Sentencia N.º 2873
Sentencia N.º 2873
- Sentencia
- N.º 2873
- Fecha
- 29/09/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0857
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-0857
El 27 de abril de 2005, se recibió en esta Sala el Oficio Nº 05-172 del 22 de abril de 2005, anexo al cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por el ciudadano ASIRIO RAFAEL CHOURIO LUENGO, titular de la cédula de identidad N° 1.653.297, asistido por el abogado Cristóbal Rondón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 15.267, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de dicha Circunscripción Judicial el 16 de septiembre de 2004, mediante la cual se negó al hoy quejoso la reposición de la causa al estado de admisión del juicio de ejecución de hipoteca ejercido por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal contra los ciudadanos Víctor Rafael Riobueno y Aura Mercedes González de Riobueno.
El 11 de abril de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.
Mediante diligencia del 13 de abril de 2005, el ciudadano Asirio Rafael Chourio Luengo, asistido por el abogado Cristóbal Rondón, anteriormente identificados, interpusieron apelación contra la sentencia dictada por el referido Juzgado, la cual fue oída en un solo efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 29 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas procesales, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Los apoderados judiciales de la parte accionante, expusieron:
Que el accionante es tercero poseedor legítimo desde el año 1998 de un inmueble constituido por una parcela de terreno distinguida con el N° 1 y la casa sobre ella construida, ubicada en la Avenida Norte de la Urbanización Residencias La Arboleda, que se encuentra localizada en la calle 7, entre carreras 2 y 3 de la Población La Piedad, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino del Estado Lara.
Que por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, cursaba procedimiento de juicio de ejecución de hipoteca sobre el inmueble referido, motivo por el cual solicitó la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el referido juicio y la reposición de la causa al estado de admisión, con objeto de hacerse parte en el mismo, en virtud de su condición de tercero poseedor y ante la falta de intimación por parte del Tribunal, según lo establecido en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil.
Que la Juez agraviante confundió la condición de tercero poseedor que debe ser llamado al procedimiento en cuestión por disposición expresa de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, con el tercero interviniente, consagrado en el artículo 370 eiusdem.
Que le fueron vulnerados sus derechos a la defensa y al debido proceso, por cuanto el Juez agraviante vista la condición de tercero poseedor con animus domini debió acordar la intimación del quejoso en el juicio de ejecución de hipoteca.
Que igualmente la Juzgadora de Primera Instancia subvirtió el procedimiento, ya que al librar la boleta de notificación a la defensora ad litem, y emplazarla a comparecer para el tercer día de despacho, a los fines de manifestar su excusa o prestar el juramento de ley, en caso de aceptación, le advirtió a aquella que los lapsos que la ley otorga para la defensa de sus representantes comenzaría a correr desde su juramentación, no siendo necesaria su citación.
Que “(…) la juzgadora de Primera Instancia agraviante, en el Acta de fecha 20 de agosto de 2003, no facultó a la defensora judicial para darse por citada, por lo que mal podía comenzar a correr los lapsos desde su juramentación; por el contrario, en la mencionada acta se establece que no es necesaria su citación, contraviniendo de esta manera el contenido del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
Que asimismo, se subvirtió el procedimiento, cuando se juramentó a los expertos sin que éstos hayan aceptado los cargos para los cuales fueron designados, ya que éste es un requisito indispensable para proceder a ello, según lo establece el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil.
Que “(…) mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2004, ordena librar los tres (3) carteles de remate en un mismo auto, cuando de acuerdo al principio de preclusividad procesal, debió ordenar la expedición de los carteles de manera sucesiva una vez que los mismos fuesen publicados en la prensa con los intervalos correspondientes y luego consignar la publicación para que el tribunal procediera a librar el siguiente y no como lo hizo expedir los 3 en la misma fecha”.
Finalmente, solicitó medida cautelar innominada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la cual la referida Juez se abstenga de ejecutar cualquier acto que permita el desalojo del inmueble.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El juez a quo fundamentó la decisión apelada, en los siguientes términos:
“(…) una vez analizada suficiente la solicitud de amparo constitucional, observa esta juzgadora que la decisión que presuntamente conculcó el derecho a la defensa y al debido proceso del querellante, es la dictada en fecha 16 de septiembre de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Lara, mediante la cual acordó negar la intervención del ciudadano Asirio Rafael Chourio Luengo, en su carácter de tercero y la reposición de la causa, al considerar que no son oponibles al Banco Provincial, los documentos notariados de opción de compra y de compra venta del inmueble no sujetos a la formalidad del registro y por considerar que el tercero carece del animus dominis, al alegar que posee el inmueble en su condición de arrendatario.
Ahora bien, conforme consta en sello de la Unidad de Recepción de Documentos del Área Civil, la solicitud de amparo constitucional fue presentada en fecha 28 de marzo de 2005, cuando habían transcurrido seis (6) meses y doce (12) días de haberse dictado el auto denunciado como violatorio de sus derechos y garantías constitucionales, razón por la cual esta juzgadora estima que operó la caducidad de la acción, con fundamento a lo establecido en el artículo 6 ordinal 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se declara.
Asimismo, consta de las actas procesales que conforman el presente expediente, que el ciudadano Asirio Rafael Chourio Luengo, luego de haberse dictado la decisión que denuncia como violatoria de sus derechos y garantías constitucionales, no ejerció el recurso de apelación. En este sentido ha sido doctrina de nuestro Máximo Tribunal que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria, no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía (amparo), por cuanto de lo contrario implicaría que se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que corresponden al recurso de apelación. En consecuencia, verificado como ha sido de las actas procesales que la parte querellante no ejerció el recurso de apelación contra la decisión que denuncia como violatoria de sus derechos y garantías constitucionales, y tomando en consideración que tampoco fueron alegadas las razones por las cuales se decidió hacer uso de la acción de amparo en lugar del recurso ordinario de apelación, esta juzgadora considera que la presente acción debe ser declarada inadmisible, con fundamento a lo establecido en el artículo 6 ordinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se decide.
No obstante lo anterior, esta juzgadora observa que el querellante cuestiona la decisión dictada, señalando que la juez confunde la condición de tercero poseedor que debe ser llamado al procedimiento por disposición expresa del artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, con el tercero interviniente (…).
…omissis…
En el caso de autos, el querellante pretende la revisión de la decisión dictada por el juzgador de la primera instancia, no por una situación que se derive de una infracción directa de la constitución, sino por una denuncia de interpretación de una norma de rango legal, prevista en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil.
Por último observa esta juzgadora que fueron denunciadas además otras violaciones a los derechos constitucionales por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Lara, ocurridas a lo largo del procedimiento de ejecución de hipoteca, derivadas del hecho de no haber ordenado la intimación del tercero poseedor en el auto de admisión de la demanda intentada, no facultar a la defensora para darse por citada en el acta de fecha 20 de agosto de 2003, no ordenar la intimación de la defensora judicial, que la sentenciadora juramentó tanto al defensor judicial como a los expertos, sin que éstos hayan aceptado los cargos para los cuales fueron designados, violando lo establecido en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil y por último, denuncia que se libraron tres carteles de remate en un mismo auto, cuando de acuerdo al principio de preclusividad, debió expedir los carteles de manera sucesiva, una vez que constara en autos la publicación de cada uno de ellos.
Alegó además que las normas conculcadas son de orden público, en virtud de que más allá de los intereses particulares afectan a una parte de la colectividad o al interés general.
En relación a lo señalado anteriormente, observa esta juzgadora que la presente acción de amparo constitucional además de cuestionar el criterio de juzgamiento efectuado por la juez de la primera instancia que negó la reposición de la causa, por considerarlo un poseedor precario del inmueble, también tiene como objeto lograr la nulidad de todo el procedimiento de ejecución de hipoteca, el cual conforme a las propias copias certificadas acompañadas a los autos, se encuentra terminado y además con adjudicación en remate del bien inmueble objeto del procedimiento a favor del ciudadano Rafael Ángel Becerra, lo cual resulta improcedente mediante el ejercicio del presente recurso extraordinario de amparo constitucional.
En efecto, conforme a pacífica jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el acto de remate no puede ser anulado mediante la vía del amparo constitucional, sino que el interesado debe acudir a la acción reivindicatoria a los fines de lograr la restitución del inmueble que ha sido adjudicado a otro a través de un acta de remate, razón por la cual esta juzgadora considera que existe también una causal de improcedencia in limine litis y así se declara.
En atención de todo lo antes expuesto, y tomando en consideración que los derechos denunciados no afectan el orden público, sino que por el contrario persiguen la satisfacción de intereses de orden privado del querellante, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Lara, considera que lo procedente en el caso que nos ocupa es declarar la inadmisiblidad de la acción de amparo constitucional, con fundamento a lo establecido en los ordinales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se declara”.
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en las sentencias de esta Sala Nº 1 y N° 2 del 20 de enero de 2000, casos: “Emery Mata Millán” y “Domingo Ramírez Monja”, las cuales resultan aplicables conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones y consultas de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, -salvo los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.
En el presente caso, corresponde conocer y decidir a esta Sala la apelación de la decisión dictada el 11 de abril de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional, por lo que esta Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
El a quo declaró la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional con fundamento en los numerales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud que desde la fecha en que se produjo la presunta violación o amenaza de violación constitucional hasta la fecha de la interposición de la acción de amparo constitucional había transcurrido el lapso de seis (6) meses establecido en el referido artículo y, aunado a ello, la parte accionante no hizo uso de los mecanismos judiciales establecidos como vía ordinaria, a saber el recurso de apelación.
Asimismo, se pronunció con respecto a la improcedencia de la acción de amparo constitucional, en virtud de que el acto de remate no puede ser anulado mediante la vía del amparo constitucional, sino que el interesado debió acudir a la acción reivindicatoria a los fines de lograr la restitución del inmueble que ha sido adjudicado a otro a través de un remate.
Al efecto, se observa que la norma in commento dispone lo siguiente:
“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(omissis)
4. Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucional hayan sido consentido expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infringan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren trancurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza del derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquél que entraña signos inequívocos de aceptación.
5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (…)”.
En atención a las anteriores consideraciones, se observa que el acto impugnado lo constituye la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 16 de septiembre de 2004, mediante la cual se negó al hoy quejoso la reposición al estado de admisión del juicio de ejecución de hipoteca, la cual consta en el folio 149 del presente expediente, por lo que, tomando en cuenta que transcurrieron más de seis (6) meses hasta la interposición de la acción de amparo constitucional -28 de marzo de 2005-, esta Sala confirma la sentencia apelada, que declaró inadmisible dicha acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.
En igual sentido, se advierte con respecto al auto dictado el 3 de octubre de 2002, mediante el cual se admitió la demanda de intimación sin haberse notificado al accionante –según se alega-, así como al Acta dictada el 20 de agosto de 2003, impugnada por el quejoso, con fundamento en que el Juzgado agraviante no facultó a la defensora judicial para darse por citada, por lo que mal podían comenzar a correr los lapsos desde su juramentación; y respecto del acto del 7 de julio de 2004, en virtud del cual a juicio del actor se subvirtió el procedimiento, cuando se juramentó a los expertos sin que éstos hubiesen aceptado los cargos para los cuales fueron designados, ya que éste es un requisito indispensable para proceder a ello, según lo establece el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil; que desde la emisión de los mismos hasta la interposición de la acción de amparo constitucional, ha transcurrido igualmente con creces el lapso establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, resulta inadmisible el amparo interpuesto, puesto que en el presente caso no se aprecian o desprenden violaciones al orden público ni a las buenas costumbres. Así se declara.
Aunado a ello, se observa que tal como lo declaró el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la parte accionante disponía de los medios procesales idóneos, como lo es recurso de apelación contra el fallo que negó la reposición solicitada por el ciudadano Asirio Rafael Chourio Luengo al estado de admisión de la intimación ejercida por el Banco Provincial (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 3.517 del 17 de diciembre de 2003, caso: “Keneth Enrique Scope Leal”).
Ello así, se advierte que la acción de amparo no será admisible cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional, con la finalidad de que esta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.581 del 11 de diciembre de 2001, caso: “Robinson Martínez Guillén”).
Igualmente, no observa esta Sala que la parte apelante expusiera en el momento de la interposición de la acción de amparo constitucional ni en esta instancia, cuáles fueron los fundamentos jurídicos que conllevaron al quejoso a ejercerla y a la demostración a esta sede constitucional, que era el amparo y no la apelación el medio idóneo para el restablecimiento eficaz de la situación jurídica infringida y que generó la supuesta violación de los derechos constitucionales alegados, razón por la cual, se declara inadmisible la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
Aunado a lo anterior, aprecia esta Sala que el juez a quo luego de analizados los requisitos de inadmisibilidad –presupuestos procesales-, pasó a pronunciarse sobre motivos de improcedencia de la misma, lo cual resulta incompatible en su estudio, por cuanto declarada la inadmisibilidad de la misma se exime al órgano jurisdiccional del razonamiento de la procedencia o no de la acción de amparo constitucional, por cuanto este análisis prejuzga sobre el fondo de la controversia. Así se decide.
En consecuencia, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar la apelación interpuesta el 13 de abril de 2005, por el ciudadano Asirio Rafael Chourio Luengo, asistido por el abogado Cristóbal Rondón, anteriormente identificados, contra la decisión dictada el 11 de abril de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, razón por la cual, se confirma el fallo apelado en los términos expuestos. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano ASIRIO RAFAEL CHOURIO LUENGO, titular de la cédula de identidad N° 1.653.297, asistido por el abogado Cristóbal Rondón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 15.267, contra la decisión dictada el 11 de abril de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de dicha Circunscripción Judicial el 16 de septiembre de 2004, que negó al hoy quejoso la reposición de la causa al estado de admisión del juicio de ejecución de hipoteca ejercido por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal contra los ciudadanos Víctor Rafael Riobueno y Aura Mercedes González de Riobueno. En consecuencia, se CONFIRMA, en los términos expuestos, el fallo apelado.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 05-0857
LEML/d
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