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Sentencia N.º 285

Sentencia
N.º 285
Fecha
28/02/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0001
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente No. 08-0001

Mediante Oficio N° 1186 del 13 de diciembre de 2007, la Corte de Apelaciones Sala Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, remitió a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con solicitud de medida cautelar, por los abogados Francisco Ramírez Sarmiento y José Rosario Niño Casanova, inscritos en el Inpreabogado con los números 2.796 y 35.037, respectivamente, actuando con el carácter de defensores privados de los ciudadanos FERNANDO EDUARDO TARAZONA PÉREZ, FRANKLIN JURADO, WILMER CACIQUE, FRANKLIN GUILLÉN y RAFAEL GARCÍA, contra el Juzgado Segundo de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, por “haber mantenido la realización del juicio con jurados, pese de habérsele por vía de incidencia procesal solicitado la nulidad de lo actuado, la disolución del Tribunal de Jurados y el desprendimiento del conocimiento de la causa en violación al Debido proceso y por la falta de conocer el juez Natural el referido Juicio Oral y público”.

 

Dicha remisión se realizó a los fines de conocer de la apelación ejercida el 6 de diciembre de 2007, por la parte accionante, contra el fallo dictado el 28 de noviembre de 2007, por la mencionada Corte de Apelaciones en Sala Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 7 de enero de 2008, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 21 de enero de 2008, el abogado José Rosario Niño Casanova, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Fernando Eduardo Tarazona Pérez, Franklin Gabino Jurado Casanova, José Wilmer Cacique, Franklin Alexander Guillén Useche y Rafael Martín García Guerrero, compareció ante esta Sala e introdujo escrito mediante el cual señaló que sus defendidos habían manifestado su voluntad de desistir de la apelación intentada.

 

Realizado el estudio del caso, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (excepto los Contencioso Administrativos), Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub júdice, la sentencia apelada ha sido dictada por la Corte de Apelaciones en Sala Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando en primera instancia como Tribunal en funciones constitucionales, de la acción de amparo interpuesta contra un juzgado de juicio, con ocasión de un proceso penal.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Sala sobre este aspecto, resulta competente para conocer de la presente apelación; y así se declara.

 

Ahora bien, determinada la competencia corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la homologación del desistimiento de la apelación ejercida por los abogados Francisco Ramírez Sarmiento y José Rosario Niño Casanova, en su carácter de defensores privados de los ciudadanos Fernando Eduardo Tarazona Pérez, Franklin Gabino Jurado Casanova, José Wilmer Cacique, Franklin Alexander Guillén Useche y Rafael Martín García Guerrero, contra la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2007, por la Corte de Apelaciones en Sala Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, respecto de lo cual observa:

 

El artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone:

 

“Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

 

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de dos mil Bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil Bolívares (Bs. 5.000,00)”.

 

De la norma anteriormente transcrita, se observa que el legislador  otorga al accionante en amparo -presunto agraviado- la posibilidad de desistir de la acción interpuesta, como único mecanismo de autocomposición procesal, siempre que no se trate de la violación de un derecho de orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

 

Por su parte, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento de amparo por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:

 

“Artículo 263. -En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.

 

El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación por el tribunal.”

 

En materia de desistimiento de recursos, el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“Artículo 440.- Desistimiento. Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas.

El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en escrito fundado. El defensor no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del imputado”.

 

Apunta esta Sala, que las alegadas violaciones constitucionales afectan exclusivamente la situación jurídica de la parte accionante y de ningún modo al orden público.

 

            De otro lado, observa esta Sala que la solicitud de desistimiento fue formulada por los ciudadanos Fernando Eduardo Tarazona Pérez, Franklin Gabino Jurado Casanova, José Wilmer Cacique, Franklin Alexander Guillén Useche y Rafael Martín García Guerrero, debidamente asistidos por el abogado José Rosario Niño Casanova, ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, el 16 de enero de 2008, bajo el Nº 50, Tomo 09, en los siguientes términos:

 

            “Que formalmente desistimos y renunciamos a la Apelación interpuesta por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en el recurso de AMPARO CONSTITUCIONAL que en fecha 28 de noviembre de 2007, fue declarado INADMISIBLE y que fue signado bajo la nomenclatura Amp-00176-2007, y que ahora conoce la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA bajo el No. AA-50-T-2008-000001”.

 

Ese desistimiento suscrito por la parte actora ante notaría pública, fue traído a los autos por uno de sus defensores privados designado. 

Con relación al desistimiento de la apelación propuesto por la parte actora ante notario público y traído a los autos por uno de sus defensores por escrito del 21 de enero de 2008, esta Sala considera necesario hacer referencia al criterio fijado por esta Sala en sentencia del 23 de octubre de 2001 (Caso: Promotora 14469 C.A.), donde señaló que: “En materia de amparo, el desistimiento, sea de la acción o del procedimiento, incluyendo el desistimiento de la apelación, no puede tener el mismo tratamiento procesal que el otorgado por el Código de Procedimiento Civil a las acciones ordinarias. De allí que en esta materia, el carácter supletorio del Código adjetivo, como lo prevé el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede aplicarse mutatis mutandi, sino que debe ajustarse y armonizarse con los principios que inspiran la institución constitucional del amparo, donde el ‘desistente’, por regla general, no tiene plena capacidad para disponer de la pretensión o derecho litigioso, no puede, en principio, disponer del objeto (derecho constitucional) sobre el que versa la controversia, con la misma libertad que lo haría en el proceso civil. En el proceso civil u ordinario rige fundamentalmente el principio dispositivo, que impide la iniciación y continuación del proceso sin instancia de parte y con mayor razón contra la voluntad de la parte a quien corresponde su continuación o mantenimiento (nemo iudex sine actore, ne procedat iudex ex officio). Por el contrario, en materia de amparo, si bien la iniciación corresponde a la parte presuntamente agraviada, el Juez que conoce de esta tutela constitucional, dispone de amplios poderes para procurar la continuación del proceso de amparo, incluso ante la renuncia unilateral del accionante”.

 

Sin embargo, a la luz de la sentencia dictada por esta Sala Constitucional el 22 de junio de 2005 (Caso: Ana Mercedes Bermúdez), mediante la cual se suprimió, conforme a la norma derogatoria de la Constitución, la consulta de ley que preveía el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, surge como consecuencia obligatoria que en el caso del desistimiento de la apelación en materia de amparo, una vez que éste sea homologado por el tribunal, se produciría la cancelación inmediata del juicio, salvo que la Sala encuentre involucrado el orden público, que no es el caso de autos.

 

Ahora bien, esta Sala constata que la presunta lesión denunciada por la parte actora, ocasionada, según su dicho, por el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no afecta al interés general, por lo que este alto Tribunal juzga que las violaciones constitucionales alegadas no traducen infracción del orden público o de las buenas costumbres.

De otro lado, observa esta Sala que aun cuando la manifestación de desistir fue realizada ante un notario público, la misma fue realizada por la propia parte, debidamente asistida de abogado, de manera expresa y traída a los autos por uno de los defensores privados, motivado, según aprecia esta Sala, en que la parte actora se encontraba en plena etapa de juicio oral y público, lo que dificultaba su traslado a este alto tribunal para consignarla personalmente.

Siendo ello así, en atención al contenido de las normas transcritas supra, esta Sala considera que debe homologar, como en efecto homologa, el desistimiento -manifestado por los ciudadanos Fernando Eduardo Tarazona Pérez, Franklin Gabino Jurado Casanova, José Wilmer Cacique, Franklin Alexander Guillén Useche y Rafael Martín García Guerrero, debidamente asistidos por el abogado José Rosario Niño Casanova- de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en Sala Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1) HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO de la apelación interpuesta por los abogados Francisco Ramírez Sarmiento y José Rosario Niño Casanova, actuando en su carácter de defensor privado de los ciudadanos FERNANDO EDUARDO TARAZONA PÉREZ, FRANKLIN JURADO, WILMER CACIQUE, FRANKLIN GUILLÉN y RAFAEL GARCÍA, contra la decisión dictada el 28 de noviembre de 2007, por la Corte de Apelaciones en Sala Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los aludidos ciudadanos contra el Juzgado Segundo de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, por “haber mantenido la realización del juicio con jurados, pese de habérsele por vía de incidencia procesal solicitado la nulidad de lo actuado, la disolución del Tribunal de Jurados y el desprendimiento del conocimiento de la causa en violación al Debido proceso y por la falta de conocer el juez Natural el referido Juicio Oral y público”.

            2) FIRME la sentencia apelada.

 

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  28  días   del mes de febrero  de dos mil ocho. Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

      Magistrado

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

Magistrado

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

      Magistrado

 

Carmen Zuleta de Merchán

       Magistrada

 

Arcadio Delgado Rosales

     Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena

Exp. 08-0001

ADR

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