SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente Nº 07-1743
El 26 de noviembre de 2007, el ciudadano ALEXANDER LUZARDO NAVA, titular de la cédula de identidad N° 4.019.028, con la asistencia jurídica de la abogada Mirtha Josefina Guedez Campero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 6.768, presentó ante esta Sala escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada contra (
) los vicios de procedimiento cometidos en la tramitación de la propuesta de reforma de la Constitución [de la República Bolivariana de Venezuela].
En virtud de su reconstitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 29 de noviembre de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El actor sustentó su pretensión de tutela constitucional en los siguientes argumentos:
Respecto de su legitimación procesal para la incoación de la presente acción, señala que (
) [acciona] en Justicia en defensa de la totalidad de [sus] derechos políticos lesionados con el desarrollo del proceso de reforma constitucional, así como de un interés común cónsono con el planteamiento de fondo realizado y que está relacionado con la integridad de la Constitución de 1999.
En abundamiento, señala que, por otra parte, (
) [considera] que por esta problemática está afectada toda la población del país. Asimismo, que (
) la acción de amparo que [intenta] persigue favorecer a los ciudadanos que sienten angustia por la inestabilidad política que produce tal mecanismo y el riesgo manifiesto para la República.
En ese mismo orden, agrega que (
) es necesario contribuir a la paz, la armonía, el desarrollo del Estado Social y de Justicia, la debida información, consulta y participación social, económica, política y ambiental (artículo 28 de la Constitución) y de acuerdo con el principio de la democracia participativa y protagónica que inspira todo el Texto Constitucional de 1999.
En torno a los hechos que estima como lesivos a los derechos del colectivo cuya defensa se atribuye, narra que En sesión extraordinaria realizada el 2 de noviembre de 2007, el Consejo Nacional Electoral convocó la realización del Referendo de la Reforma Constitucional y fijó el día 2 de diciembre como fecha para la celebración de la consulta popular. Igualmente, mediante resolución, el directorio también aprobó el cronograma de actividades para llevar a cabo el Referendo y la pregunta que se formulará a los electores en el Referendo, en los mismos términos y condiciones en que fue aprobada por la Asamblea Nacional, al sancionar la Reforma Constitucional (
).
Que, en su criterio, el proyecto de Reforma a la Constitución aprobado por la Asamblea Nacional, el 2 de noviembre de 2007, fue encartado en los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, Panorama y otros medios de comunicación, el 11 de noviembre de 2007 y el 25 de noviembre de 2007. Dicha publicación posee las graves fallas que a continuación enumera:
1. La publicación no contiene los símbolos ni la identificación de la República Bolivariana de Venezuela, sino solamente los del Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral. No dice de cual país.
2. Existe una grave omisión en la presentación del proyecto en la portada, pues dice Proyecto de reforma Constitucional cuando debería decir Proyecto de Reforma Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de su respectiva Exposición de Motivos, sancionada el 2 de diciembre de 2007, tal cual corresponde a la papelería y a los documentos oficiales. El Escudo oficial y sello de la República Bolivariana de Venezuela no se encuentra estampado en la publicación dada a conocer a la población votante el 11 de noviembre por parte del CNE.
3. La publicación posee otra omisión grave al no señalar la existencia de la Exposición de Motivos de la Reforma de la Constitución, sancionada por la Asamblea Nacional, de lo cual resulta una violación del derecho a la información por parte de los ciudadanos que tienen derecho a estar informados y al debido conocimiento del espíritu, razón y propósito de los proyectos y leyes y por supuesto de una reforma a la Carta Magna. ¿Cómo se propone una Reforma a la Constitución de la República Bolivariana, sin motivación, sin explicar sus alcances, su fundamentación?.
4. La falta estructural se encuentra presente en la comunicación emanada con fecha 2 de noviembre de 2007, firmada por la Presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores dirigida a la Presidenta Tibisay Lucena y demás rectores del Consejo Nacional Electoral. En dicha comunicación debía referirse a la remisión del Proyecto de Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de su respectiva Exposición de Motivos. Dicho documento no aparece registrado en la publicación del 11 de noviembre ordenada desde el CNE. Los ciudadanos en consecuencia se encuentran indefensos ya que no se les dio a conocer, en forma oficial y documentada, la motivación de la Reforma. Esta formalidad es de rigor en los actos legislativos y no puede estar ausente en una Reforma a la Constitución.
5. [Considera] que el documento contentivo de la Reforma y su publicación son írritos pues no se identifican con la simbología oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que no fue acompañada de su respectiva Exposición de Motivos. Asimismo, [puede] resaltar que en la misma tampoco se indica el número de Gaceta Oficial ni su respectiva fecha.
Los actos jurídicos, legales y constitucionales, deben ser debidamente identificados, citados con exactitud, según la Gaceta Oficial de la República, indicando fecha, número del ejemplar ordinario o extraordinario, pues cualquier omisión u error anula el acto jurídico. No se trata de formalidades no esenciales. Son la forma y fondo al mismo tiempo, fundidos en la norma superior que rige la República y los ciudadanos.
Señala que en La Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, publicada el 2 de noviembre de 2007, año IX, mes V - número 400, establece dos bloques indicando las alternativas que se les ofrecen a los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional Electoral, a los efectos de ejercer el derecho al voto en el referéndum del 2 de diciembre de 2007; por motivo de la Reforma Constitucional sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007.
Respecto de los vicios presentes en la referida publicación oficial, destaca que (
) en ninguno de los dos bloques se incluyen las disposiciones transitorias lo cual a [su] entender constituye una grave ausencia que es imposible reparar en la Gaceta y en la boleta de votación, salvo que se ordenara una nueva publicación para incluir un tercer bloque con las disposiciones transitorias, de lo contrario los votantes, por ejemplo pueden votar si en el bloque A y no en el bloque B o viceversa, no quedando claramente establecido su inclinación por las disposiciones transitorias. Esta situación configura una fragante (sic) violación a los derechos electorales.
Respecto de las modificaciones incorporadas al proyecto de Reforma de la Constitución efectuadas por el Órgano Legislativo Nacional, acota que (
) la reforma, más sus agregados, constituye una nueva Constitución desde un punto de vista cualitativo al modificar principios y la estructura fundamental de la Constitución. Pero a pesar de que, en principio, la revisión está limitada a 69 artículos y a 15 disposiciones transitorias, la realidad es que se verá afectada, en términos cuantitativos cerca del 60% del Texto Constitucional (
).
Luego de efectuar un examen del modelo socialista de Estado que forma el eje central de la Reforma Constitucional, acota que La DISPOSICIÓN TRANSITORIA N° 9 establece que hasta tanto se dicten las normas que desarrollen los principios establecidos en el artículo 112 de esta Constitución, el Ejecutivo Nacional podrá, mediante decretos o decreto ley, regular la transición al Modelo de Economía Socialista. Es decir, no importa, lo que diga la Constitución, la última palabra la tiene el Ejecutivo y la ejecuta a través de decretos. Quien ejerce el Poder Ejecutivo, en la práctica se convierte en Poder Constituyente originario, en Constitución. Esto es lo que [califica] como una Ley Constitucional en blanco e indeterminada.
Acusa una aplicación retroactiva de la norma contenida en la Disposición Transitoria N° 2 (
) que permite a los diputados, electos en los comicios del 5 de diciembre de 2005, llamados por Hugo Chávez Frías a ocupar cargos públicos, se reincorporen a la Asamblea Nacional a pesar del cese de la función legislativa por haberse juramentado en cargos ejecutivos.
Bajo el acápite titulado Reversión de Competencias, Centralización y Destrucción del Federalismo, destaca que En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA N° 14 se prevé la reversión de competencias y la anulación del poder descentralizador que se inició con la aprobación de la Ley de Transferencia de Competencias del 29 de diciembre de 1989. Éste es un aspecto esencial para afirmar que uno de los principios fundamentales que estructura al Estado venezolano, la forma de Estado Federal, desaparece y se anula. El texto prevé que, en un lapso no mayor de un año, serán transferidas al Poder Nacional las competencias que eran de los Estados y Gobernaciones. Esto sin contar las importantes competencias que se les arrancaron para concedérselas al Poder Popular.
También señala que En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA N° 10 se ejecuta la modificación del Situado Constitucional para que los recursos secuestrados a los Estados reviertan en otros poderes a partir de la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2009.
En el mismo orden, manifiesta que En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA N° 12 se le permite al Poder Ejecutivo, por vía de decreto, regular el régimen de transición del Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Federal; además arrebata la elección de la máxima autoridad de la entidad al pueblo.
Luego de transcribir el texto del artículo 344 constitucional, considera que (
) se obvió el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 343 constitucional; en pocas palabras, la propuesta de reforma no se sometió a tres discusiones, en el plazo establecido en la norma, lo cual es evidente en las modificaciones que hizo la Asamblea Nacional al proyecto originario.
En esa línea argumental, sostiene que El referendo se debe pronunciar en conjunto sobre la reforma, para lo que los electores y las electoras inscritas manifiesten su aprobación o no al proyecto de reforma constitucional pero ¿dónde quedan las Disposiciones Transitorias?. Es por ello que existe un primer acto viciado, el emitido por la Asamblea Nacional, por cuanto es dicho órgano el único conocedor de cuál será el texto definitivo del proyecto de reforma sancionado. Pero, igualmente, el Consejo Nacional Electoral, al dictar la resolución convocando a referendo, obvia un vicio sustancial y evidente. La Asamblea Nacional tiene competencia para definir cuáles serán los artículos o capítulos de la reforma a ser votados por el electorado en el referendo de manera separada a la totalidad de la reforma constitucional. Lo que no puede es eliminar una parte integrante de la reforma que ya aprobó.
Concluye en su petitorio que El objetivo de esta acción es declarar la incompatibilidad del procedimiento activado con el contenido de la revisión planteada, lo que derivaría en la nulidad del acto de la Asamblea Nacional aprobando el texto de la reforma y el del Consejo Nacional Electoral sometiéndolo a la consulta popular. Aquí [indica] específicamente que estos actos quedan identificados como: A) Proyecto de reforma a la Constitución aprobado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007, encartado en los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, Panorama y otros medios de comunicación, el 11 de noviembre de 2007; y B) Resolución del Consejo Nacional Electoral publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 2 de noviembre de 2007, Año IX, mes V - número 400.
Sobre la base de lo expuesto, solicita que se admita la presente acción (
) con el emplazamiento de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral (
).
Finalmente, requiere a esta Sala que, en ejercicio de su potestad cautelar, decrete la siguiente medida: (
) Suspensión de Referendo convocado por el Consejo Nacional Electoral para el día 2 de diciembre de 2007 mientras se decida la presente acción.
II
DE LA COMPETENCIA
El cardinal 18 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de conocer, en primera y última instancia, (
) las acciones de amparo constitucional interpuestas contra altos funcionarios públicos nacionales (
).
Por su parte, mediante la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), esta Sala Constitucional determinó el régimen competencial aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los cuales estableció que corresponde a esta Sala el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo que sean incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente:
(
) Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, (...) de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República (
).
En tal sentido, precisa esta Sala señalar que de conformidad con el artículo 8 eiusdem, el fuero especial que allí está preceptuado debe reunir dos requisitos intrínsecos, cuales son la jerarquía constitucional y el carácter nacional, es decir, que la actividad de la autoridad derive de un mandato expreso de la Constitución y que su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República.
En el presente caso, el actor señala expresamente como órganos agraviantes a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional Electoral, en virtud de tal circunstancia, la Sala juzga que la causa se encuentra bajo los supuestos de hecho de las normas atributivas de competencia contenidas en el artículo 5, numeral 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia Nº 1 dictada por esta Sala el 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), por lo que congruente con su propia doctrina se declara competente para conocer de la acción propuesta en única instancia, y así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
La pretensión de tutela constitucional de autos fue propuesta por el ciudadano Alexander Luzardo Nava, con el propósito de obtener la nulidad de sendos actos jurídicos vinculados al íter procedimental seguido para la reforma del Texto Constitucional de 1999, propuesta por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, bajo el argumento de constituir vicios en el procedimiento demanda la nulidad del Proyecto de Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007 (
) encartado en los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, Panorama y otros medios de comunicación (
) el 11 y 25 de noviembre de 2007 y la Resolución del Consejo Nacional Electoral publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela el 2 de noviembre de 2007, año IX, mes V, número 400.
Ahora bien, respecto de la vigencia de los actos jurídicos emanados de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral cuya nulidad se pretende a través de este medio procesal de defensa de derechos y garantías constitucionales, esta Sala advierte que constituye un hecho notorio y comunicacional que el referendo aprobatorio de la propuesta de reforma constitucional antes mencionada se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2007, esto como última fase del procedimiento de reforma constitucional regulado en los artículos 342 al 346 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en virtud de la celebración de dicho evento electoral y de sus resultados, cualesquiera de los actos jurídicos dictados por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral vinculados a ese procedimiento constitucional carecen de efectos jurídicos actuales susceptibles de causar lesión alguna a los derechos y garantías del actor, así como del colectivo, lo cual conlleva a esta Sala a concluir que se ha verificado el decaimiento del objeto de la presente acción de tutela constitucional.
En efecto, juzga la Sala que se configura sobrevenidamente la causal de inadmisibilidad a que se refiere el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, dispone la mencionada disposición lo siguiente:
No se admitirá la acción de amparo:
1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla (...).
De acuerdo a la norma transcrita, para que resulte admisible la acción de amparo es necesario que la lesión denunciada sea presente, es decir, inminente, a fin de restablecer la situación jurídica que se alega infringida, lo cual constituye el objeto fundamental de esta categoría jurisdiccional de tutela constitucional (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.070 del 2 de junio de 2005, caso: Inversiones Ramedi, C.A.).
En razón de lo anterior, resulta claro para esta Sala que en el caso bajo estudio se configuró la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber cesado la actualidad de los efectos de cualquier acto jurídico vinculado al procedimiento de reforma constitucional que pudiera ser presuntamente lesiva a los derechos y garantías constitucionales del actor, y así se decide.
Finalmente, respecto de la medida cautelar innominada presentada junto al amparo en el escrito libelar, esta Sala, habiendo declarado inadmisible la acción principal, observa que resulta inoficioso el estudio de la tutela judicial cautelar solicitada, dado su carácter accesorio e instrumental respecto de ésta. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE e INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano ALEXANDER LUZARDO NAVA, con la asistencia jurídica de la abogada Mirtha Josefina Guedez Campero, ya identificados, contra (
) los vicios de procedimiento cometidos en la tramitación de la propuesta de reforma de la Constitución [de la República Bolivariana de Venezuela], por haber operado la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6, numeral 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de febrero de dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Exp. 07-1743
LEML/i.-