Sentencia N.º 2827
- Sentencia
- N.º 2827
- Fecha
- 19/11/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-1094
- Ponente
- Iván Rincón Urdaneta
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
El 28 de mayo de 2001, los abogados Héctor Cardoze Rangel, Jesús Enrique Escudero y Gustavo Marín García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 38.672, 65.548 y 70.406, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la institución financiera NORVAL BANK, BANCO UNIVERSAL C.A., (antes denominado NOROCO, C.A.) inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 9 de diciembre de 1992, bajo el Nº 37, Tomo 106-A Pro., ejercieron ante esta Sala Constitucional recurso de revisión de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 4 de abril de 2001 que declaró consumada la perención y, por tanto, extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de anulación conjuntamente con acción de amparo constitucional en contra de la Resolución Nº HGIF-73 del 26 de diciembre de 1996, dictada por la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Finanzas), mediante la cual impuso sanción administrativa a su representada por la cantidad de nueve millones de bolívares (Bs. 9.000.000,00), por haber supuestamente infringido la normativa cambiaria vigente durante el período de control de cambio.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta y se designó Ponente al Magistrado Pedro Luis Bracho Grand.
El 31 de julio de 2001, se reasignó la ponencia al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 26 de diciembre de 1996, los apoderados judiciales de Noroco C.A., ejercieron ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia recurso contencioso administrativo de anulación conjuntamente con acción de amparo constitucional en contra de la Resolución Nº HGIF-73 del 26 de diciembre de 1996, dictada por la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Finanzas), mediante la cual impuso sanción administrativa a su representada por la cantidad de nueve millones de bolívares (Bs. 9.000.000,00), por haber supuestamente infringido la normativa cambiaria vigente durante el período de control de cambio y, más concretamente el Régimen Especial para la Administración de las Divisas correspondientes a las importaciones de bienes por montos inferiores o iguales a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000), el cual se encontraba establecido en la Resolución 78, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.671 del 14 de marzo de 1995.
El 12 de febrero de 1997 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, a los fines de decidir la acción de amparo.
Mediante sentencia del 3 de julio de 1997 se admitió la acción de amparo interpuesta conjuntamente con recurso de nulidad .
El 11 de julio de 1997, la ciudadana Marta Isabel Gomis Amendola, actuando en su carácter de Directora General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, presentó escrito contentivo del informe solicitado.
El 21 de julio de 1997 se realizó la audiencia pública constitucional, a la cual comparecieron las partes, quienes presentaron en forma oral sus argumentos y consignaron sus conclusiones escritas.
Mediante sentencia N° 485 del 22 de julio de 1998, la Sala Político Administrativa declaró sin lugar el amparo cautelar solicitado por la recurrente y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de tramitar la admisibilidad del recurso de nulidad.
Por auto del 13 de agosto de 1998, el Juzgado de Sustanciación de dicha Sala ordenó remitir las actuaciones a la Sala, por cuanto observó que existía una solicitud de desaplicación de una norma, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, cuyo pronunciamiento condicionaba el de admisibilidad del recurso de nulidad interpuesto.
El 7 de octubre de 1998 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Alfredo Ducharne Alonzo, a los fines de decidir lo conducente.
El 14 de enero de 1999, los apoderados judiciales de la recurrente solicitaron que previo al pronunciamiento de fondo, acordare de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la medida cautelar solicitada de suspensión de efectos del acto impugnado.
Por auto del 26 de enero de 1999, se reconstituyó la Sala, se ordenó la continuación del procedimiento en el estado en que se encontraba y se reasignó la ponencia al Magistrado Héctor Paradisi León.
El 23 de febrero de 2000 se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco.
El 27 del diciembre 2000 y se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.
Por decisión del 4 de abril de 2001, la Sala Político Administrativa declaró consumada la perención y en consecuencia, extinguida la instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
El 28 de mayo de 2001, los apoderados judiciales de Norval Bank, Banco Universal C.A., solicitaron la revisión de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de abril de 2001 que declaró la perención, en el recurso de nulidad ejercido contra un acto administrativo de imposición de multa dictado por el Ministerio de Hacienda.
II
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Alegó el demandante que la sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia violó los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento en los siguientes razonamientos:
Que la violación del derecho a la tutela judicial efectiva se produce cuando:
(i) Se ha decretado la perención de la instancia en una fase del proceso en la cual {su} representada no tenía ninguna carga procesal que cumplir, siendo que le correspondía al juez contencioso administrativo pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos requerida de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el deber del juez de pronunciarse y el derecho del ciudadano de obtener un pronunciamiento expedito y efectivo ocurre en cualquier fase del procedimiento, como efectivamente ha sido reconocido por la misma Sala Político Administrativa de ese Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia constitucional comparada.
(ii) Ha desconocido la Sala Político Administrativa las distintas diligencias consignadas por {su} representada en el expediente 13.296 las cuales, de ser ciertos los alegatos contenidos en la decisión cuya revisión se solicita, habría impedido que operara el plazo previsto para decretar la perención de la instancia, ello, reiteramos, en el supuesto negado de que se considere constitucional y legalmente aceptado que el retardo del Juez en el cumplimiento del deber de sentenciar deba operar contra las partes, es decir, se constituya en el presupuesto jurídico de una sanción dentro del procedimiento.....
Respecto a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, sostienen que el fallo recurrido no tomó en cuenta que el 1 de marzo de 2000, los apoderados judiciales de Norval Bank, Banco Universal, presentaron diligencia donde solicitan pronunciamiento respecto a las incidencia surgida con ocasión a la suspensión de efectos del acto administrativo recurrido y a la medida cautelar innominada ejercida subsidiariamente.
Igualmente alegan que el fallo accionado desconoció la diligencia del 12 de julio de 2000, mediante la cual solicitaron pronunciamiento en la incidencia antes referida.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza, y para ello observa:
El artículo 336 numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:
Artículo 336: Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
10.- Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
En efecto, dentro de las potestades atribuidas por la nueva Carta Magna en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.
De tal modo, que se atribuye a esta Sala la competencia para que, a través de un mecanismo extraordinario, pueda revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República, cuya potestad ejerce de forma limitada y restringida, en aras de evitar un arbitrario quebrantamiento de la cosa juzgada.
Asimismo, en sentencia del 6 de febrero de 2001 (Caso Corporación de Turismo de Venezuela, CORPOTURISMO), se destacó la potestad de revisar, entre otras, las sentencias definitivamente firmes emanadas de las demás Salas de este Tribunal, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Sala Político Administrativa a la que se imputa la violación de los derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala se considera competente para conocerla, y así lo declara.
IV
DEL FALLO RECURRIDO
En su decisión del 4 de abril de 2001, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, declaró la perención y en consecuencia, extinguida la instancia en una demanda de nulidad ejercida contra un acto administrativo, donde estaba pendiente de decisión una incidencia surgida con ocasión a la suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada.
Para llegar a tal conclusión, el fallo recurrido señaló:
La perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el tiempo determinado en los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, examinadas las actas del proceso que componen el presente expediente, se constata que la última actuación de procedimiento realizada, fue el 23 de febrero de 2000, fecha en la cual se reasignó la ponencia al Magistrado José Rafael Tinoco.
Ahora bien, aun cuando la causa se encontraba en estado de decidir la incidencia planteada, pues el procedimiento que corresponde no exige la realización de actuaciones especiales luego de nombrado ponente, ello no impedía que las partes hubiesen podido diligenciar solicitando decisión.
Sobre este punto, la Sala se ha pronunciado en diversas decisiones. Así, en sentencia del 03 de mayo de 1984, se indicó que:
el que estuviese pendiente la decisión sobre acumulación solicitada no obsta para la consumación de la perención, puesto que bien podía la recurrente diligenciar en el sentido de instar tal decisión, y no lo hizo, y en fallo del 22 de marzo de 1995, señaló:
No habiendo prueba de la interrupción del lapso de perención, y, habiendo transcurrido más de un año entre la diligencia del 22 de enero de 1992 realizada por la parte actora y la solicitud de perención realizada el 25 de enero de 1994, por la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se declara la perención de la instancia.
Por tanto, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, evitando con ello su eventual paralización durante un lapso mayor de un año, según lo previsto en las normas antes citadas, resulta forzoso para esta Sala declarar de oficio la perención y así expresamente se hace.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Delimitada como ha sido la competencia para conocer de la presente revisión, esta Sala pasa a decidir y, para ello, observa:
Tal como se dejó sentado en la sentencia citada ut supra, del 6 de febrero de 2001 (Caso Corporación Turismo de Venezuela CORPOTURISMO), la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que puede ser ejercida por la Sala de manera discrecional, no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes, esto es, decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.
Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en ese mismo fallo, la Sala está facultada para desestimar la revisión sin motivación alguna, cuando considere que la decisión judicial que ha de revisarse, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios establecidos en el referido Texto Fundamental ni constituye una deliberada violación de sus preceptos.
En el presente caso ha sido alegado como fundamento del recurso de revisión la violación de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al respecto, debe precisarse que el criterio interpretativo asumido por esta Sala con respecto a la institución de la perención de la instancia fue fijado por primera vez en su sentencia N° 956 del 1 de junio de 2001, caso: Frank Valero González, en la cual se expresó que no puede haber perención en estado de sentencia.
Por otra parte, en la sentencia Nº 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos C.A., se dejó claramente establecido que la doctrina jurisprudencial mencionada debía ser cumplida por parte de todos los tribunales de la República, a partir del 1 de junio de 2001.
Igualmente se aclaró en dicho fallo que de acuerdo con el referido criterio la perención de la instancia sí puede ser declarada antes de vistos, aún en los casos en que el proceso se encuentre detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez.
En efecto, en la referida sentencia se expresó lo siguiente:
Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez.
Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye la última actuación de las partes en relación con la controversia, puesto que, cuando estos han sido presentados y el tribunal dice vistos, el juicio entra en etapa de sentencia y ningún otro sujeto procesal distinto del juez, tiene la posibilidad de actuar.
Ahora bien, el acto judicial sometido a revisión de esta Sala es la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de abril de 2001, que declaró la perención de la instancia y en consecuencia extinguido el proceso, encontrándose pendiente una decisión respecto a la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado en el juicio principal y subsidiariamente medida cautelar innominada, es decir, antes que en la referida causa se hubiera dicho vistos.
La referida solicitud fue presentada el 14 de enero de 1999 y con posterioridad a la misma transcurrió un período superior a un año, sin que la parte actora impulsara el procedimiento.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho vistos y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a una decisión respecto a la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado en el juicio principal, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención que, según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de vistos.
Estima la Sala que, en el caso planteado la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político Administrativa mediante la sentencia del 23 de enero de 2001 objeto del presente recurso de revisión.
Debe destacarse, que de acuerdo con lo afirmado por la recurrente, sus actuaciones en la referida causa, posteriores al 14 de enero de 1999, tuvieron lugar los días 1 de marzo de 2000 y 12 de julio de 2000, en los cuales presentaron diligencias solicitando pronunciamiento respecto a la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, lo que revela que ello ocurrió cuando ya se había consumado la perención declarada por la Sala Político Administrativa.
Tomando en cuenta lo anterior y visto que en la sentencia impugnada no se evidencia la violación de normas constitucionales ni el desconocimiento de la jurisprudencia vinculante de esta Sala y su revisión en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación constitucional, esta Sala declara no ha lugar a la solicitud de revisión propuesta. Así se decide
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: NO HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por los abogados Hector Cardoze Rangel, Jesús Enrique Escudero y Gustavo Marín García, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la institución financiera NORVAL BANK, BANCO UNIVERSAL C.A., (antes denominado NOROCO, C.A.), de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 4 de abril de 2001.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 19 días del mes de noviembre de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Antonio José García García
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz.
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 01-1094
IRU
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