Sentencia N.º 28
- Sentencia
- N.º 28
- Fecha
- 18/02/2014
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 11-1297
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 11-1297
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp. N° 11-1297
El 24 de octubre de 2011, los abogados Mariolga Quintero Tirado, Nilyan Santana Longa y Carlos La Marca Erazo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 2.933, 47.037 y 70.483, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JUAN CARLOS ACOSTA CEDRES, titular de la cédula de identidad n.º V-6.288.237, interpusieron ante esta Sala acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra la decisión dictada, el 21 de julio de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por la defensa del prenombrado ciudadano contra el auto que dictó, el 18 de abril de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del señalado Circuito Judicial Penal, Extensión Puerto Ordaz, mediante el cual decretó la nulidad absoluta del acto de la audiencia preliminar celebrada en el marco del proceso penal que se le sigue por la comisión del delito de violación continuada, previsto y sancionado en el artículo 375 (hoy artículo 374) del Código Penal en relación con el artículo 99 eiusdem.
El 31 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 09 de noviembre de 2011, el abogado Carlos La Marca Erazo, solicitó de esta Sala pronunciamiento respecto de la admisión de la acción de amparo interpuesta y de la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos.
El 01 de diciembre de 2011, esta Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dictó decisión n.° 1860, mediante la cual ordenó oficiar a la Presidenta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para que, dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, más ocho (08) días del término de la distancia correspondiente, remitiera copia certificada del expediente contentivo de la causa penal seguida contra el ciudadano Juan Carlos Acosta Cedres.
El 02 de febrero de 2012, los abogados Mariolga Quintero Tirado y Nilyan Santana Longa, consignaron ante la Secretaría de esta Sala: ( ) copia certificada del expediente FP12-S-2011-000093 ( ) a que se refiere el auto dictado en fecha 01 de diciembre de 2011.
El 23 de febrero de 2012, 21 de marzo de 2012 y 17 de abril de 2012, el abogado Carlos La Marca Erazo, solicitó de esta Sala pronunciamiento respecto de la admisión de la acción de amparo interpuesta y de la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos.
El 04 de mayo de 2012, la Secretaría de esta Sala dio cuenta del oficio n.° 323, suscrito por la Presidenta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, anexo al cual remitió: ( ) copia certificada de la totalidad de las actuaciones procesales instruidas en la causa seguida al ciudadano Juan Carlos Acosta Cedres.
El 08 de mayo de 2012, los abogados Mariolga Quintero Tirado y Carlos La Marca Erazo, presentaron ante la Secretaría de esta Sala, diligencia en la cual expusieron lo siguiente:
Conforme al auto del diecisiete de febrero de 2012, librado (sic) por el Juzgado Primero de Control, Audiencias y Medidas, con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer (sic) del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, en el expediente FP12-S-2011-000093 y que acompañamos en copia certificada, el veinte (20) de julio de 2012 será celebrada la audiencia preliminar en la causa penal instruida a nuestro mandante, razón por la cual y a fin de evitar se agrave el menoscabo de sus derechos constitucionales ( ) urge celebrar la audiencia de amparo constitucional, motivo por el cual, solicitamos respetuosamente a esa (sic) Sala Constitucional emita pronunciamiento acerca de la admisión del amparo y la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos.
El 02 de julio de 2012, los prenombrados abogados, sobre la base de los alegatos señalados en la diligencia transcrita parcialmente ut supra, reiteraron a esta Sala el pedimento respecto de la admisión del amparo propuesto y de la solicitud de medida cautelar. Posteriormente, el 12 de julio de 2012, ratificó dicha solicitud la abogada Mariolga Quintero. De igual forma, lo ratificaron mediante diligencias de fechas 01 de agosto de 2012, 19 de septiembre de 2012, 27 de noviembre de 2012 y 06 de junio de 2013.
El 08 de mayo de 2013, en virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.
El 17 de octubre de 2013, en virtud de la incorporación del Magistrado Suplente Luis Fernando Damiani Bustillos por el Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, tuvo lugar la reconstitución de esta Sala Constitucional quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos.
En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este Máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:
ÚNICO
Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual observa que, en virtud de lo establecido en el artículo 25, numeral 20, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como lo señalado en la sentencia de esta Sala n.º 01, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo en primera instancia contra decisiones u omisiones de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, las Cortes de Apelaciones en lo Penal y los Juzgados o Tribunales Superiores, salvo los Contenciosos Administrativos.
De esta manera, atendiendo a lo establecido en la ley y en la sentencia anteriormente señalada, y visto que la presente acción de amparo se ejerció contra una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer, en primera y única instancia constitucional, del amparo interpuesto. Así se declara.
Determinada la competencia, esta Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción propuesta y, al efecto, observa lo siguiente:
Ha sido criterio reiterado de esta Sala que, en el proceso de amparo, el interés de la parte actora, de cara a la tutela de los derechos constitucionales, debe mantenerse a lo largo del proceso que se inicia, en razón de lo cual la falta de impulso procesal durante un plazo superior a seis (06) meses deja entrever que no existe una necesidad imperiosa para que sea resuelto el asunto planteado, circunstancia que se entiende como un abandono de trámite que forzosamente conlleva la declaratoria de terminado el procedimiento.
Así, esta Sala, en la sentencia n.° 982, del 06 de junio de 2001, caso: José Vicente Arenas Cáceres, ratificada, entre otras, en la decisión n.° 439, del 25 de abril de 2012, caso: La Laguna, C.A., estableció lo siguiente:
(...) la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
(...)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia (Resaltado de este fallo).
De este modo, en sintonía con el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, se desprende que los justiciables que instan a los órganos jurisdiccionales para obtener la tutela de sus derechos fundamentales, deben mantener a lo largo del proceso el interés en la obtención de la tutela urgente y preferente del amparo, lo cual se demuestra mediante la presentación de escritos o diligencias en los cuales tal interés quede manifiesto.
Bajo estos supuestos, esta Sala observa que, en el presente caso, la representación judicial de la parte accionante en fecha 27 de noviembre de 2012, ratificó a esta Sala el pedimento respecto de la admisión del amparo propuesto y de la solicitud de medida cautelar, pedimento que reiteró, el 06 de junio de 2013, esto es: después de transcurrido los seis (06) meses, en razón de lo cual operó la pérdida del interés y, por ende, el abandono del trámite de la acción de amparo propuesta.
Por lo tanto, visto que esta Sala verificó la pérdida del interés de la accionante, y como quiera que, en el caso de autos, los hechos lesivos de los derechos y garantías constitucionales, según lo alegado por la parte actora, tuvieron su origen en la declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, respecto del recurso de apelación ejercido sobre la base de que: ( ) tal declaración judicial (la nulidad de la audiencia preliminar) resultaba favorable a los intereses del procesado (no le causó agravio), por lo cual la misma era inimpugnable, ( ) el tribunal agraviante no corrigió el desorden procesal imperante en este proceso ( ), es el motivo por el cual no se genera afectación del orden público ni de las buenas costumbres, sino la esfera de los derechos particulares de dicha parte, resulta forzoso para esta Sala declarar el abandono del trámite y, en consecuencia, la terminación del procedimiento. Así se declara.
De igual modo, vista la anterior declaración, y de conformidad con el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte actora una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,00) pagaderos, a favor de la Tesorería Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas que posteriormente son abandonadas, lo cual la obliga al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.
Finalmente, vista la declaración de terminado el procedimiento, por abandono del trámite de la presente acción de amparo, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada solicitada, en virtud de su carácter accesorio. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, de la acción de amparo interpuesta, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, por los abogados Mariolga Quintero Tirado, Nilyan Santana Longa y Carlos La Marca Erazo, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JUAN CARLOS ACOSTA CEDRES, contra la decisión dictada, el 21 de julio de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Se IMPONE a la parte accionante una multa, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales, lo cual deberá acreditar mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
Luisa Estella Morales Lamuño
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza Jover
Ponente
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. Nº 11-1297
JJMJ/
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