Venley

Sentencia N.º 2705

Sentencia
N.º 2705
Fecha
29/11/2004
Sala
Constitucional
Expediente
02-1606
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 18 de junio de 2002, el ciudadano JULIO ALBERTO PÉREZ, titular de la cédula de identidad nº 4.057.865, con la asistencia de la abogada Carolina Noda Hidalgo, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 71.541, interpuso, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 22 de mayo de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la propiedad y al trabajo que acogieron los artículos 49, 115 y 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 19 de junio de 2002, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró improcedente in limine litis.

El 27 de junio de 2002, el Juzgado a quo ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional para el conocimiento de la consulta de Ley.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 2 de julio de 2002 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.       Alegó:

1.1    Que, el 13 de marzo de 2002, el Juzgado Segundo del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en San Diego de los Altos, declaró con lugar la demanda de desalojo que interpusieron Miriam Lastenia Grange Pérez y Wiliam René Grange Pérez en contra del ciudadano Julio Alberto Pérez, lo condenó al pago de ochocientos setenta y cinco mil bolívares (Bs. 875.000,00) y le ordenó la entrega del inmueble.

1.2    Que apeló contra esa sentencia de primera instancia y el conocimiento del recurso le correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

1.3    Que en el escrito de informes argumentó que la sentencia de primera instancia no cumplió con los requisitos que exige el Código de Procedimiento Civil y la alzada hizo caso omiso de sus alegatos.

1.4    Que el Juzgado de Primera Instancia no analizó todos sus argumentos de hecho y de derecho, y realizó análisis vagos e imprecisos, pues sólo señaló que acogía “...los argumentos señalados por la Juez Sonia de Luca en cuanto a la reposición de la causa por falta de notificación del Procurador al negarla, por cuanto no existe interés directo ni indirecto.” Que, en su opinión, sí existe un interés indirecto por cuanto terceros quieren apropiarse de bienhechurías que fueron construidas sobre terrenos propiedad del Estado.

1.5    Que el supuesto agraviante no se pronunció en relación con los defectos de forma de la demanda (cuantía e identificación de los demandantes) que alegó en su contestación.

1.6    Que el Juzgado de Primera Instancia apreció el título supletorio que fue consignado como documento fundamental de la demanda, documento que desconoció y no fue ratificado por los demandantes y que, en consecuencia, el a quo analizó un documento inválido.

1.7    Que el juez no analizó las testimoniales que evacuó.

1.8    Que las testimoniales que evacuó la parte actora no debieron ser apreciadas, por cuanto uno de los testigos trabajó para él y fue despedido por el extravío de un objeto, lo que inhabilita a ese testigo por la manifiesta enemistad que, de esa situación, se derivó y, además dicho testigo no trabajó con él tres años, tal como dijo, sino, apenas, un año, falsedad ésta que pone en duda la credibilidad del testigo.

1.9    Que, en contraposición, el Juzgado supuesto agraviante sí debió apreciar las testimoniales que promovió, pues éstas son claras y coherentes en relación con el hecho de que las bienhechurías las construyó a sus expensas y, en su opinión, no se aprecia de aquéllas que los testigos tuvieran algún interés en el resultado del juicio.

1.10 Que, en las repreguntas del apoderado de la parte actora, se aprecian contradicciones entre lo que ésta afirmó y las deposiciones del título supletorio.

1.11 Que los recibos que consignó la parte actora, como prueba de la falta de pago de los cánones no tienen ningún valor.

1.12 Que el justificativo de testigos que fue evacuado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda no probó la existencia de la relación arrendaticia, pues, en primer término, no fue acompañado con el escrito continente de la demanda y ni siquiera fue mencionado en el mismo, tal como ordena el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil; por otro lado, según el artículo 1.387 del Código Civil “no es admisible la prueba de testigos para la prueba de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla”.

1.13 Que el título supletorio con el cual la parte actora pretende probar la construcción de las bienhechurías debió desestimarse, porque éstos siempre dejan a salvo derechos de terceros que no pudieron oponerse cuando se evacuó el justificativo.

1.14 Que el terreno sobre el que se encuentran las bienhechurías pertenecen al Ministerio de la Defensa para el uso de la Guardia Nacional.

 

2.       Denunció:

2.1    La violación a su derecho al debido proceso y a la defensa que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el supuesto agraviante no analizó correctamente los alegatos de las partes ni las pruebas.

2.2    La violación a su derecho a la propiedad y al trabajo que establecen los artículos 115 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa.

 

3.       Pidió:

Como medida cautelar:

“Se sirva abstenerse la Juez del Municipio San Diego proceder con los actos de ejecución de la sentencia”.

 

Como petición de fondo:

 

Que no se aprecien los testigos que promovió la parte actora.

 

“...se declare sin lugar la demanda de desalojo intentada por Miriam Grange y Wiliam Grange, por ser infundadas y no haberse probado la propiedad de las bienhechurías ni la cualidad de los arrendadores alegada.”

 

Que no sean valorados “...los documentos fundamentales promovidos como prueba de la parte actora...”

 

“Se anule la sentencia dictada por el Juez Alvarez Bernet, por cuanto precisamente en la segunda instancia del presente juicio se quiso que el juez revisara la sentencia temeraria y parcializada por la Juez Sonia de Lucca en fecha 13-03-02. Tal como ya lo (...) señal(ó) el Tribunal Supremo de Justicia en decisión del fecha 18-04-01...”

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República. Y por cuanto, en el caso de autos, la consulta fue elevada respecto de la sentencia que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, esta Sala se declara competente para la decisión la consulta en referencia. Así se decide.

 

iII

DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA

El sentenciador del fallo que está sometido a examen decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“...declara improcedente la presente solicitud de Amparo Constitucional. Así se decide en nombre de la República Y por autoridad de la Ley”.

 

A juicio del juez de la sentencia objeto de consulta:

El quejoso replanteó, en sede constitucional, un asunto que ya fue decidido por otro órgano jurisdiccional mediante pronunciamiento firme, y ello es evidente por cuanto los argumentos del demandante van dirigidos a que el juez constitucional valore nuevamente las pruebas que fueron evacuadas en el proceso y que, en consecuencia, el juez constitucional declare sin lugar la demanda por cuanto, en su opinión, no se probó las propiedad de las bienhechurías ni la cualidad de arrendadores que había sido alegada.

La reapertura, en sede constitucional, del asunto que fue planteado constituiría una tercera instancia en relación con la decisión objeto de la demanda y no el ejercicio de la jurisdicción constitucional.

Por otra parte, “...la valoración de los puntos controvertidos y las defensas en el proceso sentenciado forman parte de la labor del juzgador llamado a sentenciar, y no le corresponde a (ese) tribunal constitucional entrar a conocer si el Juez de la causa que conoció en alzada valoró bien o valoró mal...”

Por último, declaró que “El Juez es independiente en la interpretación de la Ley y el derecho, no siendo competencia del tribunal constitucional revisar los fundamentos de las decisiones en razón de corresponder esa competencia a los órganos jurisdiccionales llamados a conocer los recursos procesales concebidos por el legislador patrio.”

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Para la decisión la Sala observa:

1.           La parte actora denunció la violación a sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la propiedad y al trabajo por cuanto la sentencia supuestamente lesiva no valoró adecuadamente las pruebas y los alegatos de las partes; concretamente, señala que al juez le correspondía: i) la desestimación de las testimoniales que fueron evacuadas por los ciudadanos Miriam Lastenia Grange Pérez y Wilian Rene Grange Pérez, por cuanto los testigos estaban parcializados y se contradijeron en sus dichos; ii) la apreciación de las declaraciones de los testigos que evacuó el demandante en amparo, pues esas testimoniales probaron que él construyó, a sus propias expensas, las bienhechurías supuestamente arrendadas, la ubicación y descripción de éstas, por cuanto los testigos fueron contestes en sus señalamientos y no tenían ningún interés en el juicio; iii) la desestimación de los documentos que presentaron los demandantes como prueba de la falta de pago; iv) la desestimación del justificativo de testigos con el que se pretendió la prueba del contrato de arrendamiento, por cuanto esa era una prueba fundamental que debió acompañarse con la demanda y porque, según el artículo 1.387 del Código Civil, no es admisible la testimonial; v) la desestimación del justificativo de testigos del 15 de octubre de 1993, por cuanto los títulos supletorios siempre dejan a salvo derechos de terceros que no pudieron oponerse al momento de la evacuación del mismo, porque el título en cuestión no fue ratificado en el juicio y porque la copia certificada del justificativo fue alterada; y, además, vi) la declaratoria sin lugar de la demanda por cuanto en la misma existían imprecisiones en cuanto al nombre de los demandantes.

2.           El Juzgado de primera instancia constitucional declaró la improcedencia in limine litis de la demanda porque estimó que la parte actora pretendió que el juez constitucional valorase nuevamente los elementos probatorios que fueron evacuados en el juicio originario y que, si lo hiciera, se transformaría a la sede constitucional en tercer grado de conocimiento y, por ello, tal actuación le está prohibida al juez del amparo por cuanto esa es una actividad propia del juez de instancia.

3.           La Sala concuerda con el a quo en el sentido de que la revisión del fallo objeto de amparo, por las razones que planteó la parte actora, convertiría al juez constitucional en una tercera instancia, pues sería necesaria la evaluación de la valoración que hizo el juez en relación con las testimoniales, los justificativos de testigos, su decisión sobre la tacha de los testigos y sobre la cuestiones previas y, en general, la revisión de la aplicación de las normas probatorias del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil para que, con fundamento en ello, el juez constitucional determinase si la valoración del supuesto agraviante fue acertada, actividad ésta que corresponde exclusivamente a los jueces de mérito y que no puede cuestionarse por vía de amparo (Cfr. s. S.C. nº 1834 de 09.08.02).

No obstante la Sala estableció, como excepción al principio que antes fue mencionado, que “...los supuestos en los cuales el tratamiento que se le da a la prueba promovida implica un abuso de derecho, la valoración de la prueba resulta claramente errónea o arbitraria o cuando se ha dejado de valorar, sin justificación alguna, una prueba determinante para la resolución de la causa.”(s. S.C. nº 1571 del 11.06.03).

En el caso de autos, la Sala observa que la sentencia objeto de amparo no incurrió en alguna de las hipótesis que justifican que el juez constitucional intervenga en las razones para la admisión o el rechazo de una prueba, o en la valoración que dio el juez a las testimoniales, o a los justificativos de testigos. En relación con estos últimos, observa la Sala que en uno de ellos el demandado declaró que las bienhechurías objeto del juicio eran propiedad del causante de los demandantes y que ocupaba en calidad de arrendatario en virtud de convenio verbal, declaración que llevó al juez a la convicción sobre la existencia de la relación arrendaticia y que, junto con la ausencia de prueba del pago de los cánones o de la extinción de la obligación, constituyó el fundamento de la declaratoria con lugar de la demanda. Observa la Sala que la declaración judicial del demandado, si bien constaba por escrito, no podía considerarse con prueba documental sino como confesión, por lo que fue tempestivamente evacuada en el lapso probatorio.

En consecuencia, el Juzgado supuesto agraviante “actuó dentro de su competencia” en el sentido amplio que se reconoce a esa expresión en materia de amparo y, por ello, la Sala confirma el fallo que fue objeto de apelación y declara improcedente in limine litis la pretensión. Así se decide.

 

v

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión que fue sometida a consulta que pronunció el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 19 de junio de 2002 y declara IMPROCEDENTE in limine litis la demanda de amparo que interpuso JULIO ALBERTO PÉREZ contra la sentencia que expidió, el 22 de mayo de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito.

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29  días del mes de Noviembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado

 

 

 PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado Ponente 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Magistrada

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.cr.

Exp. 02-1606

 

En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:

Si bien quien suscribe está de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora, que se declaró competente para conocer de los amparos constitucionales conforme lo ha venido haciendo desde que entró en funcionamiento esta Sala Constitucional, discrepa el que no se haya reparado en la distribución competencial que realiza, en esa materia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto se debe señalar, sin ánimos de hacer referencias concretas, que los criterios desarrollados por esta Sala hallaban su justificación en la necesidad de construir toda una doctrina en relación con sus competencias para hacer aplicativas, de manera directa e inmediata, las disposiciones contenidas en la Constitución de 1999, de allí que, con la entrada en vigencia de la Ley, la utilización de tales preceptos se hace prescindible al cesar el silencio legislativo que justificó su configuración, sin que valga ni siquiera echar mano de lo dispuesto en la letra b de la disposición derogatoria, transitoria y final única del texto normativo en referencia, pues ese no ha sido el supuesto para el cual el legislador lo estatuyó.

Ya han sido muchos los votos que, quien suscribe, a concurrido detallando en qué forma, a su entender, opera la distribución competencial luego de la entrada en vigencia de la Ley en referencia.  Ello es suficiente para explicitar en esta oportunidad las razones por las cuales no se comparte los términos en que fue asumida la competencia para conocer el caso de autos; sin embargo, se debe hacer la justa advertencia -constantemente presente en tales votos-, de que la modificación del régimen competencial no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que, hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley, conocía, según lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación.

Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.

En Caracas,  fecha  ut supra.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

                                                             JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA   PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

              Concurrente

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHAN

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp: 02-1606

 

AGG/

 

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