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Sentencia N.º 2828

Sentencia N.º 2828

Sentencia
N.º 2828
Fecha
19/11/2002
Sala
Constitucional
Expediente
02-2110
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

Mediante oficio signado bajo el número 206, del 22 de agosto de 2002, la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la apelación ejercida contra la decisión que dictara el 15 de agosto del presente año, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por MAURICIO GARCÍA, titular de la cédula de identidad número 6.967.680, a través de su apoderado judicial, abogado Marcos Salazar Huerta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 5.802, contra la decisión dictada el 24 de diciembre de 2001, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

El 30 de agosto de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

I

ANTECEDENTES

            De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, se desprende lo siguiente:

            El 24 de diciembre de 2001, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, previa solicitud del Fiscal Primero del Ministerio Público del mismo Circuito Judicial, decretó medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano Mauricio García, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y uso indebido de arma de fuego, previsto en los artículos 462 y 282 del Código Penal.

            Posteriormente, la causa fue declinada al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, quien mantuvo la medida de privación preventiva de libertad sobre el mencionado imputado.

            El 25 de enero de 2002, el Fiscal del Ministerio Público presentó ante el tribunal de la causa, formal acusación contra el ciudadano Mauricio García por considerarlo “autor y responsable en la comisión de los delitos de SECUESTRO, previsto y sancionado en el Artículo 462 del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 282 del Código Penal, con las AGRAVANTES previstas en el artículo 77, Ordinales 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 y 14 eiusdem; todos en concordancia con los Artículos 83 y 87 ibídem causa en la que aparece como víctima: LINA JOSEFINA ARIZA AMAYA” (resaltado del escrito).      

            El 3 de junio de 2002, la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, vista la impugnación ejercida por el imputado, ciudadano Mauricio García, contra el auto del 24 de diciembre de 2001 que decretó la medida privativa preventiva de libertad, declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto. 

El 11 de junio de 2002, el apoderado judicial del imputado solicitó ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, “... la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión (Auto) dictada por el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, en fecha 24 de Diciembre del año 2001...” (resaltado del escrito).

            El 8 de agosto de 2002, el imputado Mauricio García interpuso ante la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, acción de amparo constitucional contra “actos del Poder Público nacional, ejecutados por el Fiscal Octavo del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, abogado AMÉRICO RODRIGUEZ ...(omissis) y por la Juez Séptimo de Control de este Circuito Judicial Penal, Abogada MAURELYS VILCHEZ...” (resaltado del escrito).

            El 15 de agosto de 2002, la señalada Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Mauricio García, en virtud de lo establecido en el artículo 6, numeral 1º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            El 21 de agosto de 2002, el apoderado judicial del imputado ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión, razón por la cual se remitió su conocimiento a esta Sala Constitucional.

 

II

FUNAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO

            Adujo el apoderado judicial del accionante, como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, lo siguiente:

            Alegó que, “en fecha 24 de Diciembre del año 2001 el Juzgado de Control número 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara decretó la detención judicial preventiva de mi (su) defendido ...(omissis) cursante actualmente ante el Juzgado Séptimo de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dirigido por la Juez MAURELYS VILCHEZ, y a partir de aquella fecha comenzó a transcurrir fatalmente un lapso procesal de 30 días consecutivos (nunca un mes) para que el Fiscal consignara la acusación contra dicho imputado; pero extrañamente dicho Fiscal violó el lapso previsto en el artículo 250 del C.O.P.P, porque presentó la acusación el día 25 de Enero de 2002, o sea, a los treinta y dos (32) días siguientes a la decisión que privó de su libertad al Capitán MAURICIO GARCIA, ya que es público y notorio en el Universo que en el mes de Diciembre cuenta con 31 días consecutivos” (resaltado del escrito).

            Agregó, que “al violar el lapso de treinta (30) días en referencia, el Fiscal Primero del Ministerio Público del Estado Lara infringió la norma del artículo 49, numeral primero, de la Constitución Nacional, porque quebrantó los Principios Constitucionales del DEBIDO PROCESO Y DE LA INVIOLABILIDAD DEL DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL, pues violó el lapso establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para acusar validamente al imputado” (resaltado del escrito).

            En razón de lo anterior, solicitó se “declare la nulidad absoluta del auto o boleta de detención preventiva, de fecha 24 de Diciembre 2001 (sic) decretada por el Tribunal Sexto de Control del Estado Lara...” y “haga cesar la privación ilegítima de libertad que sufre mi (su) defendido desde el día 25 de Enero del 2002...”.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

La Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en su sentencia del 15 de agosto de 2002, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Mauricio García, por cuanto consideró que “si bien es cierto que según lo explanado por el accionante la acusación fue presentada al día Trigésimo Segundo, luego de haber sido impuesta la Medida de Privación de Libertad al ciudadano ...(omissis), aún cuando esto pueda ser considerado como una violación al debido proceso, y a la garantía constitucional atinentes a la libertad de las personas; no es menos cierto que para la actualidad dicha acusación le fue dada la entrada correspondiente por ante el Juzgado Séptimo de Control de este Circuito Judicial y la misma fue fijada para Audiencia Preliminar, hecho este que hace concluir que actualmente ha cesado la violación de derecho al debido proceso...”.

Para fundamentar tal afirmación, señaló la disposición contenida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

 

 

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

            Expuso el apoderado judicial del accionante, como fundamento del recurso de apelación ejercido, lo siguiente:

            Alegó, que la sentencia apelada expresó, que la acción de amparo constitucional estaba incoada contra el auto de detención preventiva del 24 de diciembre del 2001, lo cual es un “falso supuesto” por cuanto “no fue ejercida únicamente contra el auto ...(omissis), sino específicamente contra los actos de demora procesal ejecutados por el Fiscal del Ministerio Público ...(omissis) que violan el debido proceso en contra de la libertad de mi (su) defendido, por no promover las actuaciones para hacer cesar la detención legal de mi (su) defendido; y contra los actos de demora y omisión procesal de la Juez Maurelis Vilchez, que afectan los derechos constitucionales de la libertad individual y de debido proceso...” (resaltado del escrito).

            Estimó que, “la Sala Penal cuya decisión apeló (a) ...(omissis)  sostiene que la causa principal seguida contra mi (su) defendido ...(omissis) se encuentra ya en la fase intermedia...”, lo cual se desvirtúa por cuanto nada han hecho “para hacer cesar la detención ilegal de dicho imputado, quien ha sido víctima de un privación ilegítima de libertad desde el día 25 de Enero de 2002”. 

            Finalmente solicitó, “la nulidad absoluta  del auto o boleta de detención preventiva, de fecha 24 de diciembre 2001 (sic) decretada por el Tribunal Sexto de Control del Estado Lara, por haber sido ordenada en forma infundada, con violación de los artículos 173 y 24 del C.O.P.P., ordenando la libertad individual de MAURICIO GARCÍA, por violación al debido proceso” y, que “en caso de no decretar la nulidad de dicha boleta de detención ...(omissis) se haga cesar la detención inconstitucional e ilegal que sufre mi (su) defendido desde el día 25 de Enero 2002 (sic), por haber sido acusado extemporáneamente a los 32 días posteriores a su detención judicial violando la norma del artículo 250 del C.O.P.P. ...” (resaltado del escrito).

 

IV

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto observa:

Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, caso Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer -mediante apelación o consulta- de todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación de la sentencia emanada de la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que conoció de una acción de amparo constitucional incoada contra la decisión de un Juzgado inferior en un juicio de naturaleza penal, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la interposición del recurso de apelación a que se refiere el presente expediente, y a tal efecto se observa lo siguiente:

La acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado para restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías.

El hecho presuntamente generador de la lesión constitucional de los derechos del accionante está enmarcado, conforme al escrito libelar, en la presunta violación de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la libertad del imputado, motivado por el auto del 24 de diciembre de 2001, dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano Mauricio García, y por la demora procesal por parte de la representación del Fiscal del Ministerio Público en presentar el escrito de acusación, lo cual vulnera el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, la Sala, del estudio minucioso y exhaustivo de la causa, constató que el Fiscal del Ministerio Público presentó formal acusación contra el ciudadano Mauricio García el 25 de enero de 2002, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y uso indebido de arma de fuego, previsto en los artículos 462 y 282 del Código Penal.

Siendo ello así, esta Sala estima que la presunta violación o amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales del imputado, cesó, tal y como lo afirmó efectivamente el a quo, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

“No se admitirá la acción de amparo:

1º) Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional que hubiesen podido causarla”.

En consecuencia, esta Sala Constitucional confirma la decisión apelada, del 15 de agosto de 2002, dictada por la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el defensor del imputado Mauricio García. Así se declara.

 

DECISION

Por los razonamientos antes señalados, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada por la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano MAURICIO GARCÍA, contra el auto del 24 de diciembre de 2001, dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y en consecuencia confirma la sentencia apelada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de noviembre de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

                                                                      El Vicepresidente,

 

                                                         Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Antonio José García García

 

           Magistrado

 

                                                              José Manuel Delgado Ocando

 

                                                                             Magistrado

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

           Magistrado

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.02-2110

IRU

 

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