Venley

Sentencia N.º 270

Sentencia
N.º 270
Fecha
04/06/2009
Sala
Casación Penal
Expediente
C08-349
Ponente
Héctor Manuel Coronado Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

 

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

En fecha 2 de abril de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, integrada por los Jueces CECILIA YASELLI FIGUEREDO (ponente), JULIAN HURTADO LOZANO y ÓSCAR HENRÍQUEZ FIGUEROA, declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto por la defensa del acusado JOSÉ JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, venezolano y con cédula de identidad N° 16.255.501, contra la sentencia del Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, que lo condenó a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS, DIEZ MESES (10) y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, previstos en los artículos 406, numeral 1°, y 413 del Código Penal.

 

Contra la decisión de la Corte de Apelaciones propuso recurso de casación el abogado EDGAR ALEXANDER BRITO TORREZ, Defensor Público Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, en su carácter de defensor del acusado.

Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Recibido el expediente, el día 18 de septiembre de 2008, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto en los términos siguientes:

 

DE LOS HECHOS

 

El Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial del Estado Sucre, extensión Carúpano, estableció los siguientes hechos:

 

“…El día 20 de noviembre de 2004, en horas de 2:00 a 3:00 de la mañana, en la Calle Libertad frente a la casa N° 36, en las inmediaciones de la Plaza Miranda, de este municipio Bermúdez, se perpetró un hecho que lesionó la persona del ciudadano DENNIS DIMMMID BONILLA y JORGE JHOAN RONDÓN (sic), a consecuencia de una acción ejecutada por parte del ciudadano JOSÉ JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, quien sin mediar palabra y sentirse afectado, sin razón alguna, en forma ligera actúo en forma alevosa y premeditadamente, lo cual profirió sobre la humanidad de dos personas indefensas en razón de no portar objeto alguno que pudiera repeler la acción de su agresor, esta agresión alevosa y premeditadamente, lo logró el sujeto activo con el hecho de apersonarse al sitio del suceso en tres oportunidades siendo la última de ellas la ocasión para ejecutar su cometido lo que trajo como consecuencia el desenlace fatal de la pérdida de la vida de unas de sus víctimas como lo es el hoy occiso JORGE JHOAN PRADA R, producto del disparo lo cual le proporcionó inmediatamente la muerte tal como se determinó la evaluación médico forense y el diagnóstico dado por el patólogo, así mismo infringió lesiones a otra de sus víctimas ciudadano DENIS D BONILLA, lo cual le causo lesión en la pierna derecha (…)

Se analizaron las declaraciones de los testigos ciudadanos DENIS D BONILLA, JAVIER JOSÉ MACHADO GONZÁLEZ, JEAN PIER TREMARIA, JUAN CARLOS LUIS BETANCOURT, ARIAN JUVENALRANGEL PEREIRA, ALEXIS NATACHA PACHECO, ANGEL FRANCISCO MARTINEZ, ANDRES BONILLA GARCÍA, testigos presenciales del hecho acontecido el día 20 de noviembre del año 2004, en la calle Libertad frente a la casa N° 36, de este Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en horas de la mañana siendo todos y cada uno de ellos contestes en sus declaraciones al señalar que ese día hizo acto de presencia el hoy acusado preguntando por Ángel, quién se marchó y luego regresó escondiéndose de una persona que no sabíamos de quién, introduciéndose en el carro de Denis luego se fue y en eso aparecieron dos muchachos uno de ellos cortados apuntando de lo cual uno apuntaba (sic) con un arma sometiéndonos a todos contra los tubos, donde luego disparó lesionando a Denis y a Pan, todos estos testigos fueron contestes al señalar que unos tomaban y otros no y que Ángel estuvo en el sitio del hecho lo cual fue buscado por dos personas y que uno de ellos estaba armado y que realizó tres disparos los cuales uno lesionó a Denis Bonilla y Jorge Rondón y que luego se fue corriendo…”

 

EL RECURSO

 

PRIMERA DENUNCIA

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el impugnante denunció la infracción del artículo 457, en su primer aparte, eiusdem, por falta de aplicación. Expresa que los hechos probados no encuadran en el artículo 406 del Código Penal sino en el 405 del mismo Código, por cuanto la conducta de su defendido fue calificada como alevosa y premeditada, sin que tal circunstancia agravante haya sido demostrada en el juicio, por el contrario quedó probado que entre la víctima y su defendido se produjo una fuerte discusión. Por otra parte, señala que la Corte de Apelaciones al resolver el recurso debió dictar una decisión propia sobre el asunto con base a los hechos ya fijados por la recurrida.

 

SEGUNDA DENUNCIA

 

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el impugnante denunció la infracción de los artículos 457, primer aparte, eiusdem y 406 del Código Penal, por indebida aplicación. Alega que la Corte de Apelaciones del Estado Sucre, “hizo una indebida aplicación del artículo 406 del Código Penal” al confirmar un fallo contradictorio, puesto que éste, en el capítulo relativo a los Fundamentos de Hecho y de Derecho señala, sin motivación alguna, “la existencia de alevosía y premeditación y en el dispositivo del fallo agrega las circunstancias de ‘motivos fútiles e innobles en la ejecución del hecho’, sin establecer las motivaciones de su aserto”.

 

 

 

 

La Sala, para decidir, observa:

 

En las dos primeras denuncias planteadas el impugnante denuncia la falta de aplicación de los artículos 457, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal y 406 del Código Penal. Al respecto cabe observar que el referido artículo 457 no puede ser infringido por las corte de apelaciones, por cuanto el mismo está referido a los efectos de la declaratoria con lugar del recurso de apelación y en el presente caso el recurso de apelación propuesto por la defensa fue declarado sin lugar. La Corte de Apelaciones sólo podría infringir dicho artículo cuando habiendo declarado con lugar el recurso de apelación no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma respecto a los efectos de la declaratoria o en el caso que a pesar de declarar sin lugar la apelación hubiese dictado una decisión propia.

 

En relación a la primera denuncia, el impugnante alega error de derecho en la calificación del delito, pero no transcribe los hechos dados por probados. Al respecto, ha sostenido esta Sala en reiterada jurisprudencia que cuando se denuncia error de derecho en la calificación del delito, es necesario que señalen con toda precisión los hechos dados por probados por el juzgador de Juicio, para que la Sala pueda constatar si esos hechos se corresponden o no con los elementos del tipo penal que se dice infringido y pueda entrar a considerar si la calificación jurídica dada fue la correcta.

 

Por consiguiente, la Sala considera procedente desestimar por manifiestamente infundadas, las denuncias primera y segunda del recurso de casación propuesto por la defensa, de conformidad con lo previsto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 

TERCERA DENUNCIA

 

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció la infracción de los artículos 173 eiusdem y 413 del Código Penal, por errónea interpretación. Alega el impugnante que la recurrida no dejó establecido el delito de lesiones menos graves por el cual también fue condenado el acusado. Agrega que el medio científico para demostrar una lesión es la experticia forense y en el presente caso “la demostración de dicha lesión, según lo expuesto por la Corte de Apelaciones, tiene como fundamento la declaración de los expertos IGNACIO INDRIAGO y DENIS REYES y los funcionarios GONZALO GARCÍA y LUIS GONZALEZ, quienes carecen de conocimientos médicos forenses para determinar y calificar las lesiones…”.

 

La Sala, para decidir observa:

 

En la presente denuncia, el recurrente alega la infracción de los artículos 173 del Código Orgánico Procesal Penal y 413 del Código Penal, por errónea interpretación, pero no indica de qué manera la recurrida erró al interpretar las citadas disposiciones y cuál es el sentido que verdaderamente ha debido atribuírsele a las mismas.

 

Por otra parte, el impugnante aduce que la recurrida no dejó establecido el delito de lesiones personales menos graves, discutiendo el valor probatorio atribuido a las declaraciones de los expertos IGNACIO INDRIAGO y DENIS REYES y la de los funcionarios GONZALO GARCÍA y LUIS GONZALEZ. Cabe advertir que el vicio denunciado no puede atribuírsele a la Corte de Apelaciones, pues el conocimiento de los hechos y la apreciación de las pruebas, en virtud del principio de inmediación, corresponde al Tribunal de Juicio. La Corte de Apelaciones es un tribunal que conoce de derecho y de los posibles vicios cometidos en el juicio que precede a la sentencia recurrida.

 

Por lo expuesto, se desestima, por manifiestamente infundada, la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, desestima, por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto por la defensa del acusado JOSÉ JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada  en  el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  seis (06) días del mes de  junio del año 2009. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

Eladio Ramón Aponte Aponte

 

La  Magistrada Vicepresidenta,                                       La  Magistrada,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas                                               Blanca Rosa Mármol de León

 

 

El Magistrado Ponente,                                                     La Magistrada,

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                  Miriam Morandy Mijares

 

 

La Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

HMCF/cc
Exp Nº 2008-0349

 

 

 

VOTO SALVADO

 

            Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión con base en las consideraciones siguientes:

 

            La sentencia aprobada por la mayoría de la Sala, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la Defensa del imputado de autos. En una de las denuncias, específicamente en la segunda, la Sala argumentó que el recurrente,  si bien alega  error  de Derecho en la calificación del delito, no transcribe los hechos dados por probados, y esa falta,  según jurisprudencia reiterada,  imposibilita a la Sala constatar si esos hechos se corresponden o no con los elementos del tipo penal  que se dice infringido.

            De la revisión efectuada a las actas del expediente, se desprende que el recurrente en efecto denuncia la falta de aplicación de los artículos 457, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal y 406 del Código Penal, pero de su fundamentación se observa  el alegato de la falta de motivación de la calificante contenida en el tipo penal otorgado.

            En efecto, cuando alega la situación infringida expresa circunstancias como la siguiente: que la Corte de Apelaciones en  el capítulo de los Fundamentos de Hecho y Derecho “…omite indicar las circunstancias objetivas y subjetivas para concluir la existencia del delito de homicidio calificado…”; que para cometer ese delito se “…requiere actuar con bajeza, por razones sin importancia, por fanatismo político o religioso…”; que “…considerar la existencia de dicha circunstancia, sin indicar las motivaciones del caso, no es más que una indebida aplicación del tipo penal calificado…”.

Señala igualmente que la sentencia impugnada confirmó el fallo  de la primera instancia, con fundamento a una circunstancia inexistente, pues de su contenido no se desprende “…motivaciones que fundamentan la existencia de los elementos calificantes del delito de homicidio calificado, y que además  se agregan otras circunstancias como son “motivos fútiles e innobles en la ejecución del hecho”.

De lo antes expuesto se evidencia, que aún cuando el recurrente basa su denuncia en una indebida aplicación de la norma jurídica, lo que conllevó a la Sala a entender la denuncia como un error en la calificación del delito, de la exposición de la misma  se desprende claramente una fundamentación que atañe con la  falta de motivación de las razones por las cuales,  tanto para el juez de juicio como para los sentenciadores de la segunda instancia, el delito cometido resultó ser calificado.

Según mi criterio, es deber de los jueces estudiar en su totalidad las denuncias interpuestas, más aún cuando de su fundamentación se entienda que lo pretendido tiene que ver con la falta de motivación, pues lo contrario sería incurrir en excesivo formalismo. Por ello considero que la Sala ha debido admitir la denuncia propuesta, ya que de los alegatos expuestos es comprensible la infracción aducida.

He sostenido en otras oportunidades, y  así lo reitero en ésta, que el acceso a la justicia consiste en provocar la actividad jurisdiccional hasta obtener la decisión del juez; es decir, agotar todas las instancias en busca de la protección para hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Del mismo modo conviene resaltar que el Código Orgánico Procesal Penal, cuando se refiere a la interposición del Recurso de Casación establece que el mismo  “…se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideren violados…expresando de qué modo se impugna la decisión…”, no especifica algún otro requerimiento o formalidad que a bien deba considerar el recurrente en su fundamentación.  Se entiende que la intención del legislador, en dicho aspecto, es cónsona con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República, mediante la cual “…no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales…”.

El derecho a los recursos y de los deberes judiciales no puede limitarse a la mera interposición de los mismos.  El derecho a la tutela judicial efectiva debe garantizar no sólo la parte teórica o formal de los recursos, sino también la efectividad de los legalmente previstos e interpuestos.  No pueden los órganos judiciales privar injustificadamente la utilidad del recurso formulado y el objetivo que persigue.

En virtud de lo anterior y por no compartir la argumentación acogida por la mayoría de la Sala, en defensa de la correcta aplicación de las leyes, presento este voto salvado.  Fecha ut supra.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

La Magistrada Vicepresidenta,      La Magistrada Disidente,

 

Deyanira Nieves Bastidas              Blanca Rosa Mármol de León

 

El Magistrado,                              La Magistrada,

 

Héctor Coronado Flores                 Miriam Morandy Mijares

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

 

BRMdeL/hnq.

VS. Exp. N° 08.0349 (HCF)

 

 

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