Sentencia N.º 2943
- Sentencia
- N.º 2943
- Fecha
- 14/12/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2331
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 24 de agosto de 2004, CONSTRUCCIONES PENTACO JR C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 18 de enero de 1993, bajo el nº 68, Tomo 16-A-Pro, mediante la representación del abogado Edgar Daniel Patiño Blanco, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 42.829, planteó, ante esta Sala, solicitud de revisión de la sentencia que dictó, el 6 de julio de 2004, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por la que declaró sin lugar la demanda que, por resolución de contrato, daños y perjuicios, había interpuesto contra PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A.
De tal solicitud se dio cuenta en Sala por auto del mismo día y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 8 de septiembre de 2004, se reformó la solicitud de revisión constitucional.
El 2 de noviembre de 2004, la parte actora solicitó la notificación de la parte demandada en la sentencia objeto de revisión.
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
1. Alegó:
1.1 Que el fallo objeto de revisión obvió la interpretación de normas constitucionales, específicamente concretadas en la infracción al artículo 7 de la Carta Magna pues dicho fallo se aparta de la sujeción que todos los órganos del poder público deben tener a la Constitución, pues no se observan en ella las normas mínimas de cumplimiento del debido proceso, del derecho a la igualdad, del derecho a la obtención de un (sic) tutela judicial efectiva, con lo que también incumple con lo previsto en el artículo 335 de nuestra constitución... (sic).
1.2 Que se violó el derecho a la igualdad, por cuanto ...no se entiende como (sic) en la sentencia denunciada (...) la Sala Político Administrativa, motive su decisión en una evidente desigualdad entre las partes y (los) coloca en inferioridad de condiciones, pues a su único e infundado decir, hay una presunta prerrogativa que tiene la Administración Pública para ...rescindir unilateralmente, sin que sea necesario que se configure el incumplimiento contractual de la otra parte en la relación, toda vez que constituye un derecho inherente a la función administrativa, siempre que se fundamente en razones de interés público. Que no deben establecerse diferencias o privilegios entre las partes y en el fallo dicha Sala a su propio decir calificó a PDVSA de Administración Pública, pues tal calificación no se la otorgó la demandante.
1.3 Que se violó el debido proceso, por cuanto se transformó un contrato de naturaleza privada en un contrato administrativo. Que no se trata de un contrato vinculado a un servicio público o al interés general, puesto que es un contrato de servicio industrial entre dos particulares, según alegó la propia demandada.
1.4 Que se violó el derecho a la igualdad y al debido proceso, pues el fallo extrajo conclusiones que no encuentran respaldo en lo que se alegó y probó en autos, con lo cual incurrió en falso supuesto y ultrapetita.
1.5 Que la decisión objeto de revisión es incongruente y partió de un falso supuesto cuando señaló que, para la terminación del contrato, no se requería del consentimiento de las partes y, sin embargo, afirmó que sí se había producido dicho consentimiento.
1.6 Que el acta de terminación del contrato fue firmada bajo engaño y, además, no puede tenerse como la notificación de la voluntad de la parte contratante de dar por finalizada la relación contractual. Que la notificación, que pretendió hacer valer su contraparte, fue recibida por una persona desconocida para la empresa diez días después de la suscripción del acta de terminación.
1.7 Que el fallo está viciado de falso supuesto y silencio de pruebas cuando afirmó que no habría sido demostrado el alegato de que el acta de terminación se suscribió bajo engaño, a pesar de que se promovieron pruebas suficientes para la demostración de tal alegato.
1.8 Que el fallo recurrido está viciado de inmotivación y no permite un control de la legalidad del dispositivo de la sentencia, lo que constituye una evidente infracción del derecho la (sic) obtención de una tutela judicial efectiva, del derecho al debido proceso, del derecho a la igualdad, todos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace que este fallo sea pasible de REVISIÓN por parte de esa Sala Constitucional.
2. Pidió:
REVISE el ya indicado fallo emitido por la Sala Político Administrativa en fecha 06/07/04 y publicado el 07/07/04, Nro. 00783, en virtud de las gravísimas y evidentes infracciones a las garantías y derechos constitucionales, allí contenidas en particularmente el derecho al debido proceso, a la defensa, y a la igualdad, que implican una violación e irrespeto a la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, una distorsión a la CERTEZA JURÍDICA y un quebrantamiento del estado de Derecho.
II
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Sala Político Administrativa decidió en los siguientes términos:
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Pasa la Sala a decidir, y al respecto observa:
En el presente caso se interpuso demanda por resolución de contrato, daños y perjuicios contra PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., (ahora PDVSA PETRÓLEO, S.A.), por el supuesto incumplimiento de la demandada al rescindir unilateralmente el contrato suscrito entre las partes, que tenía por objeto el servicio de cuadrillas de lubricación en áreas de crudo pesado, extrapesado, liviano y mediano, y específicamente la realización de las labores de mantenimiento en mecánica de balancines en áreas de extrapesado del Distrito San Tomé del Estado Anzoátegui.
En efecto, se alega que no se dio cumplimiento a la cláusula vigésima cuarta del contrato que obligaba a la demandada a dar aviso por escrito de su rescisión, señalándose además que la revocatoria de un contrato debe ser por mutuo consentimiento de las partes, so pena de incurrir en violación del artículo 1.159 del Código Civil.
Concluyen, que en virtud del incumplimiento de la demandada resulta procedente el pago de la cantidad de veintisiete millones novecientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y dos bolívares con noventa y cinco céntimos (Bs. 27.988.152,95), por concepto de daños y perjuicios legalmente debidos por el hecho ilícito de la terminación unilateral, arbitraria e ilegal del contrato, agregando que tales daños vienen derivados de los gastos en que tuvo que incurrir la actora para obtener la buena pro en el contrato cuya resolución se demanda, todo ello más las costas y costos del proceso.
Además sostienen que el Acta de Terminación de Servicio suscrita el 14 de septiembre por ambas partes, fue firmada bajo engaño efectivamente en una fecha distinta a la señalada, esto es, en el mes de diciembre de 1998, ello en virtud -según alegan los apoderados judiciales de la demandante- de la propuesta efectuada por la demandada al representante legal de Construcciones Pentaco J.R., C.A., con la promesa de cancelar las valuaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año.
La demandada por su parte, señaló que la rescisión unilateral del contrato N° 09-B-98-204 se realizó con fundamento en su cláusula vigésima cuarta que faculta a PDVSA a dar por terminado unilateralmente el mismo mediante aviso por escrito, fundamentándose en el caso concreto, en las condiciones de la dinámica de la actividad que se desarrolla en la exploración y explotación de los hidrocarburos, circunstancia que -según alegan- fue notificada a Pentaco mediante comunicación suscrita en fecha 14 de septiembre de 1998, por el Gerente Distrital de PDVSA Petróleo y Gas, S.A., en el Distrito San Tomé del Estado Anzoátegui, recibida por el ciudadano Jonny Hernández, empleado de la demandante. Afirma que el contrato se suscribió para la prestación de un servicio continuo que se realizaba mensualmente y de forma puntual, por lo que, cancelados los trabajos ejecutados por la demandante nada adeuda su representada por el contrato.
Estiman además, que los gastos reclamados por la demandante referidos a las pólizas de seguro, fianzas laborales y de fiel cumplimiento, y el pago del sueldo de un trabajador, entre otros, no pueden ser encuadrados dentro del concepto de daño emergente, pues -insiste- PDVSA cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato para su terminación.
En este sentido, advierte la Sala que el caso de autos está dirigido a resolver la demanda interpuesta con ocasión al presunto incumplimiento de un contrato administrativo, relación jurídica en la cual la Administración goza de ciertas prerrogativas entre las cuales se encuentra la facultad de rescindir el contrato unilateralmente, sin que sea necesario que se configure el incumplimiento contractual de la otra parte en la relación, toda vez que constituye un derecho inherente a la función administrativa, siempre que se fundamente en razones de interés público.
Así, en el presente caso, PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., (ahora PDVSA PETRÓLEO, S.A.), dio por resuelto el vínculo jurídico que tenía con CONSTRUCCIONES PENTACO J.R., C.A., con base en la prerrogativa establecida en la Cláusula Vigésima Cuarta de las Condiciones Generales del Contrato, alegando razones que atienden a las condiciones de la dinámica actividad que se desarrolla en la exploración y explotación de los hidrocarburos. En efecto, dicha cláusula establece:
PDVSA podrá en cualquier momento, aún antes del inicio del trabajo, dar por terminado el contrato u ordenar sólo la ejecución parcial, mediante aviso escrito a LA CONTRATISTA. En tal caso, queda convenido que PDVSA no será considerada responsable por los daños y perjuicios alegados por causa de dicha terminación, ni por concepto de lucro cesante con respecto a la porción del trabajo no terminado, pero si será responsable por los conceptos que a continuación se enuncian:
a) Los pagos adeudados a la LA CONTRATISTA por concepto del trabajo terminado o parcialmente terminado a satisfacción de PDVSA .
b) Los gastos razonables y debidamente justificados hechos por la LA CONTRATISTA para cumplir las instrucciones de PDVSA al decidir la terminación del contrato.
En efecto, resulta evidente que tales Condiciones Generales de Contratación fueron aceptadas por la contratista al momento de suscribir el contrato de servicio para la realización de las labores de mantenimiento en mecánica de balancines en áreas de extrapesado del Distrito San Tomé del Estado Anzoátegui, toda vez que incluso, se alega el incumplimiento de la demandada de la cláusula antes transcrita, en el sentido de que no se dio aviso por escrito de la terminación del contrato.
Así pues, conforme a ello, debe afirmarse que P.D.V.S.A., dentro del marco de las cláusulas contractuales sí estaba facultada a dar por terminado el contrato, antes del transcurso del tiempo para el cual había sido originalmente suscrito, esto es desde el 16 de julio de 1998 hasta el 15 de julio de 1999, y fue en razón de ello que se ejerció el derecho, inherente a la función administrativa, fundamentándose en razones de interés público.
De allí que, contrariamente a lo afirmado por la demandante no era necesario en el marco de esa contratación administrativa, el mutuo consentimiento de las partes para la culminación del contrato. Así se declara.
Ahora bien, según lo dispuesto en la cláusula transcrita supra, si bien PDVSA PETRÓLEO, S.A., está facultada a rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, aún antes del inicio del trabajo, tal rescisión debía ser notificada mediante aviso escrito a LA CONTRATISTA. En consecuencia, sólo con el cumplimiento de esta formalidad es que se entendería que PDVSA no será considerada responsable por los daños y perjuicios alegados por causa de dicha terminación, ni por concepto de lucro cesante con respecto a la porción del trabajo no terminado.
En este sentido, alegó la representación de la demandada que tal formalidad se cumplió mediante comunicación suscrita en fecha 14 de septiembre de 1998, por el Gerente Distrital de PDVSA Petróleo y Gas, S.A., en el Distrito San Tomé del Estado Anzoátegui, recibida por el ciudadano Jonny Hernández, empleado de la demandante, cursante al folio 238 del expediente. No obstante lo anterior, la demandante desconoció en forma general tal comunicación por cuanto la persona que la recibió no es el representante legal de Pentaco J.R., C.A., ni tampoco su empleado.
Sobre el anterior particular, debe señalar esta Sala que aún cuando la demandante desconoce el documento contentivo de la notificación que le efectuara PDVSA sobre la terminación unilateral del contrato, por cuanto no fue recibida por su representante legal, dicha notificación fue emitida con fecha 14 de septiembre de 1998, es decir, en la misma fecha en que se suscribió el Acta de Terminación del Servicio, que cursa al folio 48 del expediente, la cual sí admite la demandante fue firmada por el representante legal de Construcciones Pentaco J.R., C.A., ciudadano José Pantoja, alegando no obstante que su aceptación se produjo bajo engaño con la supuesta promesa de que se cancelarían los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año, aún cuando ya el servicio no se estaba ejecutando.
Ahora bien, considera la Sala que la demandante se limitó a exponer tal circunstancia, sin que se produjera en autos prueba alguna del supuesto engaño del cual fue objeto el representante legal de Construcciones Pentaco J.R., C.A., respecto a la circunstancia descrita supra, por lo que, ante la ausencia de pruebas destinadas a demostrar la existencia de un vicio en el consentimiento de la demandante para suscribir el Acta de Terminación del Servicio en fecha 14 de septiembre de 1998, que pudiera afectar su validez, debe esta Sala concluir que tanto la voluntad administrativa de PDVSA como la de Construcciones Pentaco J.R., C.A., se manifestó libremente, cumpliéndose así en el presente caso con el requisito del consentimiento de las partes, para la terminación del contrato.
De allí que si bien, en la cláusula vigésima cuarta de las condiciones generales de contratación, se exige el aviso escrito de la terminación unilateral del contrato a la contratista, no se especifica el tiempo de anticipación en que debía ser notificada la rescisión, por lo que debe entenderse que la manifestación de voluntad expresada en el Acta de Terminación del Servicio, evidencia que la contratista en esa oportunidad aceptó que en esa misma fecha fueron concluidos los trabajos según contrato N° 09-B-98-0204, y por ende, debe juzgarse como notificada de la voluntad de la Administración de la rescisión unilateral del contrato.
En tal sentido, debe precisarse que es evidente del análisis tanto de los alegatos como del contrato suscrito por las partes, que conforme se ejecutaba el servicio por la contratista, se generaba para la demandada la obligación de pagar a Construcciones Pentaco J.R., C.A., el servicio prestado a través de las valuaciones correspondientes, es decir, el contrato debía cancelarse de acuerdo al servicio efectivamente ejecutado, no existiendo un precio total por la mera suscripción del mismo.
De tal manera que, tal y como lo afirmó categóricamente la demandante en su escrito libelar, rescindido el contrato el 14 de septiembre de 1998, en esa misma fecha no se le permitió realizar ningún otro trabajo, por lo que era evidente que la culminación fue inmediata, y además aceptada por la suscripción de ambas partes de la respectiva Acta de Terminación del Servicio.
De allí que, aceptado como fue que los servicios se ejecutaron efectivamente hasta el 14 de septiembre de 1998, y canceladas las valuaciones presentadas por los servicios ya ejecutados, no estaba obligada PDVSA a pagar a la demandante ningún otro concepto, según lo establece el literal a) de la cláusula vigésima cuarta de las condiciones generales de contratación.
Como consecuencia de todo lo expuesto, resulta evidente la improcedencia del pago reclamado por la demandada por el monto total del contrato, pues como se señaló, el pago procedía era por servicio efectivamente ejecutado (total o parcialmente a satisfacción de la Administración), no pudiendo pretenderse sobre la base de unas promesas de pago aparentemente efectuadas por la demandada el pago de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998.
Por otra parte, en cuanto a los gastos razonables y debidamente justificados hechos por la LA CONTRATISTA para cumplir las instrucciones de PDVSA al decidir la terminación del contrato, referidos en el literal b) de la mencionada cláusula contractual, que según la demandante los constituyen las pólizas de seguros, fianzas, arrendamiento de un local y el sueldo supuestamente pagado a un trabajador, aún después de la terminación de contrato, esta Sala observa:
No resultó un hecho controvertido que a la sociedad mercantil Construcciones Pentaco J.R., C.A., le fue otorgada la buena pro, en virtud de la licitación previa en la cual participó, para obtener la contratación del servicio de cuadrillas de lubricación en áreas de crudo pesado, extrapesado, liviano y mediano, específicamente la realización de las labores de mantenimiento en mecánica de balancines en áreas de extrapesado del Distrito San Tomé del Estado Anzoátegui.
En efecto, se afirmó en el libelo que para la efectiva contratación la demandante tuvo que cumplir con las exigencias de P.D.V.S.A, relativas a la suscripción de pólizas de seguro por responsabilidad civil, de vehículos, patronal, fianzas de fiel cumplimiento y laboral, además de la contratación del personal y medios adecuados para satisfacer el servicio a cuya prestación se obligaba.
Así, en la Cláusula Primera de las Condiciones Especiales del Contrato se estipuló lo siguiente:
PRIMERA: LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para PDVSA a todo costo, con sus propios elementos y por su propia cuenta, conforme con las estipulaciones de este contrato y las normas técnicas aceptadas el trabajo....
Por otra parte, en la Cláusula Séptima del mismo contrato, en el punto relativo a los seguros y garantías prestados por la contratista, se señala:
SÉPTIMA: LA CONTRATISTA se obliga a contratar y mantener vigente, durante el tiempo de la ejecución del trabajo y hasta la recepción definitiva del mismo, con compañías aseguradoras aceptadas por PDVSA , las siguientes pólizas de seguros:
a) Responsabilidad Civil General.
b) Responsabilidad Civil por cada uno de los vehículos u otros similares que serán utilizados en el trabajo.
c) Responsabilidad Civil Patronal....
En este mismo sentido, en las cláusulas siguientes, es decir, en la Octava y Novena PDVSA exigió a CONSTRUCCIONES PENTACO J.R., C.A., la constitución de fianzas laboral y de fiel cumplimiento, a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.
Igualmente en la Condiciones Generales de Contratación, en la Cláusula Octava las partes convinieron expresamente en que la contratista es una empresa independiente que ejecuta para el público en general trabajos similares a los cubiertos por este contrato y su personal es contratado por su exclusiva cuenta; por lo tanto, es y será la única responsable del cumplimiento de las obligaciones que asume con su personal como patrono (...) En consecuencia, LA CONTRATISTA acepta que durante la vigencia de este contrato dispondrá del personal suficientemente calificado para el manejo y solución de los problemas de carácter laboral que pudieran presentársele..
Conforme a lo expuesto, resulta evidente que los gastos relativos a la suscripción de pólizas de seguro, fianzas, sueldo de trabajadores y otros servicios tendientes a ejecutar cabalmente las obligaciones contenidas en el contrato, no pueden ser considerados como gastos susceptibles de ser indemnizados por la rescisión unilateral del mismo, pues constituyen más bien parte del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el referido contrato, y no se refieren a los gastos razonables para cumplir las instrucciones de PDVSA al decidir la terminación del contrato.
Por tanto, al no ser procedente la indemnización de tales gastos, pues derivan del cumplimiento de las obligaciones contractuales de Construcciones Pentaco J.R., C.A., resulta evidente que PDVSA al haber cancelado las valuaciones respectivas por los servicios materialmente ejecutados, nada adeudaba a la demandante por ningún otro concepto, pues estaba a su cargo cumplir con las obligaciones de índole laboral que se suscitaran en virtud de la contratación del personal idóneo para la prestación del servicio, así como mantener en vigencia las pólizas de seguro y fianzas antes señaladas.
Llegado en líneas anteriores, a la conclusión de que la contratante podía rescindir unilateralmente el contrato de servicio celebrado por las partes, y habida cuenta que PDVSA no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Sala considera improcedentes las indemnizaciones por los conceptos reclamados en el libelo, pues la actuación de la demandada se produjo en el marco de la legalidad, es decir, en ejercicio de las prerrogativas de las cuales se encuentran investidos organismos que pertenecen a la Administración Pública descentralizada cuando suscriben contratos de naturaleza administrativa; por tanto, se estima que en el caso sub examine, la demanda debe ser declara sin lugar. Así se declara.
IV
DECISIÓN
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda que por resolución de contrato, daños y perjuicios incoaran los abogados Edgard Daniel Patiño Blanco y Luis Eduardo Acuña Salas, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES PENTACO J.R., C.A., contra PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., (ahora PDVSA PETRÓLEO, S.A.)
Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
III
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
1. En cuanto a la potestad revisora de sentencias de amparo definitivamente firmes por parte de esta Sala, que preceptúa el artículo 336, cardinal 10, de la Constitución, en sentencia del 6 de febrero de 2001, caso: Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo), se estableció que la misma viene a incorporar una potestad estrictamente excepcional, restringida y extraordinaria para la Sala Constitucional, cuya interpretación debe realizarse de una manera estrictamente limitada.
Tal potestad de revisión abarca tanto fallos definitivamente firmes que dicten las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, como los demás Tribunales de la República (Vid. sentencias del 9-3-00, caso: José Alberto Zamora Quevedo; del 7-6-00, caso: Mercantil Internacional C.A.; y del 6-2-01, caso: Corpoturismo), con el señalamiento de que la teleología de ella es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según el artículo 335 del Texto Fundamental.
Esta norma constitucional no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional que se refirió lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes de revisión de sentencias definitivamente firmes. Entre los fallos que, según ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Sala, pueden ser objeto de revisión, se encuentran (i) Las sentencias de amparo constitucional; (ii) Las sentencias de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas fundamentadas en un errado control de constitucionalidad. (iii) Las sentencias que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional y (iv) Las sentencias dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás juzgados del país apartándose u obviando, expresa o tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que contenga alguna decisión de esta Sala con anterioridad al fallo que sea impugnado.
Es necesaria la aclaratoria que esta Sala, al momento de la ejecución de la potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial.
El artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorgó a esta Sala la competencia para el conocimiento de la solicitud de revisión constitucional de fallos de otras Salas de este máximo Tribunal, razón por la cual la Sala declara su competencia en el caso de autos.
2. En este asunto se observa que el pretendiente de la revisión alegó que el acto decisorio objeto de revisión estaría viciado de falso supuesto, inmotivación, silencio de pruebas y habría violado los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, debido proceso e igualdad. Ahora bien, de la lectura de la solicitud, la Sala no aprecia un error grotesco en la interpretación de principios o preceptos constitucionales que permita el uso de su extraordinaria potestad de revisión.
La Sala reitera que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un instrumento ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad no es la resolución de un caso concreto o la enmendatura de injusticias, sino el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica.
Con base en lo anterior y por cuanto ...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales... (s. S.C. n° 93 del 06.02.01), se declara que no ha lugar a la revisión que se solicitó. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones que preceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que NO HA LUGAR a la revisión constitucional que CONSTRUCCIONES PENTACO JR C.A. planteó respecto de la sentencia que dictó, el 6 de julio de 2004, la Sala Político-Administrativa de este supremo Tribunal.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
Magistrada
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 04-2331
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