Sentencia N.º 2783
- Sentencia
- N.º 2783
- Fecha
- 03/12/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-0914
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada-Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 10 de febrero de 2004, el ciudadano ALBERTO JOSÉ CESIN, titular de la cédula de identidad n° 5.084.851, asistido por el abogado Manzur Adonis González Corredor, titular de la cédula de identidad n° 13.556.984, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 81.000, interpuso solicitud de amparo constitucional contra el auto de admisión de solicitud de ejecución de hipoteca dictado, el 7 de marzo de 2002, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
Dicha solicitud de amparo, luego de efectuada la audiencia constitucional, fue inadmitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante providencia del 19 de marzo de 2004.
El 25 del mismo mes y año, visto que dicha decisión fue apelada extemporáneamente, el Tribunal de la causa ordenó la remisión del expediente de la causa a esta Sala, a fin de que se resolviera la consulta que prescribe el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 13 de abril del año en curso fue recibido el expediente, el 14 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando. Acordada la jubilación de dicho Magistrado el 23 de agosto del corriente, asume la presente ponencia la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, y con tal carácter la suscribe.
Con base en los elementos que cursan en autos y siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir en los términos siguientes:
I
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:
Conforme lo ha señalado desde su primera decisión del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le corresponde conocer de todas las apelaciones o consultas de las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera y ahora Segunda- de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de dichas acciones como Tribunales de Primera Instancia.
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial n° 37.942 del 20 de mayo de 2004, dicho criterio, que todavía permanece vigente de conformidad con o establecido en el literal b) de la Disposición Transitoria, Derogatoria y Final de la antedicha Ley Orgánica, que dispone que, hasta tanto sea sancionada la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intente ante esta Sala, se regirán por los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional, sufre una modificación, en el sentido de que esta Sala también conocerá las apelaciones ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso-administrativo que resuelvan acciones de amparo constitucional, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal (artículo 5.19 eiusdem).
En el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, por tanto, congruente con la decisión antes mencionada, resulta competente para conocer y resolver la misma. Así se declara.
II
DE LA PRETENSIÓN
La parte actora afirma lo siguiente:
1.- Que Corp Banca, C.A., Banco Universal, C.A., interpuso formal demanda de ejecución de hipoteca ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, contra los ciudadanos Alberto José Cesin (solicitante del amparo) y Marjorie Margarita Medrano, por un monto de ciento sesenta y ocho millones de bolívares (Bs. 168.000.000,oo).
2.- Que dicho tribunal era incompetente para conocer dicha demanda, visto que mediante Resolución n° 291, del 4 de julio de 1995, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela n° 35.667 del 8 de marzo de 1995, el Consejo de la Judicatura le atribuyó la competencia para conocer de este tipo de demandas, a nivel nacional, a los Juzgados Séptimo y Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por un monto mayor a cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,oo).
3.- Que la violación de su derecho al juez natural no quedó subsanada por el hecho de que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución n° 2003-000015, del 2 de julio de 2003, hubiese atribuido competencia en materia bancaria y a nivel nacional a los Juzgados de Municipio y de Primera Instancia Civiles y Mercantiles y a sus Superiores respectivos. Lo que tuvo como efecto que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, incompetente para ese entonces, ahora lo es para conocer de dichas demandas tanto por la modalidad de territorio, materia y cuantía.
III
DE LA DECISIÓN CONSULTADA
Consideró el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que si bien el Juzgado Primero de Primera Instancia mencionado era incompetente para conocer de la demanda de ejecución de hipoteca incoada contra el solicitante, resultaba inútil la reposición de la causa al estado de nueva admisión por esa circunstancia, ya que igualmente conocería el mismo tribunal, en virtud de la Resolución que dictara la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Por tal motivo, estimó que la solicitud presentada resultaba inadmisible, conforme al artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según el cual no se admitirá la acción de amparo cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El argumento del Juzgador relativo a la irreparabilidad de la lesión pareciera lógico. Sin embargo, la cuestión, tal como está planteada, se relaciona más con aquellos casos en que el restablecimiento es inútil. Se ha sostenido insistentemente que la competencia por la materia es de orden público, es decir, no es relajable por las partes, ni puede ser convalidada su infracción. Sin embargo, un asunto es la infracción de una norma de orden público, y otro la violación de un derecho fundamental. A veces van de la mano, otras no.
Esta Sala, a la hora de resolver casos como el presente, ha recalcado que el amparo es un medio judicial para restablecer el ejercicio de un derecho fundamental lesionado. Por lo tanto, la lesión alegada debe ser real, debe tratarse de un perjuicio que sufra el solicitante de manera efectiva; no basta, pues, con alegar el desconocimiento por parte del juez de una norma sustancial o procesal, sino que es necesario vincular tal omisión al padecimiento de un verdadero perjuicio en la esfera jurídica del solicitante.
En el caso que nos ocupa, tal pérdida no puede sostenerse. En primer lugar, tal y como fue advertido, y reconoce el propio accionante, el juez incompetente ha devenido competente, por lo tanto, qué utilidad tendría ordenar que se dictara una nueva decisión; en segundo lugar: el actor no se opuso a la orden de intimación, ello tuvo como efecto que dicha decisión fuese pasada en autoridad de cosa juzgada, que el trámite entrara en fase de ejecución y que la situación se consolidara; en tercer lugar: el actor no obró con diligencia, pues no es sino hasta ahora cuando cuestiona la incompetencia del tribunal, ni siquiera lo hizo en el recurso de apelación que interpuso contra el auto de admisión, el cual fue escuchado en el doble efecto y declarado sin lugar; en cuarto: la presente solicitud fue interpuesta a dos (2) años después de haberse dado por notificado en el expediente, lo cual ocurrió el 2 de mayo de 2002.
Es concluyente, por las razones expuestas que, efectivamente, la pretensión planteada resultaba inadmisible, tal como lo declaró la decisión consultada, pero además por los motivos aquí expuestos. Ésta debe, en consecuencia, confirmarse. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, por los motivos expuestos, la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas el 19 de marzo de 2004, mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Alberto José Cesin, asistido por el abogado Manzur Adonis González Corredor, contra el auto de admisión de solicitud de ejecución de hipoteca dictado, el 7 de marzo de 2002, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al referido Tribunal Superior.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 03 días del mes de Diciembre dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
CZdeM/
Exp. n° 04-0914.
En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:
Si bien quien suscribe está de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora, que se declaró competente para conocer de los amparos constitucionales conforme lo ha venido haciendo desde que entró en funcionamiento esta Sala Constitucional, discrepa el que no se haya reparado en la distribución competencial que realiza, en esa materia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto se debe señalar, sin ánimos de hacer referencias concretas, que los criterios desarrollados por esta Sala hallaban su justificación en la necesidad de construir toda una doctrina en relación con sus competencias para hacer aplicativas, de manera directa e inmediata, las disposiciones contenidas en la Constitución de 1999, de allí que, con la entrada en vigencia de la Ley, la utilización de tales preceptos se hace prescindible al cesar el silencio legislativo que justificó su configuración, sin que valga ni siquiera echar mano de lo dispuesto en la letra b de la disposición derogatoria, transitoria y final única del texto normativo en referencia, pues ese no ha sido el supuesto para el cual el legislador lo estatuyó.
Ya han sido muchos los votos que, quien suscribe, a concurrido detallando en qué forma, a su entender, opera la distribución competencial luego de la entrada en vigencia de la Ley en referencia. Ello es suficiente para explicitar en esta oportunidad las razones por las cuales no se comparte los términos en que fue asumida la competencia para conocer el caso de autos; sin embargo, se debe hacer la justa advertencia -constantemente presente en tales votos-, de que la modificación del régimen competencial no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que, hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley, conocía, según lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación.
Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.
En Caracas, fecha ut supra.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Concurrente
CARMEN ZULETA DE MERCHAN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp: 04-0914
AGG/
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