Sentencia N.º 281
- Sentencia
- N.º 281
- Fecha
- 16/03/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0022
- Ponente
- Luis Velázquez Alvaray
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray
Mediante oficio No. 860/2004 del 9 de diciembre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, remitió a esta Sala el expediente No. 11.070 (nomenclatura de ese Tribunal), a los fines del conocimiento de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior el 29 de noviembre de 2004, que declaró sin lugar la acción de amparo ejercida por la ciudadana MARÍA JOSEFINA PARRA SOLER, titular de la cédula de identidad No. 6.429.993, asistida por la abogada Marianela Millán Rodríguez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 27.295, contra la venta realizada el 2 de septiembre de 2004, por el partidor Renato Cruces a la ciudadana Alicia Rivas de Campos, ante la ciudadana Juez Suplente y la Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo .
Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida contra la referida decisión proferida por el mencionado Juzgado Superior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 18 de enero de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 15 de septiembre de 2004, la ciudadana María Josefina Parra Soler, asistida por la abogada Marianela Millán Rodríguez, interpuso ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, acción de amparo constitucional contra la venta de un inmueble realizada el 2 de septiembre de 2004 por el partidor ciudadano Renato Cruces a la ciudadana Alicia Rivas de Campos, ante la Juez Suplente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y la Secretaria de dicho Juzgado, con ocasión del juicio que por liquidación y partición de comunidad concubinaria siguió el ciudadano Ericsson Luis Mata Zabala contra la accionante.
Fundamentó la acción de amparo constitucional en la presunta violación al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva.
Señaló la accionante lo siguiente:
Que consta en el expediente que cursa ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que el ciudadano Ericsson Luis Mata Zabala, el 18 de abril de 2001, demandó por liquidación y partición de comunidad concubinaria a la ciudadana MARÍA JOSEFINA PARRA SOLER, cuya masa a partir, la constituyó, un apartamento destinado a vivienda, distinguido con el No. 39-31, situado en el nivel 3, del Edificio No. 39, de la décima segunda etapa (Etapa XII) del Parque Residencial Los Andes, de la Urbanización Yuma, Sector 1, ubicado en jurisdicción del Municipio San Diego del Estado Carabobo con su puesto de estacionamiento accesorio, además de otro inmueble constituido por otro puesto de estacionamiento distinguido con la letra y número P-129, situado en la etapa décima segunda del mencionado Parque Residencial, el cual no resulta accesorio del inmueble principal.
El 18 de abril de 2001, el referido Juzgado de Primera Instancia, admitió la demanda por liquidación y partición de comunidad concubinaria.
El 12 de junio de 2001, la accionante contestó la demanda de partición.
El 9 de octubre de 2001, el tribunal declaró procedente la solicitud hecha por la parte demandante de nombrar un partidor y emplazó a las partes para su designación al décimo día de despacho siguiente a las 10:00 a.m. En la oportunidad prevista para tal acto, fue diferido para el tercer día de despacho siguiente. La designación se llevó a cabo el 31 de octubre de
El 27 de noviembre de 2001, el partidor y perito avaluador consignó avalúo sobre los inmuebles que corresponden a la masa concubinaria, estimando el valor de los inmuebles en la cantidad de treinta y seis millones ciento dieciséis mil quinientos setenta y tres bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 36.116.573,87); ese mismo día consignó otro escrito en el cual señaló que el líquido partible era la cantidad de veintiséis millones quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa y tres bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 26.568.193,89), pues del monto total había que deducir la cantidad de nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y un bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 9.548.381,98), que constituía la suma adeudada a Fondo Común Entidad de Ahorro y Préstamo S.A., por una hipoteca de primer grado, más la cantidad de novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,00) por concepto de honorarios profesionales del partidor.
El 21 de febrero de 2002, el apoderado judicial del ciudadano Ericsson Luis Mata Zabala, parte actora en el juicio principal, se dio por notificado del informe del partidor ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
El 11 de marzo de 2002, el Alguacil del citado Juzgado Primero de Primera Instancia consignó la boleta de notificación del informe del partidor (sic) presuntamente firmada por mí la cual fue tachada de falsa. La tacha incidental no fue formalizada.
El 25 de abril de 2002, el apoderado judicial del ciudadano Ericsson Luis Mata Zabala parte actora del juicio principal, compareció y solicitó se declarara concluida la partición y autorizara al partidor para realizar la venta en subasta pública, lo cual fue acordado por el tribunal el 15 de mayo de 2002.
El 5 de junio de 2002, el tribunal acordó librar cartel que debía ser publicado en el diario El Carabobeño para la subasta pública, dicho Cartel fue (sic)
consignado
el 13 de junio de 2002 y agregado a los autos el 18 de junio de 2002.
El 26 de junio de 2002, el tribunal de la causa remitió el expediente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo a los fines de proceder a la subasta pública.
El 29 de julio de 2002, se procedió al acto de subasta pública de los inmuebles objeto de la partición el cual se dio por concluido por haberse agotado el tiempo sin que hubiere ningún tipo de ofertas y, en el mismo acto el tribunal ejecutor autorizó expresamente, en el acta levantada al efecto, al partidor para vender los inmuebles; el partidor solicitó que:
se me oficiar (sic) a (sic) notificarme que debía (sic) haber la entrega material del inmueble, para lo cual se libró oficio que fue recibido por la parte actora nunca por mi, es decir, que en la copia certificada se evidencia que el oficio notificando la entrega material fue firmado por la abogado NERZA SÁNCHEZ, cédula de identidad número V-7.005.381. inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 61.736, actuación ésta que creó mi indefensión (sic)
El 12 de agosto de 2002, el Juzgado Ejecutor devolvió el expediente al Tribunal de la causa, dándole entrada el 19 de septiembre de 2002.
El 28 de octubre de 2002, el Tribunal de la causa decretó la entrega material de los inmuebles solicitada por el partidor y se remitió el expediente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines legales correspondientes.
El 26 de noviembre de 2002, introdujo escrito señalando las irregularidades ocurridas en el procedimiento.
El 2 de septiembre de 2004, el partidor dio en venta en el Tribunal de la causa los inmuebles objeto de la partición a la ciudadana Alicia Rivas de Campos, tradición que se efectuó en presencia de la Secretaria y la Juez Suplente, quienes suscribieron la venta.
El 8 de septiembre de 2004, la accionante introdujo escrito en el tribunal señalando que se habían violado los derechos constitucionales y solicitó que el tribunal anulara la venta.
El 15 de septiembre de 2004, la accionante ejerció acción de amparo constitucional contra la venta de los inmuebles realizada el 2 de septiembre de 2004, solicitando su nulidad por la presunta violación al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva.
El 8 octubre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como juez constitucional, admitió la acción de amparo intentada por la accionante y, en consecuencia, ordenó la notificación de los presuntos agraviantes: el Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el partidor Renato Cruces y la ciudadana Alicia Rivas de Campos en su condición de tercero interesado, así como del Ministerio Público.
De igual manera, admitió las pruebas promovidas por la accionante y decretó medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre los inmuebles objeto de la partición de la comunidad concubinaria.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La accionante, fundamentó la acción de amparo interpuesta en los siguientes términos:
1) Que
írritamente el partidor otorgó el documento por ante el Tribunal cuando realmente dicha negociación debe llevarse a cabo ante la Oficina Subalterna de Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley de Registro y Notariado
Omissis
principios que fueron violados al otorgar el documento ante el tribunal con el agravante que violó el debido proceso, legítimo derecho a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
2) Que
al realizar el partidor la venta ante el tribunal de la causa, se extralimitó en sus funciones como auxiliar de justicia, violando el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
3) Que
4) Se violentó la tutela judicial efectiva, pues aún cuando solicité la nulidad de la venta ante el tribunal de la causa, el mismo no se ha pronunciado, tutela prevista en el artículo 26 eiusdem, pues la actuación del juez fue contraria a la tutela judicial efectiva, además de que hay violación de formalidades esenciales para la celebración de un acto de venta...
Solicitó en su escrito que se declarara con lugar el amparo constitucional interpuesto contra la venta realizada el 2 de septiembre de 2004, suscrita por el partidor Renato Cruces y la ciudadana Alicia Rivas de Campos, otorgada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y se declare:
1) La nulidad de la venta efectuada por los ciudadanos antes mencionados, la cual fue suscrita por la ciudadana Juez suplente y la secretaria, con base a las violaciones constitucionales ya denunciadas, 2) Reponga al estado de que se realice la adjudicación a mi nombre por el cincuenta por ciento (50 %) de los derechos y acciones sobre los siguientes inmuebles
Omissis
Finalmente, solicitó se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar sobre los inmuebles objeto de la partición, por cuanto se encuentra involucrado el inmueble que constituye el hogar de su hijo.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
El 29 de noviembre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta con fundamento en los siguientes argumentos:
la pretensión constitucional de la accionante en amparo lo constituye la nulidad de la venta efectuada el 02 de septiembre de 2004 por el ciudadano RENATO CRUCES, en su condición de partidor y la ciudadana ALICIA RIVAS DE CAMPOS así como la reposición al estado de que se le realice la adjudicación por el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones sobre los bienes cuya partición se dilucida en el juicio que origina el presente Amparo Constitucional. Es decir, el núcleo de lo discutido en este proceso Constitucional lo constituye la venta que efectúa el partidor por ante el tribunal y no por ante la Oficina Subalterna de Registro
.
También señaló lo siguiente:
Que
el derecho constitucional al debido proceso, se infringe cuando se le impide a una de las partes el ejercicio de sus derechos y se les coarta de la posición que les corresponde dentro del proceso, trasgresión que debe exceder del marco de la legalidad para que pueda configurarse una lesión de naturaleza constitucional...
Que
el fundamento del juicio de partición se sustenta en que el estancamiento de la propiedad es contrario al orden público y al interés social, y por ello nuestra legislación facilita la división de la propiedad, tal y como se plasma en el artículo 764 del Código Civil venezolano y en el caso bajo análisis se ha constatado que el demandado en el juicio de partición, hoy recurrente en amparo, se le concedió el tiempo y los plazos de ley para ejercer su derecho a la defensa, verificando este Tribunal Constitucional que no se hicieron objeciones al informe del partidor, así como tampoco se objetó oportunamente la autorización de venta (sic) del inmueble, consintiendo el ahora accionante en amparo sobre cualquier vicio que pudiera existir al no haberlo denunciado oportunamente
Que
De igual forma señala que el artículo 1071 del Código Civil venezolano dispone expresamente que si los inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se hará también por subasta pública y cuando las partes sean todas mayores de edad y consientan en ello, la venta podrá hacerse por las personas que designe y en caso bajo estudio, el partidor estaba plenamente facultado para realizar la venta de los bienes, incluso ante el Tribunal de la causa, quien realizó funciones de autenticación, sin detrimento de cumplirse la obligación de registrar la escritura de venta por ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente y permitir de esa manera se materialice la partición con la entrega a cada uno de los co-partícipes de las cantidades de dinero que le correspondan según la partición realizada por lo que en criterio de este tribunal no se le han infringido los derechos constitucionales denunciados en amparo, siendo en consecuencia Improcedente la Pretensión Constitucional y así se decide
.
IV
DE LA COMPETENCIA
Previo a la solución de la presente apelación, siendo la competencia el primer aspecto a dilucidarse, acerca de un asunto sometido al conocimiento de esta Sala, se observa:
Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.
De acuerdo a estas últimas interpretaciones, contenidas en sentencia del 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Millán, se dejó sentado que: Corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia y a lo pautado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.
En el presente caso, la acción de amparo constitucional fue conocida en primera instancia por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y, en tal sentido, la Sala resulta competente para conocer -en apelación- de la misma, y así se decide.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente esta Sala pasa pronunciarse sobre la apelación sometida a su conocimiento y, a tal efecto, observa:
En el caso sub examine, se observa que se solicitó la tutela constitucional con fundamento en las presuntas violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ocasionadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la Secretaria de dicho Juzgado, el partidor y la compradora del inmueble objeto del juicio de partición de comunidad concubinaria tramitado contra la accionante en el mencionado Juzgado de Primera Instancia.
En primer término debe señalar la Sala que, por fuero atrayente, la competencia para conocer dicha acción de amparo constitucional correspondía efectivamente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que decidió la acción de amparo en primera instancia, aun cuando en ella se señalaron como presuntos agraviantes además del Juez de Primera Instancia, la Secretaria, el auxiliar de justicia que intervino en la causa y el particular que adquirió el inmueble.
Señalado lo anterior, corresponde a esta Sala analizar la sentencia apelada en la cual se declaró sin lugar la referida acción de amparo por considerar el Juzgador que el accionante no objetó el informe del partidor designado en el juicio, ni la autorización de venta de los inmuebles otorgada a éste por el Tribunal y que el Tribunal de la causa cumplió funciones de autenticación de la referida venta sin detrimento de la obligación de efectuar el Registro de la misma ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, por lo que desechó las violaciones constitucionales denunciadas en el amparo.
A tal efecto, debe precisar la Sala que el principio dispositivo no rige plenamente en los procesos de amparo, en los cuales el juez constitucional goza de amplias facultades de apreciación y no está limitado al análisis de los alegatos de las partes en aras de la efectiva tutela de los derechos constitucionales.
Bajo esa óptica, aprecia la Sala que en el juicio por liquidación y partición de comunidad concubinaria incoada contra la accionante, el tribunal de la causa, mediante auto del 15 de mayo de 2002 autorizó al partidor para realizar, en subasta pública, la venta de los inmuebles objeto de la partición.
Tal actuación se adecuó a lo dispuesto en el artículo 1.071 del Código Civil que señala que si los inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se procederá a su venta por subasta pública.
Ahora bien, a los fines de darle publicidad a la referida subasta, el mencionado tribunal ordenó mediante auto del 5 de junio de 2002 que se librara un único cartel para ser publicado en el diario El Carabobeño de la ciudad de Valencia, publicación que se efectuó el 11 de junio de 2002.
El 20 de julio de 2002, oportunidad fijada para la realización de la subasta, se declaró concluido dicho acto por no haberse recibido ningún tipo de ofertas y se autorizó nuevamente al partidor para efectuar la venta, la cual finalmente se celebró ante el Tribunal de la causa el 2 de septiembre de 2004.
De los hechos narrados precedentemente se desprende que en el caso de autos la subasta para la venta de los bienes inmuebles objeto de la liquidación y partición de comunidad fue anunciada en un único cartel, sin que las partes hubiesen convenido expresamente en que se realizara de esa forma, lo cual no se ajusta a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, relativas a la publicidad del remate, aplicables supletoriamente en esta materia.
En este sentido, hay que destacar que la publicidad del remate constituye una garantía de que el mayor número de personas conocerán del futuro acto de venta de los bienes a rematar y, de esta manera, el mayor número de postores podrán concurrir al acto; siendo esto así, tal publicidad constituye un elemento fundamental para la validez del mismo y en caso de existir vicios que puedan afectar dicha publicidad que generen que la misma no alcance su fin, podrían producirse violaciones a los derechos de las partes en el proceso.
La publicidad del remate de los bienes inmuebles está contemplada en el artículo 552 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
Artículo 552: El remate de los bienes inmuebles se anunciará, en tres (3) distintas ocasiones, de diez en diez días mediante carteles que se publicarán en la misma forma indicada en el artículo anterior.
Por otra parte, el artículo 554 eiusdem señala:
Artículo 554: Las partes pueden, de mutuo acuerdo celebrado durante la ejecución, efectuar el remate con base en la publicación de un solo cartel, siempre que no haya terceros interesados que puedan perjudicarse con la supresión. Si se presentare algún tercero impugnando el acuerdo de las partes, y acredita su interés ante el Juez, se dejará sin efecto el acuerdo y se harán las publicaciones en las formas previstas en este Capítulo.
De las normas transcritas se desprende que los carteles que anuncian el remate deben publicarse en tres oportunidades, a menos que las partes acuerden la publicación de un solo cartel.
Por las razones anteriormente expuestas, concluye la Sala que el anuncio de la subasta mediante un solo cartel sin que las partes lo hubiesen convenido expresamente, constituye un vicio que contraviene normas procesales de orden público que derivan en la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, al derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva de la accionante.
Por otra parte, aprecia la Sala que en la causa principal, luego que se declaró desierto el acto de celebración de subasta pública, no se fijó nueva oportunidad para la realización de la misma.
En este sentido, los artículos 577 y 578 del Código de Procedimiento Civil señalan expresamente lo siguiente:
Artículo 577: Para el primer acto del remate se tomarán como base la mitad del justiprecio. Si no hubieren proposiciones que alcancen dicho mínimo se procederá a un segundo acto de remate, el cual se anunciará mediante un solo cartel en la forma establecida en el artículo 551, señalando una nueva oportunidad que se fijará entre quince y treinta días después de declarado desierto el primero, para efectuarlo. En este segundo acto de remate la base del mismo serán dos quintos del justiprecio.
Artículo 578: Si en el segundo remate de que se trata el artículo anterior, no hubiere postura que cubra la base o sea aceptada por las partes, éstas concurrirán al tercer día siguiente, a fin de procurar un avenimiento sobre una nueva base de remate, administración o arrendamiento de la cosa que esté en ejecución, o sobre algún otro medio de allanar la dificultad.
La Sala observa que, en el caso de autos, no se cumplió con lo establecido en los mencionados artículos 577 y 578 del Código de Procedimiento Civil, lo que cercenó gravemente los derechos constitucionales de la accionante.
En atención a las consideraciones anteriores, esta Sala estima que en el presente caso se configuraron las violaciones constitucionales denunciadas por la accionante, motivo por el cual se repone la causa del juicio de partición de comunidad concubinaria que cursa por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al estado que se ordene la publicación del segundo cartel de anuncio de la subasta pública de los inmuebles objeto de la liquidación y partición de la comunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 552 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, quedan sin efecto todos los actos subsiguientes a la publicación del primer cartel de subasta pública publicado en el diario El Carabobeño, incluyendo la venta de los inmuebles efectuada a la ciudadana Alicia Rivas de Campos, la cual se declara nula. Así se decide.
Ahora bien, vistos los efectos del presente fallo, esta Sala no puede obviar la adquisición de la ciudadana Alicia Rivas de Campos, de los inmuebles en el juicio principal el 2 de septiembre de 2004, por lo cual la Sala precisa, que la nulidad de dicha venta, en virtud de la violación de los derechos constitucionales expuestos a lo largo de esta decisión, no impide que la compradora participe en el acto de remate, si hubiere lugar a ello, con el derecho de que lo que canceló sirva como postura, o en todo caso solicite el resarcimiento por daños y perjuicios así como la exigencia del reembolso del dinero cancelado con ocasión a dicha venta.
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR la apelación ejercida por la abogada Irene Hilewski, apoderada judicial de la ciudadana MARÍA JOSEFINA PARRA SOLER, contra la sentencia dictada por Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 29 de noviembre de 2004.
2. REVOCA el fallo apelado, que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional.
3. CON LUGAR la acción de amparo interpuesta.
4. ORDENA la reposición de la causa correspondiente al juicio de liquidación y partición de comunidad concubinaria seguido contra la accionante al estado de la publicación del segundo cartel de anuncio de subasta pública, se ANULAN los actos subsiguientes al cartel publicado en el diario El Carabobeño y se ANULA la venta de los inmuebles efectuada a la ciudadana Alicia Rivas de Campos.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
Magistrado-Ponente
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
Magistrado
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado
ARCADIO DELGADO ROSALES
Magistrado
El Secretario
JOSÉ LEONARDO REQUENA
Exp. 05-0022
LVA/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias