Venley

Sentencia N.º 269

Sentencia
N.º 269
Fecha
16/03/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2497
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, mediante escrito que fue presentado, ante esta Sala, el 9 de septiembre de 2004, el ciudadano GERMÁN JOSÉ MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, Defensor del Pueblo, y los abogados LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO ROSSI PALENCIA, VERÓNICA CUERVO SOTO, LINDA CARALÍ GOTILLA y SACHA FERNÁNDEZ, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nos 15.572, 65.600, 71.275, 75.192, 78.194 y 70.772, respectivamente, quienes actúan como funcionarios de la Defensoría del Pueblo, carácter que consta en autos, plantearon, ante esta Sala demanda de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, de los artículos 30, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 112 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, que se publicó en Gaceta Oficial de dicho Estado, edición extraordinaria, el 20 de diciembre de 1990.

El 2 de noviembre de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad y ordenó la realización de las notificaciones a que se refiere la Ley. Asimismo, se acordó la formación de cuaderno separado para la decisión de la medida cautelar que se solicitó.

El 11 de noviembre de 2004, se recibió este cuaderno separado del Juzgado de Sustanciación y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz para la decisión de la medida cautelar.

 

I

DE LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

1.                En síntesis, la parte actora planteó su pretensión de nulidad en los siguientes términos:

1.1           Que las normas que se impugnaron establecen faltas e infracciones restrictivas de libertad, en un cuerpo normativo “que no tiene rango de ley”, por lo que violan el principio de legalidad de las faltas y las penas y, en consecuencia, violan el derecho fundamental a la libertad personal y al debido proceso. 

1.2      Que las normas que se impugnaron otorgan a ciertas autoridades administrativas “la posibilidad de efectuar detenciones personales a ciudadanos”, con independencia de que exista flagrancia o no en el caso concreto, en violación a la “reserva judicial en materia de libertad personal” y al derecho a la libertad personal que recoge el artículo 44, cardinal 1, de la Constitución.

1.3      Que dichas normas establecen procedimientos que se dirigen a la imposición de tales sanciones privativas de libertad, en detrimento del principio de legalidad y del principio de reserva nacional en materia de legislación de procedimientos, que expresamente dispone el artículo 156, cardinal 32, de la Constitución, así como, también, del derecho a la libertad personal.

En este sentido agregaron que los referidos preceptos del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua “establecen un procedimiento administrativo sumario, ajeno a cualquier control jurisdiccional, que implica una injerencia grave en el derecho a la libertad personal”, al debido proceso, a la defensa y a la inviolabilidad de recintos privados y que “cualquier procedimiento que concluya en la detención o arresto de una persona, en una multa pecuniaria o en la aplicación de cualquier sanción, debe ser regulado por un procedimiento establecido en una ley nacional emanada de la Asamblea Nacional”.

1.3.1. Que “Se estatuyen procedimientos donde el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de defensa, quedando desprovisto de oportunidades para alegar y probar, así como de ejercer los recursos contra la decisión administrativa definitiva, la cual ni siquiera se exige que sea motivada”.

1.3.2       Que lo anterior se agrava en el caso de los artículos 65, 66, 67 y 76 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, que se refieren a detenciones y sanciones a niños y adolescentes, lo que constituye violación a los artículos 54, 75 y 78  de la Constitución, del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

1.4             Que los artículos 68 y 69 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua son nulos porque, además, “desarrollan la llamada Ley sobre Vagos y Maleantes”, la cual fue declarada inconstitucional mediante sentencia de 6 de noviembre de 1997, de la Sala Plena de la antigua Corte Suprema de Justicia. 

1.5             Que solicitan medida cautelar innominada en atención a la cual:

“…se suspenda provisionalmente, hasta la sentencia definitiva que resuelva el presente recurso, la aplicación de los artículos 30, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 112 todos del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua (...) y en consecuencia se ordene a todos los funcionarios encargados de la aplicación de tales artículos, a través del Gobernador del Estado Aragua, abstenerse de aplicar los procedimientos y sanciones establecidas en dicho Código, especialmente las privativas de libertad mediante arresto policial, e instarles a la aplicación del procedimiento de faltas previsto en el Código Orgánico Procesal Penal en caso de que se constate la verificación, por parte de ciudadanos, de las faltas previstas en el Código Penal”. 

 

Que, en caso de que la Sala desestime dicha petición cautelar, ejerza “una tutela judicial anticipativa o preventiva, dicte cualquier otra medida que considere pertinente y necesaria para salvaguardar las resultas del juicio...”.

Que existe presunción de buen derecho, la cual se deriva de la evidente violación a los principios constitucionales que se invocaron, por parte de las normas del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. En relación con el peligro en la mora, alegaron que, “en caso de no dictarse medida cautelar alguna (...) traería como consecuencia que continúen los funcionarios policiales del Estado Aragua, en la realización de arrestos administrativos, los cuales no podrían ser reparados con la sentencia definitiva”. Asimismo, señalaron que existe permanente amenaza de conculcación de los derechos humanos de los habitantes del Estado Aragua.

1.6      En consecuencia, pidieron: (i) se declare la causa como asunto de mero derecho; (ii) se acuerde su tramitación según el procedimiento que estableció la Sala en sentencia n° 1561 de 12 de diciembre de 2000; (iii) se declare la nulidad de los artículos que fueron mencionados del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua; y (iv) se pronuncie la medida cautelar que se solicitó u otra suficiente para el aseguramiento de las resultas del juicio.

 

II

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En este estado del proceso, corresponde a la Sala el pronunciamiento en relación con la procedencia de la medida cautelar que se solicitó en el curso de esta demanda de nulidad.

Tal como pacíficamente sostuvo esta Sala, el poder cautelar general del juez constitucional puede ejercerse en el marco de los procesos de nulidad de actos de naturaleza legislativa, con el objeto de dictar las medidas que resulten necesarias para el aseguramiento de la eficacia de la sentencia definitiva; medidas cuya procedencia, según se expuso -entre otras muchas- en sentencias de 8-6-00, caso Alexis Viera Brandt, y de 13-6-02, caso Ordenanza de Timbre Fiscal del Distrito Metropolitano de Caracas, depende, fundamentalmente, del cumplimiento de los requisitos que establece la Ley adjetiva, y, concretamente los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.

La novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia recogió, de manera expresa, ese derecho a la tutela cautelar, que es garantía del derecho a la tutela judicial eficaz y postuló la existencia de un poder cautelar general en el marco de los procesos que se sustancien de conformidad con esa Ley. Así, se lee en el artículo 19, parágrafo 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:

 

“En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y el Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”.

 

La norma hace suyo el primero de los requisitos de procedencia propios de toda medida cautelar: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Además, y aunque no lo establezca con la misma claridad, exige el segundo de los requisitos inmanentes a toda medida cautelar, como lo es la verificación del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), desde que dispone que la cautela no tiene otra finalidad que la garantía de las resultas del juicio. No podría entenderse de otra manera, pues la exigencia de ambos requisitos es consustancial a la naturaleza jurídica de toda medida cautelar, tanto así que si el legislador prescindiera de alguno de tales supuestos, estaría desnaturalizando la esencia misma de las medidas cautelares (Calamandrei, Piero, Providencias Cautelares, traducción de Santiago Sentis Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, pp. 69 y ss.).

De allí que puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares, en este ámbito, no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe acordarlas.

En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial eficaz de la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió con sus requisitos; y, al contrario, negarle tutela cautelar, a quien cumple plenamente con dichas exigencias, implicaría una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la ejecución eficaz del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar (Cfr. González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, segunda edición, Civitas, Madrid, 1989, pp. 227 y ss.). Asunto distinto es que en la ponderación del cumplimiento de los supuestos que se reclaman para la tutela cautelar, el juez tenga una amplia facultad de valoración que lo lleve a la conclusión de que, efectivamente, existen condiciones suficientes para el pronunciamiento de la medida.

Tales extremos deben cumplirse de manera concurrente, por lo que si falta alguno de estos elementos, el juez no podría decretar la cautela. En este orden de ideas, debe agregarse que, en materia de Derecho Público y más concretamente en el ámbito de la jurisdicción constitucional, donde necesariamente están en juego intereses generales, el juez también deberá realizar una ponderación de los intereses en conflicto para que una medida particular no constituya una lesión a los intereses generales en un caso concreto.  

Del análisis del cumplimiento de tales supuestos de procedencia de las medidas cautelares en el caso de autos, la Sala observa:

La parte actora solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de las normas que se impugnaron y “se ordene a todos los funcionarios encargados de la aplicación de tales artículos, a través del Gobernador del Estado Aragua, abstenerse de aplicar los procedimientos y sanciones establecidas en dicho Código, especialmente las privativas de libertad mediante arresto policial, e instarles a la aplicación del procedimiento de faltas previsto en el Código Orgánico Procesal Penal en caso de que se constate la verificación, por parte de ciudadanos, de las faltas previstas en el Código Penal”.

En este sentido, alegó que la presunción de buen derecho se deriva de la evidente inconstitucionalidad de las normas que se impugnaron, fundamentalmente por las siguientes razones: porque violan la reserva legal nacional que el artículo 156 constitucional establece en materia de tipificación de faltas y sanciones y en materia de procedimientos; porque otorgan competencia a órganos administrativos, como lo son las autoridades de Policía, el Gobernador y el Comandante General del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, para que impongan sanciones privativas de libertad, en concreto de arresto, en detrimento del derecho a la libertad personal que reconoce el artículo 44, cardinal 1, de la Constitución; porque regulan procedimientos que, además de ser violatorios a la reserva legal nacional, violan el derecho a la defensa y al debido proceso; por último, hicieron referencia a varias normas que, o bien se fundamentan en la Ley de Vagos y Maleantes, que fue objeto de nulidad por razones de inconstitucionalidad, o bien lesionan los derechos fundamentales de menores y adolescentes sin que se haya tenido en consideración la legislación nacional en la materia.

Observa la Sala que las normas que se impugnaron se encuentran en el Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, cuerpo normativo que ostenta el rango de una ley estadal. El texto de los artículos cuya suspensión se pretende es el siguiente:

 

“Artículo 30º. El Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, coadyuvará en sus funciones con los organismos instructores del proceso penal determinados en la Ley. En consecuencia, podrá detener a los individuos sobre quienes recaigan fundadas sospechas de haber participado en la Comisión de un delito o falta prevista en el Ordenamiento punitivo legal vigente, especialmente si existe la presunción de que puedan ocultarse o fugarse. De la detención harán un Acta escrita con expresión del fundamento que la motiva y una vez ejecutada se remitirá a la autoridad competente.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las atribuciones específicas de las demás autoridades de Policía serán establecidas en los Reglamentos respectivos.

 

Artículo 32º. El Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, velará porque no circulen, dentro de su territorio, anónimos, escritos o dibujos dirigidos a lesionar a las personas o instituciones públicas y/o privadas. Comprobada la identidad de los infractores, éstos serán sancionados con multas de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de las penas en que incurran de conformidad, con lo previsto en el Código Penal.

 

Artículo 40º. El Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua velará porque de las sedes de las empresas comerciales e industriales no se desprendan chispas, gases, cenizas o cualesquiera otro cuerpo que pueda ocasionar daños o perjuicios a la ciudadanía o al ambiente. Los contraventores serán sancionados de conformidad con el Artículo 52 del presente Código.

 

Artículo 42º. El Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, velará porque los hoteles; moteles; residencias y/o pensiones, mantengan vigentes los permisos para su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de comprobar alteraciones en sus fines o en sus construcciones, procederá a la elaboración del Acta Policial respectiva, cierre preventivo del establecimiento e inmediata participación a los Organismos Competentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se compruebe el alojamiento de extranjeros ilegales ingresados al país, en dicho establecimiento, la autoridad policial procederá a su detención y pase a la orden del organismo competente. Igualmente podrá efectuar el cierre preventivo del local pasando los recaudos del procedimiento a la autoridad respectiva, quien decidirá acerca del cierre definitivo.

 

Artículo 43º. Todo ciudadano está en la obligación de prestar la colaboración que pidan las autoridades de policía, salvo el caso que estuviese física o legalmente impedido. Los infractores serán penados con multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda incurrir por su omisión o negligencia.

 

Artículo 44º. Todo ciudadano que presencie o tenga conocimiento de que se está cometiendo o se intenta cometer algún delito o falta, debe impedirlo si tiene medios eficaces para ello y, en caso de no tenerlos, dar parte inmediato a las autoridades de policía; en caso contrario será sancionado de acuerdo a lo previsto en el Artículo precedente.

 

Artículo 45º. Todo ciudadano que perturbe el ejercicio de algún culto, faltando al orden debido, queda bajo la acción del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, haciéndose acreedor a multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurre.

 

Artículo 46º. Ninguna persona podrá arrancar, romper, borrar o, de cualquier manera dañar carteles o edictos públicos. En caso de incurrir en esta falta, será sancionado con multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 47º. Ningún ciudadano podrá hacer llaves por modelos, por estampas u otras llaves sin la autorización del propietario respectivo; así como tampoco llaves maestras, ganzúas u otros instrumentos destinados a falsear cerraduras. Quien se dedique a la elaboración y/o venta de los artículos descritos, deberá llevar un libro de control donde se registren los datos de la persona que los requiera, indicándole su dirección y número y/o marca de las llaves. Dicho libro deberá ser certificado por la autoridad competente.

Los infractores serán sancionados con multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 51º. Se prohíbe la ejecución y emisión de ruidos molestos que de alguna manera perturben la tranquilidad de las personas. Los infractores serán sancionados con una multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de la aplicación de la normativa legal específica que rige la materia.

 

Artículo 52º. Los locales de industria, comercio y establecimiento para el servicio público, deberán cumplir las condiciones de seguridad e higiene que señalan las normas que rigen la materia. Los infractores incurrirán en multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de la aplicación del ordenamiento legal específico sobre la materia.

 

Artículo 53º. Todo objeto que necesite ser trasladado de un lugar a otro por las vías de circulación deberá ser transportado de acuerdo a las medidas y tomando las precauciones que para cada caso en particular señala el ordenamiento legal. Los contraventores incurrirán en multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de reparar los daños causados.

 

Artículo 54º. Se prohíbe cortar, arrancar o dañar los árboles de parques, alamedas, plazas o calles sin la autorización correspondiente, así como también destruir linderos particulares o municipales, alterar los mojones fijados por deslindes judiciales o por orden del Concejo Municipal o Juntas Comunales. Su contravención acarrea multa de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 55º. Quien por acción, omisión o negligencia inutilice máquinas, aparatos, instalaciones o equipos destinados a algún servicio público, incurrirá en multa de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de la reparación del daño causado.

 

Artículo 56º. Quien conduzca un vehículo automotor violando el límite máximo de velocidad establecido o lo haga bajo influencia alcohólica o no observe las indicaciones de los semáforos, produciendo daños materiales y/o personales que implique la alteración del orden público, serán sancionados con arresto de 72 horas, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las Leyes Especiales que le sean aplicables.

 

Artículo 58º. Del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, podrán incautar o incinerar los impresos, manuscritos, estampas, revistas, folletos y todo género de literaturas y otro material que se exponga al público, cuyo contenido ofenda el pudor, la moral y las buenas costumbres e impondrán a los responsables multas de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional. (sic)

 

Artículo 61º. Las autoridades policiales tomarán las medidas necesarias que exijan las buenas costumbres y la tranquilidad pública, a los fines de evitar la prostitución.

 

Artículo 63º. Ninguna persona podrá estar en estado de embriaguez manifiesta en un lugar público perturbando el orden. El contraventor será sancionado con multa de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 64º. Ninguna persona podrá ocasionar la embriaguez de otros al hacerlos ingerir bebidas alcohólicas, tanto en lugares públicos o establecimientos abiertos al público. El contraventor será sancionado con arresto hasta por ocho (8) horas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el contraventor fuere el comerciante en bebidas alcohólicas, la primera Autoridad Civil de la localidad podrá ordenar el cierre preventivo del establecimiento lo cual hará del conocimiento de la Autoridad competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Al igual que en el Parágrafo Primero se procederá cuando en el establecimiento ocurran hechos de sangre o escándalos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, quedando facultada la autoridad competente para negar los respectivos permisos de funcionamiento pudiendo incluso tramitar la cancelación del permiso de expendio de licores.

 

Artículo 65º. Queda prohibido expender bebidas alcohólicas a menores de edad. Los expendedores, administradores, encargados o dependientes que infrinjan este Artículo, incurrirán en una sanción de ocho (08) días de arresto, sin perjuicio de la aplicación de las Leyes Especiales vigentes sobre la materia.

 

Artículo 66º. Los propietarios o encargados de establecimientos donde se efectúen juegos ilícitos, permitirán la permanencia de personas sólo hasta las doce de la noche y, en ningún caso aceptarán la concurrencia de menores de edad, de lo contrario serán sancionados con una multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) o arresto proporcional. En caso de reincidencia la sanción podrá ser aumentada hasta el doble y/o cierre del local.

 

Artículo 69º. Se prohíbe la utilización de la vía pública como medio de captación para dedicarse a la prostitución. El contraventor será sancionado con arresto de tres días y, en caso de reincidencia le será aplicado el procedimiento previsto en la Ley de Vagos y Maleantes.

 

Artículo 70º. Los espectáculos y diversiones públicas deberán someterse a las prescripciones del presente Código y a las Leyes, así como también a los Decretos, Resoluciones y Ordenanzas que al efecto emitan las autoridades competentes. Los infractores de esta disposición incurrirán en multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.10.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 71º. El permiso para la realización de espectáculos y diversiones públicas puede ser revocado o suspendido cuando así lo requieran razones de orden público, moral o buenas costumbres. En caso de que el espectáculo no corresponda al permitido por la autoridad, se impondrá al infractor multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,oo) a DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,oo) o arresto proporcional y, de acuerdo con el delito o falta cometida, simultáneamente se tramitará el procedimiento ante el organismo competente, a los fines de la instrucción del respectivo expediente.

 

Artículo 72º. Las Autoridades de Policía harán que se devuelva a los espectadores el valor de las entradas cuando se les ofrezca un espectáculo y no se cumpla con lo señalado en el programa o la venta de entradas haya sido superior a la capacidad de asientos del local. Igualmente el infractor será sancionado con multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,oo) a DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 76º. Se prohíbe la entrada de menores de catorce años de edad a los espectáculos públicos que empezaren después de las siete de la noche. Serán responsables, de toda contravención los dueños de las empresas, a quienes se les impondrá multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,oo) o arresto proporcional. En caso de reincidencia, podrá ordenarse el cierre del local.

 

Artículo 86º. La única forma de trasladar semovientes por las vías públicas será mediante transportes especiales. Los contraventores serán sancionados con multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional.

 

Artículo 87º. Queda prohibido tener sueltos animales domésticos que puedan causar daños a terceros dentro de las zonas urbanas, suburbanas y vías públicas. De infringirse esta Disposición en las vías públicas, el dueño del animal será sancionado con multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) o arresto proporcional. Si la infracción ocurriere dentro de las zonas urbanas, en las calles o plazas, la sanción será multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs.2.000,oo) o arresto proporcional, pudiendo elevarse la multa hasta CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) cuando los daños sean contra parques, plazas, calles y demás obras públicas, no exceptuando ello en ninguno de los casos la obligación de reparar o resarcir el daño causado.

 

Artículo 88º. Cuando se mantenga dentro de cercados o casa, animales feroces, venenosos o dañinos, y se requiera conducirlos de un lugar a otro por vía pública, el dueño deberá tomar las precauciones necesarias para evitar que puedan causar daños a terceros. Los contraventores serán sancionados con multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.5.000,oo) o arresto proporcional, sin perjuicio de las demás acciones legales que el hecho amerite.

 

Artículo 93º. Cuando una persona natural o jurídica que estando en manifiesta posesión de una cosa, ocurra por sí o por representación legal, ante la Primera Autoridad Civil del Municipio o Parroquia denunciando que se intenta despojarla de ella o perturbarla de hecho, el funcionario policial respectivo hará comparecer a su Despacho a aquel o a aquellos a quienes se dirija la denuncia, y si éste no mostrare mandato de Autoridad Judicial competente para que la cosa le sea entregada, dará eficaz protección al querellante, manteniéndolo en su estado actual de poseedor hasta tanto el querellado compruebe su mejor derecho de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley.

 

Artículo 95º. Las faltas se clasifican, a los efectos del presente Código, en:

1.- Faltas simples, aquellas que no causen perjuicio a terceros.

2.- Faltas graves, aquellas que amenazan la seguridad y el orden público, las que ofenden el pudor y las buenas costumbres; las que perjudiquen la Salubridad Pública y, en general, aquellas que producen daño a la comunidad o a los particulares.

ÚNICO: Las faltas serán sancionadas de acuerdo a lo que establece el presente Código.

 

Artículo 96º. Se considerará falta grave la no comparecencia al lugar en la fecha que especifique la Boleta de Citación expedida por cualquier Autoridad de Policía y conlleva una sanción de arresto hasta por un máximo de ocho (8) días, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que esté incurso el citado, de acuerdo a la normativa especial que rija la materia de que se trate.

 

Artículo 97º. Las Autoridades Policiales podrán aplicar, con carácter correctivo, sanciones de naturaleza administrativa.

 

Artículo 98º. Las sanciones administrativas aplicables por las Autoridades de Policía son las siguientes:

1-Amonestación verbal en privado.

2-Expulsión de sitios públicos o abiertos al público.

3-Presentación periódica para supervisar y controlar a los reincidentes en la Comisión de faltas policiales.

4-Caución de buena conducta.

5-Retención transitoria.

6-Multa o sanción pecuniaria no menor de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,oo) ni mayor de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), convertible en sanción corporal, arresto proporcional.

7-Decomiso, consistente en la retención o confiscación preventivas de sustancias y/o especies.

8-Cierre preventivo de establecimientos.

9-Confinamiento, el cual no podrá exceder de tres (3) meses.

10-Expulsión, la cual no podrá exceder de tres (3) meses.

11-Arresto, el cual no podrá exceder de ocho (8) días.

PARÁGRAFO PRIMERO: Quien rehúse de dar caución podrá ser arrestado hasta que la constituya  sin que dicho arresto exceda del que corresponde a la falta que se trata de prevenir.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La cuantía de la fianza no podrá exceder de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,oo). En caso de falta del compromiso que se garantiza con la caución, ésta se le hará efectiva.

 

Artículo 99º. El Gobernador del Estado Aragua podrá imponer multas o arrestos hasta por ocho (8) días, mediante Resolución razonada, para mantener el Orden, la moral, la decencia pública, la seguridad social y la protección de las personas y sus bienes.

PARÁGRAFO ÚNICO: El Gobernador del Estado Aragua queda expresamente facultado para imponer las penas de confinamiento o expulsión.

 

Artículo 100º. El Comandante General del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, podrá imponer sanciones de arresto hasta por cinco (5) días y noventa y seis horas.

 

Artículo 101º. Los Comandantes de Policía de las Unidades Operativas podrán imponer sanción de arresto hasta por setenta y dos (72) horas, igual pena podría ser impuesta por los Prefectos Municipales, los Alcaldes de Municipios, Jefes Civiles y los Comandantes de Policía de las respectivas jurisdicciones.

 

Artículo 102º. Cuando la falta cometida en la jurisdicción de los Prefectos amerite mayor sanción a la que estén facultados en el presente Capítulo, la comunicarán a la Autoridad Inmediata Superior, a quien remitirán los recaudos de lo actuando, a fin de que procedan a decidir la sanción que será impuesta.

 

Artículo 103º. La sanción de arresto que se trata en los Artículos precedentes sólo podrá exceder del máximo en ellos fijados cuando provenga de la conmutación de la sanción de multa impuesta por la Autoridad competente, de acuerdo con la regla establecida en este Código.

 

Artículo 104º. Las sanciones de arresto se sufrirán en la sede de los Cuarteles de Policía en los lugares que a tal efecto se destinen.

 

Artículo 106º. La sanción para cualquier falta no contemplada en este Código, será multa de CIEN (100,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo) o arresto proporcional, a juicio de la Autoridad Competente.

 

Artículo 107º. Las penas impuestas por las Autoridades de Policía, que hayan causado daño o perjuicio a terceros, no impiden que los interesados ocurran ante los Tribunales Competentes para la defensa de sus intereses.

 

Artículo 109º. Cuando se hubiere impuesto la multa y el sancionado no pudiere satisfacerla tendrá derecho a solicitar que se le conmute en arresto.

 

Artículo 110º. El cómputo a que se refiere el Artículo anterior, se hará en razón de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,oo) por cada día de arresto.”

 

Del texto de las normas que se transcribieron, considera la Sala que, en efecto, y sin adelantamiento de opinión respecto de la resolución de fondo de la pretensión de nulidad, el somero contraste de las mismas respecto de las normas constitucionales que se invocaron como violadas, específicamente las que se refieren a la exclusiva competencia judicial para la imposición de medidas privativas de libertad (artículo 44, cardinal 1, de la Constitución) y la reserva legal nacional en materia de regulación de sanciones y procedimientos penales (artículo 156, cardinal 32 eiusdem), refleja la existencia de, al menos, una discrepancia, pues se trata de preceptos de una Ley estadal que establecen una potestad administrativa de arresto sin alusión a la orden judicial que, en tales casos, exige la Constitución.

Ello, además, en atención a la jurisprudencia de esta Sala que en casos muy similares, se ha pronunciado, incluso en sede cautelar, en este mismo sentido, concretamente mediante las sentencias 270 de 25 de abril de 2000 (caso, nulidad del Código de Policía del Estado Yaracuy); 139 de 7 de agosto de 2001, (caso, Código de Policía del Estado Bolívar) y 1204 de 22 de junio de 2004, (caso, Ley de Extranjeros). De allí que se concluya en la existencia de fumus boni iuris. No obstante, insiste la Sala que tales indicios sólo actúan como juicio preliminar y de verosimilitud, sin que prejuzguen sobre la decisión de fondo, pues la constitucionalidad de tales normas sólo podrá ser objeto de determinación a partir de un análisis exhaustivo de la Ley estadal que se cuestionó o, en todo caso, mediante su interpretación integral respecto del resto del ordenamiento jurídico vigente que desemboque en un juicio de verdad. Así se decide.

En segundo lugar, y en relación con el requisito del peligro en la mora, la parte actora alegó que existe la amenaza de verificación de un perjuicio irreparable al derecho a la libertad personal de los sujetos que se encuentren en el supuesto de hecho de esas normas y que, “en caso de no dictarse medida cautelar alguna (...) traería como consecuencia que continúen los funcionarios policiales del Estado Aragua, en la realización de arrestos administrativos, los cuales no podrían ser reparados con la sentencia definitiva”.

En criterio de esta Sala, es evidente que las posibles órdenes de arresto que dicten las autoridades administrativas estadales con fundamento en las normas que se impugnaron, ocasionarían un perjuicio indudablemente irreparable por la eventual sentencia estimatoria de la pretensión de nulidad, pues ni aún la reparación pecuniaria de los daños y perjuicios podría restablecer plenamente la lesión que sufra quien ha sido privado de su libertad de manera indebida. Se trata de un supuesto de suma gravedad que, además, no requiere, en criterio de la Sala, de medio de prueba respecto de un caso concreto. En consecuencia, se cumple también con el segundo de los requisitos necesarios para el otorgamiento de las medidas cautelares. Así se decide.  

Cabe la reiteración, en este sentido, de las consideraciones que realizó esta misma Sala en la sentencia de 25 de abril de 2000 (caso nulidad del Código de Policía del Estado Yaracuy) a que se hizo referencia, en la que se señaló:

 

“Sin embargo, no debe olvidarse que la inaplicación de un instrumento normativo como medida cautelar colide con la presunción de validez de los actos legales y su obligatoriedad desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República, de los Estados o Municipios, de modo que si no se maneja con equilibrio aquella inaplicación el principio de autoridad quedaría quebrantado, de allí que, para que pueda ser acordada, tiene que existir una verdadera y real justificación.  Esta puede venir dada no sólo por los perjuicios materiales irreparables que puedan originarse de actos administrativos ejecutados con fundamento en el instrumento normativo conocido, sino por la jerarquía y la entidad de los derechos en juego. De tal forma, que si con la aplicación del instrumento normativo se afectan derechos consustanciales y fundamentales de la persona humana, que ontológicamente forman parte de la misma definición de los seres humanos, considerados como integrantes de una sociedad, como serían: el derecho a la libertad, al libre tránsito y a ser juzgados por sus jueces naturales, la inaplicación del artículo 82 del Código de Policía del Estado Yaracuy está justificada, en resguardo de la seguridad e interés del colectivo del Estado Yaracuy que desde el punto de vista estatal constituyen un interés público, atemperándose entonces el principio de la obligatoriedad de los actos normativos una vez publicados en la Gaceta Oficial así como el principio de autoridad”.

 

De otra parte, en lo que se refiere al artículo 67 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, cuyo texto es el siguiente: “(s)e prohíbe la permanencia y/o concurrencia de menores de edad en lenocinios o sitios similares. En caso de ser sorprendidos infraganti, el Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, dará aviso al padre o representante para la debida corrección del menor, e igualmente procederá al cierre preventivo del establecimiento. De ser reincidente el menor, deberá ser puesto a la orden del Instituto Nacional del Menor”, se observa que, ciertamente, se trata de la adopción de medidas correctivas frente a niños, niñas y adolescentes cuya adecuación al Texto Constitucional (artículo 78) y a la legislación nacional requiere de un detallado análisis, no obstante lo cual, por cuanto su protección integral es expresamente requerida por la Constitución, en atención a su interés superior, considera la Sala que los posibles perjuicios a niños y adolescentes que pudieren causarse por la ejecución de dicha norma ameritan su suspensión mientras dure este juicio. Así se decide.

En relación con el artículo 68 de la normativa estadal que se impugnó, cuyo texto es el siguiente: “(t)odo individuo, cuya actuación irregular esté encuadrada dentro de los supuestos de la Ley de Vagos y Maleantes, será aprehendido y sometido al procedimiento que dicha Ley establece”, considera la Sala que, en efecto, la fundamentación de la norma en una Ley nacional que fue objeto de declaratoria de inconstitucionalidad mediante sentencia de la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia  de 6 de noviembre de 1997, constituye presunción suficiente de buen derecho para el otorgamiento de la medida cautelar, en abundancia a lo cual se verifica el mismo peligro en la mora que antes se analizó, pues las sanciones cuya imposición permite el precepto son privativas de libertad, en atención a las cuales se reiteran las consideraciones que antes se expusieron. Así de decide.

Sin embargo, no considera la Sala que el resto de las normas cuya nulidad se solicitó, esto es, los artículos 48, 49, 57, 73, 75, 105, 108 y 112 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, cumplan con el requisito del peligro en la mora necesario para el otorgamiento de la medida cautelar que se requirió, pues las mismas no regulan sanciones penales privativas de libertad, de manera que su eventual aplicación sería siempre reversible por la sentencia definitiva. Así, el texto de dichas normas es el siguiente:

 

 “Artículo 48º. Ninguna armería podrá reparar armas de fuego que no estén debidamente amparadas por el permiso respectivo. La contravención de esta disposición acarrea multa de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) a DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo), sin perjuicio de la aplicación de la normativa que regula la materia.

 

Artículo 49º. Se prohibe elaborar pólvora o fuegos artificiales dentro de las áreas pobladas. El infractor será sancionado con multa de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) a CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), sin perjuicio de la aplicación de la normativa legal que rige la materia.

 

Artículo 57º. Las Autoridades de Policía, de oficio o a petición del dueño y/o encargado, podrán desalojar de los establecimientos públicos, a quienes se encuentren en estado de ebriedad o cometan actos atentatorios contra la moral y las buenas costumbres.

 

Artículo 73º. Los salones o lugares destinados a espectáculos deberán estar acondicionados de manera tal que los espectadores puedan presenciar cómodamente el espectáculo, así como también deberán estar organizados en forma que permitan la entrada y salida sin dificultad, además de las respectivas salidas de emergencia. La inobservancia de esta disposición acarreará el cierre de los mismos.

 

Artículo 75º. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los juegos o espectáculos públicos que se efectúen en las zonas rurales o urbanas, cuando así lo consideren conveniente las autoridades de Policía facultadas para limitar el expendio de dicha especie los días Sábado, Domingo y Feriados.

 

Artículo 105º. Cuando fuere multa la sanción impuesta, se extenderá un recibo por triplicado quedando uno de dichos ejemplares en el Archivo del Organismo donde se impuso, otro se entregará al sancionado y un tercero a la Administración Municipal o la Tesorería del Estado, según corresponda la multa.

 

Artículo 108º. Toda sanción impuesta por cualquiera de las Autoridades de Policía, deberá mediante Resolución motivada, cuyo contenido deberá asentarse en los libros que al efecto deberán llevar y, además, incluirlo en el Banco de Datos Computarizado.

 

Artículo 112º. Las sanciones establecidas en el presente Código, no excluyen la aplicación de otras que contemplaren las Leyes y Reglamentos Nacionales y Municipales.”

 

 

En consecuencia, se desestima la pretensión cautelar que se pidió en relación con los artículos 48, 49, 57, 73, 75, 105, 108 y 112 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. Así se decide.

Por último y en relación con los términos en que ha de otorgarse la tutela cautelar en este caso, en relación con artículos que cumplen concurrentemente los supuestos para ello, esto es, los artículos 30, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, considera la Sala que la mera suspensión de los efectos de las normas que se impugnaron podría resultar contraria a los intereses generales, pues traería como consecuencia un vacío legal –aunque temporal- respecto de la potestad de policía administrativa en esos casos y podría suponer una impunidad lesiva al orden público e irreparable, también, por la definitiva. En consecuencia, y en atención a la ponderación de los intereses en conflicto, considera la Sala que ha de acordarse medida cautelar innominada mediante la cual, tal y como lo solicitó la parte actora, se suspendan, provisional y parcialmente, los efectos de las normas que se impugnaron y se ordene, a los funcionarios administrativos a los que compete su aplicación, la abstención de imposición de las medidas y procedimientos privativos de libertad que preceptúan dichas reglas, por lo que deberán, en todo caso, aplicar el procedimiento de faltas que acogió el Código Orgánico Procesal Penal en caso de que se compruebe la verificación, por parte de ciudadanos, de las faltas que tipifica el Código Penal. Así se decide.

   

III

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la medida cautelar innominada que se solicitó en el curso de la demanda de nulidad parcial del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua que planteó la Defensoría del Pueblo. En consecuencia,

                        1.         Se SUSPENDEN, provisional y parcialmente, los efectos los artículos 30, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua y se ORDENA a los funcionarios administrativos, a los que compete su aplicación, abstenerse de la imposición de las medidas y procedimientos privativos de libertad que establecen dichos preceptos, por lo que deberán aplicar el procedimiento de faltas que dispuso el Código Orgánico Procesal Penal en caso de que se cometan, por parte de ciudadanos, las faltas que tipifica el Código Penal.

2.         NIEGA la pretensión cautelar que se solicitó en relación con los artículos 48, 49, 57, 73, 75, 105, 108 y 112 del Código del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua.

 

Publíquese y regístrese. Anéxese esta pieza separada al expediente principal.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                a los      16 días del mes de marzo de dos mil cinco. Años: 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

 

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

…/

…

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

 

MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

                        El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 04-2497

 

 

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