Sentencia N.º 273
- Sentencia
- N.º 273
- Fecha
- 30/05/2002
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 01-224
- Ponente
- Franklin Arrieche Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G.
En el juicio por cobro de honorarios profesionales causados extrajudicialmente, seguido por el ciudadano CARLOS A. MARTÍNEZ MURGA, representado judicialmente por los abogados Aníbal José Montenegro Núñez, Luis Orlando Moreno Santos, María C. Sánchez Herrera y José Ramón Quijada Marín, contra el ciudadano ALBERTO SOSA CONTRERAS, representado judicialmente por los abogados Gustavo Martínez P., Antonieta Barrios y Andrés V. Rivero; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 6 de marzo de 2001, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró con lugar la demanda por cobro de honorarios profesionales; con lugar la reconvención ejercida por la parte demandada; parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por el demandado, por cuanto se modificó el monto condenado al intimado, contra la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2000, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró con lugar la demanda. Por vía de consecuencia, revocó la decisión apelada ...en cuanto al monto condenado al intimado....
Contra esa decisión del Juzgado Superior, en fecha 8 de marzo de 2001 anunció recurso de casación el ciudadano Carlos Martínez Murga, asistido por el abogado Aníbal Montenegro Díaz. Posteriormente, en fecha 15 de marzo de 2001, también anunció recurso de casación el abogado Luis Orlando Moreno Santos como co-apoderado de la parte actora, y en fecha 19 de marzo del mismo año anunció nuevamente el recurso de casación el abogado Gustavo Martínez, actuando como apoderado judicial de la parte demandada. Admitido el recurso de casación el 22 de marzo de 2001, se envió el expediente a la Sala de Casación Civil.
En fecha 28 de marzo de 2001 se dio cuenta en Sala del presente asunto, designándose ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 26 y 30 de abril de 2001 se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Civil, los escritos contentivos de la formalización del recurso de casación, suscritos por el abogados Luis Orlando Moreno Santos y Gustavo Martínez respectivamente. Sólo hubo un escrito de impugnación. No hubo réplica, ni contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a decidirlo en los términos siguientes:
CASACIÓN DE OFICIO
En ejercicio de la facultad que confiere a esta Sala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado, procede a efectuar las siguientes consideraciones:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia. En este sentido ha establecido, entre otras, que ...el estricto cumplimiento por parte de los jueces de instancia de los requisitos legalmente establecidos para la formación de las sentencias es materia que interesa al orden público, por lo que al detectarse una infracción en este sentido, le es dable a la Sala ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido... (Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000, caso: Marcel Reyes Villoria contra Nilda Briceño De Reyes y otros).
La Sala observa en la sentencia recurrida una evidente contradicción entre su parte motiva y dispositiva, no denunciada por el formalizante, que vicia a la sentencia de inmotivación.
En efecto, la sentencia del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expresó lo siguiente:
...Para el caso de actuaciones extrajudiciales, el procedimiento a seguir es el juicio breve, por (sic) ante un Tribunal Civil, competente por la cuantía, pudiendo la parte demandada acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. Se observa que en el presente caso la parte demandada no ejerció ese derecho, procediendo el Tribunal de la Causa a ordenarla de oficio y además ordenar la retasa, por lo que esta Superioridad debe acotar que no le era procedente actuar de oficio al juez que estaba conociendo de las actuaciones ni mucho menos a efectuar la retasa correspondiente, porque el artículo 26 de la Ley de Abogados da autoridad al juez para proceder de oficio, pero en los casos a que ese artículo se refiere en su encabezamiento, así: ...para quienes representen en juicio personas morales, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes....
...Omissis...
En consecuencia, considerando esta Superioridad que es tarea de los jueces retasadores el fijar en su fallo el monto de lo que corresponda al abogado intimante percibir por concepto de honorarios profesionales, que como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada al juez a-quo se extralimita cuando fija en su fallo el monto de lo que realmente correspondería al abogado intimante percibir por concepto de honorarios profesionales, por cuanto es tarea del Tribunal retasador, declarar que lo procedente y ajustado a derecho es remitir las presentes actuaciones a un tribunal retasador a fin de que el mismo determine el monto a cobrar por el intimante... (Subrayado de la Sala).
De la anterior transcripción se evidencia que el Juez de alzada, luego de explicar que en las demandas por cobro de honorarios profesionales de abogados causados extrajudi-cialmente, el procedimiento a seguir es el previsto para los juicios breves ante un Tribunal civil competente por la cuantía, y que la parte demandada puede acogerse al derecho de retasa en el acto de contestación de la demanda, señaló que la parte demandada no ejerció ese derecho y que, no obstante, el Tribunal de la causa procedió a ordenarla de oficio, aunque ello no era procedente, porque tal situación sólo es posible en los casos regulados en el artículo 26 de la Ley de Abogados. Sin embargo, en su parte dispositiva ordenó ...que el Tribunal de la causa se constituya en Tribunal Retasador, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Abogados....
Ciertamente el fallo presenta una grave contradicción entre su parte motiva y dispositiva, quedando sin fundamentos de derecho la orden dirigida al juzgado a-quo para que se constituya en Tribunal de Retasa, pues el sentenciador en la parte motiva de la recurrida expuso las razones por las cuales el Juez de la causa no puede ordenar de oficio la retasa, pero luego, inexplicablemente en su parte dispositiva ordenó, como ya se indicó, que el Tribunal de la causa se constituya en Tribunal Retasador, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Abogados. En efecto la sentencia recurrida estableció lo siguiente:
...En fuerza de los razonamientos que anteceden, este JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación formulada por el abogado GUSTAVO MARTINEZ, apoderado judicial de la parte demandada, ciudadano ALBERTO SOSA CONTRERAS, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 20 de Noviembre de Dos mil (2000), mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda de Cobro de Honorarios Profesionales Extrajudiciales incoada por el Dr. CARLOS A. MARTINEZ MUGA, respecto al cobro de honorarios profesionales extrajudiciales por los servicios prestados al ciudadano ALBERTO SOSA CONTRERAS. SEGUNDO: Se REVOCA la decisión dictada por el mencionado Tribunal, en cuanto al monto condenado al intimado, es decir, la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 379.304.114,20). TERCERO: Se ordena que el Tribunal de la causa se constituya en Tribunal Retasador, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Abogados. CUARTO: Se declara con lugar la corrección monetaria solicitada por el intimante. QUINTO: Se declara CON LUGAR LA RECONVENCIÓN propuesta por el intimado reconviniente, ALBERTO SOSA CONTRERAS en contra de CARLOS MARTINEZ MUGA, parte intimante reconvenido. En consecuencia, SEXTO: Se condena al reconviniente, la suma CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTIUN BOLIVARES (Bs. 401.121,oo), contenido en facturas aceptadas, SÉPTIMO: Se declara CON LUGAR la corrección monetaria solicitada por el reconviniente, por lo tanto, se ordena aplicarla a la cantidad de dinero antes indicada...
Estos pronunciamientos antagónicos determinan el quebrantamiento del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues la contradicción entre la parte motiva y dispositiva del fallo, generó un pronunciamiento final que no encuentra respaldo o asidero en los argumentos o fundamentos del fallo, es decir, la parte dispositiva se encuentra totalmente desvinculada de la motiva, como si esta última hubiese sido suprimida y el resultado de la controversia aparece aislado, carente de fundamentos que lo respalden.
Ha sido jurisprudencia reiterada que la inmotivación se produce: a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando hay una contradicción en los motivos; y d) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, que es lo ocurrido en el presente caso.
Por tal motivo la Sala, de oficio, declara la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por vicio de inmotivación del fallo. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 6 de marzo de 2001, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia, queda anulado el fallo y se ordena al Juez Superior que resulte competente dictar nueva decisión, sin incurrir nuevamente en la infracción señalada.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, anteriormente mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30 ) días del mes de mayo de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente de la Sala-Ponente,
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FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. 2001-000224
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