Sentencia N.º 2993
- Sentencia
- N.º 2993
- Fecha
- 29/11/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-0465
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 25 de febrero de 2002, con oficio No. 119-02 del 15 de febrero de 2002, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado OSCAR MARINO ARDILA ZAMBRANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 41.378, actuando en su carácter de defensor del ciudadano JORGE DE JESÚS MORALES FREITES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 12.420.719, contra la decisión del 5 de diciembre de 2001, dictada por el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
La remisión del expediente en mención, obedeció a la apelaciones ejercidas por el defensor del accionante y el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, contra la decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 7 de febrero de 2002, que declaró sin lugar la acción de amparo propuesta.
En la oportunidad señalada, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES DEL CASO
Del análisis del expediente, se desprenden los siguientes antecedentes:
El 21 de septiembre de 2000, el ciudadano Jorge de Jesús Morales Freites fue detenido por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siendo calificada su detención en flagrancia y decretada su privación judicial de libertad.
El 5 de diciembre de 2000, el Tribunal Cuarto de Juicio condena al señalado imputado, a cumplir la pena de once (11) años de prisión por la comisión del delito de distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, motivo por el cual ejerció recurso de apelación contra dicha sentencia condenatoria.
El 21 de marzo de 2001, la defensa de prenombrado ciudadano, solicita a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para ese momento en conocimiento del recurso de apelación ejercido, autorización para su traslado al Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, a los fines de cumplir con las horas de experimento requeridas para la aprobación de su tesis de grado. Sobre dicha solicitud, la referida Corte de Apelaciones resolvió no ser competente para ello, debido a que solo le correspondía resolver la apelación interpuesta.
El 13 de julio de 2001, en virtud de no haber la Corte de Apelaciones resuelto la apelación, la defensa solicita nuevamente la autorización requerida para el traslado.
El 16 de agosto de 2001, a solicitud del Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial, concedió al ciudadano Jorge de Jesús Morales Freites, permiso para realizar su tesis de grado y en consecuencia su traslado al Laboratorio de Enzimología de Parásitos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, los días martes, miércoles y jueves de cada semana en horario de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Sin embargo, dado los trámites administrativos del caso, el permiso no fue hecho efectivo, motivo por el cual la defensa reitera el 12 de noviembre de 2001, al Juzgado Cuarto de Control, la ejecución de la decisión.
El 13 de noviembre de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, declara sin lugar la apelación interpuesta por la defensa del ciudadano Jorge de Jesús Morales Freites, contra la sentencia que lo condenara a cumplir la pena de once años de prisión, por la comisión del delito de distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Igualmente, como punto previo, niega el permiso solicitado para su traslado al Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, a los fines de cumplir con las horas de experimento requeridas para la aprobación de su tesis de grado.
El 5 de diciembre de 2001, el Juzgado Cuarto de Control se pronuncia sobre la solicitud de la defensa, estimando vinculante, a criterio del juzgador, la decisión de la Corte de Apelaciones de negar el permiso, en virtud de haber sido ante esa instancia donde primero se hiciera la solicitud.
Esta circunstancia, originó que el 17 de diciembre de 2001, el abogado Oscar Marino Ardila Zambrano, en su carácter de defensor del ciudadano Jorge de Jesús Morales Freites, interpusiera acción de amparo constitucional contra la negativa del Juzgado Cuarto de Control, contenida en su pronunciamiento del 5 de diciembre de 2001, de ejecutar la decisión que dictara el 16 de agosto de 2001, mediante la cual concedió al referido ciudadano, permiso para asistir al Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
A criterio del defensor del accionante:
La negativa del Juzgado Cuarto de Control, al dictar un auto, de ejecutar su decisión, violenta el debido proceso en virtud de infringir las normas contenidas en los artículos 253 y 272 de la Constitución, referidas a la potestad de administrar justicia y a la competencia de los órganos del Poder Judicial de ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, y a la garantía de un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos.
Igualmente, infringe el principio de la autoridad del juez consagrado en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal, y el de la prohibición de reforma establecido en el 176 eiusdem.
DEL FALLO APELADO
En decisión del 7 de febrero de 2002, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional al estimar, que:
Ahora bien, tal como lo afirma la defensa, y el propio representante del Ministerio Público, contra el procesado JORGE DE JESÚS MORALES FREITES, pesa una sentencia condenatoria e un Tribunal de Primera Instancia...omissis... Decisión que fue confirmada por esta Corte de Apelaciones. Decisión que en virtud del recurso de casación no esta firme. A tal evento , es menester entender que JORGE DE JESÚS MORALES FREITES, se encuentra en una etapa procesal donde no es beneficiario de medidas procesales, como tampoco de los beneficios de cumplimiento de pena previstos en la Ley de Régimen Penitenciario...omissis...En este sentido hay que advertir que es competencia de los Tribunales de Control, a tenor de los establecido en el artículo 64, segundo aparte: (...) hacer respetar las garantías procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar, y la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos(...). Esta es la competencia ordinaria del Tribunal de Control, que ejercerá cuando conozca de una causa que se encuentre bajo su esfera de acción. Así, es evidente que la causa seguida a MORALES FREITES había salido de la esfera de competencia del Tribunal de Control, razón por la que su actuación, en cuanto a otorgar el permiso de traslado, fue otorgada atribuyéndose una competencia inexistente, es decir, obrando con abuso de funciones...omissis... Así las cosas nos encontramos ante dos decisiones diametralmente opuestas. La primera emitida por la Corte de Apelaciones en la que niega otorgar el permiso a MORALES FREITES, y la del Tribunal de Control, anterior a la decisión de la Corte de Apelaciones, que obrando fuera de su competencia, otorga el permiso solicitado por el acusado. Ante esta situación debe acudirse a las máximas de la ley,...omissis...atendiendo a la jerarquía de las decisiones, y toda vez que la Corte de Apelaciones se hallaba en conocimiento de la causa, la decisión por la que esta Corte de Apelaciones niega el permiso, debe ser la que tenga validez y no la del Tribunal de Control...omissis...En tal sentido fue acertado el criterio esgrimido por la abogada MARÍA ALEXANDRA PINTO RONDÓN, actuando como Juez de Control No. 4 de este Circuito Judicial, al no acatar la decisión e la Juez que la antecede, al advertir la existencia de la decisión de la Corte de Apelaciones que negó el permiso. Ahora bien, no es cierto el alegato esgrimido por el Fiscal Segundo del Ministerio Público, en cuanto a que debe ser otorgado el permiso en respeto al derecho constitucional de educación, toda vez que cumplida la pena impuesta, es decir, transcurridos once años de prisión, sería inútil que concluya su tesis, toda vez que por el transcurso del tiempo, habrá olvidado lo aprendido durante su carrera. En este sentido debe advertirse que, la causa seguida a MORALES FREITES todavía se haya en curso, pudiendo obtenerse a su favor una decisión absolutoria, con lo que se haría innecesario el permiso otorgado. De otro lado en caso de quedar definitivamente firme la decisión por la que se le condena, podrá solicitar este permiso ante un Tribunal que por la Ley si es competente, como el Tribunal de Ejecución. Por estos razonamientos expuestos, la presente solicitud de amparo constitucional debe ser declarada SIN LUGAR, y así se decide.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala conocer de las apelaciones ejercidas contra una decisión de un Juzgado Superior en ejercicio de la jurisdicción penal, dictada en primera instancia constitucional. A los efectos de la competencia, reiterando los criterios asentados en sentencias de 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución, esta Sala es competente para conocer de las mismas, y así se declara.
Determinada la competencia, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el fondo de los recursos propuestos, y a tal efecto observa:
Conforme las normas que regulan en el proceso penal, la competencia por la materia, a los tribunales de control les corresponde hacer respetar las garantías procesales, decretar las medidas de coerción personal que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar y la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Igualmente son competentes para conocer de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal.
Esta competencia del tribunal de control se limita, a tenor de lo establecido en el artículo 106 del Código Orgánico Procesal Penal, al control de la investigación (fase preparatoria) y a la fase intermedia del proceso.
En el presente caso, en la oportunidad que el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial del Estado Mérida, a solicitud del Ministerio Público, concediera al ciudadano Jorge de Jesús Morales Freites, permiso para asistir al Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, a los fines de cumplir con las horas de experimento requeridas para la aprobación de su tesis de grado, su causa se encontraba en la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, en virtud de la apelación ejercida por la defensa contra la sentencia condenatoria impuesta.
Por ello, el referido tribunal de control era incompetente para conocer de la solicitud propuesta, en razón no solo de la materia, sino además de la fase en la cual se encontraba el proceso. No obstante, el permiso fue otorgado, y ello se corresponde a una actuación del órgano jurisdiccional fuera de su competencia.
Por otra parte, como se reseñó, la defensa del hoy accionante, en dos oportunidades, formuló a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y en los mismos términos del Ministerio Público, la solicitud del permiso, motivo por el cual era dicha Corte de Apelaciones la competente para emitir el pronunciamiento respectivo, como efectivamente acaeció.
Siendo ello así, la negativa de la Juez Cuarto de Control de ejecutar la decisión proferida por un Juzgado incompetente, no vulneró el debido proceso, por el contrario restableció la subversión del procedimiento.
Estima igualmente la Sala pertinente acotar, que no estando firme la sentencia condenatoria, en virtud del recurso de casación ejercido, el accionante puede, dependiendo de las resultas del recurso, solicitar de nuevo el permiso ante el Tribunal competente.
En consecuencia de lo precedentemente expuesto, la Sala considera que, efectivamente, la acción de amparo interpuesta debía ser declarada sin lugar, como lo declaró el a quo, razón por la cual se declaran sin lugar las apelaciones interpuestas y se confirma el fallo apelado, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR las apelaciones interpuestas por los abogados OSCAR MARINO ARDILA ZAMBRANO, en su carácter de defensor del ciudadano JORGE DE JESÚS MORALES FREITES y MANUEL ANTONIO CASTILLO, Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, contra la decisión del 7 de febrero de 2002, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En consecuencia, se confirma el fallo apelado.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de noviembre de 2002. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
EXP. No: 02-0465
JECR/
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