Venley

Sentencia N.º 274

Sentencia
N.º 274
Fecha
31/05/2002
Sala
Casación Civil
Expediente
00-800
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado  ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, incoado por la abogada ANA MARÍA RINCÓN FORNOZA, contra el ciudadano GELSOMINO SISTA CICCONE, representado judicialmente por los abogados Vicente Di Geronimo Alvarez, Omar Riobueno Tremaria, Vicente José Di Geronimo Duran, Inés María Perdomo Aguilar y Luis Beltran Zambrano; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 7 de agosto de 2000, por la cual declaró con lugar la demanda, estableciendo tener derecho la parte actora a cobrar los honorarios profesionales causados en el juicio principal de cumplimiento de contrato de opción de compra venta, en lo que respecta a las actuaciones 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 determinadas en el libelo, igualmente, acordó la indexación monetaria solicitada para lo cual ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela una vez sean retasados lo honorarios, tomando como parámetro la fecha de introducción del libelo 16 de junio de 1999 hasta que se ejecute la decisión, y sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada. De esta manera, confirmó la sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de mayo de 2000.

 

Contra este fallo de alzada anunció recurso de casación la representación judicial de la parte intimada, el cual, admitido por el Superior, fue oportunamente formalizado e impugnado. Hubo réplica y contrarréplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades legales, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

I

 

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º, del artículo 243, y del artículo 244 eiusdem, al incurrir la recurrida en el vicio de inmotivación.

 

Sostiene el formalizante que la recurrida, no contiene los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, al declarar el derecho del abogado intimante al cobro de honorarios por algunos rubros de su intimación y la exclusión de otros rubros, sin citar ni analizar ninguna prueba ni normas legales que conforme o no a derecho pueda sostenerlo.

 

Igualmente, alega el formalizante que la recurrida no realizó análisis alguno de norma de derecho que pueda sostener el dispositivo que acuerda la indexación, limitándose sólo a analizar la competencia del tribunal y la oportunidad procesal para pedirla.

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

La motivación, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que lo demuestran; y las segundas por la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

 

La inmotivación, por el contrario es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos esenciales de la sentencia que impone el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, cuando ordena que todo fallo debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

 

Igualmente ha establecido la doctrina pacífica y reiterada, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos, mientras que los motivos exiguos o escasos o la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación.

 

 

El Tribunal de Alzada en la parte motiva de su fallo, textualmente señaló lo siguiente:

 

“...Establece el artículo 22 de la Ley de Abogados, lo siguiente:

...Omissis...

Asimismo el artículo 23 eiusdem, dispone:

...Omissis...

Ahora bien, el artículo 39 del Código de Etica del Abogado del 3 de agosto de 1985, dispone:

...Omissis...

Ahora bien, en el caso de autos, la parte intimada al momento de dar contestación a la demanda reconoció en forma expresa el derecho que tiene la parte intimaste (sic) de cobrar sus honorarios profesionales, más sin embargo consideró que las cantidades por las cuales fueron estimadas dichas actuaciones son exageradas y que alguna de estas no generan pago alguno por concepto de honorarios, tal circunstancia malamente puede ser analizada por esta superioridad, pues el análisis de los rubros estimados por la intimante debe ser debidamente analizados por el Tribunal retasador, toda vez que en esa misma oportunidad la parte demandada se acogió al derecho de retasa, por lo que siendo ello así, es a éstos jueces retasadores a quienes le corresponde la tarea de determinar si las cantidades de dinero estimadas e intimadas por la parte accionante son exageradas o no. Y así se decide.

No obstante lo anterior, comparte esta Alzada (sic) el criterio del Tribunal de la causa, en lo que respecta que los conceptos establecidos en los rubros 1, 3, 7, 8, 13 y 20, no se encuentra (sic) justificados, pues salvo el primero de estos, cual es el estudio para la redacción del poder, tal circunstancia, amén de que no obra a los autos prueba alguna, se encuentra subsumida dentro de la redacción del mismo, al igual que el rubro Nº 3, relativo al estudio del caso, el cual a su vez se encuentra subsumido, asimismo dentro de la redacción del libelo de la demanda. Respecto a los rubros 7, 8 y 13, los mismos no se encuentran debidamente demostrados, pues tales actuaciones son de la única y exclusiva competencia del Tribunal; y finalmente ello que respecta a las consultas especificadas en el rubro Nº 20, las mismas no se encuentra (sic) determinadas y detalladas en su estimación, por lo que malmente pueden ser demandadas. Y así se decide.

En lo que respecta a las demás estimaciones contenidos en los rubros restantes, esta Alzada (sic) comparte el criterio de la recurrida, toda vez que las mismas aparecen demostradas en las piezas que conforman el presente expediente, siendo que dichas actuaciones se dan aquí por reproducidas. Y así se declara.

En este mismo orden de ideas, la parte intimada rechaza el cobro de la indexación sobre las cantidades estimadas e intimadas, para lo cual esta Alzada se permite observa (sic):

Consta en los autos que la parte intimante en su libelo de demanda procedió a solicitar que a las cantidades de dinero que en ese momento estimaba e intimada (sic) le fuese aplicada la corrección monetaria.

En este sentido la extinta Corte Suprema de Justicia, ha establecido que en materia de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales es totalmente procedente la solicitud de la indexación monetaria y que la misma debe ser formulada en el escrito contenido del libelo de demanda de los mismos.

...Omissis...

Aplicando la anterior jurisprudencia al presente caso podemos observar lo siguiente:

Que la extinta Corte Suprema de Justicia ha reconocido y aceptado reiteradamente que en los procedimientos de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, es viable solicitar la indexación monetaria, estableciendo una oportunidad preclusiva, cual es al momento de interponer el libelo de demanda, tal y como lo hizo en el caso de autos la parte intimante.

Así mismo determina que la procedencia o improcedencia de tal corrección monetaria, es decir, su aplicabilidad debe ser determinada por el Tribunal que conozca de la causa y no por los Jueces Retasadores, quienes simple y llamanente (sic) tienen la tarea de determinar el monto de lo que se va a condenar a pagar, estudiando previamente lo estimado por la parte intimante a los fines de determinar si dicha cantidad es o no exagerada.

En el caso de marras considera esta Alzada que resulta procedente la solicitud de indexación o corrección monetaria hecha por la parte intimante en virtud de que se trata de una obligación de carácter pecuniario, y haber sido solicitada en su debida oportunidad. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio y así lo tiene establecido el mas Alto Tribunal que cada día la devaluación de nuestro signo monetario acarrea un detrimento en el patrimonio de los accionantes y en tal sentido es la procedencia de la corrección monetaria. Y así se declara...”.

 

Las razones anteriormente expuestas son suficientes para determinar que el fallo recurrido sí contiene las razones de derecho en que se fundamenta. La circunstancia de que no se haga expresamente la subsunción en las normas legales que los contemplan, no vicia de inmotivación el fallo, en caso extremo podría significar una motivación escasa, pero nunca declararse inmotivado el fallo.

 

Debe recordarse que la interpretación concatenada de los artículos 22 de la Ley de Abogados y de su Reglamento, definen claramente la existencia de dos etapas procesales en la sustanciación del procedimiento de honorarios profesionales por actuaciones judiciales, sean estos demandados al propio cliente o al condenado en costas.

 

La primera etapa se encuentra destinada tan sólo al establecimiento del derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél que los reclama. Esta fase se desarrolla en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho, su sustanciación debe hacerse en cuaderno separado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, que equivale al artículo 386 del Código derogado y, la decisión que se dicte en tal incidencia, acordando o negando el derecho reclamado, es apelable libremente, e inclusive, se le concede recurso de casación si la cuantía del asunto lo permite.

 

La segunda etapa, que solo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado, está concebida para que el demandado por tales honorarios, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal de Retasa el monto de los mismos. Esta segunda etapa requiere del titular del derecho de percibir honorarios profesionales, la estimación de aquellas actuaciones que le han sido reconocidas, para que, una vez intimadas al obligado, éste manifieste si se acoge al derecho de retasa. A diferencia de la primera etapa, las decisiones que se dicten en esta fase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Abogados, son inapelables y, por tanto, tampoco tienen concedido el recurso de casación.

 

Ahora bien, en aplicación de la doctrina supra citada, observa la Sala que la fase en que se encuentra el caso de autos, es la fase declarativa, que es aquella en la cual se dicta una sentencia que establece si tiene o no derecho al cobro de honorarios profesionales el intimante, y esto fue efectivamente lo decidido por el ad-quem, o sea, le reconoció al intimante el derecho a sus honorarios.

 

Por lo tanto y, en atención al contenido de los pronunciamientos antes transcritos, la Sala, en modo alguno, considera insuficiente la motivación del juzgador de alzada sobre la materia objeto de la presente denuncia, toda vez que el juez de la recurrida expuso en forma clara y precisa los fundamentos por los cuales apreciaba el derecho a cobrar los honorarios profesionales la parte intimante de determinados rubros y la procedencia de la solicitud de indexación o corrección monetaria, pudiéndose conocer cual fue la operación intelectual realizada por el sentenciador al dictar el fallo.

 

En consecuencia, con base a las precedentes consideraciones y en vista de no haberse comprobado la violación delatada, la Sala considera improcedente la presente denuncia, y así se declara.

 

 

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5º, del artículo 243, y del artículo 244 eiusdem, al incurrir la recurrida en falta de decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

Sostiene el formalizante que la sentencia recurrida, adolece de decisión expresa, positiva y precisa, al limitarse la sentencia a establecer que la ciudadana Dra. Ana María Rincón Fornoza tiene derecho a cobrar los honorarios profesionales, haciendo referencia a los numerales de sus respectivas descripciones en el escrito de intimación, sin determinar quien los debe pagar. Por otra parte, acuerda la recurrida una indexación monetaria que no determina en forma expresa y precisa lo que ha de ser materia de experticia.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Con respecto al vicio denunciado, la Sala ha sostenido, en diversas oportunidades, que la incongruencia del fallo se produce cuando el Juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial debatido, o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. Esta última hipótesis conduce a establecer que el juez tiene la obligación de considerar y decidir todas y cada una de las alegaciones formuladas por las partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o defensa, regla esta llamada también principio de exhaustividad.

 

El Tribunal de Alzada en la parte motiva y dispositiva de su fallo, textualmente señaló lo siguiente:

“...En este mismo orden de ideas, la parte intimada rechaza el cobro de la indexación sobre las cantidades estimadas e intimadas, para lo cual esta Alzada se permite observa (sic):

Consta en los autos que la parte intimante en su libelo de demanda procedió a solicitar que a las cantidades de dinero que en ese momento estimaba e intimada (sic) le fuese aplicada la corrección monetaria.

En este sentido la extinta Corte Suprema de Justicia, ha establecido que en materia de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales es totalmente procedente la solicitud de la indexación monetaria y que la misma debe ser formulada en el escrito contenido del libelo de demanda de los mismos.

...Omissis...

Aplicando la anterior jurisprudencia al presente caso podemos observar lo siguiente:

Que la extinta Corte Suprema de Justicia ha reconocido y aceptado reiteradamente que en los procedimientos Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, es viable solicitar la indexación monetaria, estableciendo una oportunidad preclusiva, cual es el momento de interponer el libelo de demanda, tal y como lo hizo es el caso de autos la parte intimante.

Así mismo determina que la procedencia o improcedencia de tal corrección monetaria, es decir, su aplicabilidad debe ser determinada por el Tribunal que conozca de la causa y no por los Jueces Retasadores, quienes simple y llamanente (sic) tienen la tarea de determinar el monto de lo que se va a condenar a pagar, estudiando previamente lo estimado por la parte intimante a los fines de determinar si dicha cantidad es o no exagerada.

En el caso de marras considera esta Alzada que resulta procedente la solicitud de indexación o corrección monetaria hecha por la parte intimante en virtud de que se trata de una obligación de carácter pecuniario, y haber sido solicitada en su debida oportunidad. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio y así lo tiene establecido el mas Alto Tribunal que cada día la devaluación de nuestro signo monetario acarrea un detrimento en el patrimonio de los accionantes y en tal sentido es la procedencia de la corrección monetaria. Y así se declara.

...Omissis...

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el Dr. LUIS ZAMBRANO, en su carácter de autos, de fecha 13 de Junio (sic) del 2.000 (sic), en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 de mayo del  2.000 (sic), la cual se Confirma (sic) en todas y cada una de sus partes, por lo que en consecuencia se declara que la ciudadana Dra. ANA MARÍA RINCON FORNOZA, tiene derecho a cobrar los honorarios profesionales causados en el juicio principal de Cumplimiento de Contrato de Opción a Compra, en lo que respecta a las actuaciones 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, las cuales aparecen identificadas en el libelo de estimación e intimación de Honorarios (sic); siendo que en lo que respecta a las actuaciones identificadas con los Nros 1, 3, 7, 8, 13 y 20, por las razones que quedaron explana (sic) en la parte motiva del presente fallo no tiene derecho sobre las mismas a cobrar los honorarios profesionales.

SEGUNDO: Se acuerda la indexación monetaria solicitada por la parte intimante en su libelo de demanda, para lo  cual se ordena practicar una experticia complementaria del fallo una vez como sean retasados los honorarios, para lo cual se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela, a los fines de que informe sobre el índice de inflación acaecido desde el día 16 de Junio (sic) de 1.999 (sic), hasta la fecha en que se ejecute la decisión...”.

 

 

De la transcripción de la recurrida, se evidencia palmariamente la congruencia existente entre el fallo y las contrarias pretensiones de las partes, lo cual evidencia el cumplimiento de los dos requisitos que emergen de aquélla: a) decidir sólo sobre lo alegado y b) decidir sobre todo lo alegado, acatándose así el principio que la moderna doctrina procesal denomina exhaustividad de la sentencia.

 

En cuanto a la denuncia de que el dispositivo de la recurrida no determina quien debe pagar los honorarios profesionales intimados, es de hacer notar que el principio de la unidad procesal del fallo, conforme al cual la sentencia es un todo indivisible, de modo que todas sus partes que integran su estructura tradicional (narrativa, motiva y dispositiva) se encuentran vinculadas por lo que la Sala ha llamado “un enlace lógico”, que no es otra cosa que la expresión de la fuerza del pronunciamiento judicial en toda su integridad. Por lo que en virtud de ello, si el presente juicio se inicia por intimación de honorarios profesionales que intentó la abogada Ana María Rincón Fornoza contra Gelsomino Sista Ciccone, resulta fácil concluir que si en la premisa mayor de la sentencia esta constituido por la instauración del juicio, y en la premisa menor la aplicación del derecho; y el intimante tiene razón en el ejercicio de su acción de intimación, evidentemente que la conclusión sería que el intimado debe pagarle al intimante, lo cual aún cuando no se exprese en el dispositivo con claridad se desprende de la motiva en función del principio precedentemente comentado.

 

Asimismo, denuncia que el ad quem acuerda la indexación sin determinar en forma expresa lo que ha de ser materia de experticia ni los índices a emplear, de la cual se observa en la transcripción de la recurrida que antecede, que el dispositivo produjo decisión expresa, positiva y precisa sobre la validez de la indexación por lo que ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela una vez sean retasados lo honorarios, tomando como parámetro la fecha de introducción del libelo 16 de junio de 1999 hasta que se ejecute la decisión; atendiendo el planteamiento de la intimante en su libelo, razón por la que es forzoso concluir, que la denuncia de incongruencia no puede prosperar. 

 

Al respecto, la Sala en decisión de fecha 11 de marzo de 1999 (caso Lesbia Morales Castillo c/ Hagdalá José Mostafá Paolini y otra), estableció el siguiente criterio sobre el vicio de incongruencia, que hoy se reitera:

“...ha dicho la Sala, siguiendo las enseñanzas del Dr. Humberto Cuenca que, según la exégesis de la norma relativa a los requisitos intrínsecos de toda sentencia, expresa, significa que la sentencia no debe contener implícitos ni sobreentendidos; positiva, que sea cierta, efectiva y verdadera, sin dejar cuestiones pendientes, y precisa, sin lugar a dudas, incertidumbres, oscuridades ni ambigüedades.

En este sentido, el Juez debe resolver, sólo lo debatido pero todo lo debatido. De forma y manera que, si el Juez altera el asunto sometido a su imperio, silencia algún elemento o concede más de lo pedido o de lo resistido, incurre en el vicio de incongruencia.

Es deber de los Jueces tiene su fundamento en el derecho de defensa y en el de petición, que a los ajusticiables garantiza la Constitución y, es por ello, que el sentenciador debe analizar y resolver todos los puntos sometidos a su consideración, por más que en su fuero interno considere que esos puntos quedaron ya resueltos como consecuencia de haber decidido algún otro. Desde luego, que no puede haber implícitos ni sobreentendidos, ni puede dejar asunto alguno sin resolver.” (Subrayado del Tribunal).

 

 

Por tales razones, es improcedente la denuncia de infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por existir perfecta correspondencia entre la sentencia dictada y las contrarias pretensiones de las partes, más aún cuando la Sala ha constatado la veracidad de los argumentos empleados por la recurrida para arribar a la conclusión descrita y que constituyó el objeto de la denuncia. Así se decide.

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

                   En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el intimado, contra la sentencia dictada en fecha 7 de agosto de 2000, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la Causa, al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y particípese dicha remisión con copia de esta decisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado; todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y  143º  de  la Federación.

          

El Presidente de la Sala,

 

_______________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

                                                                                                                       

El Vicepresidente,

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                        El Magistrado Ponente,

 

 

                                                         ___________________________

                                                             ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

____________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. 00-880

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