Sentencia N.º 2704
- Sentencia
- N.º 2704
- Fecha
- 17/12/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-1476
- Ponente
- José M. Delgado Ocando
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Mediante oficio nº 915, del 4 de abril de 2000, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia remitió a esta Sala Constitucional el expediente nº 15654, contentivo de la demanda de amparo constitucional interpuesta ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por el abogado Armando Brito Brito, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 17.498, actuando en su carácter de apoderado judicial de ESTACIONAMIENTO MARIOLUIS, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 1º de febrero de 1996, bajo en nº 60, tomo 19-a-Pro.
Dicha demanda de amparo fue propuesta contra el acto administrativo del 17 de agosto de 1998, dictado por el Director General del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante el cual se revoca
el permiso provisional y autorización al estacionamiento MARIOLUIS, para funcionar como establecimiento autorizado para funcionar como (sic) depositario de vehículos procesados o a la orden de las autoridades administrativas de tránsito terrestre.
Respecto a la acción de amparo constitucional incoada, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, conociendo en primera instancia, la admitió el 1º de octubre de 1998, y posteriormente, el 19 de noviembre de ese año, la declaró sin lugar.
El 23 de noviembre de 1998, la parte actora apeló de dicha decisión, sin haber fundamentado la misma.
Mediante oficio nº 99-370 del 10 de febrero de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente a la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en virtud de la apelación interpuesta.
El 3 de mayo de 2000, se recibió el expediente en esta Sala y, en esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José M. Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe este fallo.
Con base en los elementos que cursan en autos y siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir sobre la apelación interpuesta, en los términos siguientes:
I
DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA
En el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional presentado, por la parte actora se alega lo siguiente:
Que, se presentaron una serie de irregularidades en un procedimiento llevado a cabo el 16 de julio de 1998, por la División de Investigaciones del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con la finalidad de efectuar una inspección ocular en el estacionamiento MARIOLUIS, que consistió en el conteo general y la verificación de seriales de los vehículos allí depositados.
Que, a raíz de tales irregularidades, el Director General del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, revocó el permiso provisional y autorización al estacionamiento MARIOLUIS, para funcionar como depositario de vehículos procesados o a la orden de las autoridades administrativas de tránsito terrestre.
La parte actora denunció como violados sus derechos al honor, reputación y vida privada, a la libertad, inviolabilidad de la correspondencia, al debido proceso, a la libre asociación, con fundamento en los artículos 59, 60, 63, 68 y 70 de la Constitución derogada.
Finalmente, la parte demandante solicitó se declarase la nulidad absoluta del acto administrativo del 17 de agosto de 1998, dictado por el Director General del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y que dicho ente ...se abstenga en lo sucesivo de ordenar (verbalmente o por escrito) y de convalidar acciones como las perpetradas
, así como la convocatoria de una rueda de prensa
II
DE LA COMPETENCIA
Previo a la solución de la apelación ejercida, es necesario dilucidar la competencia de la Sala para conocer de la misma.
Sobre el particular, basta en este caso con reiterar la inveterada jurisprudencia sentada por esta Sala, según la cual a ésta corresponde conocer de los recursos de apelación o de las consultas oficiosas que, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ejerzan o se ordenen, contra decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de la Carrera Administrativa), la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, proferidas en juicios de amparo constitucional. Visto que la apelación ejercida tiene por objeto un fallo dictado en sede constitucional por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, corresponde a esta Sala su conocimiento. Así se establece.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La parte actora interpuso la acción de amparo contra el acto administrativo del 17 de agosto de 1998, dictado por el Director General del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante el cual se revoca el permiso provisional y autorización a la parte demandante, para funcionar como depositario de vehículos procesados o a la orden de las autoridades administrativas de tránsito terrestre.
El 19 de noviembre de 1998, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar la acción de amparo intentada, al considerar que ésta es un medio restablecedor de una situación jurídica infringida, debido a la violación de derechos o garantías constitucionales, y pretender la nulidad de una acto por medio de tal acción desvirtuaría dicho carácter restablecedor.
La Sala comparte el criterio de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pues, en el presente caso, la parte demandante pretende la nulidad absoluta del acto administrativo del 17 de agosto de 1998, Director General del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA) siendo que el medio judicial idóneo para ello es el recurso contencioso de anulación de los actos administrativos de efectos particulares, previsto en el artículo 121 de la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, de considerar la posible existencia de violación a garantías o derechos constitucionales, podría haber solicitado medida de amparo cautelar, conforme el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.
Por otra parte, el artículo 259 de la Constitución consagra la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. Luego, la Carta Magna garantiza a los administrados o a los funcionarios públicos a través del precepto mencionado un conjunto de garantías ejercitables a través de esos tribunales, tendientes a resguardar los derechos constitucionales que resulten lesionados por actos o hechos dictados o ejecutados, en ejercicio de la función administrativa, u omisiones o abstenciones de órganos a quien incumba dicha función.
Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sala debe confirmar la sentencia apelada, y así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 19 de noviembre de 1998, a propósito de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Armando Brito Brito, actuando en su carácter de apoderado judicial de ESTACIONAMIENTO MARIOLUIS, C.A. y, en consecuencia se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de diciembre dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns.
Exp. 00-1476
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