juez del amparo será el que conozca la acción autónoma; y si el perjudicado utilizare el recurso de apelación contra el fallo lesivo, dentro de tal recurso no podrá decidirse lo atinente a la transgresión constitucional, ya que ante dos jueces (el amparo y el de la apelación) cuyo deber es mantener la supremacía de la Constitución (el amparo) en que debe decidirla, surgiendo con respecto al de la alzada una litispendencia en ese sentido, donde impera la pendencia acusada por la acción de amparo.

Por ello, si el agraviado opta por la vía del amparo, se le cierra la de la apelación  sobre la materia que versa el amparo. Viceversa, si el agraviado hace uso de la apelación, es porque considera que este recurso es el óptimo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y ante tal escogencia, el amparo que se incoare sería inadmisible a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Sin embargo, si la apelación no fuere resuelta en el tiempo pautado por la ley, por causas atribuibles al tribunal, el apelante podrá incoar amparo autónomo, para que el juez competente conozca de la infracción que generó la dilación indebida, y además, resuelva la apelación no decidida.

En general, el amparo y la apelación pueden coexistir, cuando el recurso de apelación tiene por objeto la decisión de infracciones distintas a las constitucionales, por lo tanto el objeto de cada proceso es diferente.

Por todas estas razones, el amparo constitucional no es –como se ha pretendido- un correctivo ilimitado a cualquier situación procesal que afecte a las partes, y el juez que conoce el amparo debe ponderar lo aquí señalado para darle o no curso (sic).

…10.- Explicado lo anterior, debe puntualizar esta Sala cuál es el verdadero alcance de la causal de inadmisibilidad del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que reza: “Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes”, ya que puede pensarse que tal causal colide con lo antes expuesto.

Entiende este supuesto la Sala, en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya usado otros medios judiciales para reparar su situación, como pedir al juez de la causa la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Cuando esto ocurra, el lesionado no tiene derecho al amparo ya que él ha considerado que la vía utilizada es de igual entidad que la del amparo para obtener la reparación de su situación jurídica…”. (Subrayado de la Sala para esta oportunidad).

 

De la sentencia parcialmente trascrita se desprende que hay situaciones donde el amparo puede suplir la vía ordinaria, siempre y cuando, mediante la vía judicial regular, no pueda restablecerse, en forma inmediata y efectiva, el derecho constitucional infringido. Es de notar que, en el caso objeto de esta decisión, el medio ordinario para satisfacer la situación jurídica infringida era la oposición a la medida cautelar ante el propio Tribunal que la dictó. Sin embargo, la medida cautelar, como es el caso en este tipo de medidas, ya había sido dictada y ejecutada, inaudita parte, es decir, sin que la parte demandada haya tenido oportunidad de contradecirla judicialmente, y aún sin que la parte demandada haya sido emplazada sobre la demanda o incluso notificada en alguna forma sobre la medida cautelar decretada.

 

De conformidad con lo anterior, el accionante, ciudadano Julio Carías Gil, quien es uno de los demandados en el juicio que dio origen a la decisión judicial, hoy impugnada, al momento de interponer la acción de amparo constitucional, no había sido citado en el juicio antes referido, a pesar de que la prohibición de enajenar y gravar había sido dictada y ejecutada por el Juez que la decretó al momento que envió el oficio que la contenía a la oficina de Registro respectiva. Es decir, la presunta violación constitucional había sido ejecutada y había ocasionado efectos sobre la propiedad del accionante, sin que este hubiera tenido oportunidad de oponerse.

 

Al respecto, en sentencia del 7 de noviembre de 2001 (caso: Tim International B.V.), referida a un caso similar al que es objeto de la presente decisión, esta Sala, ratificando su criterio que quedó sentado en la sentencia del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca), antes parcialmente transcrita señaló:

            “...esta Sala observa que la decisión accionada, tal y como lo afirman los apoderados actores, no está sujeta al recurso de apelación, sino que tiene el trámite de la oposición como medio de impugnación, por tratarse lo decidido en ella de medidas cautelares decretadas a través de una solicitud de amparo cautelar formulada en un recurso contencioso administrativo de nulidad, a las cuales le son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que las regulan.

Ahora bien, en el caso de autos, si bien se observa del fallo accionado que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo acordó abrir una pieza para el trámite de la oposición, no existe recaudo en autos del cual se evidencie que ésta haya sido ejercida por la parte accionante.

De manera que dada la modalidad de la oposición, la cual no tiene efectos suspensivos, esta Sala estima que los apoderados actores tenían la posibilidad de escoger entre esa vía y la del amparo, máxime cuando del escrito libelar se desprende que las denuncias formuladas contra el fallo en el que se decretaron las medidas cautelares, consisten en lesiones a sus derechos constitucionales, los cuales fueron enunciados supra.

No obstante lo anterior, advierte además esta Sala que, en el presente caso, se ha denunciado la violación del orden público constitucional, en la materia de mercado de valores; denuncia ésta que requiere el examen y análisis de la Sala, como máximo garante e interprete de la Constitución.

Además, considera la Sala que lo relevante para que se admita el amparo es que la situación jurídica infringida no se haga irreparable, y por ello cuando el medio ordinario –como sería la oposición- no garantiza la sentencia a tiempo para impedir el daño, la vía del amparo está abierta, si la lesión proviene de supuestas infracciones constitucionales.”

 

            El criterio de esta Sala, antes trascrito, se adapta perfectamente al caso objeto de la presente decisión, en el cual la parte accionante interpuso la acción de amparo constitucional, supliendo la vía de la oposición a la medida cautelar. Efectivamente, la medida cautelar había sido dictada y ejecutada finalmente, cuando el Registro Subalterno respectivo fue notificado sobre la prohibición de enajenar y gravar sobre los inmuebles antes identificados. Es decir, que la lesión constitucional había sido producida y la vía de la oposición no tiene efectos suspensivos, por lo que la Sala considera que el accionante tenía la posibilidad de escoger entre darse por citado en el juicio principal e intentar la oposición a la medida cautelar, o, en virtud de la denuncia de violaciones constitucionales, interponer la acción de amparo constitucional tal como lo hizo.

 

            Ahora bien, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 14 de agosto de 2000, es decir, luego de haber transcurrido más de seis (6) meses de haberse dictado la decisión del 16 de junio de 1999, la cual decretó la medida cautelar objeto de la referida acción. Tal como lo establece el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional caduca luego de transcurrir seis (6) meses del hecho violatorio, lo que implica que la caducidad procede siempre y cuando el supuesto agraviado se haya enterado del acto, actuación u omisión que produjo la violación constitucional.

 

            En el presente caso, no se desprende de autos afirmación  alguna de la parte accionante de que ésta se haya enterado con posterioridad a la fecha en que se decretó la medida cautelar. Tampoco existe alusión al respecto por parte del a quo. Igualmente, no existe oposición por parte del tercero interviniente en el proceso de amparo constitucional, quien es precisamente la parte demandante en el juicio principal, sobre la posible caducidad de la acción. Sin embargo, existen a lo largo del proceso afirmaciones, ratificadas incluso por el tercero interviniente, de que el accionante no había sido emplazado en el juicio del cual resultó la medida cautelar impugnada mediante el proceso de amparo constitucional.

 

En tal sentido, en vista de que el a quo no determinó la caducidad de la acción, y en virtud de que no existe oposición al respecto, esta Sala presume que el a quo comprobó, en la audiencia oral, o por las circunstancias del caso, que el accionante se enteró sobre la medida cautelar que impugna mediante la acción de amparo constitucional, dentro de los seis (6) meses requeridos para que no proceda la caducidad. Por lo tanto, en protección a la cosa juzgada judicial, que se encuentra dentro del bloque que conforma la garantía constitucional a la seguridad jurídica, y en vista de que el tercero interesado, a cuyo favor se otorgó la medida cautelar impugnada, no se refirió en forma alguna, ni ante el a quo ni ante esta Sala, sobre la caducidad de la acción de amparo constitucional en los términos antes señalados, esta Sala considera que no existió caducidad de la acción, y así se declara.

 

            Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que la acción de amparo constitucional era admisible tal como lo declaró el a quo, y por ello confirma la decisión del a quo en lo que respecta a la admisibilidad de la acción de amparo constitucional, y así se decide. 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Es evidente, en respeto al derecho fundamental al debido proceso, a la defensa, a la propiedad y a una justicia efectiva, que una medida cautelar no debe afectar bienes que no sean propiedad de la parte demandada.

 

En este sentido, el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

“Artículo 587: Ninguna de las medidas de que se trata este título podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquél contra quien se libren, salvo los casos previstos en al artículo 599”.

 

Así mismo, el artículo 1929 del Código Civil dispone:

 

“Artículo 1929: Las sentencias que hayan de ejecutarse por los Tribunales de la República, se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor y sobre sus derechos y acciones que puedan enajenarse y cederse…”.

 

Al respecto, esta Sala considera que la medida de prohibición de enajenar y gravar presupone la existencia de un derecho de propiedad entre la parte demandada y el bien objeto de la medida; es decir, la misma sólo puede ser decretada sobre derechos o bienes propiedad del sujeto pasivo, todo ello debido a que no se pueden enajenar y gravar bienes o derechos que sólo estén en posesión del sujeto pasivo, o sobre los cuales este tenga sólo una propiedad parcial, salvo en los derechos correspondientes a esa cuota de la propiedad.

 

Esta Sala observa que, en el caso objeto de la presente decisión, la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 16 de junio de 1999, recayó sobre bienes que no son propiedad de los demandados; es decir, recayó sobre bienes propiedad de terceros, ya que, como se evidencia de las actas que conforman el expediente y de la propia afirmación de la demandante en el juicio principal, ciudadana Martha Arbeláez, en su libelo de demanda, los bienes enajenados son propiedad de las sociedades mercantiles Estancia La Coromoto C.A., Inversiones Carirod, C.A., y Agropecuaria El Amparo, C.A., quienes no eran ni son parte en el juicio principal de partición de bienes, sobre los cuales fueron decretadas las medidas objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta ante el a quo, y en donde los demandados son los ciudadanos Julio Carías Gil, Adriana Carías Gil y Beatriz Carías Gil.

 

Ciertamente, según consta en la demanda anexa en autos (folios 9 al 29), los demandados en el juicio del cual derivó la medida cautelar impugnada mediante la acción de amparo, poseían acciones en las sociedades mercantiles propietarias de los bienes inmuebles objeto de la medida cautelar. Sin embargo, a manera de que procediera la medida cautelar sobre los bienes cuya propiedad era de  las sociedades mercantiles antes identificadas, era, pues, necesario demandar a dichas sociedades mercantiles propietarias antes de proceder a decretar prohibición de enajenar y gravar sobre un porcentaje de los derechos sobre dichos bienes, derechos que sólo poseen las sociedades mercantiles propietarias y que los accionistas de esas sociedades mercantiles (demandados) sólo tiene derechos a través de sus acciones; es decir, los demandados poseen derechos indirectos, por ser accionistas de una sociedad anónima, sobre la propiedad de unos bienes cuyos titulares son las sociedades mercantiles que son terceros, en virtud de que no son parte en el proceso del cual resultó la medida cautelar impugnada mediante el proceso de amparo objeto de esta decisión.

 

En tal sentido, esta Sala considera, en protección del orden público constitucional, que el decreto de medida cautelar impugnado violó los derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso de las sociedades mercantiles propietarias de los inmuebles objeto de la medida cautelar impugnada, y así se declara.

 

Por otra parte, esta Sala observa de autos y del contenido de la sentencia apelada que no se ha comprobado en el juicio de partición de bienes de la herencia, del cual deriva la medida cautelar impugnada mediante el proceso de amparo constitucional objeto de esta decisión, el carácter de concubina del de cuius de la demandante. Tampoco se evidencia prueba alguna sobre el carácter de herederos de los demandados, y a pesar de ello se decreta una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes, propiedad de sociedades mercantiles donde los demandados son parcialmente accionistas. Esto implica que la medida cautelar impugnada fue decretada obviando al menos una de las condiciones para que proceda la misma: el fumus boni juris, condición que se refiere a que el Juez debe determinar la apariencia de buen derecho que reclama, en el fondo del proceso, el solicitante de la medida cautelar. Es por ello, que al no existir apariencia de buen derecho, como condición para suspender el derecho de propiedad mediante una medida cautelar, se lesionó dicho derecho al accionante, y así se decide.

 

Por lo expuesto anteriormente, esta Sala confirma, en los términos planteados, la decisión del a quo, y en  tal sentido declara con lugar la acción de amparo interpuesta, y así se decide.

 

Quiere la Sala apuntar, que en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que la constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la  comunidad, ya que solo así podrá conocer con precisión los nombres de los condómines y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otros condómines, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil).

 

Se requieren recaudos que demuestren la comunidad, tal como lo expresa el citado artículo 777, y en los casos de la comunidad concubinaria, el recaudo no es otro que la sentencia que la declare, ya que el juicio de partición no puede ser a la vez declarativo de la existencia de la comunidad concubinaria, el cual requiere de un proceso de conocimiento distinto y por  lo tanto previo.

 

Tal circunstancia, básica en el ordenamiento del proceso, fue ignorada por el juez que decretó las medidas.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide lo siguiente:

 

1.- Declara SIN LUGAR la apelación intentada por la abogada María de los Angeles Soto Patiño, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARTHA ISABEL ARBELAEZ VALDERRAMA en contra de la sentencia dictada el día 5 de octubre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

2.- CONFIRMA la sentencia dictada el 5 de octubre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JULIO CARÍAS GIL, contra la decisión judicial del 16 de Junio de 1999 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

3.- Ofíciese a la Inspectoría General de Tribunales, para que determine las responsabilidades del caso.  

 

Publíquese y regístrese, y en vista de haber sido dictada la presente sentencia fuera del lapso establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, notifíquese a las partes de la presente decisión, y luego de vencido los lapsos para cualquier posible aclaratoria, remítase el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Cúmplase lo ordenado.

 

            Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 17 días del mes diciembre de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

                                                                                  El Vicepresidente,

 

 

                                                           JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

                                                                                      Ponente

 

Los Magistrados,

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

 

                                                         ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. Nº: 00-3070

JECR/

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