Venley

Sentencia N.º 2811

Sentencia N.º 2811

Sentencia
N.º 2811
Fecha
29/09/2005
Sala
Constitucional
Expediente
02-2396
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

            El 5 de agosto de 2002, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, copia certificada del expediente contentivo de la decisión del 23 de julio de 2002, que declaró “INADMISIBLE el recurso (sic) de amparo interpuesto ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre” por el ciudadano Cruz Ramón Piña, titular de la cédula de identidad Nº 3.809.966, en su carácter de Director de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), domiciliada en el Estado Sucre, constituida originalmente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el Nº 140, folios 26 vto. Al 63, Libro de Comercio Nº 2, del 29 de abril de 1975, cuya última modificación estatutaria fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, bajo el Nº 63, folios 300 al 301 y su vto., Tomo A-15 del 4to. Trimestre, el 25 de junio de 2002, asistido por los abogados María de Fátima Rodríguez y Rafael Ortiz Ortiz, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 68.422 y 34.699, respectivamente, contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A.

 

Asimismo, en la decisión referida, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, declaró “CON LUGAR el Amparo” interpuesto por el abogado Gerardo Ramírez Campos, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 93.034, en su carácter de liquidador de ATUNERA DE ORIENTE S.A. ATORSA, sociedad en liquidación, domiciliada en el Municipio Guanta, Estado Anzoátegui, constituida ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 27 de marzo de 1989, bajo el Nº 13, Tomo A-11; por el ciudadano David Alfredo Urzúa, titular de la cédula de identidad Nº E-82.281.792, en su carácter de apoderado de CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 74, Tomo A-09 del 23 de marzo de 2001, asistido por el abogado Gerardo Ramírez Campos; y por el ciudadano Camilo Vaca, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, portador del pasaporte Nº SL-5988, aquí de tránsito, en su carácter de Gerente General de la sociedad de comercio HALLANDALE S.A., domiciliada en el Estado Anzoátegui, inscrita bajo el expediente Nº 104043, el 14 de mayo de 2001, igualmente asistido por el abogado Gerardo Ramírez Campos; contra “las sentencias o resoluciones dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre... dictadas en fechas 3 y 11 de julio de 2002, con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad de comercio NAVIERA INDUSTRIAL S.A.”

 

Tal remisión obedece a la apelación interpuesta el 26 de julio de 2002, por la abogada María de Fátima Rodríguez, en su carácter de apoderada judicial de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), parte  accionante.

 

            El 30 de septiembre de 2002, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó como ponente al Magistrado quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

            Por escrito presentado el 31 de octubre de 2002, el abogado Carlos Aponte González, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 59.916, en su carácter de apoderado judicial de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), fundamentó la apelación. Al respecto, esta Sala debe desechar el escrito mencionado, conforme a la jurisprudencia reiterada (Sentencia del 4 de abril de 2001. Caso: Estación de Servicio Los Pinos), ya que se debió consignar dentro de los treinta días siguientes al recibo del expediente. 

 

            El 12 de diciembre de 2002, el abogado Gerardo Ramírez Campos, en su carácter de liquidador de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, presentó escrito donde solicitó que sea confirmada la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental.

 

            Por decisión del 4 de diciembre de 2003, la Sala ordenó oficiar al Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur- Oriental, a fin de que  remitiera la copia completa de la decisión objeto de la presente apelación.  Asimismo, en dicha sentencia, instó a las partes a la consignación de la misma, a los fines de facilitar la continuación del proceso.

 

            Por escrito 8 de enero de 2004, el abogado Gerardo Ramírez Campos, en su carácter de apoderado judicial de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, consignó copia certificada de la sentencia objeto del recurso de apelación, en la presente acción de amparo constitucional.

 

            Por oficio Nº 995 del 26 de enero de 2004, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, remitió a esta Sala copia certificada de la decisión dictada por el mencionado Juzgado el 23 de julio de 2002, a los fines de que la Sala conozca de la apelación contra ella interpuesta.

            Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

            1.-  Por sentencia dictada el 15 de febrero de 2002, el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Néstor Orlando Meléndez Santeliz, titular de la cédula de identidad Nº 2.537.524, en su carácter de Director-Administrador de Atunera de Oriente S.A. ATORSA contra la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con ocasión al procedimiento instaurado por Inversiones Agapito C.A. contra Atunera de Oriente ATORSA S.A., fundamentada en el artículo 291 del Código de Comercio.

 

            El referido Juzgado Superior Accidental, fundamentó su decisión en que el supuesto agraviado no era administrador de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, ni fue denunciado como tal, ni era accionista ni comisario, por lo que no tenía legitimación para soportar aquél procedimiento.

 

            2.- Por decisión del 15 de mayo de 2002, esta Sala Constitucional, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 15 de febrero de 2002, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, revocó la decisión objeto de la apelación y declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, por considerar que el mencionado Juzgado Superior Accidental en su decisión desconoció lo establecido por la Sala en sentencia Nº 1186 dictada el 6 de julio de 2001, con relación a la misma acción de amparo constitucional, que ya había resuelto sobre la legitimación del agraviado y declaró con lugar la acción de amparo ordenando al Juzgado que admitiera la acción de amparo interpuesta, por lo que tal declaratoria no admitía nuevo análisis sobre los supuestos de admisibilidad. 

 

            En consecuencia, la Sala en la decisión proferida el 15 de mayo de 2002, anuló la decisión dictada el 13 de noviembre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aanzoátegui y repuso la causa correspondiente al procedimiento instaurado por Inversiones Agapito C.A. contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, al estado de citación, “oportunidad en la que se deberá ordenar además de las citaciones de las partes inicialmente intervinientes, la del ciudadano Néstor Orlando Meléndez Santeliz, a fin de que participe en los actos de procedimiento destinados a ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso”.

 

            3.-  Por escrito presentado el 1º de julio de 2002, el ciudadano Cruz Ramón Piña, en su carácter de Director de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), interpuso acción de amparo “preventivo” constitucional contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA,  HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, C.A., ante la “INMINENTE SITUACIÓN DEL DESMANTELAMIENTO y HUIDA AL ESTERIOR (sic) de una parte sustancial del patrimonio legal de la sociedad de comercio Atunera de Oriente ATORSA, S.A. con la connivencia de la empresa HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A.” que, supuestamente, afectaría grave y sensiblemente los derechos de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA).  En consecuencia, solicitó que se ordene a las empresas presuntamente agraviantes, al mantenimiento de la situación actual y que “se abstengan de realizar acto alguno de disposición de todos y cada uno de sus bienes situados en Venezuela, a fin de garantizar, a la luz de la sentencia referida del 15 de mayo de 2002, se hagan efectivos” los derechos de su representada al libre desenvolvimiento de la personalidad jurídica, a la propiedad y a la libre industria.

 

            4.- Por auto del 2 de julio de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, admitió la acción de amparo interpuesta por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A., por la supuesta violación de los derechos relativos a la propiedad, la libre industria, el desarrollo de la personalidad jurídica, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, 22, 27, 112 y 115 de la Constitución.

 

5.-  Por auto del 3 de julio de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, estimó procedente la medida cautelar solicitada en la acción de amparo constitucional interpuesta, y en consecuencia decretó:

 

“1  La prohibición a las empresas Atunera de Oriente ARTOSA, S.A., HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A. de desmantelar o desmontar los equipos, maquinarias y herramientas que se encuentran en la sede de la planta de Atunera de Oriente ATORSA, S.A. destinadas al procesamiento de lomos de atún...”.

...Omissis...

2        La prohibición a las empresas Atunera de Oriente ATORSA, S.A., HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, C.A. de extraer materia prima sin procesar o productos terminados de la sede de Atunera de Oriente ATORSA, S.A. con el fin de no descapitalizar a la mencionada empresa...”.

...Omissis...

A todas las empresas mencionadas, mantener la estructura de la planta de procesamiento de lomos de atún, ubicada en Avenida Raúl Leoni cruce con calle Principal de Guanta, Estado Anzoátegui; en las mismas actuales condiciones en que se encuentran. 

...Omissis...

Para el cabal cumplimiento de medida preventiva señalada y de conformidad con el aparte único del artículo 588 del Código de Procedimiento civil, se decreta MEDIDA O DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, por el cual se ordena los siguientes actos:

Al Comando Regional correspondiente de la Guardia Nacional, para que se proceda al APOSTAMIENTO de suficientes efectivos de ese componente a los efectos de garantizar el cumplimiento de la medida preventiva solicitada;

A la Aduana de Guanta y la Capitanía General para que se impida el traslado y almacenamiento en cualquier barco o buque nacional o extranjero de la materia prima procesada o sin procesar y las máquinas útiles e instalaciones que provengan de las empresas antes señaladas, con el objeto de garantizar la medida preventiva solicitada;

Al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, en el Edificio Ministerio de Producción y Comercio; (....) para que no otorguen los permisos para la movilización de ninguna mercancía que tenga que ver con el procesamiento de lomos de atún de las empresas querelladas...”.

 

            6.-  Por auto del 11 de julio de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Agrario y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, al resolver sobre la oposición formulada por el abogado Gerardo Ramírez, en su carácter de liquidador de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, a la medida cautelar decretada el 3 de julio de 2002, consideró que si bien la medida cautelar innominada decretada debía mantenerse incólume, decidió reevaluar las medidas o disposiciones complementarias decretadas para asegurar el cabal cumplimiento de la referida medida cautelar y, en consecuencia, decretó:

 

“Primera: La prohibición a las empresas ATUNERA DE ORIENTE S.A. (ATORSA), HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, C.A. de desmantelar o desmontar equipos, maquinarias y herramientas que se encuentran en la sede de la planta ATUNERA DE ORIENTE S.A. (ATORSA), destinadas al procesamiento de lomos de atún...”

Segunda:  La prohibición a las empresas Atunera de Oriente ATORSA, S.A., HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, C.A. de extraer materia prima sin procesar o productos no terminados de la sede de Atunera de Oriente ATORSA, S.A., con el fin de no descapitalizar a la mencionada empresa...”

“...todas las empresas mencionadas, mantener la estructura de la planta de procesamiento de lomos de atún, ubicada en Avenida Raúl Leoni, cruce con Calle Principal de Guanta, Estado Anzoátegui; en las mismas actuales instalaciones en que se encuentran.

Para el cabal cumplimiento de la medida preventiva señalada y de conformidad con el aparte único del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se decreta MEDIDA O DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, por la cual se ordena los siguientes actos:

Al Comando Regional correspondiente de la Guardia Nacional, para que se proceda al APOSTAMIENTO de suficientes efectivos de ese componente a los efectos de garantizar el cumplimiento de la medida preventiva solicitada;

A la Aduana de Guanta y la Capitanía General para que se impida el traslado y almacenamiento en cualquier barco o buque nacional o extranjero de las máquinas, útiles e instalaciones que provengan de las empresas antes señaladas, con el objeto de garantizar la medida preventiva solicitada.

Al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, en el Edificio Ministerio de Producción y Comercio (...), para que no otorguen los permisos para la movilización de ninguna máquina, útiles e instalaciones que tengan que ver con el procesamiento de lomos de atún de las empresas querelladas”.

           

7.- El 15 de julio de 2002, el abogado Gerardo Ramírez Campos, en su carácter de liquidador de Atunera de Oriente S.A. ATORSA; el ciudadano David Alfredo Urzúa, en su carácter de apoderado de CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A.; y el ciudadano Camilo Vaca, en su carácter de Gerente General de HALLANDALE S.A., los dos últimos asistidos por el abogado Gerardo Ramírez Campos, interpusieron acción de amparo constitucional contra las decisiones dictadas el 3 y 11 de junio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, relativas a las medidas preventivas decretadas, en el procedimiento de amparo constitucional incoado por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, C.A.

 

            8.-  Por decisión dictada el 15 de julio de 2002, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia nacional en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, declaró su competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta y admitió la acción de amparo.  Asimismo expresó, que “no existe duda de la naturaleza agropecuaria de las recurrentes y al dictarse las medidas preventivas con el alcance y efectos que consta en las decisiones de fechas 3 y 11 de julio de 2002, la supuesta agraviante ha violado el artículo 305 constitucional, con respecto a la naturaleza agropecuaria de las recurrentes, lo que condujo a su vez a la violación de la tutela judicial efectiva..” y, seguidamente, resaltó que “las mencionadas decisiones fueron dictadas por un Tribunal cuyo ámbito de actuación territorial está circunscrito al Estado Sucre y, por otra parte se observa que las recurrentes tienen establecido su domicilio en Guanta, Estado Anzoátegui y en donde se encuentra ubicado el establecimiento fabril.”, por estos argumentos consideró, el Juzgado Superior, que las recurrentes no fueron juzgadas por sus jueces naturales, es decir, en la jurisdicción del Estado Anzoátegui, y declaró la incompetencia territorial del referido Juzgado de Primera Instancia para admitir, sustanciar y decidir las medidas decretadas y reevaluadas por decisiones del 3 y 11 de julio de 2002.

 

            Por otra parte, en dicha decisión el Juzgado Superior declaró la nulidad de las medidas preventivas decretadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que “obliga al Juez Agrario, a dictar medidas dirigidas a asegurar la no interrupción de la producción”.

 

            Por último, el Tribunal Superior se pronunció sobre la acumulación solicitada, la cual acordó, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y ordenó al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la inmediata remisión de todas las actuaciones del expediente, así como de aquellas que tuvieran conexión con la acción de amparo interpuesta por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA).

 

            9.-  Por decisión dictada el 23 de julio de 2002, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A.; y declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLNDALE y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A. en contra las medidas preventivas dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR ATUNERA DE ORIENTE S.A ATORSA, CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A. y HALLANDALE S.A.

 

            Fundamentaron las accionantes la acción de amparo interpuesta contra las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral, en el procedimiento de amparo incoado por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. (ATORSA), HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, C.A., en los siguientes aspectos:

 

            1.-  Que, es manifiesta la incompetencia territorial del Juzgado Tercero de Primera Instancia para conocer de la acción de amparo interpuesta, en virtud de que el domicilio de las sociedades accionadas (aquí recurrentes), es la ciudad de Guanta, Estado Anzoátegui, con lo cual, el referido Juzgado lesionó los derechos constitucionales previstos en los artículos 20, 21 y 49 numerales 1, 3, 4 y 8 de la Constitución. Señalaron además, que la acción la interpusieron ante el Juzgado Superior Agrario, en virtud de la naturaleza agraria de la acción incoada por NAVIERA INDUSTRIAL S.A.

 

            2.- Que, las medidas preventivas dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia les han causado cuantiosos daños, como consecuencia de que acogió las argumentaciones de la querellante NAVIERA INDUSTRIAL S.A., que en definitiva no son otras que “un cobro de bolívares bajo el ropaje de una acción de amparo constitucional”.

 

            3.-  Que, se violó igualmente, el artículo 305 de la Constitución, al negárseles el carácter de sociedades agropecuarias dedicadas a la actividad pesquera y productoras de alimentos de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. Por lo que consideraron que esto, trajo como consecuencia la violación a la tutela judicial efectiva, al dictar las insólitas medidas preventivas en una acción de cobro de bolívares bajo el disfraz de amparo constitucional.

 

            4.-  Finalmente, solicitaron, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acumulación de dicha causa, con el amparo interpuesto por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, para que ambas causas fueran resueltas en una única sentencia.

 

III

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA)

 

 

            El ciudadano Cruz Ramón Piña, en su carácter de Director de la accionante, asistido por los abogados María de Fátima Rodríguez y Rafael Ortiz Ortiz, fundamentaron la acción de amparo interpuesta contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A., en los siguientes aspectos:

 

            1.-  Que, su representada sostuvo relaciones comerciales y prestó servicios a Atunera de Oriente S.A. ATORSA desde 1988 hasta 1996 y que, para la fecha de la interposición de la acción de amparo, la mencionada empresa le debía a NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), la cantidad de tres millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3.691.490,01), equivalentes a la cantidad de cuatro mil setecientos ochenta y nueve millones novecientos treinta y siete mil bolívares (Bs. 4.789.937.000,00), según consta de auditoría externa y comprobantes contables.

 

            2.-  Que, a finales de los años noventa, las citadas relaciones se enturbiaron y agravaron y que, el 7 de noviembre de 2000, los apoderados judiciales de INVERSIONES AGAPITO S.A., accionista minoritaria de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, denunciaron incumplimiento e irregularidades en la administración de esta última empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 291 del Código de Comercio, y que en el curso del proceso, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se declaró, por decisión del 13 de noviembre de 2000, procedente el nombramiento de un administrador ad hoc, que autorizó la celebración de asambleas, entre las cuales se celebró la asamblea que decidió la liquidación de la empresa.  Asimismo, señaló que en virtud de la interposición de una acción de amparo constitucional, ante el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, contra dicha decisión, que en segunda instancia fue declarada con lugar por esta Sala, por sentencia proferida el 15 de mayo de 2002, en la que se anuló la decisión del 13 de noviembre de 2000, produciéndose el decaimiento de todos los actos celebrados como consecuencia de dicho fallo.

 

            3.-  Que, entre los actos cuya ineficacia fue declarada por esta Sala, en sentencia del 15 de mayo de 2002, se encuentra la decisión de disolución de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, y los actos tendientes a su liquidación, como lo fue la venta de inmuebles y activos de la empresa por la cantidad de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (U$ 750.000,00) a HALLANDALE S.A. y a CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A., para explotar el negocio de procesamiento de lomos de atún.  Como consecuencia de ello, alegó que ha tenido conocimiento de manera inminente, que estas últimas empresas están preparándose para desmantelar las maquinarias destinadas al procesamiento de lomos de atún.

 

            4.-  Que, invocando sus derechos constitucionales a la libre empresa y al libre desenvolvimiento de la personalidad jurídica, interpuso la presente acción de amparo constitucional, a los fines de detener la amenaza de que se concrete el desmantelamiento de Atunera de Oriente S.A. (ATORSA).  Agregó además, que con esta situación se vería menoscabado el derecho de propiedad de su representada, garantizados por la Constitución.

 

            5.-  Finalmente, solicitó que se ordene a Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A. el mantenimiento de la situación actual y que “se abstengan de realizar acto alguno de disposición de todos y cada uno de sus bienes situados en Venezuela, a fin de garantizar, a la luz de la sentencia referida del 15 de mayo de 2002, se hagan efectivos nuestros derechos”; y que en tal sentido se prohíba a las empresas accionadas que desmantelen o desmonten los equipos, maquinarias y herramientas que se encuentran en la sede de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, destinadas al procesamiento de lomos de atún; la prohibición para dichas empresas, de extraer materia prima sin procesar o productos terminados de la sede de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, con el fin de no descapitalizar a dicha sociedad mercantil; y a mantener la estructura de la planta de procesamiento de lomos de atún en las mismas actuales condiciones en que se encuentra.  Asimismo, solicitó que se decretara medida cautelar, a los fines de lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

 

IV

DE LA DECISIÓN APELADA

 

            El Tribunal a quo declaró, en primer lugar, inadmisible la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Cruz Ramón Piña, en su carácter de director de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A., por considerar:

 

            1.-  Como punto previo, declaró sin lugar la impugnación sobre el carácter de apoderados judiciales de Atunera de Oriente S.A. ATORSA y HALLANDALE S.A., realizada por el abogado Rafael Ortiz Ortiz, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante.

 

            2.- Que, del petitorio contenido en la acción de amparo interpuesta se desprende que el mismo es contrario “a la naturaleza restablecedora antes señalada, ya que lo pretendido por la accionante, NAVISA, lejos de consistir en la restitución de una situación jurídica infringida, implica la creación de una situación jurídica (condena) lo que absolutamente debe encontrar el mayor rechazo por este Tribunal”.

 

            3.-  Que, según lo expuesto en el escrito de solicitud de amparo constitucional “nos encontramos ante: Una supuesta deuda que se generó entre 1988 hasta el 28 de mayo de 1996, lo que generaría la legitimación activa de NAVISA.  Asimismo expresó el a quo que, “ATORSA fue constituida por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 27 de marzo de 1989.  De manera que en 1988, Naviera Industrial, S.A., Navisa no existía y por lo tanto era imposible que mantuviera relaciones comerciales haya prestado servicios a Atunera de Oriente S.A., ATORSA”.

 

            4.-  Que, la accionante expuso como nexo causal, al interponer la acción de amparo, “la amenaza de lesión inminente a derechos y garantías constitucionales de la libertad económica, del libre desenvolvimiento de la personalidad jurídica y del derecho de propiedad, una relación que no se inicio (sic) cuando señala el representante de la empresa y que finalizo (sic) en 1996, habiendo transcurrido más de los seis meses requeridos según el artículo 6 numeral 4º (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para recurrir en Amparo Constitucional”.

 

            5.-  Que, de la exposición de las partes observó la inquietud por ambas partes en lo relativo a la seguridad agro-alimentaria en Venezuela y la estabilidad laboral de los trabajadores de la planta de atún en Guanta, y que, en virtud de ello, “se avoca (sic) al conocimiento de esta circunstancia... de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, y señaló que del interrogatorio realizado a los abogados actuantes verificó la existencia de un buque de nombre Montesol, en la aduana de Guanta, que “podría estar siendo cargado con equipos propiedad de Atunera de Oriente S.A., lo cual si bien es cierto no es revisable como producto del Amparo Constitucional solicitado por NAVISA, podría ir en detrimento directo o indirecto de la estabilidad de los trabajadores y de la seguridad agroalimentaria”.

 

En consecuencia, en la parte dispositiva del fallo, el a quo de conformidad con el artículo 211 de La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, decretó las siguientes medidas “se prohíbe el desmantelamiento de la Empresa procesadora de lomo de atún ubicada en Guanta Estado Sucre (sic), y sobre la cual tienen intereses y acciones CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, Atunera de Oriente S.A. ATORSA y ALLANADLE (sic) S.A., salvo que se trate de reposición, reparación o modernización, debidamente comprobadas de dicha planta; medida ésta que abarca inspección por parte del Resguardo Nacional al buque Montesol para verificar si en él existen maquinarias o equipos de la planta anteriormente citada, y las cuales deben cumplir con las disposiciones aquí expuestas, es decir, reposición, reparación o modernización debidamente comprobadas”.

 

            En cuanto a la acción de amparo interpuesta por Atunera de Oriente S.A. ATORSA, CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A. y HALLANDALE S.A., contra las decisiones dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, del 3 y del 11 de julio de 2002, el Juzgado a quo la declaró con lugar, por considerar:

 

            1.-  Que, el Juez de Primera Instancia debió remitir al Juez de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, atendiendo al domicilio de la parte accionada, violándose el principio de la tutela judicial efectiva.

 

            2.-  Que, las medidas preventivas dictadas por el Juez de Primera Instancia “violan el deber de velar por la seguridad agro-alimentaria y el debido proceso, toda vez que: 1.- la prohibición de desmantelar o desmontar equipos de la planta Atunera de Oriente S.A., debió haber estado acompañada de la excepción a reposición, mejoramiento o modernización de maquinarias. 2.- la prohibición de traer materia prima sin procesar o productos terminados atenta contra el giro ordinario de la empresa, y; 3.- la obligación de mantener la planta de procesamientos de lomo de atún en las mismas condiciones en que se encuentran atenta contra a (sic) posibilidad de reposición y reparación de la planta de manera que es obligatorio para este sentenciador determinar que con las medidas dictadas por la Juez de Primera Instancia se atentaba contra la seguridad agro-alimentaria y la seguridad de los trabajadores”.

 

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

 

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

 

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1º febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).

 

            En consecuencia, siendo que la sentencia apelada fue dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, esta Sala es competente para conocer de la apelación ejercida, y así se declara.

 

            Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, estima que:

 

            Como punto previo debe esta Sala pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta por Naviera Industrial S.A. (NAVISA) en contra de Atunera de Oriente S.A. ATORSA, analizada por el a quo, y al respecto observa que:  Por auto del 15 de julio de 2002, el Juzgado Superior Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, al momento de pronunciarse sobre su competencia en relación a la acción de amparo interpuesta en contra de las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, se declaró competente, en virtud de que en el juicio principal (acción de amparo), los sujetos involucrados son sociedades agropecuarias, y siendo dicho Juzgado, el Tribunal Superior Agrario, el superior jerárquico competente por la materia y el territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

            Por otra parte, el Juzgado Superior Agrario, determinó, que las decisiones impugnadas fueron dictadas por un Tribunal cuyo ámbito de actuación territorial está circunscrito al Estado Sucre y que, se desprende de autos que los sujetos involucrados tienen su domicilio en el Estado Anzoátegui, así como, la circunstancia de que el establecimiento fabril también se encuentra situado en dicho Estado, motivo por el cual consideró que, el Tribunal llamado a conocer de la acción de amparo era un tribunal situado en el Estado Anzoátegui y declaró la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia para la tramitación del amparo y el consiguiente decreto de medidas cautelares.

 

            Asimismo, el Juzgado Superior, al decidir sobre la acumulación de las causas, solicitada por la parte accionante del amparo interpuesto en contra de las medidas cautelares decretadas, en el juicio de amparo, por el Juzgado de Primera Instancia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de que “las decisiones adoptadas por la agraviante en contra de las recurrentes, han sido dictadas en perjuicio de derechos y garantías constitucionales, ordenó: la acumulación de las causas y que se remitiera el expediente principal que cursaba ante el Juzgado de Primera Instancia, a los fines de decidir ambas causas.

 

            Al respecto, la Sala considera necesario en primer lugar aclarar la situación sobre la competencia en materia de amparo y a cuál tribunal corresponde efectivamente la misma, en el presente caso.

 

            El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su encabezamiento y en su primer aparte, establece lo siguiente:

 

“Artículo 7.  Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaron la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia”.

 

            Por su parte, en la sentencia dictada por esta Sala el 30 de octubre de 2003 (caso: Pedro Larez y otros contra el Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes), se señaló, con relación a la norma anteriormente transcrita, lo siguiente:

 

“El contenido de la norma recién transcrita, permite colegir que ella contiene tres parámetros atributivos de competencia en amparo en razón de (i) el grado de la jurisdicción (Tribunal de Primera Instancia en mayúsculas), (ii) la materia (afín con la naturaleza del derecho o la garantía constitucional violados o amenazados, el cual será analizado infra), y (iii) el territorio (el lugar donde hubiere ocurrido el hecho, acto u omisión inconstitucional), cuya conjunción permitiría determinar -en principio- el concreto órgano jurisdiccional competente para sustanciar el amparo invocado. Igualmente, la disposición escrutada otorga prelación al criterio material antes señalado, en el caso de que pudieran plantearse dudas al respecto (ver subrayado de la Sala).

 

Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, se observa que, con respecto al ámbito espacial en el cual se generó la presunta lesión, el mismo no ha sido controvertido, resultando claro que el mismo viene dado por la ciudad de Mérida, en la cual tiene su asiento el ente accionado y donde se habrían supuestamente materializado las actuaciones denunciadas como lesivas en el caso sub iúdice.

 

En lo que toca al criterio material antes comentado, es preciso acotar que, para  dilucidar la afinidad de la naturaleza del derecho violado o amenazado de violación, debe revisarse la particular esfera en la cual la misma se generó o pudiera producirse; revisar, pues, la situación jurídica que ostenta el presunto agraviado frente al agente lesivo, entendiendo por situación jurídica el «[...] estado fáctico que surge del derecho subjetivo, [y] que se verá desmejorado por la transgresión constitucional de los derechos y garantías de quien en él se encuentra [...]» (sentencia N° 1555/2000 de esta Sala, caso: Yoslena Chanchamire).

 

Así las cosas y, a modo de ejemplo, si tal relación tuviere naturaleza delictual, serán competentes los órganos de la jurisdicción penal; si lo es de derecho común, corresponderá a los tribunales civiles la resolución del conflicto. Si el vínculo, en cambio, fuese dado con ocasión de la relación existente entre un administrado y la respectiva Administración, corresponderá su sustanciación a la jurisdicción contencioso-administrativa; etcétera”.

 

            Observa la Sala, que en el presente caso, en la acción de amparo interpuesta por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A., el origen de la acción proviene de una supuesta relación comercial entre la accionante y la accionada por actividades comerciales entre ellas celebradas, por la supuesta deuda que tiene Atunera de Oriente S.A. ATORSA con la accionante, y el fundamento esgrimido es que, al encontrarse la deudora en un proceso de liquidación, cuya decisión por parte de los accionistas de la empresa, quedó en entredicho en virtud de la sentencia dictada por esta Sala Nº 923 del 15 de mayo de 2002, existe el temor fundado de que ésta, conjuntamente con CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA S.A. y HALLANDALE S.A., estén preparando “el posible desmantelamiento de las maquinarias destinadas al procesamiento de lomos de atún, así como el embarcamiento de productos procesados y materia prima hacia el exterior con lo que se pretende la total desaparición de la parte de los legítimos activos importantes de la empresa Atunera de Oriente, ATORSA S.A. en desmedro de los intereses de mi representada”, lo que significa, que la accionante en amparo podría ver burlados sus intereses sobre los activos de Atunera de Oriente S.A. ATORSA.

 

            Cabe destacar, que a pesar de que la naturaleza de la acción de amparo interpuesta es de índole comercial, se encuentra en juego el hecho de que las accionadas, según consta de los documentos constitutivos estatutarios anexados al expediente, tienen como objeto la actividad pesquera y como domicilio establecieron el Estado Anzoátegui, por lo que al tratarse de empresas que forman parte de la seguridad agroalimentaria, por dedicarse a la explotación y comercialización del atún, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 7, antes referido, los juzgados de primera instancia agraria conocerán de dichos amparos y, además, el lugar donde se temía que ocurrieran las transgresiones constitucionales era la ciudad de Guanta, Estado Anzoátegui, por lo que tal como lo precisó el a quo, el competente para tramitar la acción de amparo referida era el Juzgado de Primera Instancia con competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y, en consecuencia, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, resultaba incompetente para conocer de la misma, y así se declara.

 

            Ahora bien, con respecto a la acción de amparo interpuesta en contra de las decisiones tomadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en el procedimiento de amparo, ante él interpuesto, resultaba competente el Juzgado Superior Agrario de la circunscripción judicial, que en definitiva es el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.

 

            Una vez realizado el anterior señalamiento, observa esta Sala, que el Juzgado Superior Agrario ordenó la acumulación de causas solicitada por los accionantes del amparo contra las medidas cautelares decretadas, con fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

 

            Al respecto se debe precisar, que en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente al amparo por disposición del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se establece que existe conexión entre varias causas:

 

“1.- Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente.

2.- Cuando haya identidad de personas y títulos, aunque el objeto sea distinto.

3.- Cuando haya identidad de título y objeto, aunque las personas sean diferentes.

4.- Cuando las demandas provengan del mismo título, aunque sean diferentes las personas y el objeto”.

 

            En ese sentido, observa esta Sala, que las acciones a las que se hace referencia, en el presente caso, una está dirigida en contra de tres empresas, con fundamento en el temor de que las mismas con sus actuaciones produzcan un daño en el patrimonio de la accionante y se denunció la vulneración al derecho a la personalidad jurídica, a la libre empresa y a la propiedad.  La segunda acción de amparo, se originó por las supuestas violaciones en que incurrió el Juzgado de Primera Instancia que tramitó la primera acción de amparo, referida, al momento de decretar las medidas cautelares solicitadas por la accionante, decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, en donde se denunció por parte de las accionantes, la violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

 

En consecuencia, las causas no provienen de un mismo título, no existe conexión entre ambas pretensiones y, a pesar de coincidir los sujetos intervinientes en distintas posiciones en ambas acciones de amparo, de conformidad con el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, no procedía la acumulación acordada por el Juzgado Superior Agrario, ya que lo correcto hubiese sido que se pronunciara sobre la materia de su competencia, y una vez resuelto el amparo intentado contra las medidas decretadas, ordenara la remisión del expediente principal, al Juzgado de Primera Instancia, con competencia agraria de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui, competente por la materia y el territorio y no, como erróneamente acordó, acumular las causas y tramitar ambos procedimientos, los cuales decidió en la sentencia aquí recurrida, dictada el 23 de julio de 2002.

 

Es mas, se trataba de dos causas que a pesar de estar en primera instancia, una (la que se ventilaba en principio en el Estado Sucre) le correspondía como alzada un Tribunal Superior; mientras a la otra (la que se instruía en Monagas), como alzada le correspondía esta Sala Constitucional, por lo cual las causas eran inacumulables.

 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala revoca la sentencia apelada, en cuanto a la decisión de fondo del amparo interpuesto por el ciudadano Cruz Ramón Piña en su carácter de Director de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA)contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A., y repone la causa al estado de que un Juzgado de Primera Instancia con competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, competente para conocer y decidir en primera instancia la acción de amparo interpuesta, fije oportunidad, previa notificación de las partes, para la celebración de la audiencia constitucional.  Así se decide.

 

Con relación a la acción de amparo conocida por el identificado Juzgado Superior Agrario observa esta Sala, que se interpuso en el curso de una acción de amparo, un amparo constitucional contra las medidas preventivas decretadas. Tal como lo ha sostenido esta Sala, en diversas decisiones (entre ellas sentencia del 12 de diciembre de 2002. Caso: Distribuidora Samtronic de Venezuela C.A.), en el proceso de amparo no se admiten incidencias que den lugar a decisiones interlocutorias susceptibles de apelación autónoma, salvo que produzcan indefensión, o que dicha lesión no pueda ser reparada por la sentencia definitiva proferida por el juez de alzada.

 

En el presente caso, a pesar de que el amparo interpuesto contra las decisiones que decretaron las medidas cautelares resulta inadmisible por la doctrina sentada por esta Sala, antes referida, observa esta Sala que el juez presuntamente agraviante, decretó las medidas solicitadas destinadas a prohibir el desmantelamiento de los equipos, maquinarias y herramientas que se encuentren en la sede de la planta Atunera de Oriente S.A. ATORSA, destinadas al procesamiento de lomos de atún; así como decretó la prohibición de extraer materia prima sin procesar o productos terminados de dicha sede con el fin de no descapitalizar a la referida empresa, y las medidas complementarias para que se hiciera efectiva la medida decretada.  No puede dejar de observar la Sala, que estamos ante una medida que constituye una injerencia en el derecho de propiedad de la sociedad de comercio, y la lesión causada por las mismas no hubiera podido ser reparada por la sentencia definitiva, motivo por el cual esta Sala por orden público constitucional, entra a analizar las medidas preventivas decretadas.

 

Observa la Sala, además, que con la referida medida cautelar se adelantó pronunciamiento sobre la decisión final, ya que estaba constituyendo a favor de la accionante una situación jurídica que no existía con anterioridad, desvirtuando el carácter restablecedor de la acción de amparo. El juez que las dictó, con este proceder, limitó el ejercicio de la libre empresa y causó un menoscabo al desarrollo de la personalidad jurídica, por lo que en forma clara el juez que decretó la medida actuó fuera de su competencia con abuso de poder y extralimitación de atribuciones.

Con lo expuesto, esta Sala considera que la presente acción de amparo constitucional interpuesta por Atunera de Oriente S.A. ATORSA, CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A. y HALLANDALE S.A contra las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre es inadmisible, y así se declara. Ahora bien, en virtud de las consideraciones precedentemente expresadas, esta Sala por orden público constitucional anula las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, antes referidas, y así se decide.

 

Por otra parte, el a quo atendiendo al orden público, a los fines de salvaguardar la seguridad agro-alimentaria de la Nación, así como la estabilidad laboral de los trabajadores de la planta procesadora de atún, decretó la siguiente medida:  “se prohíbe el desmantelamiento de la Empresa procesadora de lomo de atún ubicada en Guanta Estado Sucre (sic), y sobre la cual tengan intereses y acciones CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA, Atunera de Oriente S.A. ATORSA, y ALLANADLE S.A. (sic), salvo que se trate de reposición, reparación o modernización, debidamente comprobadas de dicha planta, medida ésta que abarca inspección por parte del Resguardo Nacional al buque Monte Sol para verificar si en él existen maquinarias o equipos de la planta anteriormente citada y las cuales deben cumplir con las disposiciones aquí expuestas, es decir, reposición, reparación o modernización debidamente comprobadas”.

 

En el caso bajo análisis, el fin perseguido con la medida decretada por el Juez Superior Agrario, en la sentencia objeto de apelación que es la protección de la seguridad agroalimentaria del sector de la producción atunera y a los trabajadores que en ella laboran, quedó satisfecho con la decisión dictada en el presente fallo que anuló las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, donde se decretaron las medidas cautelares anteriormente analizadas, motivo por el cual sobre este particular, queda igualmente revocada la decisión dictada por el a quo, objeto de la presente apelación, por lo que la medida dictada por el Juez Superior Agrario queda, igualmente anulada, y así se decide.

 

            En virtud de las consideraciones expuestas, esta Sala declara con lugar la apelación interpuesta por la abogada María de Fátima Rodríguez, en su carácter de apoderada judicial de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), revoca la sentencia apelada, dictada el 23 de julio de 2002 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, por lo que: Declara improcedente la acumulación de las causas realizada por el a quo. En consecuencia, en cuanto a la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Cruz Ramón Piña en su carácter de Director de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A., repone la causa al estado de que un Juzgado de Primera Instancia con competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, competente para conocer y decidir en primera instancia la acción de amparo interpuesta, fije oportunidad, previa notificación de las partes, para la celebración de la audiencia constitucional, e igualmente, queda anulada la medida preventiva decretada por el a quo, el 23 de julio de 2002, en la sentencia objeto de apelación.  En segundo término, se declara inadmisible la acción de amparo interpuesta contra las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral, en el procedimiento de amparo incoado por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra Atunera de Oriente S.A. (ATORSA), HALLANADLE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A., y por orden público constitucional, se anulan dichas decisiones, y así se decide.

VI

DECISIÓN

 

            Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara CON LUGAR la apelación ejercida por la abogada María de Fátima Rodríguez, en su carácter de apoderada judicial de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA), contra el fallo del 23 de julio de 2003 del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental. Se revoca el fallo apelado en los términos expuestos y, en consecuencia:

 

            PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE la acumulación de las causas, ordenada por el a quo.

 

SEGUNDO: Se REPONE la causa al estado de que un Juzgado de Primera Instancia con competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, competente para conocer y decidir en primera instancia la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Cruz Ramón Piña en su carácter de Director de NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra ATUNERA DE ORIENTE S.A. ATORSA, HALLANDALE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A., fije oportunidad, previa notificación de las partes, para la celebración de la audiencia constitucional.

 

            TERCERO: Se ANULA la medida preventiva dictada de conformidad con lo previsto en el artículo 211 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 23 de julio de 2002, en la sentencia objeto de la presente apelación.

            CUARTO: Se declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta la acción de amparo interpuesta contra las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral, en el procedimiento de amparo incoado por NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra ATUNERA DE ORIENTE S.A. (ATORSA), HALLANADLE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A.

 

QUINTO: Por orden público constitucional, se ANULAN las decisiones dictadas el 3 y 11 de julio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en la acción de amparo interpuesta NAVIERA INDUSTRIAL S.A. (NAVISA) contra ATUNERA DE ORIENTE S.A. (ATORSA), HALLANADLE S.A. y CALVO CONSERVAS DE VENEZUELA C.A.

 

            Publíquese y regístrese.  Devuélvase el expediente al a quo.  Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

Francisco Carrasquero López

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 02-2396

JECR/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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