Sentencia N.º 283
- Sentencia
- N.º 283
- Fecha
- 29/04/2003
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 02-596
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Recurso de Hecho
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
SALA ESPECIAL AGRARIA
Caracas, veintinueve (29) de abril de 2003. Años: 193° y 144°.
En el juicio de Nulidad de Titulo Supletorio intentado por la ciudadana BERTA MENESES, representada judicialmente por los abogados Jaddert Nessy, Hermes Allen, Alcides Landaeta e Ivan Ibarra, contra el ciudadano RAFAEL ENRIQUE MENESES NESSIDE, representado judicialmente por los abogados Edanir Vecchionacce y Belmar Jesús Evariste; el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, con sede en Maturín, dictó sentencia en fecha 23 de julio de 2002, mediante la cual declara; Primero: Nula de nulidad absoluta la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, objeto de la presente apelación (...); Segundo: Se revoca la medida dictada por el Juez A quo, en consecuencia se ordena librar los oficios respectivos al ciudadano Registrador Subalterno del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas, (...); Tercero: Se declara inadmisible la demanda de nulidad de Titulo Supletorio, por ser contraria a derecho, (...). Se condena en costas a la parte actora por resultar totalmente vencida, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la decisión de la Alzada, el abogado Hermes Allen, representante de la parte demandante, anunció recurso de casación, mediante diligencia de fecha 07 de octubre de 2002, siendo ratificado dicho recurso por el abogado Alcides Landaeta mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2002, el cual fue declarado inadmisible mediante auto de fecha 15 de octubre de 2002.
Ante la presente negativa del Juzgado Superior, el abogado Efraín Castro Beja, propuso recurso de hecho, presentado en fecha 21 de octubre de 2002.
En fecha 14 de noviembre de 2002, se dio cuenta en Sala y en virtud de la creación de la Sala Especial Agraria que por mandato expreso del artículo 166 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se asignó el conocimiento de la presente causa al Conjuez designado como Ponente Permanente de la creada Sala Especial, de conformidad con el artículo 200 ejusdem. Quedando constituida esta de la siguiente manera: Presidente Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, Vicepresidente Magistrado Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO, y como Ponente el Conjuez Dr. FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ.
Así, recibido el expediente en la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Conjuez Ponente Permanente Francisco Carrasquero López, pasa a decidir el presente recurso de hecho y lo hace en los siguientes términos:
Ú N I C O
Del contenido de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, con sede en Maturín, de fecha 15 de octubre de 2002, por medio de la cual se negó el recurso de casación anunciado por la parte demandante, el Juez del referido Tribunal manifestó lo que de seguida se transcribe:
La admisibilidad del recurso de casación requiere constatar los siguientes extremos: a) Su oportunidad tempestiva, es decir, que se efectúe dentro del término preclusivo previsto al efecto, b) Que la cuantía del proceso esté comprendida dentro de las determinaciones correspondientes, y c) Que verse sobre una sentencia susceptible de tal recurso extraordinario.
En el caso que nos ocupa, se dio únicamente el extremo c, al tratarse de una sentencia definitiva. En lo atinente al extremo que se señala en la letra a, se puede observar que el lapso para ejercer el Recurso de Casación, comenzó el 30 de Septiembre de 2002, venciéndose el 04 de octubre de 2002, por lo que el anuncio del recurso de casación ejercido en fecha 07 de octubre de 2002, es extemporáneo, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Decreto Con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establece que el lapso para anunciar dicho recurso es de cinco (05) días, contados a partir de la publicación de la sentencia.
Con relación al extremo que se señala en la letra b, se puede apreciar que la cuantía en el caso concreto es de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (...).
A los fines del recurso de Casación, fue modificada la cuantía en los juicios agrarios, al establecer el artículo 248 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente: El recurso de casación puede proponerse (...), siempre y cuando la cuantía de la demanda sea igual o superior a cinco millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,00).
Como consecuencia de lo antes expuesto y revisando el lapso para ejercer recurso y la cuantía del caso que nos ocupa, es por lo que este Tribunal (...), declara inadmisible el recurso de casación, interpuesto por el abogado Hermes Allen, (...), por cuanto el lapso para ejercer recursos de casación y la cuantía no están comprendidas dentro de las determinaciones que lo hagan admisible. Sic.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el Capitulo XIX establece el Régimen Procesal Transitorio el cual reza:
Articulo 268: Este régimen se aplicará a las causas que estén en curso al momento de la entrada en vigencia el presente Decreto Ley, sin perjuicio que los actos y hechos ya cumplidos, así como los efectos aun no verificados de los mismos se seguirán rigiendo por lo establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios.
Los recursos interpuestos, la evacuación de las pruebas ya admitidas y los términos o lapsos que hubieren comenzado a correr, se regirán por lo pautado en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios.
Artículo 271: Si se hubiere anunciado recurso de casación, el mismo se tramitará conforme el procedimiento establecido en el presente Decreto Ley.
Del Régimen Procesal Transitorio supra transcrito, se infiere que éste se aplicará a las causas que estén en curso al momento de la entrada en vigencia el Decreto Ley, sin perjuicio de los términos o lapsos ya cumplidos; ahora bien, los lapsos que hayan comenzado, se regirán por lo pautado en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios. El presente juicio comenzó bajo el imperio de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, pero para el momento de que el representante de la parte demandante anunciara el recurso de casación, ya se encontraba vigente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, en fecha 07 de octubre de 2002. Ahora bien, el lapso para interponer el recurso de casación agrario, es dentro de los 5 días siguientes a la publicación del fallo del Juzgado Superior Agrario, según lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pero en este caso específico el lapso para interponer el referido recurso es dentro de los 5 días siguientes a la última notificación, como lo establece el artículo 251 del referido texto, por haberse dictado la sentencia fuera del lapso legal.
En el presente caso, el juez de la Alzada manifiesta que el lapso para ejercer el recurso de casación comenzó el día 30 de septiembre de 2002, y del expediente en cuestión, se desprende que por ser un juicio sentenciado fuera del lapso, la última notificación verificada en autos, se produjo el 26 de septiembre de 2002, debiendo comenzar a transcurrir el lapso para ejercer dicho recurso de casación agrario el día 27 de septiembre de 2002, según lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, venciéndose el mismo en fecha 01 de octubre de 2002, y no en fecha 04 de octubre como lo especificó el Juez de la Alzada; anunciando el recurrente el recurso de casación en fecha 07 de octubre de 2002, siendo el mismo extemporáneo, ya que dicho lapso precluyó, como se indicó, el día 01 de octubre de 2002.
Por otra parte, de forma inductiva, la Sala pasa hacer un breve análisis referente a la existencia de dos problemas en la vigencia de la Ley, según señala el Dr. Sánchez Covisa, en un extracto tomado de la sentencia de fecha 25-04-2002, de la Sala Constitucional, Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero, donde se señala:
... 1.- La determinación de los dos instantes precisos en que una ley empieza a ser obligatoria y deja de ser obligatoria. De una Ley situada entre esos dos momentos puede en efecto proclamarse que esta vigente. Antes o después podrá ser un proyecto de ley, una ley en formación, una ley derogada o anulada, pero en ningún caso una ley vigente.
Esto es lo que podríamos llamar vigencia in abstracto de la Ley, ya que tal vigencia tienen lugar aunque no exista ninguna situación de hecho concreta a la que pueda aplicarse.
2.- La determinación de las situaciones de hecho a las que no se aplica, a pesar de estar vigente, o a las que se aplica a pesar de haber cesado de estar vigente.
Aplicando el criterio del Dr. Sánchez Covisa a este caso concreto, la Sala manifiesta que el lapso que debió tomar el recurrente para anunciar su recurso de casación es el de 5 días siguientes a la última notificación, según lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por estar vigente para el momento de dicho anuncio la Ley citada anteriormente. Caso contrario sucede a criterio de esta Sala, respecto a la norma aplicada en relación a la cuantía del presente juicio, aludiendo las palabras del Dr. Sánchez Covisa, a pesar de estar vigente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual establece que la cuantía con respecto a la casación agraria debe ser igual o superior a Cinco Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,oo), según lo previsto en el artículo 248 de la referida Ley. Al momento de que la demandante introdujo su demanda la estimó en la cantidad de Cuatro Millones de Bolívares (Bs. 4.000.000,oo), cuantía esta fijada para interponer el Recurso de Casación, ya que para tal oportunidad (25-02-98), la cuantía establecida para así hacerlo era de Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,oo), según lo determinado por el Decreto Presidencial Nº 1.029 de fecha 22 de enero de 1996, en los juicios laborales, y en los juicios agrarios, como lo dispuso el fallo de fecha 30 de abril de 1996 de la Sala de Casación Civil. Es por este motivo que el Juez de la Alzada, no debió declarar inadmisible el referido recurso por lo que respecta a la cuantía inadmitida por el juez de la recurrida.
A tales efectos, esta Sala plasma en el caso sub examine las consideraciones que de seguida se expone:
Ha querido esta Sala referirse a la cuantía como aspecto fundamental para la admisibilidad del recurso de casación en general, habida consideración de la regla que las normas procesales son de aplicación inmediata, tal como se desprende positivamente ahora también del artículo 24 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, cuando dispone:
ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso...
En concordancia con esta disposición constitucional, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, prescribió:
La ley procesal se aplicará desde que entre vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía se regularán por la ley anterior.
Ambos dispositivos legales guardan correspondencia con el régimen procesal transitorio establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario supra citado.
Sin embargo, para esta Sala es preciso hacer algunas breves consideraciones en cuanto al Derecho Intertemporal, que afirma la determinación del tempus regis actum, lo cual resume, que las leyes no rigen las relaciones jurídicas cuyo decurso ha sido en tiempos anteriores, especialmente, cuando han originado derechos adquiridos, aunque actualmente la tendencia es poner el énfasis en criterios objetivistas, como la noción de la retroactividad, antes que en criterios subjetivistas, como la noción de derecho adquirido. En este espectro las leyes procesales intertemporales toman evidente relevancia, en consideración a su aplicación inmediata, en los términos expuestos anteriormente, incluso a nivel constitucional y en preservación del principio de la irretroactividad de las leyes.
Con respecto a las leyes procesales y en interpretación de las precitadas disposiciones, la ley no debe establecer correcciones en el iter procedimental que sólo sean aplicables a futuro. Sin embargo, esa aplicación inmediata concierne sólo a las reglas de procedimiento. De cuyo efecto deriva que las normas procesales orgánicas, atributivas de facultades o potestades, que determinan las facultades del órgano para la conducción útil de los procesos no son procedimentales; consecuencialmente desde esta dimensión conceptual, el régimen transitorio establecido en el artículo 268 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no contraría los artículos 24 de la Constitución vigente y el 9 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, el problema del vicio de retroactividad excluye esta infracción en uno de sus supuestos, a saber: la ley no debe afectar los efectos anteriores a su vigencia de cualesquiera de los supuestos de hecho, como tampoco debe valorar hechos anteriores a su entrada en vigencia. Conclusiva es la regla entonces, que la nueva Ley no debe afectar los hechos o actos verificados bajo la vigencia de la ley anterior, ni sus efectos.
En consecuencia, la normativa inserta en el precitado Decreto Presidencial No.1.029 tiene carácter procesal orgánico, pero igualmente, la cuantía requerida para la admisibilidad del recurso de casación agrario, establecida en la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario exigida en el artículo 248 es de Cinco Millones (Bs. 5.000.000,oo) o más, con respecto a los Tres Millones que fijaba el precitado Decreto Presidencial y la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento Agrarios, la cual remitía en el artículo 25 a la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, cuyo artículo 77 establecía la sustanciación del recurso de casación por el Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, según el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa. En el caso sub lite, la Sala constata que en el libelo de la demanda por cuyo conducto se inició el presente proceso, la cuantía o valor de la pretensión se estimó en la cantidad de Cuatro Millones (Bs. 4.000.000,oo), es decir, una cuantía superior a la exigida bajo el imperio del Decreto Presidencial 1.029 bajo cuya vigencia se dio comienzo a este juicio. De donde deriva, que la cuantía a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación agrario era la establecida para el momento que se introdujo la demanda y se determinó la jurisdicción y dicha cuantía en este Decreto; cuya estructura normativa se contrae a la de las normas procesales orgánicas precitadas.
De otra parte, obsérvese que el artículo 268 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece que el Régimen Procesal Transitorio se aplicará a las causas que estén en curso al momento de la entrada en vigencia del presente Decreto Ley sin perjuicio de los actos y hechos ya cumplidos..., lo cual guarda correspondencia con lo prescrito en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil; y con la exclusión del vicio de retroactividad cuando la ley nueva grava efectos anteriores a su vigencia o valora hechos precedentes a su entrada en vigor. (Negrillas de la Sala).
En refuerzo de lo precitado, para admitir la cuantía en el presente caso, determinada en criterio de esta Sala por la vigente para el momento en que se inició este juicio, es la supremacía de la Constitución como guía interpretativa que fija la pauta, a pesar que en el artículo 24 de su texto, prescribe la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento a los procesos que se hallaren en curso.
En efecto, el proceso es un instrumento necesario para la justicia, ya que por intermedio del mismo se componen los conflictos de derechos e intereses inmersos en la controversia judicial. Virtud de ello el Estado está obligado a garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales para alcanzar tal desideratum del Derecho. Garantizar dicho acceso se conecta con la tutela judicial efectiva para quien lo requiera, aún en forma gratuita. Es precisamente, el derecho a la jurisdicción de la cual habla la doctrina, la jurisprudencia nacional y el derecho comparado. Todo ciudadano consecuencialmente tiene derecho a su acceso para dirimir la controversia judicial, por eso no es dable la negación por formalismos no esenciales, si lo que resulta relevante para la justicia es el fondo del asunto que se debate para lograrla. Es el principio pro actione que actualiza el referido acceso a los órganos jurisdiccionales. Lo importante es que el ciudadano requiere que la tutela efectiva sea una garantía para sus derechos. (Acceso a la Justicia: Dr. Juan Rafael Perdomo. Magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia).
Así, en el caso sub examine, el actor al momento de dar comienzo a su pretensión contenida en el libelo, estimó la cuantía de la misma en Cuatro Millones de Bolívares en base a la ley vigente para dicha oportunidad. Sólo que el Juez de la recurrida le aplicó al declarar inadmisible el recurso de casación agrario, la nueva cuantía de Cinco Millones o más establecida en la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; y además que en todo caso también lo declaró inadmisible por extemporáneo, porque la sentencia fue dictada bajo la vigencia de la nueva Ley de Tierras.
Es incontrovertible que el actor con la introducción de la demanda provocó la determinación del derecho a la jurisdicción y a la competencia por la cuantía y a ella debió atenerse el sentenciador, a fin de garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la jurisdicción, garantías conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 en concordancia con el 27 que garantiza el amparo de los derechos constitucionales, entre ellos a dicha tutela, lo cual determina que la Constitución actualice en su artículo 257, que el proceso es instrumento para la realización de la justicia, haciendo abstracción de formalismo inútiles que pudieran negar el derecho a la jurisdicción. Por eso, cuando el artículo 24 de la Constitución establece que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata a los procesos en curso, éstas deben ceder en su aplicación ante el supremo derecho del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, cuando la cuantía fue estimada bajo la vigencia de una ley anterior cuyos efectos ya fueron cumplidos. De manera que las normas del texto constitucional, garantizadoras del acceso a la justicia, no entran en colisión con la norma constitucional del artículo 24 que prevé la aplicación inmediata de las leyes procedimentales. Así se decide.
En base a las consideraciones precitadas, y en consideración a la finalidad pedagógica de toda sentencia, el juez de la recurrida no debió inadmitir el recurso de casación agrario con fundamento en la cuantía igual o superior a Cinco Millones requerida como esencial en la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, porque la cuantía aplicable se contrae a la exigida en la cantidad de Tres Millones establecida en el Decreto Presidencial del 22 de abril de 1996 bajo cuyo imperio se dio comienzo al presente juicio, en fecha 25 de febrero de 1998. Lo contrario sería fulminar el derecho de acceso a la justicia al actor, al impedirle el ejercicio del recurso de casación por cambio de la cuantía fijada por una ley posterior que desconocía, cuando para el actor, el derecho a la jurisdicción y el ejercicio de los recursos inherentes al derecho de defensa ya habían nacidos y lo guarnecían de certidumbre en el juicio, en cuanto a los recursos que podía intentar en defensa de sus derechos e intereses amparado por la tutela judicial efectiva. Por esto, en criterio de la Sala era admisible el recurso de casación agrario con base a la cuantía prevista en el Decreto 1.029, aunque fuese declarado inadmisible por intempestivo, habida consideración que la sentencia fue dictada bajo la vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y por eso interpuso el presente recurso de hecho.
En función de la seguridad jurídica y la uniformidad de la jurisprudencia (ius uniformitas) la presente doctrina por lo que respecta a la cuantía bajo el supuesto descrito en este juicio, y para casos análogos, como un problema de Derecho Intertemporal, debe tenerse como precedente jurisprudencial asumido por esta Sala en cuanto a la admisibilidad del recurso de casación agrario. Así se decide.
En el caso sub lite como fundamento del dispositivo del fallo del presente recurso de hecho el artículo 253 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece:
El recurso de hecho se sustanciará y decidirá conforme a lo previsto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil en su primer aparte establece textualmente:
En caso de negativa de admisión del recurso de casación, el Tribunal que lo negó conservará el expediente durante cinco (5) días a fin de que el interesado pueda ocurrir de hecho para ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso se propondrá por ante el Tribunal que negó la admisión del recurso, en el mismo expediente del asunto, quien lo remitirá en primera oportunidad a la Corte Suprema de Justicia para que ésta lo decida dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de las actuaciones, con preferencia a cualquier otro asunto (...).
De lo expuesto anteriormente se concluye que el recurso de hecho propuesto se decidirá por lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, como lo establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 253, a los efectos de declarar la inadmisibilidad de este recurso de hecho en el dispositivo del fallo. Así se decide.
Aunado a esto, la Sala Social ha establecido en distintas oportunidades jurisprudencia al respecto. En este caso traemos a colación la sentencia N° 122, en la acción de querella interdictal restitutoria por despojo, de fecha 28 de febrero de 2002, expediente número 01-678, la cual establece:
El requisito de la cuantía es esencial para admitir el recurso de casación. A partir del 22 de abril de 1996, es aplicable la nueva cuantía determinada por el Decreto Presidencial Nº 1.029 de fecha 22 de enero de 1996, de más de tres millones de bolívares (Bs.3.000.000,oo) en los juicios laborales, y en los juicios agrarios, (...).
(...) la cuantía para acceder a casación en los juicios agrarios, es de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,oo) o más, cuantía ésta que comenzará a regir de acuerdo a lo señalado en el Régimen Procesal Transitorio del novísimo texto normativo, específicamente según el artículo 271 que reza:"Si se hubiere anunciado recurso de casación, el mismo se tramitará conforme el procedimiento establecido en el presente Decreto Ley."
Al momento de estudiar el caso que nos ocupa, ya se encuentra en vigencia la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; sin embargo el presente recurso de casación fue anunciado el día 5 de octubre de 2001, es decir, no estaba en vigor la citada Ley, por lo tanto, la presente sentencia será dictada por esta Sala de acuerdo al criterio de que la cuantía para recurrir en casación en los juicios agrarios debe ser superior a los tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo). Así se declara.
Tal y como lo establece la jurisprudencia transcrita, la cuantía mínima para acceder a casación en los juicios agrarios en la actualidad, es de Cinco Millones de Bolívares (Bs.5.000.000,oo) o más, norma esta que entró en vigencia a partir de la fecha de publicación del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pues anteriormente la cuantía determinada por el Decreto Presidencial Nº 1.029 de fecha 22 de enero de 1996, se estableció en la cantidad de más de Tres Millones de Bolívares (Bs.3.000.000,oo) en los juicios laborales, y en los juicios agrarios, tal y como lo instauró el fallo de fecha 30 de abril de 1996 de la Sala de Casación Civil, Sala competente para conocer de los juicios de naturaleza agraria -en ese momento. En el caso sub iudice para el momento en que la demandante introdujo su demanda, la cuantía vigente era la de Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,oo) y la demanda mencionada supra fue estimada en cuatro millones de bolívares, (Bs. 4.000.000,oo), cuantía esta procedente para el anuncio del recurso de casación agrario, según las consideraciones hechas ut supra.
Así mismo, alega el recurrente de hecho en su escrito, lo que de seguida se transcribe:
Primero: En fecha 07 de diciembre del año 2000, el Tribunal dijo Vistos y se reservó el lapso de sesenta (60) días para sentenciar, (...). En cuanto la sentencia fue dictada el 23 de julio de 2002, se observa un retardo injustificado, (no atribuible al juez actual), de mas de dos (2) años, con evidente violación del principio de celeridad contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos llama la atención, que la sentencia fue dictada después de transcurrido el lapso de vacatio legis, establecido en el Decreto Con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (...).
Segundo: Esa desidia del sentenciador, deliberada o no, dejó en la más absoluta indefensión a mí poderdante, con abierta violación de sus derechos constitucionales; (...).
El Tribunal decisor incurrió inclusive en abierta violación del principio constitucional del debido proceso, pues en el dispositivo de la sentencia, declaró INADMISIBLE una demanda que ya había sido sustanciada y decidida en un primer grado, sin previos alegatos al respecto de la parte demandada, en lugar de condenar o absolver al demandado de las pretensiones deducidas por la parte demandante, (...).
En virtud de todas las razones y consideraciones anteriormente expuestas, respetuosamente solicito se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia sea remitido el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a cuyos Magistrados les solicito respetuosamente declarar CON LUGAR este Recurso de Hecho.
Pero ante tales argumentos, esta Sala Especial Agraria declara sin lugar el recurso de hecho, anunciado por intempestivo pero no por la cuantía, dada las razones ya expuestas y consecuencialmente inadmisible el recurso de casación. Así se declara.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra la decisión dictada el día 15 de octubre del año 2002, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, con sede en Maturín y por tanto inadmisible el recurso de casación anunciado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condena en costas a la parte recurrente.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya identificado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
El Presidente de la Sala,
_________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El vicepresidente,
____________________
JUAN RAFAEL PERDOMO.
El Conjuez Ponente Permanente,
_______________________________
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
La Secretaria,
_________________________
BIRMA I. TREJO DE ROMERO
R.H. Nº AA60-S-2002-000596.
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