Venley

Sentencia N.º 2958

Sentencia
N.º 2958
Fecha
29/11/2002
Sala
Constitucional
Expediente
02-0733
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

            Mediante oficio nº 02-093 del 18 de marzo de 2002, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente nº 4.279 de la nomenclatura de dicho Juzgado, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Fredys Martín De La Cruz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.754, en su carácter de apoderado judicial de ALFOMBRAS IMPERIAL C.A., inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 14, Tomo 31-A Sgdo, el 16 de abril de 1975, contra la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

 

Dicha remisión se efectuó a los fines de cumplir con la consulta obligatoria, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, visto que dicho Juzgado Superior declaró, el 11 de marzo de 2002, con lugar dicha acción.

 

El 28 de enero de 2001 se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor José M. Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

I

ANTECEDENTES

 

1.- El 16 de abril de 2001 el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda por resolución de contrato verbal de comodato, estimada en un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), interpuesta por Alfombras Imperial C.A. contra el ciudadano Fredys José Mata, quien ejerció en tiempo hábil contra tal sentencia recurso de apelación.

 

2.- El 5 de junio de 2001 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, sin informes de las partes: a) declaró con lugar la apelación interpuesta; b) sin lugar la demanda por resolución de contrato verbal de comodato incoada por Alfombras Imperial C.A.; y c) condenó a la parte actora al pago de las costas y los costos del juicio sustanciado.

 

3.- El 23 de noviembre de 2001, visto que por la cuantía de la demanda no era posible anunciar recurso de casación, el apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A. ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el antes mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Los argumentos centrales del escrito de amparo constitucional presentado por el apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A., son las siguientes:

 

1.- Que la decisión accionada es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 26, 257, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que contra ella, al haber sido dictada en un proceso con cuantía de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), no existe ninguna otra vía procesal que permita el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

 

2.- Que en el juicio que dio lugar a la decisión dictada el 16 de abril de 2001 por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedaron demostrados los siguientes hechos “1) la propiedad del inmueble dado en comodato, 2) el acta constitutiva de la sociedad mercantil Alfombras Imperial C.A., 3) la compra por el demandado del apartamento n° 05-03 del Edificio El Mijao, 4) la solicitud manuscrita del demandado solicitando un préstamo de Bs. 400.000,00 al Sr. Tito Arzola, 5) la copia de cheque de Bs. 400.000,00 a nombre de Fredys José Maita,” y la existencia del vínculo jurídico (contrato de comodato), en los términos expuestos en los testimonios de los ciudadanos José Valdemar Hernández García y Daniel David Ruiz, todo lo cual, en criterio de la representación judicial de la actora, hacía procedente la acción ejercida con fundamento en el artículo 1.167 del Código Civil.

 

3.- Que en la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el Juzgado Primero de Primera Instancia antes mencionado, “se puede observar un evidente error judicial cuando en su punto tercero establece que en la oportunidad para remover (sic) pruebas sólo la parte actora hizo uso de este derecho y luego destaca todas las pruebas promovidas dándole su valor probatorio a cada una de ellas, sin embargo al final declara: la parte actora no promovió pruebas”.

 

4.- Que el numeral 6, del punto tercero de la decisión accionada, se dejó sentado que “promovió las declaraciones de los ciudadanos José Valdemar Hernández García, Daniel David Ruiz y Miguel Ángel Guzmán, de las cuales fueron evacuadas las dos primeras, en fecha 21 de febrero de 2001, resultando contestes en tener conocimiento que la demandante prestó el inmueble al demandado, y adminiculadas al documento de préstamo hacen prueba de la existencia de un préstamo de parte de la demandada al demandado”.

 

5.- Que no obstante la anterior acotación, “de manera inconcebible en el numeral 8 (casi a continuación) establece: promovió pruebas testimoniales de los ciudadanos: José Valdemar Hernández García, Daniel David Ruiz y Miguel Ángel Guzmán, y a continuación dice: las referidas testimoniales no fueron evacuadas, cuando además de lo citado en el numeral 6, consta en el anexo “B” presentado, la respectiva evacuación de las testimoniales de los ciudadanos José Valdemar Hernández García y Daniel David Ruiz y también aparecen suficientemente evacuadas y valoradas en la sentencia definitiva del Juzgado Quinto de Municipio quien declara que dichos testigos fueron contestes en sus declaraciones quedando demostrado la existencia de un contrato de comodato”.

 

6.- Que en el punto cuarto de la sentencia accionada, el Juzgado Primero de Primera Instancia también incurrió en error judicial, cuando al partir de un falso supuesto, apoyado en citas doctrinarias, violó varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil al afirmar que el contrato de comodato nunca existió, por cuanto no fue presentado, sin advertir que el mismo fue celebrado en forma verbal.

 

7.- Que en la sentencia objeto del presente amparo constitucional se aduce que Alfombras Imperial C.A. no presentó desahucio al demandado “cuando expresamente reconoce con todo su valor probatorio a la copia certificada con la demanda que se presentó en el año 1998 ante el Juzgado Décimo Cuarto de Municipio donde se le exigía la devolución del inmueble y en su numeral 8 del Punto Primero (...) también lo declara: reconoce el documento del préstamo de Bs. 400.000,00 y la copia del cheque, y el documento del apartamento que compró con el dinero de la cuota inicial que se lo dio en préstamo y todo esto se le hizo para que devolviera el apartamento”.                  

  

8.- Que resulta interesante tomar en cuenta la actuación del demandado durante la segunda instancia del juicio por resolución de contrato, al limitarse la misma a presentar una diligencia para apelar de la decisión dictada en primera instancia, sin presentar alegato alguno ni ante el Juzgado Décimo de Municipio, ni ante el Juzgado Primero de Primera Instancia, pese a lo cual obtuvo “una sentencia tan contundente, que ganó hasta las costas”.

 

9.- Que luego de tener prestado un inmueble por más de once (11) años “a una persona con la que no se tiene ningún parentesco y negarle la posibilidad de su recuperación alegando formalidades no esenciales es una evidente injusticia y una flagrante violación a la Constitución”.

 

10.- Que la sentencia accionada vulnera el derecho a la propiedad de la sociedad mercantil accionante, “pues queda desposeída de los derechos de uso, goce, disfrute y disposición que tiene sobre dicho inmueble, por existir una sentencia judicial definitivamente firme que declara sin lugar la demanda de resolución del contrato verbal de comodato sobre el inmueble de su propiedad, no puede volver a demandar para recuperarlo porque le oponen una cuestión previa de cosa juzgada (sic) y la inmediata extinción del proceso, por lo que mi representada ha quedado en total estado de indefensión por esa irregular sentencia...”.     

 

Con fundamento en las consideraciones anteriores y en las disposiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A. solicitó que fuera admitida la acción de amparo constitucional y ratificada la decisión dictada el 16 de abril de 2001 por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

El 11 de marzo de 2002, el Juzgado Superior Décimo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A., con base en las siguientes motivaciones:

 

1.- Que luego de examinado el punto de la decisión accionada dedicado al examen y valoración de las pruebas traídas al juicio de resolución de contrato por la parte demandante, “se evidencia que la sentencia dictada por el Juez que conoció en Alzada, es incongruente, puesto que primero señala las pruebas promovidas por la parte actora y posteriormente indica que la accionante no promovió pruebas. Del mismo modo, al referirse a las testimoniales promovidas por la actora, por una parte examinó las testimoniales de los ciudadanos José Valderrama Hernández García Y Daniel David Ruiz, los cuales resultaron contestes en afirmar en sus dichos y luego expresa que tales testimonios no fueron evacuados”.

 

2.- Que la sentencia accionada expresa “’que el actor no logró probar los extremos antes mencionados, es decir, la existencia del presunto contrato de comodato...’. Tal argumentación del a quo es errónea por cuanto la parte accionada no logró desvirtuar los alegatos esgrimidos por la parte actora, ya que aquella no aportó prueba alguna como defensa, en su condición de Comodatario”.

 

3.- Que, por tanto, “la decisión dictada configura una violación del artículo 26 del texto constitucional referente a la Tutela Judicial Efectiva y al derecho a la defensa y al debido proceso; puesto que la motivación y transparencia de las sentencias es una garantía en contra de la arbitrariedad, y en el presente caso, el fallo es en extremo contradictorio al momento de analizar las pruebas de la parte actora, por lo que ante tal circunstancia y sin que la presente decisión pretenda resolver el fondo del asunto, la recurrida resulta violatoria de los artículos 26 y 49 ambos del Texto Constitucional vigente”.

 

Por las razones antes expuestas, el Juzgado Superior Décimo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A., decretó la nulidad de la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y ordenó al referido Tribunal de Primera Instancia que dicte una nueva decisión, con todos los elementos de hecho y de derecho que consten en las actas del expediente, a fin de preservar el principio de la doble instancia.     

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la consulta de ley sometida a su consideración, y a tal efecto observa:

 

Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional desde su primera decisión del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, le corresponde conocer de las consultas de ley de las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, cuando sean dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso-Administrativo, siempre que no conozcan de acciones civiles), la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

 

En el caso de autos, se somete al conocimiento de la Sala la consulta de ley de la decisión dictada el 11 de marzo de 2002 por el Juzgado Superior Décimo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida contra la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer y evacuar la presente consulta de ley. Así se decide.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Visto que contra la decisión accionada no existe, conforme al ordenamiento procesal vigente, ninguna vía de impugnación idónea para el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, y que lo denunciado en el presente caso fue la violación por parte de un órgano jurisdiccional de derechos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, se pasa a decidir la presente consulta en los términos siguientes:

 

Observa la Sala que la pretensión deducida a través de la acción de amparo ejercida por el apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A., tiene por objeto enervar los efectos de la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por considerar que la misma violó el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la mencionada compañía anónima, al declarar con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Fredys José Maita y revocar la decisión dictada el 16 de abril de 2001 por el Juzgado Quinto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio por resolución de contrato incoado por la accionante contra el prenombrado ciudadano, sobre la base de un razonamiento contradictorio y desvinculado de las pruebas que constan en las actas del expediente del caso bajo examen.

Así las cosas, advierte la Sala, tal y como lo hizo el Juzgado que conoció en primera instancia del presente proceso de amparo constitucional, que la sentencia denunciada como violatoria de los derechos antes mencionados, protegidos por los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales de protección, presenta graves contradicciones en las consideraciones (premisas) que sirvieron de fundamento a la decisión (conclusión) a la que llegó, esto es, a la declaratoria con lugar de la apelación interpuesta -sin fundamentación- y la revocatoria del fallo favorable a la parte accionante en la presente causa.

 

En efecto, en el punto 6 de la página 6 del fallo accionado (folio 39), el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dejó constancia de la promoción por parte de la demandante de las declaraciones de los ciudadanos José Valdemar Hernández García, Daniel David Ruiz y Miguel Angel Guzmán, y de la evacuación de las dos (2) primeras el día 21 de febrero de 2001. Incluso señala el fallo examinado que las declaraciones evacuadas resultaron “contestes en tener conocimiento de que la demandante prestó el inmueble al demandado, y adminiculadas al documento de préstamo hacen prueba de la existencia de un préstamo de parte de la demandante al demandado”.

 

No obstante haber dejado expresa constancia de lo anterior, en el punto 8 que comienza en la misma página 6 y culmina en la 7 (folios 39 y 40), el Juzgado Primero de Primera Instancia antes identificado, luego de señalar –nuevamente- que la parte actora promovió las testimoniales de los ciudadanos José Valdemar Hernández García, Daniel David Ruiz y Miguel Angela Guzmán, afirma de seguida que “las referidas testimoniales no fueron evacuadas”.

 

Por último, ya para finalizar el capítulo tercero dedicado al examen de las pruebas promovidas por Alfombras Imperial C.A. afirma contradictoriamente que “la parte actora no promovió pruebas”, cuando dicho capítulo, como se indicó, está dedicado a la enumeración de las pruebas promovidas y evacuadas por la parte actora, entre las que se cuentan: copia certificada del acta constitutiva y otras inscripciones en el Registro Mercantil de Alfombras Imperial C.A., original del documento donde consta la propiedad de la demandante sobre el inmueble dado en comodato, recibo del demandado pidiéndole al representante de la demandante un préstamo por la cantidad de cuatrocientos mil bolívares, copia fotostática de cheque de gerencia no endosable por la cantidad antes indicada, y copias fotostáticas de los pagos de condominio que la demandante realizó durante la permanencia del demandado en el inmueble objeto del contrato de comodato.   

 

Observa la Sala que con base en el análisis contradictorio anteriormente indicado, donde claramente se dejó de lado el debido examen de las pruebas antes referidas, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas estimó “que el actor no logró probar los extremos antes mencionados, es decir, la existencia del presunto contrato de comodato, así como el desahucio del mismo, por lo que no queda otra alternativa a quien aquí decide en la parte dispositiva del presente fallo que declarar sin lugar la presente querella. Así se decide”.

 

En criterio de esta Sala, el Juzgado Primero de Primera Instancia incurrió, más allá del vicio de incongruencia, en el vicio de inmotivación de la sentencia, al resultar imposible para la parte vencida, y para cualquier interesado en dicha decisión, conocer cuáles fueron las razones de hecho y de derecho que, en definitiva, llevaron al órgano jurisdiccional antes mencionado a fallar en la forma en que lo hizo, más aún cuando la parte apelante, que resultó vencedora en la segunda instancia, ni siquiera presentó alegato o prueba alguna que sirviera de respaldo a sus derechos e intereses.

 

El derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho o a la motivación se encuentra protegido en forma directa por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, como en reiteradas oportunidades ha dejado sentado esta Sala (ver decisión n° 708/2001, del 10 de mayo, caso: Jesús Montes de Oca y otros), consagra el amplio y complejo derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, entre otros, el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión fundada en derecho, determinen el contenido y la extensión de la pretensión deducida.

 

En tal sentido, la motivación de la sentencia, además de una exigencia constitucionalmente consagrada, tiene la finalidad, en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia como el venezolano (artículo 2 de la Constitución), de legitimar la función jurisdiccional, ya que, como señala la doctrina española, a) permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así como el requisito de publicidad, b) logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de la resolución, c) permite la efectividad de los recursos y d) pone de manifiesto la vinculación del juez a la ley y a la Constitución. Así las cosas, “no basta el simple encaje de los hechos en la norma, porque las razones de la decisión pueden seguir manteniéndose desconocidas, sino que hay que precisar por qué encajan” (Francisco Chamorro Bernal, La Tutela Judicial Efectiva, Barcelona, Bosch, 1994, p. 205).

 

De acuerdo con lo anterior, resulta contrario a la idea de justicia, que los jueces de la República, llamados en todo procedimiento judicial no sólo a proveer certeza o poner fin a la controversia, sino también a respetar y garantizar los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, cometan en sus decisiones errores de juzgamiento que vulneren tales derechos fundamentales, pues, como bien ha sido señalado, “en el contexto de un Estado de Derecho la justificación de las decisiones no se hace depender sólo de la autoridad que las haya dictado, sino también del procedimiento seguido y del contenido. El Estado de Derecho ofrece, así, mayores oportunidades para la argumentación que cualquier otro tipo de organización del poder. En este sentido puede decirse que la idea regulativa del Estado de Derecho es el sometimiento del Estado, del poder, a la razón, y no de la razón al poder” (Manuel Atienza, El Sentido del Derecho, Barcelona, Ariel, 2001, p. 256).

 

Atendiendo a lo antes expuesto, considera necesario la Sala insistir en que todos los jueces de la República, y especialmente aquellos que conocen de las causas mediante el recurso de apelación, el cual es una garantía consagrada en el artículo 49, numeral 1, del Texto Constitucional, y en el artículo 8, numeral 2, literal h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales de protección, tienen la obligación de dictar decisiones fundadas en Derecho, que tomen en consideración todos los alegatos y pruebas promovidas por las partes durante el proceso, sin que les esté dado producir indefensión o desigualdad con sus actos, ni basar sus decisiones en consideraciones desprovistas de toda coherencia y razonabilidad.

 

Por tanto, visto que en el presente caso se encontró un grave error de juzgamiento en la decisión dictada el 5 de junio de 2001 por el Juzgado Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que enervó el goce y ejercicio pleno de los derechos del accionante consagrados en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros Pactos de protección internacional, y que contra la decisión fundada en dicho error de juzgamiento no era posible, conforme al vigente ordenamiento procesal, ejercer algún otro recurso idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, esta Sala confirma la decisión dictada el 11 de marzo de 2002 por el Juzgado Superior Décimo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo ejercida por Alfombras Imperial C.A. Así se decide.

                                             

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley CONFIRMA la decisión dictada el 11 de marzo de 2002 por el Juzgado Superior Décimo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Fredys Martín De La Cruz, en su carácter de apoderado judicial de Alfombras Imperial C.A.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de origen. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de noviembre dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 
IVÁN RINCÓN URDANETA

  

                                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

                                                                      JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                             JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                     Ponente

 

 PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

JMDO/ns.

Exp. n° 02-0733.

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