Venley

Sentencia N.º 2774

Sentencia
N.º 2774
Fecha
03/12/2004
Sala
Constitucional
Expediente
04-2502
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 9 de septiembre de 2004, los abogados Andrés Llovera Giliberti e Iraida León de Cabrera, titulares de las cédulas de identidad números 3.588.715 y 4.758.598 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 11.272 y 17.861 correspondientemente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad civil UNIVERSIDAD YACAMBÚ, registrada ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Iribarren del Estado Lara, el 24 de mayo de 1984, bajo el nº 4, folios del 1 al 4, protocolo primero, tomo 9; solicitaron a esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia nº 719, dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 30 de junio de 2004, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la mencionada sociedad civil, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 23 de marzo de 2004 y publicada el 25 del mismo mes y año, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por Universidad Yacambú contra la decisión proferida, el 3 de marzo de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la referida Circunscripción Judicial.

 

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, acordada la jubilación de este último, el 23 de agosto del corriente, asumió la presente ponencia la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán y con tal carácter la suscribe.

I

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, a tal efecto, advierte que en anteriores oportunidades (vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001, entre otras), la Sala se pronunció acerca de la potestad que detenta para revisar las sentencias definitivamente firmes dictadas por las demás Salas de este Supremo Tribunal que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como aquellas que desacaten la doctrina de interpretación constitucional establecidas por esta Sala, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el numeral 10 del artículo 336 eiusdem.

 

No obstante lo anterior, el numeral 4, conjuntamente con el primer aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela delimitó la competencia de esta Sala para conocer de las solicitudes de revisión constitucional, en los términos siguientes:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(omissis)

 

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación...

(omissis)

El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los numerales 38 al 40. En Sala de Casación Civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 43 y 44. En Sala Electoral los asuntos previstos en los numerales 45 y 46. En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida” (Subrayado de la Sala).

 

Precisado lo anterior, se observa que la solicitud de revisión de autos, fue interpuesta contra la sentencia nº 719, dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 30 de junio de 2004, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por Universidad Yacambú, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 23 de marzo de 2004 y publicada el 25 del mismo mes y año; respecto a la cual se alega la existencia de violaciones a derechos y garantías constitucionales de la solicitante. 

 

En tal virtud, esta Sala considera pertinente asumir su competencia para conocer de la revisión solicitada y advierte que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o craso en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también, de algún tipo de violación constitucional en la que por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo interprete constitucional. Así se declara.

II

DE LA SOLICITUD

 

Los apoderados judiciales de la solicitante expusieron que la sentencia cuestionada incurrió en la presunta violación de los derechos a la igualdad procesal de las partes, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la preeminencia de la justicia ante la omisión de formalidades no esenciales, consagrados en los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber declarado sin lugar el recurso de casación ejercido, en razón de la improcedencia de las denuncias o por falta de técnica procesal, no obstante haber denunciado vicios que implican infracción constitucional.

 

En tal sentido, señalaron que en el juicio por cobro de prestaciones sociales seguido por Israel García Venegas contra su representada, se produjo una violación sucesiva de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad procesal de las partes, la cual se inició en el primer grado de jurisdicción, fue inadvertida por el tribunal de alzada y adquirió el carácter de infracción continuada con la decisión dictada por la Sala de Casación Social.

 

Al respecto, indicaron que el Juzgado de Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, ante la incomparecencia de su representada a la sexta (6º) prolongación de la audiencia preliminar, aplicó lo previsto en el encabezado del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual, en criterio de la representación judicial de la solicitante, sólo puede aplicarse a la contumacia del demandado a comparecer a la audiencia preliminar inicial y no a sus prolongaciones. Además, delataron que el mencionado Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, no incorporó al expediente las pruebas que fueron consignadas por las partes en la audiencia preliminar inicial, tal como lo dispone el artículo 74 eiusdem.

 

Arguyeron que los vicios denunciados no fueron reparados por el Juzgado Superior que conoció del recurso de apelación, quien confirmó la decisión apelada, ni por la Sala de Casación Social Accidental, la cual, conforme al tercer aparte del artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debió casar de oficio el fallo recurrido, en lugar de desecharlas por simples formalismos, en sacrificio de la justicia como fin último del proceso.

 

Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se declare la nulidad de la sentencia objeto de su petición de revisión y, como medida cautelar innominada, que se suspenda la ejecución del fallo definitivo dictado, el 3 de marzo de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Lara que, con fundamento en la admisión de los hechos por efecto de la aplicación del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declaró con lugar la acción por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Israel García Vanegas contra su representada.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA REVISIÓN SOLICITADA

 

El fallo objeto de la presente solicitud de revisión resolvió el recurso de casación anunciado y formalizado por Universidad Yacambú (parte demandada), contra el fallo dictado por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 23 de marzo del año 2004 y publicado el día 25 del mismo mes y año, antes referido.

 

La decisión cuestionada declaró sin lugar el recurso y condenó en costas a la recurrente, con fundamento en las consideraciones que se resumen a continuación:

 

Con respecto a la infracción del primer aparte del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que denunciada de conformidad con el ordinal 1° del artículo 168 eiusdem, por infracción de reglas sustanciales de actos procesales por parte del sentenciador de alzada los cuales generaron a la demandada un estado de indefensión, al desechar con criterios de “rigurosidad extrema” las pruebas presentadas en la audiencia de apelación con las cuales se demostraba el caso fortuito o fuerza mayor que originó la incomparecencia a la sexta prolongación de la audiencia preliminar de las apoderadas judiciales de la sociedad civil demandada; la Sala de Casación Social Accidental consideró que el motivo de la incomparecencia de la apoderada demandada, así como las excusas o las razones que conllevaron a las abogadas Omaira Pereira Salas y Ana Victoria Perdomo a no presentarse en la audiencia preliminar, no constituyen jurídicamente un eximente de la obligación contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, puesto que tales omisiones resultaban perfectamente evitables, como así lo señaló el juez de la recurrida, mucho más aun cuando la representación judicial de la demandada se formó de manera plural, es decir, estaba constituida por siete (7) abogados, como se desprende del expediente y fue afirmado por la propia representación de la demandada en la audiencia oral.

 

En relación a la infracción de los artículos 74 y 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denunciados de conformidad con el ordinal 2° del artículo 168 eiusdem, por no reponer el sentenciador de alzada la causa al estado de que el juez de primera instancia incorporara las pruebas que fueron consignadas por las partes en el acto inicial de la audiencia preliminar, a los fines de su análisis para determinar la legalidad o no de la acción o del petitum; la Sala de Casación Social Accidental consideró que a recurrente no se indicó en cuáles de los supuestos previstos en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Adjetiva Laboral, incurrió el sentenciador de la recurrida, por lo que, la recurrente no cumplió con la adecuada técnica para formular esta delación.

 

Con respecto a la infracción de los artículos los artículos 131, 9° de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 4° del Reglamento de dicha Ley, así como los artículos 101 y 133 parágrafo segundo, 74 y 131 eiusdem, denunciados de conformidad con el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Adjetiva Laboral, todos por falta de aplicación; la Sala de Casación Social Accidental, una vez revisados los hechos establecidos por el sentenciador de la recurrida, constató que el sentenciador de alzada no hizo mención respecto a la procedencia en derecho de los pedimentos expuestos por el actor en su libelo. No obstante lo anterior, juzgó que la declaratoria con lugar de dicha denuncia produciría una casación inútil, por cuanto en la audiencia oral y pública, la Sala de Casación Social Accidental estableció que los pedimentos del actor no eran contrarios a derecho y confirmó en todo lo demás lo señalado por la sentencia recurrida.

 

Con referencia a la infracción del artículo 9° de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 4° del Reglamento de dicha Ley por falta de aplicación, por que el sentenciador de alzada no tomó en cuenta la confesión hecha por el actor, así como las pruebas presentadas por él, “donde se evidenciaba que la relación existente entre las partes era de naturaleza profesional y no laboral”; la Sala de Casación Social Accidental consideró que los supuestos de las normas antes señaladas, son aplicables para aquellos profesionales que presten sus servicios personales bajo dependencia y por cuenta ajena, por consiguiente, pretender que se aplique tales artículos para demostrar que la relación que unió a las partes era de naturaleza profesional y no laboral, constituye un contrasentido y una contradicción que imposibilita subsumir los supuestos de hecho contenidos en las normas en cuestión al caso concreto que se denuncia.

 

En cuanto a la falta de aplicación del artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo y del parágrafo segundo del artículo 133 eiusdem, la Sala de Casación Social Accidental, de igual forma, constató la imposibilidad de subsumir los supuestos contenidos en tales normas al caso concreto que se denuncia.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Es criterio reiterado de la Sala que, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, se debe guardar la máxima prudencia en cuanto al ejercicio de la potestad de revisión de sentencias que han adquirido el carácter de res iudicata, de allí que esta Sala puede desestimar cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, compruebe que la revisión que se solicita, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión constitucional.

 

Ahora bien, en el caso sub iudice, la solicitante persigue una nueva instancia a través de la revisión, sobre el juicio por cobro de prestaciones sociales seguido en su contra por el ciudadano Israel García Vanegas, con fundamento en supuestas infracciones legales y constitucionales que, a su juicio, se produjeron en la primera instancia del referido proceso, instancia en la que fuera aplicado el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que fuera conocido en alzada, tanto por el Juzgado Superior que conoció de su apelación, como por la Sala de Casación Social Accidental que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado.

 

Resulta evidente que la solicitante busca con la revisión de la sentencia, que se declare la nulidad del fallo cuestionado por disentir del juzgamiento realizado por la Sala de Casación Social Accidental de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la solicitante; pretensión que resulta ajena a la finalidad del mecanismo extraordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes consagrado en el artículo 336.10 de la Constitución y previsto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual, no puede se concebido como una tercera instancia o un recurso ordinario que se pueda intentar bajo cualquier fundamentación, sino como una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional que ejerce esta Sala Constitucional con la finalidad de uniformar la doctrina de interpretación del Texto Fundamental y para garantizar la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales. En consecuencia, esta Sala Constitucional juzga que la revisión solicitada debe ser declarada no ha lugar en derecho. Así se decide.

 

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión de la sentencia nº 719, dictada por la Sala de Casación Social Accidental de este Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de junio de 2004, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por Universidad Yacambú, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 23 de marzo de 2004 y publicada el 25 del mismo mes y año, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la mencionada sociedad civil, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la aludida Circunscripción Judicial, el 3 de marzo de 2004.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 03 días del mes de Diciembre dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                         PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN                                                                                             

                  Ponente    

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

CZdeM/

Exp. n° 04-2502

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