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Sentencia N.º 2787

Sentencia
N.º 2787
Fecha
24/10/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-3239
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 27 de diciembre de 2002, con oficio No. 1424 del 9 de diciembre de 2002, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados MARÍA DEL VALLE RENGIFO, RAFAEL MORALES y OCTAVIO CAPEZZUTI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 37.484, 80.765 y 75.709, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano WILFREDO RAFAEL SOUBLETT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.801.615, contra los actos y omisiones de los Juzgados Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio y Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en el proceso penal seguido a su defendido.

 

A los fines establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto de la decisión dictada el 3 de diciembre de 2002, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, la referida Corte de Apelaciones remitió el expediente en mención.

 

 

En la oportunidad antes señalada, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Alegó la  defensa del accionante:

 

1.- Que, el 5 de marzo de 1999, ante el suprimido Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, tuvo lugar el acto de informes en la causa seguida a su defendido, entrando la misma en estado de sentencia.

 

2.- Que, el Juzgado Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Estado Guárico, el 20 de septiembre de 2001, dictó sentencia condenando a su defendido. Sin embargo, dicha sentencia fue proferida por un Tribunal que no notificó a la defensa ni al imputado de su constitución, menos aún lo notificó de la condenatoria dictada en su contra, a pesar de haberlo condenado a ocho años de prisión.

 

3.- Que, el 15 de octubre de 2001, el Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial  Penal del Estado Guárico, en virtud de haber quedado firme la referida sentencia, dictó auto mediante el cual ordenó su detención y, por cuanto su defendido se encontraba en libertad, de conformidad con el artículo 473 del para la época vigente Código Orgánico Procesal Penal decretó su inmediata detención, librando la respectiva orden de captura en su contra al  Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

 

En consecuencia, a juicio de la defensa, la actuación de los Juzgados Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio y Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, constituyen una infracción de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa.

 

DEL FALLO CONSULTADO

 

Mediante decisión del 3 de diciembre de 2002, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, al estimar:

 

“De la revisión que ha realizado la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en su Sala Única, de la oferta probatoria consignada por los accionantes ...omissis... se evidencia que efectivamente dicho ciudadano no fue notificado de la decisión dictada publicada por el Juzgado agraviante en fecha 20 de septiembre de 2001, que lo condenó a cumplir la pena de ocho años de prisión por considerarlo incurso en la comisión del delito de hurto calificado ...omissis... En consecuencia, indudablemente que la omisión de no notificar personalmente al imputado en el caso que nos ocupa por parte del Tribunal Tercero de Transición para el Régimen Procesal, hace que la acción de amparo sea pertinente, actual y legítima, al violar la garantía constitucional del derecho a la defensa contenido en el ordinal 1º del artículo 49 Constitucional, al no disponer el quejoso de otro medio ordinario, breve, sumario y eficaz para reparar la garantía constitucional violentada. De suerte que debe repararse la situación jurídica infringida, como en efecto se hace . Por la razones expuestas, se declara con lugar la acción de amparo interpuesta ...omissis... se ordena al Juzgado de Juicio que notifique al ciudadano Wilmer Rafael Soublett ...omissis... de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de fecha 20 de septiembre de 2001, para que éste ejerza los recursos que considere pertinentes contra el mencionado fallo. Así se decide”.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

   Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente consulta de ley establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en tal sentido, reiterando los criterios asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución, la Sala se considera competente para conocer de la misma, y así se declara.

Determinada la competencia pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y a tal fin observa:

De las actas que conforman el presente proceso se evidencia que, el 5 de septiembre de 2001, el  Juzgado Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico dictó sentencia condenando al ciudadano Wilmer Rafael Soublett a cumplir la pena de ocho años de prisión por la comisión del delito de hurto calificado.

 

Se evidencia asimismo, que en la oportunidad señalada el referido Juzgado de Transición libró telegrama al prenombrado ciudadano a fin de  imponerlo de la sentencia dictada en su contra; sin embargo, consta en las actas del presente proceso que, a pesar que dicha notificación no se hizo efectiva, el 9 de octubre de 2001, se declaró definitivamente firme la sentencia condenatoria y se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Ejecución, de conformidad con lo establecido en los artículos 472 y siguientes del para la época vigente Código Orgánico Procesal Penal.

 

Siendo ello así, tal omisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio es violatoria de los derechos constitucionales del accionante, ya que al no conocer del fallo quedó en total indefensión con respecto a los recursos que podía incoar contra dicha decisión, lo que viola el artículo 49 constitucional.

Reitera la Sala que la indefensión o derecho a la defensa ocurre cuando en un proceso, hay una omisión o una negativa de alguno de los medios legales con que puedan hacerse valer los derechos de las partes que en él intervienen, esto es, porque no se haya podido ejercer algún recurso procesal, como resultado de una determinación o conducta del Juez que lo niegue o limite indebidamente.  

 Por ello, a juicio de la Sala, la acción de amparo interpuesta resulta con lugar, como la declaró el a quo, razón por la cual la Sala pasa a confirmar el fallo consultado, y así se declara.

 

 

 

 

DECISIÓN

 

 Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 3 de diciembre de 2002, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados MARÍA DEL VALLE RENGIFO, RAFAEL MORALES y OCTAVIO CAPEZZUTI, en su carácter de defensores del ciudadano WILFREDO RAFAEL SOUBLETT. En consecuencia, queda confirmada igualmente la declaratoria de nulidad absoluta de los autos dictados el 9 de octubre de 2001 y 15 de octubre de 2001, por los Juzgados Tercero para el Régimen Procesal Transitorio y Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, respectivamente.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada,  en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas,  a     los 24  días  del  mes  de octubre de  2003. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

                                                    El Vicepresidente-Ponente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

                                                                         

Los Magistrados,

 

José Manuel Delgado Ocando

 

                                                            Antonio José García García

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

EXP. Nº: 02-3239

JECR/

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