Venley

Sentencia N.º 275

Sentencia
N.º 275
Fecha
19/07/2012
Sala
Casación Penal
Expediente
C11-166
Ponente
Ninoska Beatriz Queipo Briceño
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

PONENCIA DE LA MAGISTRADA DRA. NINOSKA QUEIPO BRICEÑO.

 

I

 

En fecha 6 de mayo de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala Penal, la causa remitida en fecha 2 de mayo de 2011 por la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, contentiva del recurso de casación interpuesto por los profesionales del Derecho, ciudadanos abogados JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ RINCONES, JOSÉ LUIS MALAGUERA ROJAS y JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ANDRADE, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los números 4.765, 22.536 y 109.834 respectivamente; contra la decisión dictada en fecha 11 de marzo de 2011, por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa.

 

Recibido el expediente se dio cuenta a los Magistrados que conforman la Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente la Sala de Casación Penal, determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto observa:

 

Respecto del conocimiento de dicho medio recursivo, el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

 

Competencia de la Sala Penal

Artículo 29. Es de la competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

…Omissis…

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes, en materia penal.

…Omissis…

 

Del contenido del dispositivo legal ut supra transcrito, se observa que corresponde a esta Sala de Casación Penal, el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los Tribunales de última instancia; en consecuencia esta Sala, declara su competencia para conocer del presente asunto en aplicación del artículo 29 (numeral 2) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

III

DE LOS HECHOS Y ANTECEDENTES DEL CASO

 

El Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, estableció los hechos siguientes:

 

“…Estima este Tribunal, al apreciar individualmente las pruebas y finalmente en su conjunto, que los hechos antes narrados y plenamente demostrados fueron cometidos de manera intencional en contra de la víctima, lo que permite concluir a quien aquí debe decidir y valorar, de la siguiente manera: en fecha 14 de Abril de 2004, siendo aproximadamente las dos de la tarde (02:00pm) hizo acto de presencia en el Camellón interno que conduce al Sector Canaima de la Hacienda San Miguel de la Población de Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, la ciudadana SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO junto con su hermana LUCY VITELIA TORRES ZAMBRANO, a bordo de una camioneta marca ford, modelo: explore, color: plata; un tractor ford 25 de color azul conducido por el señor EDUARDO BRACHO, y acompañándolas, un grupo de aproximadamente doce (12) personas entre las que se encontraban los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLIVO QUINTERO, HUGO EMIRO BENAVIDES y ANTONIO FRANCISCO PACHECO, manifiestamente armados con dos (02) escopetas calibre ‘12’ y una (01) de fabricación rudimentaria, tipo escopeta, calibre ‘20’.

En el sitio, se encontraban aproximadamente treinta (30) o cuarenta (40) campesinos asociados a la Cooperativa Agrícola de Producción y Consumo Santa Elena de Arenales, así como cinco (05) tractores en servicio de la Cooperativa, quienes eran beneficiarios de una Carta Agraria emitida por el Instituto Nacional de Tierras, la cual, protegía la ocupación sobre los referidos terrenos; siendo amenazados por los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLIVO QUINTERO, HUGO EMIRO BENAVIDES y ANTONIO FRANCISCO PACHECO, quienes con las armas que portaban los apuntaban, amenazándolos y obligándolos a salir del lugar; (…) mientras ello sucedía, se inició en el camellón una discusión entre la ciudadana Sioly María Torres Zambrano y miembros de la Cooperativa entre los que se encontraban los ciudadano Jesús Antonio Guerrero López (occiso) y Miguel Ángel Zambrano, siendo la primera, quien pretendía impedir los trabajos de los campesinos alegando propiedad sobre las tierras, y los segundos, quienes justificaban su presencia en el sitio a través de la referida Carta Agraria.

En ese momento, al tornarse la discusión ‘turbia’ y ‘acalorada’, el ciudadano Miguel Ángel Zambrano -miembro de la cooperativa- se trasladó en una bicicleta hacia un punto de información colocado por el Comando de la Policía a través de la Alcaldía de la zona en instalaciones de la Cooperativa, a los fines de solicitar vía radio la presencia de funcionarios policiales en el sitio; siendo recepcionado el llamado por el Sargento JAIRO NAVA, quien se encontraba de guardia en la Sub-Comisaría Policial Nro. 13 de Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida; el cual, ordenó a los funcionarios Distinguido HÉCTOR ALEXIS VILORIA DUARTE y Agente PABLO URIBE, se trasladaran hasta los terrenos de la Hacienda San Miguel a los fines de verificar la situación reportada, quienes se movilizaron al sitio a bordo de una unidad motorizada. (…)

En plena discusión, los cooperativistas expresaron continuar las labores agrícolas, lo que desató la ira de la ciudadana Sioly María Torres Zambrano, quien abordó el tractor que manifestó era de su propiedad pidiéndole a uno de sus acompañantes un (01) arma de fuego tipo escopeta, calibre ‘12’, emprendiendo su recorrido con la intención de accionar dicha arma de fuego en contra de la humanidad de uno de los tractoristas e interceptar así la maquina en servicio de la cooperativa; ante ello, un grupo de campesinos logran abordar el tractor despojándola de la escopeta con participación en ello del ciudadano CARLOS ARAQUE MORA (…)

Luego de ello, la ciudadana Sioly María Torres Zambrano sobre el tractor, logra sacar un arma de fuego calibre .25. marca Prieto Beretta, serial DAA09163, del bolso tipo koala que llevaba en su cintura, accionándola en contra de la humanidad del ciudadano JESÚS ANTONIO GUERRERO LÓPEZ produciéndole la muerte; quien abordaba el tractor por la parte de atrás sin ningún arma entre sus manos, y sin producirse ‘forcejeo’ alguno entre ambos (…).

Acto seguido, los campesinos se le ‘abalanzan’ sobre el tractor logrando despojarla de la segunda arma, bajándola; (…) produciéndose la acusada en ese momento una contusión abdominal que posteriormente ameritó su intervención quirúrgica en la Clínica Vargas de la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, sin mayor complicación.

Mientras ello sucedía, campesinos miembros de la Cooperativa se dedicaban unos a despojar de las armas a los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLIVO QUINTERO, HUGO EMIRO BENAVIDES y ANTONIO FRANCISCO PACHECO, y otros, a auxiliar a la víctima. En relación a lo primero; –como ya se dijo–, los ut supra mencionados acusados utilizaban las armas para amenazar a los campesinos; (…)

Acto seguido, al ser bajada del tractor la acusada Sioly María Torres Zambrano, ésta intenta infructuosamente montar un caballo a los fines de procurar su escape, logrando luego abordar la camioneta en la que inicialmente había hecho acto de presencia en el sito del hecho, en la que se encontraba su hermana Lucy Vitelia Torres Zambrano; siendo arremetida la misma (camioneta) por campesinos a los fines de evitar su escape, ocasionándole daños al parabrisa delantero, al vidrio de la ventana de la puerta trasera derecha, en la compuerta trasera; ante ello, la acusada baja del vehículo con una arma de fuego tipo pistola, calibre .380, marca Prieto Beretta, la cual había sacado de la guantera de la camioneta, refiriendo la acusada en su declaración que la misma era de su padre y que se encontraba dañada; (…)

Así las cosas, al salir armada de la camioneta, apunta la misma en contra de algunos campesinos y del funcionario HÉCTOR ALEXIS VILORIA, dándole éste último la voz de alto manifestándole que estaba arrestada, por lo que la acusada hacía caso omiso a la autoridad policial en el cumplimiento de sus deberes oficiales, siendo ese momento, en el que el funcionario observa que la pistola que cargaba la acusada tenía un proyectil que obstaculizaba el conducto móvil por lo cual, le solicitó la colaboración al ciudadano GEOVANNY ALEXI URREA, quien sujetó por detrás a la acusada logrando el funcionario despojarla en ese momento del arma, para luego introducir a la ciudadana Sioly Torres en el interior de un camión Dodge 350, propiedad del señor ALEXI URREA, en compañía de este último y el funcionario HÉCTOR ALEXIS VILORIA DUARTE, a los fines de sacarla del sitio del hecho y trasladarla hasta la Sub-Comisaría Policial de Santa Elena de Arenales. En el trayecto, se acercaban en sentido contrario la unidad radio patrullera Nro. P226, asignada a la Sub- Comisaría 13 de Santa Elena de Arenales, encontrándose al lado derecho del camellón que conduce a la hacienda San Miguel, Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, una camioneta marca ford, modelo F-150, color gris y franjas de color negro, en la que se había sacado al ciudadano Jesús Antonio Guerrero López, quien se encontraba en la parte de atrás ya sin vida (…).

Ahora bien, en ese momento, se logra trasladar a la ciudadana Sioly Maria Torres Zambrano hasta la patrulla la cual era conducida por el funcionario policial OMAR VILLASMIL MÁRQUEZ, a los fines de resguardarle su integridad física, a lo que, miembros de la cooperativa le hacen entrega al funcionario HÉCTOR ALEXIS DUARTE VILORIA, de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLIVO QUINTERO, HUGO EMIRO BENAVIDES y ANTONIO FRANCISCO PACHECO, quienes eran los acompañantes de la ciudadana Sioly María Torres Zambrano, así como de las tres (03) armas de fuego tipo escopeta, incautadas e incriminadas en el hecho…” (Mayúsculas y negrillas del Tribunal de Juicio).

 

En fecha 27 de septiembre de 2007, el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cargo del ciudadano juez ANTONIO ARQUÍMEDEZ ESSER ALVARADO, condenó a la ciudadana SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO, venezolana e identificada con la cédula de identidad V-8.031.650, a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRESIDIO, más las accesorias correspondientes, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificados en los artículos 407, 219 y 278 de Código Penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos. Igualmente condenó a los ciudadanos HUGO EMIRO BENAVIDES MORALES, colombiano e identificado con la cédula de identidad
E-92.095.592; JOSÉ GREGORIO OLIVO QUINTERO, venezolano e identificado con la cédula de identidad V-20.749.831 y ANTONIO FRANCISCO PACHECO, venezolano e identificado con la cédula de identidad V-8.186.255, a cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS, TRES (03) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRESIDIO, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE EN GRADO DE COMPLICIDAD y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificados en el artículo 407 y 278 del Código Penal en concordancia con el ordinal 1° del artículo 84 “eiusdem”.

 

En fecha 01 de octubre de 2007, el ciudadano abogado JESÚS BRICEÑO FERNÁNDEZ, Defensor Público Cuarto y en representación de los ciudadanos acusados HUGO EMIRO BENAVIDES MORALES y ANTONIO FRANCISCO PACHECO, consignó escrito mediante el cual renunció al ejercicio del recurso de apelación en contra del fallo dictado en contra de ellos. Asimismo solicitó la separación de la causa y su remisión al tribunal de ejecución en cuanto a los nombrados acusados.

 

El 8 de octubre de 2007, se recibió ante el tribunal de la causa escrito proveniente del Centro Penitenciario de la Región Andina, suscrito por el ciudadano acusado JOSÉ GREGORIO OLIVO QUINTERO, mediante el cual renunció a su abogado Defensor y solicitó le fuese designado un Defensor Público. Siéndole designada la Defensora Pública Decimosegunda del Estado Mérida, la profesional del Derecho MARLENE GÓMEZ MOLINA.

 

En fecha 11 de octubre de 2007, los ciudadanos abogados RAFAEL QUINTERO MORENO, EDGAR QUINTERO ROMERO y FIDEL MONSALVE MORENO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los números 6.313, 2.860 y 21.862, respectivamente, en su condición de Defensores de la ciudadana acusada SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO, ejercieron recurso de apelación contra el fallo dictado en fecha 27 de septiembre de 2007, por el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

 

En fecha 19 de octubre de 2007, el profesional del Derecho, ciudadano JAIRO CHACÓN RAMÍREZ, Fiscal Decimoséptimo del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, contestó el recurso de apelación ejercido por la Defensa y solicitó a la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, que lo declarara inadmisible.

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cargo de los ciudadanos jueces abogados ALFREDO TREJO GUERRERO (Presidente y ponente), MARIANELA MARÍN ESTRADA y GENERINO BUITRIAGO ALVARADO, en fecha 11 de marzo de 2011, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y CONFIRMÓ la decisión dictada por el Tribunal Tercero de Juicio del referido Circuito Judicial Penal. Expresando los motivos siguientes:

 

“…Analizada la situación planteada en el Recurso de Apelación de Sentencia y estudiada como fue la decisión dictada por el Tribunal A quo, considera esta Corte hacer las siguientes consideraciones:

debe esta Corte señalar que de la revisión de las actuaciones que conforman el Asunto Principal (…) consta Reconocimiento Legal N° 9700-230-254 de fecha 15-04-2004 de cuatro (04) armas de fuego tipo escopeta, tres (03) calibre 12” y una (01) calibre 20” conjuntamente con dos (02) armas de fuego tipo pistola calibre 380 auto y calibre 25”.

Ahora bien, en el marco de las observaciones anteriores (…)

Observa esta Alzada, que el Juez A quo, cuando se pronunció en la sentencia en relación al delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, lo hizo tomando en cuenta los elementos que le fueron expuestos en el debate probatorio, ya que con dicha experticia se demostró plenamente las características y estado de las armas de fuego, para luego subsumir la conducta de la acusada a la aplicación del tipo penal correspondiente.

De manera que, en lo que respecta, a lo alegado por los recurrentes, en cuanto a que no quedó demostrado el delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, tal planteamiento quedó dilucidado durante el desarrollo del debate con las declaraciones de los diferentes testigos y las actuaciones propias de la investigación, tales como el registro de cadena y custodia, el testimonio de los funcionarios aprehensores Héctor Alexis Viloria Duarte y Pablo Uribe, (…) avalados con las respectivas actas de investigación policial, así como los testigos presenciales del hecho (…), quienes señalaron los objetos colectados durante el procedimiento, entre los cuales, se encontraban dos armas de fuego tipo pistola y cuatro escopetas, y la falta de permisología por parte del Estado para la detentación de dichas armas.(…)

sobre las bases de las consideraciones anteriores, observa que el Juez A-quo en atención a las máximas de experiencias, motivó su decisión producto de su razonamiento lógico, y lo alegado y probado en autos, explicando detalladamente los motivos que lo llevaron a tomar su conclusión.

En consecuencia, la presente denuncia se declara sin lugar.

Igualmente los recurrentes, manifiestan que la declaración de la ciudadana Neyda Orozco, funcionaria del (…) (C.I.C.P.C.) no fue analizada por el Juzgador, incurriendo este presuntamente en Contradicción en la Motivación de la Sentencia (…)

Ahora bien, de la revisión del folio 3826 pieza N° 17 del asunto principal (…) observa esta Corte que consta en acta de continuación de juicio oral y público de fecha 25/07/2005, (…) la funcionaria NEIDA OROZCO VEGA en su declaración (…)ratifica lo establecido en el contenido del acta de investigación penal llevada (…) en la cual se demuestra que dicha funcionaria no aseveró lo esgrimidos (sic) por los recurrentes aquí, motivo por el cual esta Corte verifica que la razón no le asiste a los recurrentes. (…)

(…) se infiere que no asiste la razón al apelante cuando señaló que la primera instancia constitucional confundió las experticias que se realizaron en las manos y la ropa del procesado. Así se declara.

Respecto al alegato de que los cuerpos policiales no pueden efectuar labores de instrucción, el Código Orgánico Procesal Penal, establece: (…)

Del contenido de las normas que se transcribieron se deriva que son los cuerpos policiales los encargados de la realización de la actividad de investigación criminal bajo la dirección del Ministerio Público. De allí que, en el caso bajo análisis, encuentra esta Sala que el órgano policial actuó dentro del límites de su competencia, (…)

Es evidente entonces que el Juzgador, valoró dicha prueba conforme a lo establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, no existiendo contradicción en la motivación de la sentencia por tal motivo, razón por la cual debe declararse sin lugar la presente denuncia. Y así se decide.

En el mismo orden, los recurrentes manifiestan que el juzgador incurrió en contradicción en la motivación de la sentencia, pues para desconocer la tesis de la defensa, relativa a que ineludiblemente la producción del disparo que le cegó la vida a Jesús Antonio Guerrero López, lo fue como consecuencia de un forcejeo entre la encausada y la víctima. (...)

verifica que el Tribunal A-quo valoró dichas declaraciones de manera clara, precisa y completa, concluyendo que el forcejeo con la encausada ocurrió después de haberle disparado al ciudadano Jesús Antonio Guerrero López, en tal sentido, esta Sala (…) no observa que haya contradicción en la motivación de la recurrida, motivo por el cual se debe declarar sin lugar la presente denuncia; Y así decide. (…)

las Cortes de Apelaciones de los Circuitos Judiciales Penales de la República Bolivariana de Venezuela no aprecian ni valoran las pruebas evacuadas durante el juicio oral, pues, esa labor es una función exclusiva de los jueces de juicio, quienes, en virtud del principio de inmediación, han presenciado ininterrumpidamente el debate, correspondiéndole entonces la apreciación de los elementos probatorios y con base a ellas el establecimiento de los hechos, pues, las Cortes de Apelaciones sólo pueden valorar aquellas pruebas que hayan sido promovidas en el Recurso de Apelación. (…)

En relación al alegato de la Contradicción en la Motivación de la Sentencia, (…)

Esta alzada de la revisión exhaustiva de la causa principal observa lo siguiente; en la primera pieza del asunto principal (…) se encuentra el acta de prueba anticipada en la que se señala que (…) se encontraban presentes los Representantes del Ministerio Público, la defensa, la imputada Sioly María Torres Zambrano y los demás encausados; prueba esta con la cual estuvo de acuerdo la encausada de autos, tal como consta en la referida acta; aunado al hecho de que en la Audiencia Preliminar (…) se admitió dicha acta de prueba anticipada (…)  de manera que con dicha prueba no se violentó el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho a la defensa.

En relación a la oposición a la prueba anticipada de la Experticia de Análisis de Traza de Disparos (…) así como del testimonio del referido experto quien la suscribe, se declara SIN LUGAR tal petición, ello en virtud de que a pesar de haberse realizado como una prueba anticipada, la misma es una diligencia de investigación propia de la fase de investigación, la cual está dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público, conforme a los artículos 237 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia la presente denuncia se declara sin lugar.

En relación a lo alegado por los recurrentes, en lo que respecta a la apreciación que hizo el Juez A quo del ciudadano experto EDWARD JOSÉ PÉREZ, (…)

por lo tanto, los recurrentes no pueden aducir que tal circunstancia surgió en el debate, en tal sentido, dicha prueba fue lícitamente incorporada al proceso y controlada por las partes en el desarrollo del debate oral y público, estableciéndose la forma en que fue obtenida desde su inicio, las personas actuantes además de las partes y las resultas obtenidas. En consecuencia la presente denuncia debe ser declarada sin lugar.

En este orden, señalan los recurrentes que el Juez A quo al momento de producir su fallo de condena incurrió en Contradicción en la Motivación de la Sentencia, pues presuntamente desconoce o cambio el sentido de lo expresado por los expertos psiquiatras. (…)

En relación a tal alegato, observa esta Alzada que en la declaración del Dr. Luis Camilo Silva Madrid (Psiquiatra) (…) señala que ratifica la historia clínica suscrita por su persona (…)

se observa que el examen mental señala que la paciente no presenta trastornos de conciencia y su impresión diagnostica es de, trastorno de estrés post- traumático; Por su parte en la declaración del experto Dr. JOLFIX JOSÉ MARÍN GIL, adscrito al C.I.C.P.C. Subdelegación El Vigía, (…)señaló: lo siguiente: “ …la conclusión a la que llegó era compatible al diagnostico de estrés Post- Traumático…”, (…)

De manera que ante tal diagnóstico, el juez a-quo acertadamente verifica que la actitud asumida por la ciudadana SIOLY MARIA TORRES ZAMBRANO, no justifica el comportamiento de la acusada en los hechos acaecidos el 14-04-2004 (…)

Los Recurrentes en su escrito recursivo denuncian quebrantamiento de formas sustanciales de los actos, que causaron indefensión a su patrocinada (…) Alegando nuevamente que el Análisis de Traza de Disparo (ATD), bajo la modalidad de Prueba Anticipada, (…), porque en la ejecución de la misma, y en su incorporación al juicio oral y público se quebrantaron formas esenciales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, y que por tanto lo que correspondía era declarar su nulidad absoluta.

A tal efecto, es necesario señalar que ut supra, esta alzada realizó algunas consideraciones a denuncias que guardan relación con la presente denuncia, (…) siendo dicha prueba lícita, por cuanto se trata de una situación preexistente, conocida, que cursaba en la primera pieza del asunto principal (…) prueba que fue promovida por la Representación Fiscal en su escrito de acusación como prueba anticipada y controlada por las partes, y admitida por el tribunal de Control (…) en consecuencia no pueden aducir que tal circunstancia surgió en el debate.

Ahora bien, en relación a lo alegado por los recurrentes en cuanto a la incorporación por parte del Tribunal A quo de los resultados de la prueba de ATD, como pruebas complementarias (…) y que no se ofreció el informe de dicho análisis, ni la declaración del experto que la realizó. (…)

El artículo 343 se refiere a la promoción de pruebas en el debate oral y público, pero sólo de aquellas que no fueron promovidas oportunamente por las partes, por desconocer de su existencia para el momento de la celebración de la Audiencia Preliminar.

En el caso de marras, las partes tenían conocimiento con antelación de la existencia de la Prueba de ATD, toda vez que la Representación Fiscal la había solicitado durante la fase de investigación, (…).

Asimismo, es necesario señalar que la defensa aceptó la prueba cuando en efecto, ejerció el derecho del contradictorio en la declaración que rindiera el experto EDWARD PÉREZ, durante el desarrollo del debate oral y público, tal como consta a los folios 3982 al 3903 de décima séptima pieza del asunto principal (…)

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se observa que dicho acto era para llevar a cabo la Prueba Anticipada de Experticia de Análisis de Traza de disparo, para ser practicada a la ciudadana: SIOLY MARIA TORRES ZAMBRANO y no para oír declaración a la mencionada ciudadana. Sin embargo, hay que señalar, que debido a la naturaleza de las pruebas anticipadas, caracterizadas por la urgencia y necesidad que se le imprime a su solicitud, (…)

Observa esta alzada que en el caso de marras no se vulneró la cadena de custodia, ya que al folio 79 del asunto principal consta Cadena de Custodia de las evidencias recolectadas por el funcionario policial Héctor Alexis Viloria Duarte, asimismo consta acta de investigación penal de fecha 15/04/2004 (folio 45 y su vuelto), (…) quien fue la funcionaria que recibió las evidencias y planilla de remisión Nº 147 que riela inserta al folio 46, toda vez que los expertos intervinieron oralmente en el juicio, explicaron la forma cómo recolectaron las evidencias, las experticias que practicaron y cómo quedó plasmado en actas de inspecciones su obtención, las cuales fueron incorporadas por su lectura.

En consecuencia, la razón no les asiste a los recurrentes al señalar que el Tribunal A quo, quebrantó formas sustanciales de actos que causaron indefensión a su patrocinada. (…)

Es preciso mencionar, que el acta de reconocimiento en rueda de individuos fue legalmente valorada y apreciada como prueba documental, y en razón de la solicitud de nulidad de las actas de reconocimiento en rueda de individuos, realizada por la defensa el juez A-quo, sí motivó su decisión de declarar sin lugar la nulidad solicitada, la cual fue debidamente fundamentada en la recurrida, explicando los argumentos de hecho y de derecho, y en modo alguno observa esta alzada como pretende alegar la defensa, que dicha decisión de declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la actas de de Rueda de reconocimiento de individuos fue inmotivada. (…).

En este orden, alegan nuevamente los recurrentes, que se le causó indefensión a la imputada pues el Ministerio Público, el CICPC y el Tribunal de Juicio quebrantaron formas sustanciales de actos, pues según los recurrentes, estando en la obligación estos órganos y entes de preservar el sitio del suceso, la policía lo abandonó y permitió que fuera modificado por los Cooperativistas con la previsible consecuencia de que sólo apareció  ‘evidencia material’ que pretende inculpar a la ciudadana SIOLY MARIA TORRES ZAMBRANO. (…)

Asimismo se debe destacar la declaración del Experto DR. ALEJANDRO PEREIRA MÁRQUEZ, adscrito a la Medicatura Forense de la Delegación de Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Mérida, indicó que el, extrajo el proyectil a la víctima, el cual fue sometido a experticia de reconocimiento legal y comparación balística; logrando concluir el Tribunal A quo que dicho proyectil fue disparado por el arma de fuego tipo pistola, calibre .25, marca PRIETO BERETA, que portaba la ciudadana Sioly Torres Zambrano, razón por la cual se declara sin lugar la presente denuncia. (…)

Con relación a lo expresado anteriormente por los recurrentes, hay que señalar que en el caso de autos, se cumplió con la cadena de custodia de la evidencia, por lo que resulta necesario aclarar que esta figura la inicia la autoridad quien recolecta los elementos probatorios en este caso el funcionario policial Héctor Alexis Viloria Duarte, quien realizó cadena de custodia de las evidencias incautadas (…) y mediante un acta policial Nº 033-04 de fecha 14/04/2004 (…) en la cual señala el sitio exacto de donde se recolectan cada uno de los elementos de prueba, (…)

De manera que las pruebas no fueron obtenidas ilícitamente, ya que las mismas fueron resguardas al momento que los funcionarios policiales llegaron al sitio del suceso, (…)

Observa esta Alzada de la recurrida que el Juez A quo, en su excelente motivación, demostró el porqué de su decisión, pues el Código Orgánico Procesal Penal impone al juez el deber de apreciar todas las pruebas según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, lo cual ha sido observado por los Jueces de esta Sala Única de la Corte de Apelaciones (…) según lo ha verificado esta Sala de la Sentencia Impugnada. En efecto, en el presente caso, el sentenciador consideró que no había duda sobre la identidad de la autora, demostrando así que la imputada Sioly Torres, fue quien realizó el disparo que dio muerte al ciudadano Jesús Antonio Guerrero López.

Quedando demostrado que el juez de la recurrida resumió, analizó, valoró y comparó las declaraciones de las distintas personas que rindieron las respectivas testimoniales, al igual que la de los expertos que practicaron el Protocolo de Autopsia y todas las experticias realizadas y considerando las testimoniales de las personas presentes en el sitio del suceso, concatenándolas con todas las pruebas evacuadas, pudo observar cómo sucedieron los hechos al momento de producirse el deceso del ciudadano Jesús Antonio Guerrero; correctamente se ciñó a valorar la deposición de los testigos, del Médico Forense, de los expertos de trayectoria balística, a los fines de determinar si en efecto concurrieron en el presente caso los extremos exigidos por el ordinal (sic) 3° (sic) del artículo 65 del Código Penal, desestimando finalmente la causa de justificación invocada, por cuanto no existió ningún elemento probatorio ofrecido por la defensa que permitiera demostrar la causa de justificación, y en consecuencia, consideró como fue que la defensa no demostró los requisitos de procedencia de la legítima defensa, por tanto procedió como era procedente en Derecho, a dictar la respectiva sentencia condenatoria, partiendo de la consideración de todas las pruebas técnico científicas que le dieron certeza al momento de tomar su decisión,. Aunado a que la acusada al igual que su defensa técnica reconocen su autoría del hecho y no lograron demostrar la excepción invocada. (…)

Por las razones antes expuestas, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS, todas las denuncias invocadas en la tercera parte del escrito recursivo y la primera y tercera denuncia de la Cuarta parte de dicho escrito.

En este orden, manifiestan los recurrentes en su extenso y repetitivo recurso de apelación, específicamente en la segunda denuncia de la cuarta parte del escrito recursivo que existe una errónea aplicación de la norma prevista en el artículo 278 del código penal pues en la sentencia se le atribuye culpabilidad y responsabilidad penal a la imputada Sioly María Torres Zambrano, por el porte Ilícito de tres armas de fuego. (…)

Finalmente en relación al medio de reproducción promovido por la defensa, es necesario, traer a colación el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que: (…)

Así mismo, el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, en su segundo aparte, señala (…)

Ahora bien, esta Alzada considero innecesario el uso del medio de reproducción, cuando lo que se pretende demostrar se encuentra suficientemente documentado en autos en las actas de debate del juicio oral y público, aunado a lo establecido en el artículo 198, tercer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal (…)

Por consiguiente, la presentación de dicho medio de reproducción, ya que fue suficiente con las actas del debate oral y público, considerando que no era necesaria la evacuación del precitado medio de reproducción.

Por las razones antes expuestas y por ser pertinente y ajustado a derecho el presente recurso de apelación de sentencia debe ser declarado Sin Lugar. Y así se decide…”. (Negrillas, cursivas y subrayado de la corte de apelaciones.).

 

 

Contra el referido fallo, interpusieron recurso de casación los ciudadanos abogados JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ RINCONES, JOSÉ LUIS MALAGUERA ROJAS y JUAN FERNADO MARTÍNEZ ANDRADE, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los números 4.765, 22.536 y 109.834; en su condición de Defensores de la ciudadana SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO.

 

Estando en la oportunidad legal, para pronunciarse en relación a la admisión del recurso de casación interpuesto por la Defensa, la Sala pasa a decidir la admisibilidad o no del mismo con fundamento en las consideraciones siguientes:

 

IV

DE LOS FUNDAMENTOS DEL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO

 

El recurso de casación planteado por la Defensa de la ciudadana SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO, se fundamentó en los siguientes motivos de impugnación:

 

“…PRIMER MOTIVO

 

VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

(…).

La presente denuncia obedece a la inmotivación en la que incurrió la sentencia recurrida, fundamentalmente, porque no desarrolló, de manera fundada, las razones y explicaciones necesarias y obligatorias para declarar sin lugar el vicio denunciado en el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de la primera instancia. (…)

La insuficiencia de las razones, para sustentar sí ciertamente hubo o no violación de los mencionados artículos del citado Decreto Ley, que aquí estamos denunciando, se patentiza cuando se revisa el contenido de los artículos respectivos, los cuales en su conjunto desarrollan la competencia que le corresponde a los órganos de apoyo de la investigación penal, que los órganos de seguridad ciudadana, distintos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, están en la obligación de proteger el lugar del suceso y resguardar las evidencias físicas hasta tanto se hagan presentes los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por cuanto es éste el órgano principal de policía en materia de investigación penal…”.

 

SEGUNDO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL

ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 

“…la Corte de Apelaciones, en relación a la denuncia, las razones por las cuáles consideró que la valoración era clara, precisa y completa, declarando sin lugar la respectiva denuncia; lo cual indudablemente, determina el vicio de ausencia de motivación de la sentencia, aquí recurrida.

Según lo antes citado, la sentencia recurrida denota, en este particular de la misma, una evidente inmotivación, ya que lo desarrollado en este punto es exiguo e impreciso, por cuanto no existe explicación alguna sobre las razones y argumentos que llevaron a los miembros de la Corte de Apelaciones a declarar sin lugar lo denunciado por la defensa; es decir, que la Corte de Apelaciones no explica motivadamente en razón de qué no hay errónea aplicación de la norma aplicada por el juez a qua, ya que sólo se limitan a señalar que ‘el tribunal A-quo, valoró las declaraciones de los testigos de manera clara, precisa y completa ... Así se decide ... ‘ (Ver folio 1168 del Asunto LPOI-R-2007-000285), lo cual es incuestionablemente insuficiente y exiguo para justificar tal decisión, ya que ha debido dar las razones del por qué el juzgador no apreció las pruebas presentadas por la defensa…”.

 

TERCER MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL

ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 

“…En relación con esta denuncia, en primer lugar, en lo tocante al motivo de la apelación, consistente en la denuncia de inexistencia de la prueba anticipada de análisis de traza de disparo (ATD), realizada en la fase de investigación de la causa, por cuanto la ejecución de dicha prueba se hizo ilegalmente, en razón de la división de su realización, (…)

Esta respuesta de la Corte de Apelaciones para concluir, que no se violentó el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho a la defensa, es claramente inmotivada, en razón a que, no se exteriorizan argumentos ni razones para determinar sí ciertamente, como lo plantea la denuncia de la defensa, la prueba anticipada es inexistente, en virtud de que la misma en su ejecución fue dividida, ya que las muestras se tomaron en la Clínica Vargas de la ciudad de El Vigía, del Estado Mérida y el resultado de las muestras tomadas se realizó en la ciudad de Caracas, seis meses después.

En la decisión aquí impugnada, se limita la Corte de Apelaciones a mencionar que la imputada estuvo de acuerdo con la prueba y que el acta de la prueba anticipada de ATD fue admitida en la Audiencia Preliminar. Sin embargo, para resolver la denuncia planteada por la defensa en el recurso de apelación, en lo que se refiere a este punto, ha debido la Corte de Apelaciones realizar un examen crítico sobre el argumento invocado por la defensa, en lo tocante a que sí en los casos, como en el que nos ocupa, dividir la prueba anticipada de ATD, en dos momentos distintos, dos lugares diferentes y sin la presencia, en el momento de agotarse la experticia de ATD (las muestras son sometidas a análisis de activación de neutrones o al espectroscopio de absorción atómica), del Tribunal de Control, de la representación de la Fiscalía del Ministerio Público y de las partes, conlleva ello a la conclusión de haberse realizado la prueba anticipada violentando los requisitos establecidos en el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual no consagra la posibilidad de agotar la prueba anticipada, de la manera en que se hizo.

(…)

En definitiva, nunca aclara la Corte de Apelaciones, en su decisión, sí la prueba anticipada de ATD se realizó de manera legal o correcta, en atención a los requisitos consagrados en el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, incumpliendo de esta manera con su obligación de resolver el mérito de los motivos del recurso de apelación de la sentencia definitiva de manera fundada…”.

 

CUARTO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 343 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

 

“…la Corte de Apelaciones incurre en el vicio de errónea interpretación del artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual consagra la figura de la prueba complementaria, por cuanto, en el caso que nos ocupa, señala la Corte de Apelaciones, que las partes tenían conocimiento desde la propia fase de investigación de la existencia de la prueba anticipada de ATD, por lo que, en consecuencia, tal prueba no puede considerarse como una prueba complementaria. Sin embargo, de inmediato el juzgador agrega, que como quiera que las partes desconocen el contenido de la prueba anticipada de ATD para el momento de la celebración de la audiencia preliminar y dado que la misma fue realizada con posterioridad a dicha audiencia, en consecuencia, su contenido debe ser incorporado al juicio oral y público, conforme a lo estipulado en el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como ocurrió en la sentencia impugnada. (…)

Es evidente que, como lo señalan los autores citados, necesariamente para que pueda permitirse la promoción de una prueba complementaria para ser incorporada al debate probatorio, se requiere forzosamente que se trate de una prueba nueva, es decir, una prueba sobre la cual no se tiene conocimiento sino con posterioridad a la audiencia preliminar, lo cual no se cumple en el presente caso, dado que la prueba anticipada de ATD, se conocía desde la propia fase preparatoria, por cuanto allí fue solicitada su realización por parte del Ministerio Público e iniciada y dividida de hecho en dicha fase, como ya se ha indicado con anterioridad.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones, erróneamente ha interpretado el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar que la incorporación al juicio oral y público los resultados de la prueba anticipada de análisis de trazas de disparo ATD, como prueba complementaria se había hecho en cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo…”.

 

QUINTO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 332 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 

“…En relación con el contenido de esta cita, debemos señalar, que la expresión ‘aceptó la prueba’, constituye un enunciado vacío de sentido, que no aparece consagrado en ninguna norma procesal vigente como un presupuesto capaz de convalidar la existencia de una ilicitud o ilegalidad en cuanto a una prueba. Aquí pretende la Corte de Apelaciones, de manera arbitraria e inmotivada, establecer que al haber ejercido la defensa el derecho al contradictorio en el juicio oral y público en lo que respecta a la declaración del experto Edward José Pérez, esto es, haber realizado el contrainterrogatorio, ello constituye una formula de convalidación de la ilicitud en que se encuentra la prueba, en este caso la prueba anticipada dividida de ATD.

En relación con este punto en particular; podemos afirmar, en primer lugar, que no debe admitirse el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a que se trata de una prueba complementaria y en segundo lugar, que es totalmente ilegal y que afecta el derecho a la defensa, la afirmación de la Corte de Apelaciones aquí recurrida, conforme a la cual el ejercicio del derecho de contradicción en el debate oral implica la aceptación de la ilegalidad de la prueba complementaria. (…)

‘... En consecuencia esta Alzada considera que por lo anteriormente expuesto la razón no les asiste a los recurrentes, aunado al hecho de que existen otras pruebas que atribuyen el hecho a la acusada SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO’.

Esta conclusión de la Corte de Apelaciones, constituye un gravísimo vicio que lesiona de manera flagrante la garantía constitucional de la inmediación, por cuanto aquí está señalando el juzgador de alzada, que existen pruebas en la causa, aún cuando no manifiesta cuáles son las pruebas, que le atribuyen el hecho a la acusada, lo cual significa, que la Corte de Apelaciones apreció y valoró un conjunto de pruebas que, según ella, son demostrativas de la responsabilidad penal de nuestra defendida…”.

 

SEXTO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 

“…Nuevamente incurre la Corte de Apelaciones en el vicio de inmotivación o falta de fundamentación, al no existir en el texto anterior, la exteriorización de un conjunto de argumentos o razones que permitan inferir que la Corte de Apelaciones ha sometido a un análisis crítico las conclusiones expresadas por el Tribunal de juicio en la oportunidad en que este decidió incorporar las actas de reconocimiento en rueda de individuos ante la solicitud de nulidad interpuesta por la defensa (…).

Como puede observarse estas expresiones genéricas y exiguas de la Corte de Apelaciones, en ningún caso pueden considerarse como argumentos y razones que se califiquen como una motivación o fundamentación al resolver la denuncia correspondiente, en vista de que, la Corte de Apelaciones no exterioriza de manera crítica cuál fue su análisis acerca de lo que el Tribunal a quo argumentó para rechazar el pedimento de nulidad planteado por la defensa en su recurso de apelación…”.

 

SÉPTIMO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY DE LOS ÓRGANOS DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

 

“…pretende la Corte de Apelaciones resolver la denuncia planteada por la defensa signada 3.3 en el escrito del recurso de apelación (Folios 90 al 93 del Asunto LPOI-R-2007-000285), que fundamentalmente se refiere a que no hubo resguardo del sitio del suceso, con violación de la cadena de custodia y que la evidencia fue manipulada con inobservancia del Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. (…)

Como puede verificarse, la Ley de la materia vigente para el momento de los hechos, establece de manera clara y determinante, en absoluto respeto a la capacidad profesional de los órganos con formación científica en las ciencias de investigación penal, que sólo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y los demás órganos de investigación penal, tales como la Fuerza Armada Nacional, el órgano de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre ya los demás órganos que se les asigne esta competencia por ley especial, tienen competencia para la realización del procedimiento científico necesario que permita garantizar la cadena de custodia de las evidencias físicas (Artículo 26 del Decreto), que comprende protección, fijación, colección, embalaje, etiquetado, rotulado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias. (…)

En tal sentido, la Corte de Apelaciones incurre en una errónea interpretación de los artículos 26, 28 y 29 del Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, al asumir que un funcionario de policía estadal es competente para la realización de la cadena de custodia …”.

 

OCTAVO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR F ALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 8 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

 

“… la Corte de Apelaciones se pronuncia en lo que corresponde a la resolución del motivo propuesto por la defensa en su escrito de apelación, en lo atinente a la violación de la Ley por inobservancia de la norma prevista en el artículo 65, numeral 3 del Código Penal. (…)

Estas expresiones de la Corte de Apelaciones son carentes de la motivación o fundamentación adecuada, en razón de que, no existe una exteriorización justificativa de la conclusión adoptada por la juzgadora, esto es, la inexistencia de argumentos válidos y legítimos que puedan permitir a la defensa el control de los fundamentos de la misma, ello en atención a que la acusada tiene derecho a la posibilidad de apreciar que la solución que se ha dado a la denuncia explanada en el motivo respectivo, obedece a una exégesis racional de las normas jurídicas y no de la arbitrariedad.

Así mismo, en el mencionado párrafo, la Corte de Apelaciones incurre en un error inexcusable, al señalar que el Código Orgánico Procesal Penal impone al juez el deber de apreciar todas las pruebas ‘según su libre convicción’, lo cual no es cierto, toda vez que, el sistema de apreciación y valoración de la prueba que acoge nuestro Código Orgánico Procesal Penal, es el de la sana crítica y no el de la libre convicción, tal y como de manera clara y expresa, lo señala el artículo 22 de dicho Código.

Agrega a su vez la sentenciadora, que ha verificado, que en la sentencia impugnada el Tribunal a quo, apreció según su libre convicción todas las pruebas, con lo cual la Corte de Apelaciones contradice la norma contenida en el mencionado artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual consagra la obligación de apreciar las pruebas según el sistema de la sana critica. (…)

Esta conclusión inmotivada configura a su vez, el vicio de petición de principio (petitio principii), el cual consiste en el defecto en la argumentación para la demostración de una proposición; específicamente en tener o dar por demostrado o por cierto aquello que debe ser precisamente objeto de prueba o que se debe probar, esto en virtud de que la Corte de Apelaciones, da por demostrado que el juez de juicio cumplió con el deber de motivar, en cuanto a los requisitos de validez de la legítima defensa, sin entrar la Corte de Apelaciones a realizar el examen crítico correspondiente a las argumentaciones y justificaciones usadas por el tribunal de mérito de la primera instancia, no estableciendo la Corte de Apelaciones en su decisión cómo es que el juez a quo construyó sus argumentos y justificaciones para rechazar los elementos configuradores de la legítima defensa.

La Corte de Apelaciones, (…), señala que el Tribunal de mérito, es decir, el Tribunal de juicio, desestimó la causa de  justificación invocada, ‘...por cuanto no existió ningún elemento probatorio ofrecido por la defensa que permitiera demostrar la causa de justificación, y en consecuencia, consideró como (sic) fue que la defensa no demostró los requisitos de procedencia de la legítima defensa, por tanto procedió como era procedente en Derecho…’. (Negritas nuestras).

Esta conclusión de la Corte de Apelaciones, configura una flagrante y grave violación a la presunción de inocencia, en razón de que la Corte de Apelaciones está considerando de manera expresa, que la causa de justificación consistente en la legítima defensa debe ser probada por la defensa o la propia acusada. (…)

Así mismo, al señalar la Corte de Apelaciones, que en este tipo de hechos en los cuales los presuntos propietarios o poseedores pretenden hacerse justicia por sus propias manos para la reivindicación de su presunta propiedad o posesión, incurre una vez más, en el vicio de petición de principio (petitio principii) vicio éste, como ya se expresó anteriormente, consistente en un defecto en la argumentación para la demostración de una proposición, (…), al asumir que todos los propietarios o poseedores, siempre se harán justicia por su propia mano para reivindicar su presunta propiedad o posesión…”.

 

NOVENO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR F ALTA DE APLICACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS 16 Y 332 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 

“…De manera que, cuando la Corte de Apelaciones afirma que corroboró que quedaron plenamente demostrados en el juicio oral y público, los delitos perpetrados por nuestra defendida Sioly María Torres Zambrano, ello significa, que obligatoriamente ha tenido que apreciar y valorar todo el· cúmulo probatorio recibido en el debate probatorio, lo cual le está vedado a esta instancia superior.

De esta forma la Corte de Apelaciones ha incurrido, como ya se expresó anteriormente, en la violación flagrante de los. artículos 16 y 332 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales desarrollan el principio de la inmediación. Está claro, que en las sentencias que dictan las Cortes de Apelaciones, al materializar su competencia más importante, como lo es, el conocer y resolver los recursos de apelación de las sentencias definitivas de la primera instancia, les está prohibido el apreciar y valorar las pruebas recibidas y evacuadas en el debate probatorio en la primera instancia, circunscribiéndose su competencia, únicamente a resolver sobre si el modo o la manera en que se realizó la valoración de la prueba, por el juez de juicio, es errado o no, no correspondiéndole en ningún momento, la fijación de los hechos y la apreciación y valoración de las pruebas producidas en el debate…”.

 

DÉCIMO MOTIVO

VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 

“…El artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, exige una decisión fundada, esto es, una decisión que cumpla con la obligación que tiene el sentenciador de expresar lingüísticamente, mediante el discurso judicial, los razonamientos que le sirvieron para decidir o sentenciar, a los fines de legitimar el fallo, tanto con la motivación de los hechos como la motivación del derecho, es decir, con una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho. (…)

Obsérvese como la Corte de Apelaciones sólo se limita a señalar de forma enunciativa que, ‘DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS’, las denuncias antes trascritas. Incurre la Corte de Apelaciones en un grave vicio, al no realizar ningún tipo de análisis que pueda indicar cuáles fueron los razonamientos para concluir que todas las denuncias señaladas en la Tercera Parte y la tercera y cuarta denuncia de la Cuarta Parte del recurso de apelación, se desestiman porque son manifiestamente infundadas. Entiende la defensa que con esta conclusión de la Corte de Apelaciones, todas y cada una de las denuncias declaradas desestimadas, fueron planteadas por la defensa en el recurso de apelación sin fundamentación alguna, lo cual negamos de plano, en razón de que, como podrá verificar la Sala de Casación Penal, (…) La Corte de Apelaciones, reincide en una evidente y gravísima violación de la Ley, por falta de aplicación, en razón al hecho de haber obviado de manera flagrante el requisito sustancial de la fundamentación que consagra el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, norma esta que sanciona con nulidad absoluta cualquier sentencia que resulte ausente o carente de fundamentación. La Corte de Apelaciones, en razón de su competencia, está en la obligación, una vez admitido el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de la primera instancia, de analizar y resolver todos y cada uno de los motivos aducidos en el escrito de apelación y finalmente declarados con lugar o sin lugar de manera fundada o motivada. (…)

Ahora bien, la Corte de Apelaciones, en el supuesto negado de que las denuncias rechazadas estuvieren infundadas, ha debido exteriorizar el porqué ha desestimado, por manifiestamente infundadas, cada una de las denuncias en cada caso; y ha debido al menos, expresar un mínimo de argumentos o explicaciones que permitan comprender o entender, a la defensa y a la acusada, en razón del porqué (sic) resulta la falta de motivación y no simplemente enunciar genéricamente que todas ellas se rechazaban por ser manifiestamente infundadas…”. (Mayúsculas y negrillas del recurso de casación).

 

V

DE LA ADMISIBILIDAD

 

De la revisión hecha al escrito contentivo del recurso de casación, esta Sala observa que en el presente caso, se han ejercido diez motivos de casación referidos en su mayoría al vicio de inmotivación, errónea interpretación y falta de aplicación de disposiciones constitucionales y legales, todo de conformidad con los argumentos expuestos en el particular anterior.

 

En este sentido, delimitados como han sido los motivos que han dado origen a la presentación de esta incidencia recursiva, la Sala, procede a decidir sobre su admisibilidad o no, en base a las siguientes consideraciones:

La Defensa en la primera, segunda, tercera, sexta, octava y décima denuncia, alegó la infracción del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con otros artículos, tanto del mismo Código Orgánico Procesal Penal, como del Código Penal y la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por ello, en consideración que las denuncias se refieren a un mismo vicio como lo es la inmotivación de la recurrida, la Sala de Casación Penal procederá a resolverlas en forma conjunta.

 

Así las cosas, y en relación con la primera denuncia la defensa adujo la infracción del mencionado artículo 173 en relación con los artículos 27, 29 y 30, todos por falta de aplicación del Decreto de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, vigente para la época de los hechos, al considerar que en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, se avaló que en la preservación y control del sitio de suceso intervinieron funcionarios policiales distintos a los funcionares del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.

 

Alegó la Defensa, que funcionarios de seguridad ciudadana pertenecientes a la Policía del Estado Mérida asumieron competencias que le corresponden a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.

 

Las anteriores consideraciones, en opinión de los recurrentes, vulneran el procedimiento científico de la cadena de custodia. Y por todo ello solicitan a la Sala Penal que declare la nulidad absoluta de la decisión recurrida, pues estos mismos vicios fueron denunciados en el recurso de apelación y la Corte de Apelaciones, al resolverlo incurrió (según su criterio) en inmotivación.

 

En la segunda denuncia, alegaron la infracción del 173 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando que la recurrida omitió un razonamiento de los fundamentos de hecho y Derecho que le sirvieron de argumento para llegar a la resolución adoptada, como lo fue el declarar sin lugar el recurso de apelación esgrimido por la Defensa.

 

En efecto, adujeron que la Corte de Apelaciones sólo se limitó a transcribir las declaraciones de tres ciudadanos (dos testigos presenciales y un funcionario policial), y lo argumentado por la decisión de juicio pero (en su criterio) no señaló las razones y explicaciones necesarias y obligatorias para declarar sin lugar el vicio denunciado mediante el recurso de apelación.

 

Igualmente alega la Defensa: “… lo desarrollado en este punto es exiguo e impreciso, por cuanto no existe explicación alguna sobre las razones y argumentos que llevaron a los miembros de la Corte de Apelaciones a declarar sin lugar lo denunciado por la defensa; es decir, que la Corte de Apelaciones no explica motivadamente en razón de qué no hay errónea aplicación de la norma aplicada por el juez a quo, ya que sólo se limitan a señalar que ‘el tribunal A-quo, valoró las declaraciones de los testigos de manera clara, precisa y completa ... Así se decide ...”, lo cual, según lo expone la Defensa, es insuficiente y exiguo para justificar tal decisión, pues ha debido proporcionar las razones por qué el juzgador no apreció las pruebas presentadas por la defensa.

 

En la tercera denuncia, la Defensa señaló nuevamente la falta de aplicación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, aduciendo la falta de motivación de la recurrida cuando consideró que la realización de la prueba de análisis de trazas de disparó (ATD) como prueba anticipada y que fue admitida entre el acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público “…no violentó el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho a la defensa…”.

 

Consideró la defensa, que la Corte de Apelaciones debió realizar un examen crítico en cuanto a la forma de la realización de esta prueba (ATD), pues la Defensa es del criterio que la prueba se dividió en dos momentos: el primero, referido a la toma de la muestra y, el segundo, referido al examen realizado a esa muestra en los laboratorios de microscopía, y que la Corte de Apelaciones nada expresó al respecto; siendo en opinión de la Defensa que en el mismo actos debieron ocurrir ambos procedimientos.

 

En la sexta denuncia, los recurrentes alegaron nuevamente la falta de aplicación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, y consideró que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones carece de la debida fundamentación, pues al resolver el recurso de apelación en el punto relativo a la incorporación (por el tribunal de juicio) de las actas de reconocimiento en rueda de individuos, la recurrida sólo respondió que el a quo sí motivo y sí señaló las razones de hecho y Derecho que explican los argumentos de su decisión y que el acta de reconocimiento en rueda de individuos fue valorada por el juez de juicio como una prueba documental.

 

En la octava y décima denuncias, nuevamente refiere la defensa la falta de aplicación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 8 “eiusdem”, indicando que la Corte de Apelaciones al momento de señalar su conformidad con el fallo dictado por el tribunal de juicio, en relación con la condenatoria de su representada, obvió realizar un análisis de los fundamentos de Derechos por los cuales llegó a dicha resolución.

 

Señala la Defensa, que en el recurso de apelación alegaron la causa de justificación contenida en el numeral 3 del artículo 65 del Código Penal, esto es la legítima defensa; y que la Corte de Apelaciones al resolver dicho alegato expresó:

 

"Observa esta Alzada de la recurrida que el Juez A quo, en su excelente motivación demostró el porque (sic) de su decisión, pues el Código Orgánico Procesal Penal impone al juez el deber de apreciar todas las pruebas según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias (sic), lo cual ha sido observado por los Jueces de esta Sala Única de esta Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial, según lo ha verificado esta Sala, de la Sentencia impugnada, en efecto, en el presente caso, el sentenciador consideró que no había duda sobre la identidad de la autora demostrando así que la imputada Sioly Torres fue quien realizó el disparo que dio muerte al ciudadano Jesús Antonio Guerrero López.

Quedando demostrado que el juez de la recurrida resumió, analizó, valoró y comparó las declaraciones de las distintas personas que rindieron las respectivas testimoniales, al igual que la de los expertos que practicaron el Protocolo de Autopsia y todas las experticias realizadas y considerando las testimoniales de las personas presentes en el sitio del suceso, concatenándolas con todas la pruebas evacuadas, pudo observar cómo sucedieron los hechos al momento de producirse el deceso del ciudadano Jesús Antonio Guerrero; correctamente se ciñó a valorar la deposición (sic) de los testigos, del médico forense, de los expertos de trayectoria de balística, a los fines de determinar si en efecto concurrieron en el presente caso los extremos exigidos por el ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal, desestimando finalmente la causa de justificación invocada, por cuanto no existió ningún elemento probatorio ofrecido por la defensa que permitiera demostrar la causa de justificación, y en consecuencia, consideró como (sic) fue que la defensa no demostró los requisitos de procedencia de la legítima defensa, por tanto procedió como era procedente en Derecho (sic) a dictar la respectiva sentencia condenatoria, partiendo de la consideración de todas la pruebas técnico científicas que le dieron certeza al momento de dictar su decisión. Aunado a que la acusada al igual que su defensa técnica reconocen su autoría del hecho y no lograron demostrar la excepción invocada.

Ahora bien y para mayor abundamiento es necesario traer a colación lo expresado por el Juez a-quo en la recurrida, referido a los requisitos concurrentes establecidos en el artículo 65 del Código Penal... "

 

Seguidamente, indicó la Defensa que la Corte de Apelaciones mencionó que el juez sí expresó cómo llegó a la resolución adoptada en su fallo, lo cual hizo de acuerdo a la libre convicción obtenida del análisis efectuado a los medios probatorios. Posteriormente, manifestó la Defensa que esas expresiones son “carentes de la motivación o fundamentación adecuada”,  pues en criterio de la Defensa no existe una argumentación válida por parte de la Corte de Apelaciones “que puedan permitir a la defensa el control de los fundamentos de la misma, ello en atención a que la acusada tiene derecho a la posibilidad de apreciar que la solución que se ha dado a la denuncia explanada en el motivo respectivo, obedece a una exégesis racional de las normas jurídicas y no de la arbitrariedad”.

 

Igualmente, consideró (la Defensa) que la Corte de Apelaciones incurrió en error cuando señaló que el a quo llegó a su resolución de acuerdo a la libre convicción y no a la sana critica, según lo dispuesto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

De la misma forma, consideró la Defensa que la Corte de Apelaciones no enunció si el juez de la causa, en efecto señaló si concurrieron los extremos exigidos por el numeral 3 del artículo 65 del Código Penal, es decir, si ‘resumió’, ‘analizó’, ‘valoró’ y ‘comparó’ las declaraciones y todas las experticias realizadas, concatenándolas con todas la pruebas evacuadas durante el juicio y si pudo observar cómo sucedieron los hechos. Y que tales enunciados de la juzgadora, son insuficientes para llenar el requisito de motivación de la declaratoria sin lugar de la denuncia respectiva.

 

Igualmente, alegaron los recurrentes, que el hecho de haber dicho la Corte de Apelaciones que la defensa no demostró que su representada obró en legítima defensa, configura una violación al principio de presunción de inocencia.

 

Para finalizar expresaron que la recurrida también incurrió en el vicio de “petición de principio”, al respecto señalaron que “…esto en virtud de que la Corte de Apelaciones da por demostrada, erróneamente, la responsabilidad penal de nuestra defendida, Sioly María Torres Zambrano, al asumir que todos los propietarios o poseedores, siempre se harán justicia por su propia mano para reivindicar su presunta propiedad o posesión…”.

 

Por último alegaron que la Corte de Apelaciones, reincide en una evidente y gravísima violación de la Ley, por falta de aplicación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al deber de emitir las decisiones mediante auto o sentencia fundados.

 

Ahora bien, delimitado lo anterior, observa la Sala Penal que la Defensa a lo largo de la primera denuncia, le atribuyó vicios a la Corte de Apelaciones que en su criterio cometieron funcionarios de la Policía del Estado Mérida. Sin embargo, la Defensa no explica fundada y puntualmente cuáles son los vicios que pretende imputarle a la recurrida; sino simplemente lo que busca a través de esta denuncia, es alegar supuestos vicios que ya han sido resueltos por los tribunales de instancia.

 

Así las cosas, considera la Sala, que lo pretendido por la parte recurrente, en esa primera denuncia, es atribuirle tanto a la sentencia recurrida como al fallo del tribunal de juicio, presuntos vicios, insistiendo en esta denuncia en que los funcionarios de la Policía del Estado Mérida realizaron funciones distintas a las de sólo preservación del sitio del suceso, las cuales son exclusivas de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas; pretendiendo con ello, que la Sala de Casación Penal, se convierta en una tercera instancia.

Al respecto, la Sala de Casación Penal en sentencia N° 104 del 28 de marzo de 2011, precisó:

 

“…Siendo ello así, estima esta Sala que con el planteamiento de la presente denuncia la Defensa pretende utilizar el recurso de casación, como medio para que esta Sala Penal actué como una tercera instancia en Casación, lo cual es objetable, por desatender técnicas de formalización…”.

 

En cuanto a la segunda denuncia, observa la Sala de Casación Penal que la Defensa no cumple con la técnica del recurso de casación, pues no explicó en qué consistió la falta de motivación alegada por parte de la Corte de Apelaciones, sino que se limita a citar un extracto de la sentencia recurrida, para luego concluir que se denota una evidente falta de motivación y que “…ese punto es exiguo e impreciso…”.

 

Asimismo en la tercera denuncia, la Defensa solo expone cómo fue el procedimiento de colección de la muestra para la realización de la la prueba de ATD (análisis de trazas de disparos), para posteriormente ser enviada a los laboratorios de criminalística; señalando del mismo modo que en el acto de colección no se produjo cuál era el resultado.

 

Ahora bien, del contenido de ambas denuncias la Sala de Casación Penal observa que la Defensa no indica cómo la Alzada incumplió con el deber de ofrecer a las partes una solución racional, clara y entendible del punto controvertido.

 

Al respecto, la Sala de Casación Penal en sentencia N° 348 del 25 de junio de 2007, precisó:

 

“…Es jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Penal, que al interponer el recurso extraordinario de casación, el recurrente debe en su denuncia citar, por separado, los preceptos legales que se consideren violados, los motivos que lo hacen procedente y de que modo se impugna la decisión. Esa indicación debe ser hecha en forma concisa y clara, por mandato expreso del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. (…)

El fundamento esgrimido por el recurrente no precisa en que consistió el vicio de inmotivación en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones y pretende a través de su fundamentación impugnar el fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia, lo cual se traduce en su visión confusa e incongruente, no sólo, al impugnar dicho fallo, sino del concepto básico de la motivación de la sentencia y sus vicios.

Cuando se denuncia, el vicio de inmotivación debe el recurrente indicar cómo los juzgadores incumplieron con su deber de ofrecer a las partes su solución racional, clara y entendible, sobre el punto controvertido y, el razonamiento sobre el cual descansa su decisión, pero tal y como quiera que, en la presente denuncia no se acataron tales parámetros debe DESESTIMARSE, POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA…”.

 

Del análisis hecho a esa denuncia, observa la Sala que no se desprende cuál fue la supuesta omisión de motivación en la que, en criterio de la defensa, incurrió la Corte de Apelaciones, ni tampoco se explica cómo dicha prueba fue incorporada ilícitamente al proceso; los recurrentes se ciñen simplemente a señalar cómo fue la toma de la muestra para la realización de la prueba de ATD (análisis de trazas de disparos), y a expresar que la Corte de Apelaciones debió realizar un examen crítico en cuanto a la forma de la realización de la misma

 

En la sexta denuncia, alegó la Defensa que el a quo valoró el acta de reconocimiento en rueda de individuo como prueba documental y que la Corte de Apelaciones incurrió en inmotivación cuando expresó su conformidad con la misma. La Sala considera que la Defensa no explica en esta denuncia, cuál es la relevancia que esa valoración tuvo en el dispositivo del fallo, es decir, no indica cómo la valoración de dicha prueba tuvo significación e influencia en el dispositivo del fallo.

 

La Sala de Casación Penal ha señalado reiteradamente que no es viable la censura en casación de vicios que no contengan repercusión o influencia en el resultado del proceso o la sentencia, pues lo contrario comporta una casación inútil que lejos de beneficiar la administración de justicia ocasiona retardo y reposiciones inútiles que se alejan del mandato constitucional que ordena concebir como un instrumento para la realización de la justicia, evitando dilaciones indebidas y reposiciones inútiles.

 

Así lo ha establecido la Sala de Casación Penal en sentencia N° 700 en sentencia de fecha 7 de diciembre de 2007, en los términos siguientes:

 

“…El recurrente no indica como influyó el vicio denunciado sobre el dispositivo del fallo…”.

 

De igual forma, la Sala ha sostenido respecto a la utilidad del recurso de casación en sentencia N° 068, 14 de marzo de 2006 lo siguiente:

 

“...la casación inútil no beneficia a la recta aplicación de justicia por el contrario ocasiona retardos, reposiciones absurdas, recargos de trabajo improductivo a los tribunales, lo cual implica necesariamente un costo económico para el estado...”.

 

Del estudio de la octava y décima denuncia, se evidencia que la Defensa no es clara al atribuirle los supuestos vicios a la recurrida, toda vez que por una parte alega falta de motivación y por la otra señala que de la fundamentación dada por la Corte de Apelaciones al resolver la denuncia relativa al alegato esgrimido en el recurso de apelación relativo a la legítima defensa, vulneró el principio de presunción de inocencia, al señalar que era deber de la acusada y su defensa demostrar que ésta obró bajo la causa de justificación alegada.

 

Observa la Sala de Casación Penal que no es claro el planteamiento, pues no se puede alegar falta de motivación y al mismo tiempo indicar que con los argumentos expuestos por la recurrida se vulneró el principio de presunción de inocencia y, además, se incurrió en el vicio de “petición de principio”, consistente este último según el Diccionario de la Real Academia Española, en el “Vicio del razonamiento que consiste en poner por antecedente lo mismo que se quiere probar”.

 

En relación con los requisitos para la interposición del recurso de casación, la Sala de Casación Penal, expresó en sentencia N° 341 del 5 de agosto de 2010, lo siguiente:

 

“…el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, como sería no sólo el término para presentarlo, sino que también se interponga ‘…mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo…”. (Negrillas de la Sala de Casación Penal).

 

 

En relación con la falta de motivación, la Sala de Casación Penal ha considerado que esta ocurre cuando hay falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos sean escasos o exiguos, con lo cual no debe confundirse la carencia de expresiones que argumenten el razonamiento obtenido por el juzgador. Igualmente, considera la Sala de Casación Penal que siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.

 

Por las razones expuestas se debe desestimar por manifiestamente infundadas las denuncias primera, segunda, tercera, sexta, octava y décima, según lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 

En la cuarta denuncia, la defensa señaló la errónea interpretación del artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar la Corte de Apelaciones ajustado a Derecho el hecho de que se haya tomado la muestra en las manos de la acusada de autos para la realización de la prueba de análisis de trazas de disparo (ATD) como prueba anticipada; y que el resultado o conclusión realizada por Microscopía haya ocurrido después.

 

Ahora bien, ha dicho la Sala de Casación Penal que existe errónea interpretación, cuando el tribunal llamado a conocer, al momento de dictar sentencia le da a la norma un sentido que no tiene, bien porque aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; o bien cuando la interpretación de la misma se hace con un fin distinto al que el legislador se propuso con ella. En estos casos el juez desnaturaliza la norma y su significación, y hace derivar una consecuencia jurídica no prevista en ella.

 

Se concluye entonces que las posibilidades de incurrir en errores de interpretación son varias, por lo cual quien alegue esta causal está en el deber de señalar en qué consistió la errónea interpretación, pues será la Sala de Casación Penal, a través de la casación, la encargada de aclarar los puntos obscuros del ordenamiento jurídico-penal.

 

Al respecto la Sala de Casación Penal en sentencia N 731 de fecha 19 de diciembre de 2005, precisó:

 

“...para denunciar en casación la errónea interpretación de una norma, debe ponerse de manifiesto, en primer lugar, cuál fue la interpretación dada a la misma, porqué (sic) fue erradamente interpretada, cuál es la interpretación, que a juicio del denunciante, debe dársele y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo, a los fines de poder determinar si efectivamente, este afectó de manera determinante la resolución del caso que hiciera procedente su declaratoria o constituyó la violación de algún derecho o garantía legal o constitucional...”.

 

En el presente caso, la Defensa no explicó por qué en su criterio la Corte de Apelaciones incurrió en errónea interpretación del artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal ni cuál es la obscuridad o ambigüedad de la norma; por consiguiente, se debe declarar desestimada por manifiestamente infundada la cuarta denuncia del recurso de casación. Así de decreta.

 

En la quinta y novena denuncia, la Defensa alegó la falta de aplicación de los artículos 16 y 322 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar la Defensa que la Corte de Apelaciones infringió los referidos artículos, porque declaró sin lugar el recurso de apelación, en relación al punto denunciado en el mismo, referido a la admisión de la valoración dada a la prueba de análisis de trazas de disparos. Al respecto y según lo expone la Defensa la Corte de Apelaciones señaló que la Defensa  “…aceptó la prueba cuando en efecto ejerció el derecho al contradictorio en la declaración que rindiera el experto…”;

 

Considera la Defensa, además, que la Corte de Apelaciones procedió a realizar una valoración del acervo probatorio cuando expresó “... En consecuencia esta Alzada considera que por lo anteriormente expuesto la razón no les asiste a los recurrentes, aunado al hecho de que existen otras pruebas que atribuyen el hecho a la acusada SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO”.

 

Ahora bien, el vicio de falta de aplicación de una norma se materializa cuando el juzgador ignora la aplicación de la norma pertinente al caso concreto, es decir, el juzgador se aparta de la aplicación de la norma debida a los hechos sometidos a su jurisdicción.

 

En el presente caso, los recurrentes consideran que al expresar la Corte de Apelaciones su conformidad con el fallo dictado por el tribunal de juicio vulneró el principio de inmediación del juicio oral.

 

Al respecto, precisa la Sala de Casación Penal, que los artículos 16 y 332 del Código Orgánico Procesal Penal, no pueden ser infringidos por las Cortes de Apelaciones, pues el primero describe en qué consiste el principio de inmediación y se refiere a que será el juez que presencie el debate y la incorporación de las pruebas quien deberá dictar la sentencia; por lo tanto, se trata de una norma dirigida al juez de instancia y no a la Alzada por lo que esta última no la puede violar por falta de aplicación como erradamente se indica en la presente denuncia. Asimismo, en relación con la falta de aplicación del Código Orgánico Procesal Penal referido al principio de inmediación, la Sala ha sostenido de manera reiterada, que las normas constitucionales y rectoras del proceso no pueden denunciarse aisladamente, por cuanto las mismas contienen formulaciones abstractas que orientan la actividad del juez.

 

En tal sentido,  la Sala de Casación Penal en sentencia N° 486 del 1 de octubre de 2009, estableció:

 

“…Al respecto ha establecido esta Sala de manera reiterada que no se puede denunciar de manera aislada las normas constitucionales ni las normas rectoras del proceso penal, toda vez que, dichos textos sólo contienen formulaciones abstractas y generales que la Constitución y la ley señalan al juez para el recto cumplimiento de su función decisoria. Dada pues la naturaleza genérica de dichos artículos, la denuncia de éstos debe ser adminiculada con la del precepto particular y concreto que el Juzgador hubiera violado, al apartarse de los aludidos principios constitucionales y legales…”.

 

 

En el presente caso, el principio rector contenido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal no se adminiculó a una norma concreta que sea de aplicación directa de la Corte de Apelaciones, razón por la cual, lo procedente es declarar desestimadas por manifiestamente infundadas la quinta  y novena denuncia del recurso de casación. Así se declara.

 

En la séptima denuncia, la Defensa adujo la errónea interpretación de los artículos 26, 28 y 29 del Decreto con Fuerza Ley de los Órganos de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.

 

Según lo expuesto por la Defensa en el recurso de apelación, ésta consideró que hubo quebrantamiento de dichos artículos porque fue un funcionario de la Policía del Estado Mérida, quien realizó la cadena de custodia de las evidencias colectadas en el sitio del suceso; siendo que según lo expuesto en los artículos 26, 28 y 29 del Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, esta labor corresponde a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas; por lo que la Corte al expresar su conformidad con el fallo de instancia, incurrió (según la defensa) en el vicio de errónea interpretación.

 

Ahora bien, como lo expresó la Sala de Casación Penal en la resolución de la cuarta denuncia, habrá errónea interpretación, cuando el tribunal llamado a conocer, al momento de dictar sentencia le da a la norma un sentido que no tiene, bien porque aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; o bien cuando la interpretación de la misma sea errada. De manera, que son varios los supuestos en que se puede incurrir en errores de interpretación, por lo cual quien alegue esta causal debe señalar en qué consistió la errónea interpretación, pues será la Sala de Casación Penal, a través de la casación, la encargada de aclarar los puntos obscuros del ordenamiento jurídico-penal. Igualmente, ha dicho la Sala de Casación Penal que las violaciones alegadas deben ser capaces de ocasionar un cambio en el dispositivo del fallo.

 

En este denuncia nuevamente, la Defensa no explica cuál fue el sentido que la recurrida le dio a los artículos cuya infracción, por errónea interpretación, alega, además de no señalar su relevancia para cambiar o modificar el dispositivo del fallo de la sentencia recurrida; por lo que la Sala estima que lo ajustado a Derecho es desestimar por manifiestamente infundada la séptima denuncia del recurso de casación. Así se declara.

 

Finalmente, en fuerza de lo antes expuesto, lo procedente y ajustado a Derecho es desestimar por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto por la Defensa de la ciudadana SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO, a no llenar los requisitos exigidos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 465 eiusdem. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara desestimado por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la Defensa de la ciudadana SIOLY MARÍA TORRES ZAMBRANO, contra el fallo dictado el 11 de marzo de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   DIECINUEVE días del mes de       JULIO de dos mil doce. Años 202° de la Independencia y 153º de la Federación.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

 

NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO

Ponente

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

La Magistrada,

 

 

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

El Magistrado,

 

 

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

El Magistrado,

 

 

 

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

La Secretaria,

 

 

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Exp N° 11- 166

NBQB/

 

 

La Magistrada Doctora Blanca Rosa Mármol de León no firmó por ausencia justificada.

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