Venley

Sentencia N.º 2784

Sentencia
N.º 2784
Fecha
24/10/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-2870
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

El 15 de noviembre de 2002, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente que contiene la apelación de la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 10 de octubre de 2002, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Franklin Díaz Pacheco, titular de la cédula de identidad número 5.602.736, asistido por la abogada Jelitza Bravo Rojas, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 53.922, contra la decisión del 7 de agosto de 2002, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el fallo.

 

El 9 de diciembre de 2002, la abogada asistente del accionante, consignó escrito de fundamentos de la apelación. Luego, el 29 de enero de 2003, la parte accionante consignó escrito de “formalización” de la apelación, el cual de conformidad con el criterio sostenido en la sentencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 4 de abril de 2001 (Caso: Estación de Servicios Los Pinos S.R.L.), es inadmisible debido a que fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una vez finalizado el lapso de 30 días previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que comenzó el 29 de enero de 2003.

 

El 8 de agosto de 2003, la parte accionante solicitó pronunciamiento en relación al recurso de apelación de la presente acción de amparo constitucional.

 

Efectuado el análisis del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

 

De la Acción de Amparo

 

            En el escrito libelar, la parte accionante fundamentó su pretensión de amparo en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

Que, el 16 de junio de 2001, fue interpuesta querella funcionarial contra los actos administrativos emanados del Alcalde del Municipio Libertador, contenidos en el Oficio N° D-A-468, del 15 de septiembre de 2000, la Resolución N° 353 del 28 de diciembre de 2000 y la Resolución N° 279 del 6 de marzo de 2001, “por estar viciados de nulidad absoluta ya que fueron dictados con prescindencia total del procedimiento legalmente establecido”.

 

Que, “el 7 de agosto de 2001, tuvo lugar el acto de informes y por auto de fecha 10 de agosto de 2001, se fijó el lapso de sesenta (60) días continuos para sentenciar”.

 

Que, “cumplidos los sesenta (60) días fijados por el Tribunal, en reiteradas oportunidades mi representado solicitó al Tribunal dictara sentencia, hasta se solicitó una audiencia a la Juez a fin de que informara que (sic) pasaba, si ya habían transcurridos más de ciento cincuenta (150) días y el Tribunal no había dictado sentencia, pero dicha gestión fue infructuosa pues la Juez nunca nos recibió, y como consta del expediente en ningún momento acordó mediante auto alguna prórroga del lapso para sentenciar y no es sino hasta el 7 de agosto de 2002, cuando el Tribunal procede a dictar sentenciar declarando sin lugar la querella interpuesta por mi representado”.

 

Que, “se aprecia que todo retardo de un acto procesal que ha debido tener lugar y que lesiona a una parte en su situación jurídica, amenazando la irreparabilidad de la misma, es atacable por vía de amparo, es así como podemos observar de las actas que conforman el expediente, como mi asistido, en varias oportunidades después del auto del 10 de agosto de 2001, solicitó a la agraviante que dictara sentencia y hasta una audiencia se solicitó de la cual nunca se obtuvo respuesta tal y como consta en autos, ya que el agraviante no se pronunció al respecto, lo cual evidentemente vulneró los derechos al debido proceso, a una tutela judicial y efectiva y a la obtención de una respuesta oportuna, pues después de 360 días es que se dicta sentencia”.

 

Que, “posteriormente al dictar sentencia y no valorar ni analizar lo consignado en autos la decisión emitida por el agraviante viola flagrantemente el derecho constitucional al trabajo, causándole así una lesión a sus derechos tutelados”.

 

Que, “el juez está obligado a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuyo objetivo es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles, es por lo que el fallo dictado por el agraviante incurre en una infracción en la situación jurídica de quien interpone la acción, y del derecho a la tutela judicial efectiva”.

 

Alegó el accionante que, en la sentencia del Juzgado Superior se estableció unos efectos a los actos administrativos impugnados distintos a los que realmente tuvieron, debido a un error en la redacción, “que da la sensación de que cada acto reflejado tuviera el subsiguiente efecto particular reflejado abajo, en un orden lógico, lo cual no es cierto. Configurando la primera imprecisión de la sentencia”.

 

Que “tal como se demostró en informes, el primer acto adolece de inmotivación y de errores de forma y deja al querellante en estado de indefensión; el segundo (Resolución 353) pretende convalidar el primero, pero no sólo ratifica el estado de indefensión sino que además menoscaba derechos irrenunciables del agraviado en contravención al artículo 89 de la Constitución Nacional y el tercero (Resolución 276, de fecha 3 de marzo de 2001) siendo de fecha posterior a los dos anteriores, declara ´extemporáneo´ un recurso intentado contra el primer acto, omitiendo en todo momento el segundo acto (Resolución 353) y ratificando ´...en todas y cada una de sus partes...´ el primer acto (468-2000), que ya habían reconocido y aceptado que estaba viciado”.

 

Que, el tribunal presuntamente agraviante señaló que no debía pronunciarse en relación a la decisión que declaró inadmisible un recurso ejercido en contra del primero de los actos administrativos impugnados, lo que a juicio del accionante ,“constituye una omisión de capital importancia, ya que la contradicción entre la Resolución N° 353 y la respuesta al recurso (Resolución 276) evidencia y prueba el estado de indefensión en el que la Administración colocó al recurrente”.

 

Que, “cuando se solicita la nulidad de los tres actos administrativos se hace el petitorio a objeto de que el juez se pronuncie sobre los mismos y pueda dictar una sentencia que no deje lugar a especulaciones y vaguedades”.

 

Asimismo señaló el accionante que, el 26 de junio de 2001, solicitaron la nulidad de todas las actuaciones realizadas por la ciudadana Mercedes Millán, en su carácter de apoderada judicial del Municipio Libertador, por cuanto el poder consignado en fecha 28 de mayo de 2001, fue autorizado por el ciudadano Antonio Ledezma, el cual había dejado de ejercer dicha función en agosto de 2000.

 

Que ante tal diligencia, el a quo manifestó mediante auto de fecha 3 de julio de 2001, que se pronunciaría al respecto en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva, ante lo cual aducen que ello constituyó una dilación injustificada de un acto procesal que debió producirse, incurriendo el Juzgador en un abuso de poder.

 

Que “en fecha 22 de enero de 2001, dada la dilación de la jueza para decidir, mediante diligencia el apoderado judicial del querellante solicita una audiencia. En tal sentido no se produjo respuesta ni afirmativa ni negativamente por parte de la jueza; lo que a nuestro entender constituye una flagrante violación del artículo 51 de la Constitución”.

 

Que “la dilación de un (1) año desde la fecha en que el Tribunal fijó un lapso de sesenta (60) días para decidir 10 agosto de 2001 (sic), a la fecha en que fue publicada la sentencia, 7 de agosto de 2002, constituye una grosera violación al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

Que “a lo largo de todo el proceso se le violaron a mi asistido los artículos 26, 49, 51 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

Finalmente, expresan que “el retardo en el cual el agraviante se abstuvo de dictar sentencia dentro del lapso establecido y sin prejuzgar los motivos que pueden justificarlo o no, el sólo transcurso del tiempo exagerado en el presente caso se atenta contra la justicia efectiva que garantiza la Constitución y se hace evidente la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la obtención de una respuesta oportuna, al trabajo y a la tutela judicial y efectiva”.

 

De la Sentencia Apelada

 

El 10 de octubre de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con los siguientes argumentos:

 

En primer lugar señaló la referida sentencia que, al referirse el acto presuntamente lesivo una decisión judicial, se debe tomar en cuenta los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo contra decisiones judiciales establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Conforme a lo anterior dicha Corte observó que, “la parte accionante no alegó, ni logró hacer un razonamiento jurídico que indique que el Órgano Jurisdiccional que dictó la decisión judicial que denuncia como violatoria de sus derechos constitucionales, haya actuado fuera de su competencia. Por otra parte, observa esta Corte que tampoco puede desprenderse del estudio de las actas que conforman el presente expediente, que haya evidencia de la incompetencia del mencionado órgano al dictar la sentencia del caso in comento”.

 

Señaló además que, “en el caso bajo estudio, la decisión judicial que se denuncia como violatoria de derechos o garantías constitucionales, fue dictada por un Órgano Jurisdiccional que actuó dentro de los límites de su competencia y sin asomo de extralimitaciones en sus funciones, por lo que no ha ‘(…) incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder’, lo cual además, no fue desvirtuado por el accionante, y así se decide”.

 

Que, “en cuanto al requisito de lesión de un derecho constitucional por la decisión judicial bajo estudio, hace notar esta Corte que el quejoso fundamentó el presente amparo en los artículos 26, 49 numerales 3 y 8, 51, 89 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al derecho de acceso a la justicia, al derecho a ser oído, al derecho a exigir responsabilidad patrimonial del Estado por errores judiciales, al derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, al derecho al trabajo y al derecho a una tutela judicial efectiva, respectivamente”, con lo cual, apuntó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Sin embargo señaló dicho Corte que, realizó también “el estudio del presente caso bajo los parámetros establecidos en los artículos 6 y 18 eiusdem, los cuales también deben ser analizados”.

 

Indicó que, “en este sentido, ...omissis... también debe realizar este Órgano Jurisdiccional las consideraciones pertinentes, en cuanto al agotamiento de todos los mecanismos procesales existentes. Al respecto, la sentencia objeto del presente amparo, fue dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, conociendo en primera instancia de la querella funcionarial interpuesta por el abogado Hernán Matute Brouzés, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Franklin Díaz Pacheco, contra los actos administrativos identificados bajo los Nros. D-A-468-2000 de fecha 15 de septiembre de 2000, Resolución N° 353 de fecha 28 de diciembre de 2000 y Resolución N° 279 de fecha 6 de marzo de 2000, dictados por el ciudadano Freddy Bernal, en su condición de Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Capital”.

 

Que, “siendo ello así, se evidencia que el accionante tenía otros mecanismos a su disposición para lograr que la sentencia contra la cual acciona, pudiese ser revisada en segunda instancia, lo que hubiese sido más apropiado, sobre todo cuando de la lectura y análisis del escrito contentivo de la presente acción de amparo constitucional, se desprende que lo que persigue el prenombrado quejoso, es el nuevo estudio de la querella sentenciada en primera instancia, implicando ello volver a conocer de los mismos hechos”.

 

Que, “en efecto, cualquier alegato, como los presentados en el escrito inicial, respecto a la mencionada sentencia, pudo haberlos esgrimidos el accionante mediante el mecanismo de la apelación, previsto en los artículos 162 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo que a todas luces encaja en el supuesto de inadmisibilidad previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

Que, “la revisión de criterios en la interpretación de normas de rango legal, es del exclusivo conocimiento del juez de mérito y no del Juez Constitucional, lo que implica que el medio por el cual debe realizarse dicha revisión, no es el amparo, además, ello implicaría un estudio que llevaría al Juez Constitucional a revisar la acción más allá de lo que lo permitiría el carácter extraordinario del amparo”.

 

Fundamentos de la Apelación

 

            El 9 de diciembre de 2002, el presunto agraviado asistido por la abogada Jelitza Bravo, consignó escrito donde señaló lo siguiente:

 

            Que, en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, “se prueba fehacientemente la condición de incompetencia sustancial en la que actuó el Juzgado, al considerar solo dos de los tres actos administrativos cuya nulidad se solicitó”.

 

            Que, “cabe destacar que la violación de derechos constitucionales denunciados implica, al menos, cinco derechos o garantías constitucionales los cuales son: I- Derecho a la Tutela Judicial Efectiva; II- Derecho al Debido Proceso. III- Derecho a Dirigir Peticiones a Funcionarios Públicos y a obtener adecuada respuesta. IV- Derecho al Trabajo. Así, como se quiera que la ponencia no logra demostrar que estos derechos constitucionales no fueran violentados a lo largo del proceso y en la sentencia recurrida, cabría entonces preguntarse si no consagra el dictamen de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo cierta permisividad de los jueces que incurran en violación de artículos constitucionales al dictar sus fallos”.

 

            Que, “confunde el ponente una revisión de la sentencia que nadie le está solicitando con lo que sí se le solicita que es la restitución de los derechos constitucionales violados. Si realmente se hubiera realizado un minucioso análisis del escrito contentivo de la acción, se habría percatado que en la página 12 alertamos precisamente sobre la no pretensión de que el Máximo Tribunal se avocara a conocer sobre el fondo de la querella. Pero para restituir el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, debe el Juzgador inicial pronunciarse sobre lo solicitado que es la nulidad de tres (3) actos administrativos”.

 

Consideraciones para Decidir

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación presentada contra la sentencia del 10 de octubre de 2002, emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), del 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y, del 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer de la misma, y así se declara.

 

Una vez determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida y, al respecto, observa que:

 

En el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes.

 

La jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado que en la causal de inadmisibilidad anterior, incurrirían también, aquellas acciones de amparo en las que existe otro medio procesal idóneo para restablecer la situación jurídica lesionada. Esto se debe a que la acción de amparo constitucional busca la reparabilidad inmediata del daño producido por la violación directa de algún derecho o garantía constitucional.

 

Igualmente, se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales. Al respecto se observa lo señalado por esta Sala en la sentencia del 9 de noviembre de 2001 (Caso: Oly Henríquez de Pimentel) en la cual se expresó lo siguiente:

 

"Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

 

a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o

 

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

 

La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

 

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. Por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.

 

 De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.

 

Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo, tal como lo argumenta el accionante); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso.

 

Visto lo anterior, observa esta Sala que, en el caso bajo examen, la parte presuntamente agraviada tenía contra la decisión del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Capital, una vía ordinaria procesal idónea, como lo es la apelación, establecida en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

 

En consecuencia, al poseer el accionante una vía idónea ordinaria, para atacar la medida decretada, esta Sala considera que, la acción de amparo debió ser declarada inadmisible, y con base a estos fundamentos, pasa a confirmar la decisión apelada, y declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. Así se declara.

 

Decisión

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Franklin Díaz Pacheco, asistido por la abogada Jelitza Bravo, y en tal sentido Confirma la decisión del 10 de octubre de 2002 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a  los 24 días del mes de octubre de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

José Manuel Delgado Ocando

 

 

Antonio José García García

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 02-2870

JECR/

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