Sentencia N.º 287
- Sentencia
- N.º 287
- Fecha
- 25/07/2016
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- A16-146
- Ponente
- Maikel José Moreno Pérez
- Procedimiento
- Avocamiento
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
El tres (3) de mayo de 2016 se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal SOLICITUD DE AVOCAMIENTO interpuesta por las abogadas YASMÍN URDANETA OLMOS y YANARI ALVILLAR POLANCO, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los nros. 85.295 y 114920 respectivamente, defensoras del ciudadano GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO, actualmente recluido en el comando de la Brigada Primera División de Infantería, del Ejército Bolivariano de Venezuela del Estado Zulia, con motivo de la causa penal 8J-858-14 (nomenclatura del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal Estado Zulia) por la presunta perpetración del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, tipificado en el artículo 405, en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal.
Solicitud a la cual se le dio entrada el nueve (9) de mayo de 2016, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2016-000146, y el diez (10) de mayo de 2016 se designó ponente al Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En virtud de ello, habiendo sido designado para emitir pronunciamiento sobre la presente solicitud de avocamiento, con el referido carácter se resuelve en los términos siguientes:
I
DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO
Consta en las actas que las ciudadanas abogadas YASMÍN URDANETA OLMOS y YANARI ALVILLAR POLANCO, a través de la solicitud de avocamiento recibida ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el tres (3) de mayo de 2016, solicitaron que la Sala se avoque al conocimiento de la causa seguida contra el ciudadano GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO en el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, indicando:
“… ANTECEDENTES DEL CASO: 1) El día veintidós de agosto de dos mil doce (2012); el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decreta medida de privación preventiva de libertad (…) 2) En fecha doce (12) de marzo del año dos mil doce (2012); es celebrada la audiencia preliminar por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en dicha oportunidad se admite la acusación fiscal, en contra de mi representado GRANIEL DE JESUS (sic) VALLE (sic) PACHECO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN (…) 3) En fecha veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013), el Tribunal Quinto [de Primera Instancia en Funciones] de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Zulia, dicta sentencia condenatoria signada con el número 063-13; declara CULPABLE a mi representado GRANIEL DE JESUS (sic) VALLE (sic) PACHECO, por la comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES GRAVÍSIMAS (…) lo condena a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISIÓN (…) 4) En fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil trece (2013), el abogado DANYEL JHOEL LUENGO, en su carácter de apoderado judicial de la víctima (…) interpone recurso de apelación de sentencia definitiva (…) 5) En fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil trece (2013), la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia recibe las actuaciones contentivas del recurso de apelación de sentencia definitiva (…) 6) En fecha veintinueve (29) de agosto del año 2013, la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia ADMITE el recurso de apelación de sentencia definitiva (…) 7) En fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013), se celebra audiencia oral y pública por ante la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia (…) 8) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013), la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia (…) dicta sentencia N° 027-2.013 (…) Mediante la cual declaró: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado DANYEL JHOEL LUENGO (…) SEGUNDO: la nulidad de la sentencia N° 63-2013, dictada en fecha veintitrés (23) de julio de 2013 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se dictó SENTENCIA CONDENATORIA, en contra del ciudadano GRANIEL DE JESUS (sic) VALLE (sic) PACHECO (…) 9) Así las cosas y de este breve recorrido por toda la causa, se puede observar que la vindicta pública, no solicito (sic) prorroga (sic) conforme al artículo 230, en el segundo y tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal y luego es cuando hacen unas consideraciones sin establecer el juzgador cual (sic) sería el lapso de prórroga para culminar la causa…”.
Continúan señalando, en el capítulo III denominado “DEL DERECHO”, lo siguiente:
“… La presente solicitud de avocamiento se fundamenta en virtud de las graves infracciones se cometieron al ordenamiento jurídico ‘…cuestión que perjudica ostensiblemente la imagen del poder judicial, la paz pública, seguridad jurídica y la imparcialidad de los órganos del estado…’. Violaciones perpetradas durante todo el proceso por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia – Extensión Cabimas y por la Corte de Apelaciones (…). Ciudadanos Magistrados, de la revisión exhaustiva del expediente de la causa seguida contra mi defendido GRANIEL JESUS (sic) VALLE (sic) PACHECO, se puede observar en las actas que el Fiscal del Ministerio Público no solicitó prorroga (sic) establecida en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, realizando la defensa técnica posteriormente la petición del Decaimiento (sic) de la medida por haber transcurrido dos años, sin que se hubiese terminado el presente asunto penal, sin embargo no le otorgo (sic) medida menos gravosas (sic) y se realizo (sic) audiencia en la cual no le fijaron un lapso para culminar el asunto penal, lo cual a criterio de esta defensa no se puede dejar a perpetuidad el caso del presente justiciable…”.
De igual manera, las solicitantes expusieron lo siguiente:
“… Invoco con la presente SOLICITUD DE AVOCAMIENTO, LA JUSTICIA como principio rector, así como finalidad del proceso, el objeto y la razón de ser de todo proceso, tal y como expresamente lo consagran los artículos 2, 26, 49, 115, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela entre otros tantos artículos, lo cual se logra aplicando una justicia rápida y oportuna, sin formalismos, ni dilaciones injustificadas, dictando decisión que en su momento sea la más equitativa, y justa, y por ende sin vulnerar el pretendido derecho de propiedad que alego en mi nombre, en razón de que los órganos jurisdiccionales tienen entre sus funciones primordiales el preservar y asegurar que a todos los ciudadanos (imputados, víctimas, testigos, etc,) se les respeten, amparen y garanticen todos y cada uno de sus derechos, sean estos humanos, civiles políticos, sociales, económicos, culturales, educativos, ambientales, religiosos y de cualquier otra índole, (art. 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)…”.
Para finalizar, en el Capítulo IV correspondiente al “PETITORIO” manifiestan que a su defendido GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO, le han violentado las garantías a las que alude la constitución (sic) y que en consecuencia “... HAGA CESAR EL ATROPELLO JUDICIAL del cual ha sido víctima mi defendido…”. De allí que, precisan entonces:
“… PRIMERO: ADMITA la presente SOLICITUD DE AVOCAMIENTO y ACUERDE solicitar el expediente original y todos los recaudos relacionados con el mismo. Y se DECLARE CON LUGAR en definitiva y por ende haga cesar el atropello judicial por constituir una amenaza a los derechos constitucionales (…) SEGUNDO: Se otorgue a mi defendido GRANIEL DE JESUS (sic) VALLE (sic) PACHECO, una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad de las contempladas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal (…). TERCERO: La NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia N° 027-2013, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil trece (2013) emitida por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que riela en el asunto principal distinguido con el N° VP11-P-2012.003216 y asunto recursivo N° VP02-R-2013-000815, causa seguida contra mi representado GRANIEL DE JESUS (sic) VALLE (sic) PACHECO (…) CUARTO: Solicito MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, y se proceda a solicitar del Tribunal Octavo de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Zulia, asunto penal en copia certificada u original, a efecto de que efectivamente se evidencie la causa y lo que hoy se invoca…”.
II
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de las Salas que lo integran, requiera algún expediente y se avoque a conocerlo, se encuentra establecida en el artículo 31 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 106 eiusdem, los cuales prevén:
Artículo 31:
“Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.
Artículo 106:
“Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.
En tal sentido, corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse acerca de la solicitud de avocamiento interpuesta por la ciudadana YISEL SOARES PADRÓN. Así se declara.
III
DE LOS HECHOS
De los documentos cursantes en el presente expediente, no se refiere hecho alguno por el cual se le siga proceso penal al ciudadano GRANIEL DE JESÚS VALLÉS.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en todas sus Salas, la atribución (facultad-deber) de solicitar, en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice, debe ser examinada discrecionalmente, por cuanto exige cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en los artículos 107 y 108 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que especifican:
Artículo 107:
El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.
Artículo 108:
La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.
Precisándose, que los requisitos de admisibilidad concurrentes del avocamiento como institución jurídica excepcional, son: a) que la solicitud no sea contraria al orden jurídico interno; b) que sea de un proceso judicial; c) que el solicitante esté legitimado para actuar; d) que se cumpla con las condiciones legales para su interposición; e) que se hayan agotado las vías ordinarias; y f) que en el juicio existan graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al orden jurídico que originen un perjuicio ostensible contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana.
Ha dicho la Sala en jurisprudencia reiterada, que todas las circunstancias mencionadas, deben ser acumulativas para que el avocamiento sea procedente. Asimismo, sobre la admisibilidad de esta institución, es doctrina de la Sala de Casación Penal la siguiente:
“… En otros términos, el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar al fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos de los solicitantes no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa…” (Sentencia de la Sala de Casación Penal número, 672 del 17 de diciembre de 2009).
Del escrito contentivo de la solicitud de avocamiento, se observa que las defensoras del ciudadano GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO, alegaron que a su defendido les fueron vulnerados el derecho a la defensa y al debido proceso al observar que: “… el Fiscal del Ministerio Público no solicito (sic) la prorroga (sic) establecida en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal…”.
Refiriendo además: “… realizando la defensa técnica posteriormente el decaimiento de la medida por haber transcurrido dos años (…) sin embargo no le otorgo (sic) medida menos gravosas (sic)…”.
Del análisis de las exigencias ya señaladas, se observa que la presente solicitud se encuentra enmarcada en las normas existentes en materia de avocamiento, por ende no es contraria al orden jurídico interno; deviene de un proceso judicial que cursa por ante el Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Es necesario precisar, que el avocamiento procede a instancia de parte o de oficio. En caso de tratarse de un avocamiento de oficio no existe un sujeto particular como solicitante del mismo; mientras que, el incoado a solicitud de parte, -tal como ocurre en el presente caso- debe ser sometido al examen de la legitimación de quien lo requiere.
Advertido lo anterior, en el caso analizado se constata que las abogadas YASMÍN URDANETA OLMOS y YANARI ALVILLAR POLANCO, actúan en nombre del ciudadano GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO, tal como consta de la copia fotostática del acta de juramentación realizada ante el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha dos (2) de mayo de 2016, cursante al folio trece (13), la cual fue adjuntada a la solicitud de avocamiento correspondiente, conforme con lo previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, siendo éstas sus defensoras privadas, de conformidad con el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo evidente entonces en el caso bajo análisis la legitimación procesal para la admisibilidad de la presente solicitud.
Evidenciándose, el cumplimiento de las condiciones válidas y legales para su interposición, al ser presentado por ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, mediante escrito y acompañado de los recaudos que hacen referencia a lo planteado por las peticionantes.
En cuanto al requisito referido al cumplimiento de las condiciones legales para su interposición, se observa que la solicitud fue presentada por escrito ante la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, con planteamientos fundamentados en la existencia de graves desórdenes procesales, que perjudican ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, seguridad jurídica y la imparcialidad de los órganos del Estado. Analizando en consecuencia la Sala de Casación Penal cada uno de los planteamientos expresados, siendo éstos:
1.- Violaciones perpetradas durante todo el proceso por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas y por la Corte de Apelaciones del Estado Zulia.
2.- Que el Fiscal del Ministerio Público no realizó la solicitud de prórroga establecida en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.
3.- Que realizó solicitud de decaimiento de la medida de coerción personal, por haber transcurrido dos años sin que se hubiese terminado el proceso penal y, sin embargo no le fue otorgada una medida menos gravosa a su representado.
Al respecto, las solicitantes consideran que dichas denuncias constituyen un “desorden procesal grave”, que vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso. Sin embargo, se observa que las peticionantes refieren que el fiscal del Ministerio Público no realizó ante el Tribunal solicitud de prórroga para el mantenimiento de la medida de coerción personal que se encontraba próxima a su vencimiento, pero, de la misma solicitud se desprende del capítulo II señalado como antecedentes del caso que se deja constancia que el tribunal si se pronunció y señalan: “…hacen unas consideraciones sin establecer el juzgador cual sería el lapso de prórroga para culminar la causa…”
Respecto a dicho planteamiento, esta Sala de Casación Penal, ha podido constatar a través de la página web Regiones del Tribunal Supremo de Justicia (www.Zulia.tsj.gov.ve) que en fecha diecinueve 19 de marzo de 2015, la Sala nro. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dictó decisión con motivo de la apelación de autos interpuesta por la defensa, de la cual dimana lo siguiente:
“En el caso bajo análisis, evidencian los integrantes de esta Sala, que las dilaciones que se presentaron en el presente asunto, no son atribuibles al Ministerio Público o a la defensa del acusado directamente, ni a los órganos jurisdiccionales que han conocido este caso, sino que han sido por causas producto de múltiples circunstancias y situaciones procesales acontecidas en el mismo, argumentos que corroboran quienes aquí deciden, luego de la revisión exhaustiva realizada por este Cuerpo Colegiado al expediente sometido a su conocimiento; por tanto, no le asiste la razón a la defensa cuando afirma que la decisión objeto de impugnación, es violatoria del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el decaimiento de la medida no opera automáticamente, y más si se toma en cuenta la entidad del delito objeto de la presente causa, además que desde la fecha de la detención no ha transcurrido el límite mínimo de la pena establecida para el delito que se le atribuye al acusado de autos. Por lo que a criterio de quienes aquí deciden, la decisión recurrida se encuentra suficientemente motivada, no conculca lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni menos aún omite alguna norma establecida en la legislación positiva, encontrándose ajustada a derecho, dada la gravedad del delito por el cual resultó acusado el ciudadano GRANIEL JESÚS VALLE (sic) PACHECO, apegada al principio de proporcionalidad, a la tutela judicial efectiva, y a lo estipulado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en cónsona armonía con lo preceptuado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la abogada en ejercicio MARILYN CAROLINA HUERTA DELGADO, en su carácter de defensora del ciudadano GRANIEL JESÚS VALLE PACHECO, contra la decisión N° 138-14, dictada en fecha 23 de octubre de 2014, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, y en consecuencia se CONFIRMA la decisión recurrida. ASÍ SE DECIDE…”.
En atención a lo supra transcrito, que ha sido incorporado a la presente decisión por notoriedad judicial, se constata que el solicitante ha recibido respuesta no sólo por parte del Tribunal de Primera Instancia sobre la negativa al decaimiento de la medida de coerción personal, sino que además, la Sala nro. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, tramitó el medio de impugnación ejercido contra la decisión que le fue adversa, e incluso admitió y declaró sin lugar la aludida apelación.
Por otra parte, expresaron las defensoras en su escrito que: “… [existen] violaciones perpetradas durante el proceso por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas y por la Corte de Apelaciones…”, sin señalar cuáles fueron las violaciones en que incurrieron tanto el Tribunal de Control como la Corte de Apelaciones del Estado Zulia.
Respecto al requisito de admisibilidad relacionado a que las irregularidades alegadas hayan sido oportunamente reclamadas ante la instancia a través de los medios ordinarios, se desprende del escrito de solicitud de avocamiento presentado que las solicitantes no refieren alegato alguno al respecto, y menos aún cuando dicho procedimiento judicial se encuentra en fase de juicio oral y público, etapa en la cual podrán hacer uso de los medios legales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se denota el incumplimiento del quinto requisito de admisibilidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Finalmente, las solicitantes en su escrito requieren: “… Se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Sentencia N° 027-2013, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil trece (2013) emitida por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia (…) en virtud que se conculco (sic) como se ha dicho el principio de inmediación, el principio de legalidad procesal y subvirtiendo el proceso penal…”.
Advierte la Sala, que la institución del avocamiento no está concebida por el legislador para pretender convertirse en una tercera instancia, con el propósito de dirimir las incidencias procesales de toda índole y naturaleza. Tampoco es una figura del derecho adjetivo para exponer el desacuerdo de las partes en torno a los diferentes fallos que le son adversos, evidenciándose de la presente solicitud el desacuerdo de la defensa con los pronunciamientos obtenidos respecto de sus solicitudes y recursos, la sola circunstancia de que una decisión sea desfavorable a una parte, no justifica la figura de avocamiento, debido a que se trata de una institución que por mandato legal debe ser ejercida con mucho comedimiento y moderación.
En definitiva, la Sala observa que en el presente caso la defensa ha ejercido los recursos en favor de su representado GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO y, estos han sido resueltos por la Corte de Apelaciones, encontrándose en el presente caso pendiente la celebración del debate oral y público, acto en el cual la defensa del acusado GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO, tendrá la oportunidad de alegar todo cuanto considere pertinente a favor de su defendido, y será en esa etapa en el que el órgano jurisdiccional competente y encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de las partes resuelva lo conducente. Y como ya fue advertido, el avocamiento está conceptuado como una institución excepcional para la resolución de las situaciones señaladas, requiriéndose de las partes haber agotado las vías ordinarias e idóneas para su restablecimiento o solución y, que éstas hayan sido desatendidas.
De tal suerte que, no puede utilizarse como una fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal o de revisión anticipada del proceso, pues esta situación desvirtuaría su naturaleza convirtiéndola en un supuesto recurso de impugnación procesal que no ésta previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.
En mérito de lo señalado, esta Sala de Casación Penal considera que la solicitud de avocamiento presentado por las abogadas YASMÍN URDANETA OLMOS y YANARI ALVILLAR POLANCO, es INADMISIBLE al no evidenciarse el agotamiento de las vías ordinarias de la instancia para reclamar las irregularidades denunciadas, aunado a la circunstancia de que los fundamentos de la solicitud no constituyen la existencia de un grave desorden procesal que origine un perjuicio ostensible contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO propuesta por las abogadas YASMÍN URDANETA OLMOS y YANARI ALVILLAR POLANCO, defensoras privadas del ciudadano GRANIEL DE JESÚS VALLÉS PACHECO.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
(Ponente)
La Magistrada Vicepresidenta,
FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
La Magistrada,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
El Magistrado,
JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA
La Magistrada,
YANINA BEATRIZ KARABIN de DÍAZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA
Exp. nro. 2016-146
MJMP
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