Venley

Sentencia N.º 297

Sentencia
N.º 297
Fecha
30/07/2012
Sala
Casación Penal
Expediente
R12-143
Ponente
Ninoska Beatriz Queipo Briceño
Procedimiento
Radicación

 

 

 

Ponencia de la Magistrada Doctora NINOSKA QUEIPO BRICEÑO

 

I

 

En fecha 30 de abril de 2012, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de solicitud de radicación interpuesta por la ciudadana abogada WILMA ZULAY CASTRO GALAVIZ, Defensora Pública Penal Décima Tercera (Suplente) del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en representación del ciudadano GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA, en relación con la causa SP21-p-2010-004926, que cursa ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL A TITULO DE DOLO EVENTUAL y USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, tipificados en los artículos 405 y 281 del Código Penal.

 

 

 

 

Se dio cuenta en la Sala de la presente solicitud y en fecha 4 de mayo de 2012, se designó ponente a la Magistrada Doctora NINOSKA QUEIPO BRICEÑO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

Estando en la oportunidad legal, para pronunciarse en relación a la solicitud de radicación interpuesta por la Defensa del ciudadano GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA, la Sala de Casación Penal pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

 

La Sala de Casación Penal en forma preliminar debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de radicación, y al efecto observa:

 

Respecto del conocimiento de dicha solicitud, el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

 

“Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

(OMISSIS)

3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio…”.

 

Por su parte, el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

 

“…En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes y conjueces o conjuezas respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la Fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud…”.

 

 

Del contenido de los dispositivos legales supra transcritos, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de las solicitudes de radicación, en consecuencia la Sala declara su competencia para conocer del presente asunto en aplicación de los artículos 29 (numeral 3) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

III

LOS HECHOS

 

La Sala deja constancia de que en la solicitud de radicación, no aparecen copias de los recaudos que conforman la causa principal. Sin embargo, los hechos objetos de la investigación, señalados por la solicitante en su escrito, son los siguientes:

 

“…en fecha 15 de febrero del año 1998, falleció por herida de arma de fuego el ciudadano JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNÁNDEZ,  quien era estudiante de la Guardia Nacional, específicamente de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, (…) cuando este se encontraba en una práctica o entrenamiento militar referido a curso antisubversivo en el cual la víctima atravesaba un obstáculo y asumía la posición de tendido e impulsaba su cuerpo con los brazos y piernas por debajo de la alambrada de la rampadera, por lo que el instructor GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA, quien es mi representado, procedió a disparar la ametralladora a funcionamiento de gas, dirigiéndose los fragmentos o esquirlas dentro de la rampadera, impactando con el alumno JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNÁNDEZ, quien resultara víctima de dichos fragmentos  o esquirlas, lo cual se presume fueron el producto del chequeo colisión ocasionado entre algún o algunos proyectiles al impactar contra un objeto de igual o mayor cohesión molecular, lo que originó la fragmentación del mismo y estos fragmentos fueron los que en definitiva impactaron en la humanidad del alumno antes mencionado y finalmente le ocasionara su muerte…”. (Negrillas y mayúsculas sostenidas de la solicitante).

 

 

IV

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

 

Para fundamentar su petición, la Defensa planteó lo siguiente:

 

“…Es el caso ciudadano Magistrados que desde la ocurrencia del hecho en el año 1998 hasta el día de hoy han circulado en los medios de comunicación regional, tales como el periódico Diario La Nación, la Televisora Regional del Táchira (TRT) y medios nacionales e incluso internacionales (por cuanto la víctima recurrió a la corte interamericana de derecho humanos en la que se lleva expediente signado con la nomenclatura 12271) datos, noticias y referencias con ocasión  al hecho que nos ocupa, sumado a esto la profesión del padre de la víctima la cual es de taxista y durante estos 14 años hemos visto en el Estado Táchira, en una gran cantidad de taxis, busetas y transporte colectivo en la que se reflejaba en sus vidrios traseros un afiche a color con la imagen del rostro de JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNÁNDEZ, pidiendo justicia siendo la misma imagen que se pudiera observar en la portada del libro LAS CALAVERAS TIENEN LENGUA, el cual refiere sobre ‘El asesinato de Johan Alexis, ESTUDIANTE DE LA G.N.’ (…) y cuyo autor es un periodista de amplia influencia de los medios de comunicación en el estado Táchira (…) el cual cuenta con múltiples programas regionales  tanto en radio como televisión y columnas periodísticas   

(…)

Considera quien suscribe que el referido hecho ha causado gran conmoción social, alarma y escándalo público, tal como se evidencia de las reseñas publicadas en los distintos medios de comunicación impresos, televisivos e incluso en internet, a nivel nacional y regional.  Cabe resaltar que en el transcurso de estos catorce (14) años son múltiples los programas de radio y televisión en los que el moderador  y autor del libro (…) ha hecho referencia desmesurada a fin de causar alarma en la sociedad.

Estas fuertes acusaciones sobre un hecho que no sucedió así, son los que han generado una matriz de opinión en la colectividad en contra de mi representado, lo cual va más allá del escándalo público y la alarma social, someter a una persona al escarnio público, desacreditándolo, sin respetar su condición humana, lo cual sale de los límites de la mal llamada libertad de expresión e información; asimismo, dado a estas imputaciones realizadas a través de diferentes medios, es lo que considera esta defensa que ha conllevado al Ministerio Público a endilgar un tipo penal que no corresponde, así como solicitar la medida extrema de privación judicial preventiva de libertad todo lo cual también puede incidir en el que el juez correspondiente pudiera declarar con lugar una medida de coerción de tal naturaleza, sin estar llenos los extremos de Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que considero que nos encontramos en presencia de circunstancias que predisponen el ánimo y la imparcialidad de quienes corresponda el juzgamiento de estos hechos (…) por lo que solicito se acuerde la RADICACIÓN de esta causa en un Circuito judicial penal distinto del Estado Táchira…”. (Negrillas y mayúsculas sostenidas de la solicitud).

 

 

Para confirmar sus alegatos la Defensa, acompañó a la presente solicitud de radicación, cuarenta y seis (46) ejemplares del Diario La Nación, de diferentes fechas, en los que aparecen notas de periodísticas relacionadas con el fallecimiento de JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNÁNDEZ, así como el libro

 

“Las Calaveras tienen Lengua” que sustenta, según su criterio, los elementos capaces de perturbar la recta administración de justicia y la imparcialidad de los jueces del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

Entre las notas periodísticas están las siguientes:

 

1.     “Una Ilusión truncada… era el día esperado”, Diario La Nación, del día viernes 3 de abril de 1998, Cuerpo C, Sociales, pagina 5.

2.      “Con motivo de cumplirse 2 meses del trágico fallecimiento de: JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNÁNDEZ”. Diario La Nación, del miércoles 15 de abril de 1998, Cuerpo D, obituarios, pagina 5.

3.      “Hoy exhuman resto del alumno de Esguarnac”. Diario La Nación, del día jueves 7 de mayo de 1998, Cuerpo D, pagina 12.

4.     “Dos horas duró exhumación de restos del alumno de GN”. Diario La Nación, del día viernes 8 de mayo de 1998, Cuerpo D.

5.     “Derechos Humanos de la AL conoce caso Johan Alexis”. Diario La Nación, del día martes 19 de mayo de 1998, Cuerpo D, pagina 11.

6.     “Legislativa investigará muerte de Jhoan (sic) Alexis”. Diario La Nación, del día viernes 22 de mayo de 1998.

 

La solicitante, alegó que los hechos imputados al ciudadano GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA, han causado alarma, sensación y escándalo público en la comunidad porque han tenido gran cobertura periodística, asimismo considera necesario que se sustraiga el conocimiento de la causa de la Circunscripción del Estado Táchira, para evitar que se ponga en grave riesgo la correcta administración de justicia.

 

V

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

 

 

El artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, indica los supuestos de procedencia para la radicación de un juicio, y los enmarca en los casos de delitos graves cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público ó cuando, después de presentada la acusación por el fiscal del Ministerio Público, el proceso se paralice indefinidamente, por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes y conjueces o conjuezas respectivos.

 

En este sentido el indicado artículo, estipula lo siguiente:

 

"…En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud…".

 

 

De la norma transcrita se desprenden que, la radicación de un juicio consiste en apartar del conocimiento del mismo al juzgado que naturalmente le corresponde, de acuerdo con el principio del "fórum delicti comissi", previsto en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuírselo a otro tribunal del mismo rango pero de otro circuito judicial penal.

 

 

En este sentido, la Sala de Casación Penal, de forma pacífica y reiterada ha establecido que la radicación de una causa, es una excepción al principio de competencia territorial y para que proceda, debe darse por lo menos, uno de los dos supuestos establecidos en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma forma, ha sido reiterado el criterio de la Sala de que la alarma o escándalo público debe ser tal, que influya injustamente en el proceso valorativo del juez que va a dictar el fallo.

 

En relación con este punto, la Sala de Casación Penal, en sentencia número 587, de fecha 20 de noviembre de 2009, estableció lo siguiente:

 

“...la radicación en un juicio no debe ser utilizado de manera discrecional, deben existir circunstancia claras y precisas establecidas en la ley para que la misma pueda proceder, ya que separar del conocimiento de la causa al juez que le corresponde, bien sea por el territorio o por la materia, es decir, al juez natural del imputado, sin concurrir los supuestos que contempla el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía Constitucional al debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela....”.

 

 

En el presente caso, la Defensa alegó que los hechos por los cuales está siendo investigado su representado se han reseñado con gran difusión e intensidad por los medios regionales escritos, causando conmoción, alarma y escándalo público en el Estado Táchira.

 

Ahora bien, cabe señalar que la ley garantiza la debida imparcialidad de los jueces, a través de una serie de normas a las cuales pueden recurrir las partes para hacer efectiva dicha imparcialidad. Por ello, la Sala advierte que la desconfianza que le puede merecer a las partes los funcionarios encargados de administrar justicia no supone una circunstancia para que proceda la radicación del juicio, pues la procedencia de una radicación dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber; la alarma, sensación o escándalo público por la gravedad del delito o que el proceso se haya paralizado indefinidamente como consecuencia de las incidencias de recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares, suplentes y los conjueces.

 

Considera la Sala que en el presente caso no se verifica ninguno de los supuestos legales, señalados ut supra, que harían posible la radicación del juicio.

 

En relación con las notas de prensa mencionadas en el diario LA NACIÓN y el libro  “LAS CALAVERAS TIENEN LENGUA”, consignado por la solicitante, la Sala de Casación Penal verifica que en efecto la prensa regional informó sobre la muerte de un estudiante de la Guardia Nacional que en fecha 15 de febrero de 1998, perdiera la vida en un entrenamiento militar, las circunstancias que rodearon su fallecimiento así como el presunto autor de tales hechos; sin embargo, precisa la Sala que tales informaciones se produjeron en el ejercicio del derecho constitucional (artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) a la libre emisión del pensamiento, por lo que los artículos de prensa y el libro no son capaces de obstaculizar o desviar la recta administración de justicia en el Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

 

Así las cosas, del escrito presentado por la requirente, de los artículos de prensa señalados y del libro consignado que acompañan la solicitud de radicación, no se evidencia que existan juicios previos de valor por parte de los jueces del estado Táchira, vinculados al proceso y que hicieran presumir una parcialidad de los mismos. Los artículos de prensa y el libro, por si solos no son suficientes para que la Sala considere que los delitos presuntamente cometidos hayan causado las referidas consecuencias de: “…alarma, sensación o escándalo público..”, pues en ellos no se reflejan elementos capaces de perturbar la recta administración de justicia en el Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, siendo en consecuencia improcedente radicar la causa de su jurisdicción natural, asimismo la circunstancia relativa a que aparezca en los medios impresos los hechos en los que presuntamente se encuentre involucrado el ciudadano GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA, no es circunstancia suficiente que haga procedente la radicación del juicio.

 

Por todo lo antes expuesto considera la Sala que lo ajustado a Derecho es declarar sin lugar la solicitud de radicación realizada por la ciudadana abogada WILMA ZULAY CASTRO GALAVIZ, Defensora Pública Décima Tercera (Suplente) del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en representación del ciudadano GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA, por no encontrarse llenos los extremos exigidos por el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

 

Por las razones anteriormente señaladas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la radicación solicitada por la ciudadana abogada WILMA ZULAY CASTRO GALAVIZ, Defensora Pública Décima Tercera (Suplente) del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en representación del ciudadano GEANCARLOS RAFAEL MALPICA CALZADILLA.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  TREINTA días del mes de  JULIO  de dos mil doce. Años 202° de la Independencia y 153º de la Federación.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO

Ponente

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

La Magistrada,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

El Magistrado,

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

El Magistrado (s)

 

 

PAUL JOSÉ APONTE RUEDA

 

 

La Secretaria,

 

 

 
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Exp. 12-143

NBQB

 

 

 

 

La Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS no firmó la sentencia por ausencia justificada.

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