Venley

Sentencia N.º 2688

Sentencia
N.º 2688
Fecha
28/10/2002
Sala
Constitucional
Expediente
02-1400
Ponente
Antonio García García
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

El  7 de junio de 2002 se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio N° 203-2002 del 23 de mayo de 2002, proveniente de la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por el cual se remitió el expediente N° 1A-089-02 (nomenclatura de dicha Corte), en virtud de la consulta de ley a que se encuentra sometida la sentencia dictada el 16 de mayo de 2002, por esa Corte Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo, interpuesta bajo la modalidad de hábeas corpus,  por la abogada RUMERY RINCÓN ROSALES, en su carácter de defensora pública  de un adolescente, cuya identificación se omite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la medida de prisión preventiva dictada el 28 de abril de 2002, por el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes de ese Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas.

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 28 de abril de 2002, se celebró una audiencia oral ante el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, en la que se decretó la prisión preventiva  de un adolescente, conforme lo dispuesto en los artículos 559 y 581, literal a, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y se acordó la prosecución del proceso por el procedimiento ordinario.

El 6 de mayo de 2002, el referido Tribunal Primero de Control dictó un auto, en virtud de que la defensora pública solicitó la aplicación de una medida cautelar menos gravosa, mediante el cual acordó mantener la prisión preventiva dictada el 28 de abril de 2002, a los fines de asegurar la comparecencia del adolescente a la audiencia preliminar.

El 7 de mayo de 2002, la abogada RUMERY RINCÓN ROSALES, actuando con el carácter de defensora pública del adolescente, interpuso la acción de amparo ante un Tribunal de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas.

En esa misma oportunidad, el Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, se declaró incompetente para conocer del amparo y remitió la causa a la Corte Superior de la Sección de Adolescentes de ese Circuito Judicial Penal.

El 16 de mayo de 2002, la referida Corte Superior declaró inadmisible la acción de amparo, siendo esta decisión la que se encuentra sometida a consulta.

II

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La abogada RUMERY RINCÓN ROSALES, actuando con el carácter de defensora pública del adolescente, alegó que a su defendido le fueron cercenados los derechos al debido proceso, a la libertad, así como a que se le presuma inocente, lo que la motivó a interponer la acción de amparo, bajo la modalidad de hábeas corpus, con los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Indicó, que el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, le decretó a su patrocinado, el 28 de abril de 2002, la “PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD” conforme lo dispuesto en los artículos 559 y 581, literal a, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que el adolescente no tenía domicilio o residencia determinada, no portaba documento de identidad y se desconocía la ubicación de sus padres, lo que implicaba un inminente riesgo de evasión del proceso.

Refirió, que la medida de “PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD” decretada en la oportunidad de la audiencia de presentación,  fue indebidamente acordada, por cuanto la exposición de motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente,  señalaba que la prisión preventiva, prevista en el artículo 581 eiusdem, debía dictarse cuando había mérito para el enjuiciamiento.

Precisó, que a su defendido se le cercenó el derecho a que se le presuma inocente, una vez que se le decretó su detención en la audiencia de presentación y al señalarse que no tenía un domicilio o residencia determinada, no portaba documento, por lo que estimó que sólo era aplicable en el caso de su defendido lo contemplado en el artículo 588 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que preveía que la detención podía dictarse hasta por el lapso de noventa y seis horas.

En ese sentido, señaló que cuando transcurrieron las noventa y seis horas, sin que el Juez de Control hubiese dado cumplimiento con lo señalado en el referido artículo 558 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, acudió a la sede del Tribunal con la madre del adolescente para que asumiera la responsabilidad de su hijo y garantizara el cumplimiento de todas las condiciones u obligaciones que le impusiera el Tribunal, a los fines de que le fuese entregado el mismo. Asimismo, arguyó que solicitó la sustitución de la privación de libertad, por una medida menos gravosa.

Sostuvo, que la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, preveían que la privación de libertad debía ser excepcional y que se debía respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Igualmente, que no se evidenciaba de la Ley que se podía privar la libertad por el hecho de que el adolescente no tuviese su residencia dentro del Municipio en el cual se encontraba la oficina del Alguacilazgo.

Precisó por último, que por tratarse el presente caso de una “detención preventiva” y no de una prisión preventiva, no podía interponer el recurso de apelación.

Por tal motivó solicitó que se declarase con lugar el amparo y se ordenase la inmediata libertad del adolescente, quien se encontraba recluido en el Centro de Atención Inmediata Sabaneta, de la ciudad de Maracaibo.

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

La sentencia objeto de la presente consulta, dictada el 16 de mayo de 2002, por la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, para lo cual tuvo como fundamento, las siguientes consideraciones:

Que el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente señalaba que el Fiscal del Ministerio Público podía solicitar la detención del adolescente para asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar y que el artículo 581, literal a, eiusdem, preveía que en el auto de enjuiciamiento el Juez de Control podía decretar la prisión preventiva del imputado cuando existiese riesgo razonable de que el adolescente iba a evadir el proceso. Indicó además, que el artículo 608 ibídem, disponía que procedía el recurso de apelación contra los fallos de primer grado que autorizaban la prisión preventiva.

Señaló, que cuando se la causaba un agravio a todo adolescente imputado, quedaba autorizado para apelar, por lo que estimó que contra el auto dictado por el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes, podía interponerse ese recurso.

Precisó, que de conformidad con el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el recurso de apelación contra autos se debía interponer por escrito debidamente fundado, ante el Tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación y que en la fase preparatoria, de conformidad con el artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, todos los días eran hábiles.

Indicó, que al final de la decisión dictada el 28 de abril de 2002, por el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, se evidenciaba que las partes intervinientes en el acto de presentación del imputado quedaban notificadas, por lo que consideró que sí se tenía abierta la vía de la apelación.

Precisó, que la acción de amparo resultaba improcedente cuando existían medios procesales idóneos que permitiesen obtener los mismos efectos perseguidos por el amparo solicitado y que por no haber sido ejercido el recurso de apelación, existió un consentimiento tácito de la lesión de los derechos del adolescente, circunstancia que, a su juicio, devenía en una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo dispuesta en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

            Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente consulta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa:

En el presente caso, la decisión sujeta a consulta fue dictada por la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte del Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes de ese Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas.

Por tales motivos, esta Sala Constitucional, congruente con los criterios establecidos en los fallos del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide.

            Determinada la competencia, esta Sala debe acotar, como se asentó en la  sentencia del 17 de marzo de 2000 (caso: Juan Francisco Rivas), que la solicitud de amparo interpuesta por la defensora pública del adolescente, no se refiere a un hábeas corpus, sino que se contrae a una acción de amparo contra sentencia según lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la decisión proferida por el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, está sujeta a los medios de impugnación previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

            Ahora bien, esta Sala observa que la presente acción de amparo se interpuso, según se desprende de los alegatos aducidos por la defensora pública del quejoso, contra el pronunciamiento dictado el 28 de abril de 2002, por el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes de ese Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas, que decretó la prisión preventiva de un adolescente conforme lo dispuesto en los artículos 559 y 581, literal a, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

            En efecto, sostuvo la abogada del accionante que el referido Tribunal Primero de Control le cercenó derechos fundamentales a su defendido, por cuanto no podía ordenar la privación de libertad en la audiencia de presentación, en virtud de que la exposición de motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, señalaba que la prisión preventiva, prevista en el artículo 581 eiusdem, debía dictarse sólo cuando había mérito para el enjuiciamiento.  Refirió además, que la misma fue dictada al estimar el Tribunal Primero de Juicio que el imputado no tenía domicilio o residencia determinada, no portaba documento de identidad y se desconocía la ubicación de sus padres, lo que implicaba un inminente riesgo de evasión del proceso, pero que no obstante ello, estimó la abogada del quejoso, no se evidenciaba de la Ley que se podía  privar la libertad por el hecho de que el adolescente no tuviese su residencia dentro del Municipio en el cual no se encontraba la oficina del Alguacilazgo.

Ahora bien, esta Sala observa de las actas que conforman el expediente, que la defensora pública del adolescente solicitó, antes de la interposición del amparo, que el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia le acordase a su defendido una medida  menos gravosa, en virtud de que la madre del adolescente iba a asumir la responsabilidad de su hijo y garantizar el cumplimiento de todas las condiciones u obligaciones que le impusiera el Tribunal.

Así las cosas, esta Sala hace notar que la defensa técnica del quejoso interpuso el recurso previsto en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que consiste en lo siguiente:

“Siempre que las condiciones que autorizan la detención preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del interesado, deberá imponer en su lugar, alguna de las medidas siguientes...omissis...”

 

Por tanto, al haber solicitado la revisión de la prisión preventiva que había dictado el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, se optó por recurrir a la vías judiciales ordinarias que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente preveía para la impugnación de la decisión que a través del amparo se objeta, supuesto de hecho que se subsume en la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se precisa, al haber acudido la defensa del accionante al medio de impugnación ordinario que le ofrecía el legislador penal adjetivo de la materia de  adolescentes, antes de la interposición del presente amparo, no le estaba dado acudir, por los mismos motivos al amparo constitucional, pues, como ha reiterado esta Sala en diversas oportunidades, todos los jueces son tutores del cumplimiento y salvaguarda de la Carta Magna, por lo que al interponerse algún recurso ordinario previsto dentro de ese proceso penal especial, el Tribunal que tenía conocimiento de ello estaba facultado, en caso en que fuese procedente, para reparar o restituir situaciones jurídicas que fueron alegadas como infringidas por violaciones de derechos y garantías constitucionales.

Por último, cabe acotar que el Tribunal a quo declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 6 eiusdem, al considerar que al no haberse interpuesto el recurso de apelación contra la decisión que decretó la prisión preventiva, implicaba el consentimiento tácito de las violaciones constitucionales denunciadas.

En ese sentido, esta Sala hace notar que ciertamente contra la prisión preventiva podía interponerse recurso de apelación conforme lo dispuesto en el literal c del artículo 608 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, pero se colige que cuando la parte agraviada en el amparo no haya hecho uso de los recursos ordinarios y  acuda al amparo posteriormente, ese supuesto debe ser declarado inadmisible conforme lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Al respecto, esta Sala en sentencia del 23 de noviembre de 2001 (caso: Mario Téllez García y otro), señaló lo siguiente:

“El artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente dispone lo siguiente:

‘Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(omissis)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado’.

(...)

..., la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los  artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).

(...)

En consecuencia, estima la Sala que la falta de ejercicio oportuno del citado medio judicial, ocasiona la inadmisibilidad de la acción de amparo incoada, conforme a lo previsto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues –como se señaló- dicha norma no sólo autoriza el ejercicio de la acción de ‘amparo sobrevenido’ sino que fundamenta su inadmisibilidad cuando se dispone de un medio judicial idóneo para el logro de los fines que, a través de la tutela constitucional, se pretende alcanzar. Así se decide”.

 

Por los razonamientos que preceden, esta Sala debe confirmar, en los términos expuestos en el presente fallo, la sentencia dictada el 16 de mayo de 2002, por esa Corte Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada RUMERY RINCÓN ROSALES, en su carácter de defensora pública  de un adolescente. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada 16 de mayo de 2002, por esa Corte Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo, interpuesta por la abogada RUMERY RINCÓN ROSALES, en su carácter de defensora pública  de un adolescente.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes  de octubre de dos mil dos (2002).  Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                  El Vicepresidente,

 

                       

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                         ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

             Ponente

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. 02-1400

AGG/jarm       

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