Venley

Sentencia N.º 305

Sentencia
N.º 305
Fecha
30/04/2014
Sala
Constitucional
Expediente
14-0069
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
Procedimiento
Apelación

Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

Mediante oficio N° 10/2014 del 17 de enero de 2014, recibido en esta Sala el 27 del mismo mes y año, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, remitió a esta Sala el expediente signado con el N° 3135 nomenclatura de ese Tribunal, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MOISÉS ANÍBAL DÍAZ URBINA, titular de la cédula de identidad N° 24.588.998, asistido en este acto por la  abogada Giselle Linarez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°165.555, contra la sentencia dictada el 10 de julio de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la referida Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda que por fraude procesal interpuso la ciudadana Edith Zulay Arroyo Rodríguez contra el hoy accionante y los ciudadanos Jorge Cuba y Felipe Figueira.

 Tal remisión obedece a la apelación ejercida 15 de enero de 2014, por el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la abogada Giselle Linarez, contra la decisión dictada el 13 de enero de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

El 30 de enero de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 7 de diciembre de 2011, la ciudadana Edith Arroyo Rodríguez, interpuso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, demanda por fraude procesal contra los ciudadanos Moisés Aníbal Díaz Urbina, Jorge Cuba y Felipe Figueira.

Mediante auto de fecha 26 de enero de 2012, el Tribunal libró las boletas respectivas para cumplir con la referida citación.

 El 1° y 5 de marzo de 2012, el Alguacil del Tribunal, devolvió boletas de citación por no poder ubicar a los demandados: Moisés Díaz, Jorge Cuba y Felipe Figueira.

El 19 de marzo de 2012, la parte actora solicitó al Tribunal, librar carteles de citación a los demandados.

Por auto de fecha 21 de marzo de 2012, el Tribunal, ordenó la publicación de los carteles de citación a los demandados.

 El 14 de mayo de 2012, compareció la apoderada judicial de la parte actora al referido Tribunal, y consignó la publicación de los carteles de citación a los demandados.

El 21 de mayo de 2012, la secretaria del mencionado Tribunal fijó cartel de citación en la morada de los demandados.

El 21 de junio de 2012, compareció la apoderada judicial de la parte actora y solicitó al ya citado Tribunal nombrar defensor judicial a los demandados.
                        El 2 de julio de 2012, el Tribunal designó defensora judicial a los demandados y libró boleta de notificación.

El 6 de julio de 2012, compareció la defensora judicial designada, aceptó el cargo y se juramentó.

El 10 de octubre de 2012, la defensora judicial consignó escrito mediante el cual hizo constar su intento por contactar a los demandados, sin resultado alguno de forma personal y posteriormente a través de telegramas.

El 21 de noviembre de 2012, el Tribunal fijó el lapso de 5 días de despacho siguientes, para la contestación de la demanda, conforme al ordinal 2°, del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

El 27 de noviembre de 2012, la de defensora judicial de los demandados consignó escrito de contestación a la demanda.

El 18 de diciembre de 2012, la parte accionante a través de su apoderada judicial, consignó su escrito de promoción de pruebas.

 El 15 de enero de 2013, el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte actora.

 El 9 de abril de 2013, oportunidad para que los litigantes presentaran informes, mediante auto expreso se dejó constancia que ninguno de ellos presentó escritos de informes, el Tribunal así lo hizo constar y se dejó transcurrir el lapso para dictar sentencia, según los establecido en artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.

El 10 de julio de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar la pretensión y en consecuencia: i) declaró nulo en todas y cada una de sus partes el expediente N° 2006-0080 seguida por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial seguido por el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina contra  Jorge Cuba y Felipe Figueira Quiróz por motivo de cobro de bolívares vía intimatoria; ii) condenó en costas procesales a la parte demandada por resultar totalmente vencida y iii) ordenó remitir copia certificada de la presente decisión, al Colegio de Abogados y Tribunal Disciplinario respectivo, donde se encuentre inscrito el abogado Felipe Figueira Quiróz, a los fines de iniciar el proceso disciplinario conforme a los poderes sancionatorios que confiere el artículo 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil.

El 10 de enero de 2014, el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la abogada Giselle Linarez, interpuso acción de amparo constitucional contra la anterior decisión.

El 13 de enero de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional de conformidad con el artículo 6 numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dado que el accionante contaba con un medio procesal ordinario para restablecer la situación jurídica presuntamente infringida, como lo es el recurso de invalidación.

El 15 de enero de 2014, la apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación.

 

 

II

FUNDAMENTOS DEL AMPARO

1. El ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la  abogada Giselle Linarez, fundamentó la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

 

1.1 Que, “…[s]olicit[a] Amparo Constitucional Sobrevenido (sic) contra Sentencia (sic) en Juicio (sic) de JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL TRANSITO (SIC) Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA, de fecha 10 de julio del 2013, a objeto de que se reestablezca (sic) la situación jurídica violada o infringida a los Derechos Fundamentales de: 1- Derecho al Debido Proceso. 4- Derecho a la defensa. 3.- Derecho a ser Oído (sic) en el proceso donde se ventilan o se conocen sus Derechos, todos consagrados en los artículos: 22, 25 ,48 ,49 y 55, siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo dichos Derechos (sic) vulnerados y Transgredidos (sic) por HABER INCURRIDO el Juez de El (sic) tribunal segundo de primera instancia en lo civil y mercantil del segundo circuito de la circunscripción judicial del estado portuguesa (sic) a cargo del juez jose (sic) Gregorio marrero (sic) en fecha 10 de julio del 2013. dicto (sic) sentencia en la causa N° C 2012-830, en VIAS DE HECHO Y DE DERECHO, cuya gravedad justifica y posibilita el ejercicio de Acción Constitucional de Amparo establecida y Contenida (sic) en el artículo 27 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y cito Artículo 27 ejusdem (…). Y en la especialísima Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías (sic) Constitucionales, así se desprende de los hechos y circunstancias que Rodearon (sic)  la SENTENCIA ESPUREA que en MALA PRAXIS llevo (sic) a cabo el Juez marrero (sic)...”.

1.2 Que, “…es el caso que [es] parte de dicha causa y [le] afecta dicha decisión por cuanto en dicha sentencia se anula la sentencia emitida por el tribunal primero de primera instancia en lo civil y mercantil del segundo circuito de la circunscripción judicial del estado portuguesa (sic) en fecha 10 de julio del 2013. dicto (sic) sentencia en la causa N° C 2012-830 donde [es] parte de un juicio por fraude procesal. Contra los ciudadanos jorge (sic) cuba (sic)  y felipe (sic) figueira (sic) y [su] persona MOISES ANIBAL DIAZ (SIC) URBINA (…). [Es] dueño de una vivienda y existe medida de prohibición de enajenar y gravar sobre dicho inmueble, luego de varios años y sin hacerse parte la ciudadana EDITH ZULAY ARROYO RODRÍGUEZ, (…). Intenta una acción de fraude procesal contra [su] persona según consta en expediente N° 2009-059, La (sic) cual desistieron, sin motivo aparente para luego de varios años despues (sic) intentar otra vez la acción por ante el tribunal segundo de primera instancia en lo civil y mercantil del segundo circuito de la circunscripción judicial del estado portuguesa (sic) a cargo del juez jose (sic)  Gregorio marrero (sic), quien dicta la sentencia la cual es objeto del amparo por y mientras todo esto ocurría nunca fu[e] citado en ninguno de los procesos a pesar de ser el demandado, todo ello vulnera [sus] derechos a ser juzgado por consiguiente el ante (sic) el tribunal segundo de primera instancia en lo civil y mercantil del segundo circuito de la circunscripción judicial del estado portuguesa (sic) (…), al iniciar dicha causa citar[lo] personalmente y nunca lo hizo con [su] persona y con respecto al sr (sic) jorge (sic) cuba (sic) tampoco consta en el expediente dichas diligencias, con respecto al abog. Felipe figueira (sic), ni siquiera presentaron dirección para su ubicación, a pesar de vivir al lado de la vivienda objeto de las demandas, increíble pero cierto, tampoco consta dichas direcciones en el expediente.

1.3 Que “… se nombró un defensor ad-liten (sic), que no estaba en la tablilla del tribunal, que lejos de conocer[lo] o buscar[lo] no cumplió con sus deberes, peor aún es amiga personal de los abogados demandantes y del juez, tremenda irregularidad no debió permitirla el juez, es más el juez debió nombrar tres defensores ad-litem por ser tres los demandados, por razones éticas y de conflicto de intereses entre dichos demandados moises (sic) diaz (sic)  ([su] persona), jorge (sic) cuba (sic) y a felipe (sic) figueira (sic), o en su defecto debió buscar tres defensores ad litem y no lo hizo, y no puede ser por ignorancia de la ley porque el juez marrero (sic) tiene muchos años como juez y conoce la norma que rige la materia y si a eso le sumamos que soy conocido personal del juez marrero (sic) por ser la persona que le arreglo su computadora personal y del tribunal, no [se] explic[a] que razones oscuras puede tener el juez marrero (sic) para obviar las normas procedimentales.

1.4 Que “…la defensora ad-litem, solo presento (sic) la contestación de la demanda como un mero saludo a la bandera pues el contenido de la contestación deja mucho que decir de la defensa a la que estaba obligada por ley a realizar, y lo hizo por los tres demandados, cuando se desprende del expediente el conflicto de intereses de los demandados, no presento (sic) pruebas y lo peor no apelo (sic) a dicha sentencia dejando vulnerado [sus] derechos constitucionales por tal razón consign[a] dos sentencias del tribunal supremo de justicia para que ilustre al presente tribunal sobre las faltas del defensor ad-litem y las supuestas situaciones ilegales cometidas por el juez marrero (sic)  en detrimento de [sus] derechos al realizar un juicio en [su] contra en la más plena oscuridad, a escondidas, a [su] espalda, como para que nadie se entere, tal situación [le] perjudico (sic) en [sus] derecho (sic) e intereses…”.

1.5 Que, “…como ud (sic) puede apreciar sr. (sic)  Juez, en el caso objeto del presente recurso de amparo constitucional, ni el defensor ad-litem noliana (sic) del jesus (sic) gonzales (sic), ni el juez jose (sic)  Gregorio marrero (sic), cumplieron con sus obligaciones legales en mi caso, el defensor ad-litem noliana del jesus gonzales, en ninguno (sic) casos el defensor obra como un mandatario del accionado sino como un auxiliar de justicia designado por el tribunal para su exclusiva defensa. Otras funciones importantes destinadas a la labor del defensor ad litem, entre ellas, exige la doctrina precedente, que este auxiliar de justicia debe en todo proceso, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para lograr recabar la información necesaria para su defensa en el juicio, así como para obtener los medios de prueba que permitan contradecir lo alegado por el demandante en el libelo. Esto quiere decir, que no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que debe ir en su búsqueda sobre todo si conoce la dirección donde ubicarlo, pero es el caso sr (sic) juez que en [su] dirección nunca fue objeto de citación, ni cartel y mucho menos recibi[ó] jamás visita alguna de la defensora ad-litem, ni del juez, a pesar de que el juez [lo] conoce de vista, trato y comunicación pues [es] quien le arregla su computadora personal y la del tribunal…”

1.6 Que “…[l]a defensora ad-litem noliana (sic) del jesus (sic)   Gonzales (sic), debió procurar la defensa efectiva de la parte accionada, pues ello coadyuva al desarrollo natural del proceso que es el establecido en la ley.

 ACTITUD QUE ÉSTE DEBE ASUMIR PARA CUMPLIR CABALMENTE SU MISIÓN. Pero solo se limitó a la contestación de la demanda como mero saludo a la bandera, una contestación sin ningún fundamento ni razonamiento, ni promovió, ni evacuo pruebas y tampoco apelo a la decisión del juez marrero (sic), cuando esta sentencia perjudicaba mis derechos e intereses (…) los jueces están obligados a vigilar la actividad desplegada por el defensor judicial para preservar el buen orden del proceso así como garantizar el derecho de la parte demandada, y lo que se aprecia como obligación del juez marrero (sic) fue lo más deprimente pues vio (sic), observo (sic) y leyó en el expediente, como [su] defensora ad-litem, se mostraba desinteresada de la defensa que le encomendó el tribunal haciendo su peor trabajo legal y que [lo] perdone dios (sic), pero pareciera como que quisiera que la parte demandante ganara el caso pues no le ofreció batalla alguna, ni resistencia legal fue un mero saludo a la bandera, lleno de la peor defensa legal que pudiera brindar, si ella no estaba capacitad (sic) no hubiera aceptado se hubiera negado, pero no, ella acepto (sic) para no cumplir con su sagrado deber que juro (sic) defender [sus] derechos e intereses, y no cumplió con su deber (…), por eso esper[a] justicia, la violacion (sic) a [su] derecho a la defensa, toda vez que, (…) el defensor ad litem designado no cumplió con su obligación de promover pruebas a favor de sus defendidos, así como, no controló, ni objetó ninguna de las pruebas promovidas por la accionante, [el juzgado presuntamente agraviante] procedió a dictar sentencia sin haber verificado y asegurado eficazmente el resguardo del derecho a la defensa, omitiendo pronunciamiento y correctivo alguno frente a las graves faltas cometidas por el defensor ad litem. Derecho de defensa se extiende a todo el proceso, se objeta criterio del Juez al interpretar y aplicar la ley. Manifiesta improcedencia declarada in limine litis. Es un error de juzgamiento y una violación constitucional, se denuncia violación directa de derecho o garantía constitucional. No utilizó las vías judiciales ordinarias. Debido proceso se garantiza sólo a las partes. Como garantía que el proceso iniciado en contra de mi persona que fue ilegal con una sentencia que debio (sic) ser congruente pero no fue asi (sic) en el presente caso…”.

                        1.7 Que “…[e]n este sentido, la omisión y violacion (sic) de [sus] derechos, en el presente caso, vulnera, en primer lugar, el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos demas (sic) señalados anteriormente, así mismo atenta contra derechos fundamentales del proceso civil como lo es el debido proceso es considerado formalidad esencial e irrenunciable en el proceso civil venezolano…”.

                        1.8 Que “…otras faltas dentro del expediente que manejo (sic) el juez marrero (sic) y que nunca le llamo (sic) la atención, ni se pronunció sobre ellas, es más ni se pronunció sobre dicho puntos que deja entrever situaciones claramente ilegales y malintencionadas y son las siguientes:

1) el juez marrero (sic), debía a solicitud de parte nombrar defensor ad-litem a cada demandado para evitar el conflicto de intereses, o en su defecto indicarle al defensor ad-litem noliana (sic) del jesus (sic) gonzales (sic) que la contestación se la realizara a cada representado de ella por separado, pues se desprende de la demanda C 2012-830 Que (sic) las partes demandas presentan conflicto de intereses entre sí, porque vienen de un litigio donde [su] persona (…) les gana un juicio por cobro de bolívares a jorge (sic) cuba (sic) y a felipe (sic) figueira (sic), así lo indica la lógica jurídica que es jurisprudencia en los tribunales de la república (sic).

2) el defensor ad-litem tenía que ser un profesional que estuviera en la tablilla de abogados por el tribunal, que no fuera amiga personal de la abogada demandante, el juez debe procurar que la abogada defensor ad-litem conozca a quienes va a representar preferiblemente, para que cumpliera ética y profesionalmente con su deber de buscar a sus representados para solicitarle toda la información posible para contestar la demanda con verdadera vocación de defensor y no como un mero saludo a la bandera presentar pruebas que desvirtúen los hechos del demandado y apelar de las decisiones que lesionen los derechos de sus representados y no lo hizo, y así consta en el expediente (…).

3) h[an] realizado muchas gestiones para que [le] entreguen la casa pero ha sido infructuoso, pues en la casa habita una Sra. diferente a la demandante judith (sic) arroyo (sic) que dice que es la dueña de la casa y no es la (sic) la sra. (sic) demandante judith (sic) arroyo (sic). Le vendió la casa por Bs. 400.000,y (sic) ella no se va de la casa, situación está que agrava [sus] derechos sobre dicho inmueble.

4) el abogado Felipe figueira (sic) conocido abogado de la localidad tampoco fue citado es una situación de los más extraña y la abogada defensora ad-liten (sic) nunca lo busco (sic), ya que dichas diligencias no constan en el expediente incumpliendo con su deber de buscar a sus representados y lo más irónico es el hecho que el mencionado abogado felipe (sic) figueira (sic), vive justo al lado de la casa objeto de la demanda cuyas direcciones son las siguientes callejon (sic) 1 entre av 29 y 27 del barrio andres (sic) bello (sic) de acarigua (sic) edo. (sic) portuguesa (sic), lo peor es que cuando visit[ó] al abogado Felipe figueira (sic) para averiguar si tenía algo que ver con esta situación me dijo que no sabía nada al respecto y cuando [se] est[á] despidiendo del abogado Felipe figueira (sic), escucha[n] a las vecinas del la casa en cuestion (sic) cuando se reian (sic) para que escuchara[n] y decían que la demanda se ganó y que la Sra. yudith (sic) arroyo (sic) les dijo que ahora si porque le pagaron al juez supuestamente una cantidad de bs. (sic) para ganar el caso a su favor…”.

                        1.9 Que “…[p]or todo el análisis expuesto en virtud de la gravedad de la situación jurídica que [le] lesiona [sus] derechos e interés a sabiendas que el proceso constituye un medio o instrumento fundamental y sinecuanón (sic) para obtener la realización de la justicia, tal como queda establecido en el artículo 257 de la carta magna, revise los hechos y el derecho aquí solicitados mediante esta acción de amparo constitucional y de esa revisión se percate de una conducta fraudulenta exteriorizada con comportamiento dolosos, revestidos de maquinaciones que indudablemente procura un solo propósito despojar[lo] de [sus] derechos y patrimonio (…). Como verá el Ciudadano Juez Efectivamente (sic) se trata de una SENTENCIA SUMAMENTE IRREGULAR donde el Juez violó los límites de su competencia…”.

                        1.10 Que “…[u]n Juez no tiene para ejercer su Autoridad (sic): Es decir, el Juez NO TENIA (sic) QUE MENTIR[LES], los JUECES DEBEN TENER COMO EL NORTE DE SUS ACTOS LA VERDAD y a ella deben circunscribirse, un Acto (sic) de Justicia (sic) para ser ejecutado NO PUEDE SER BASADO NUNCA EN UNA MENTIRA…”.

                        1.11 Que “…[sostienen] el Criterio (sic) de que el Juez ha Incurrido (sic) en VIAS DE HECHO Y DE DERECHO GRAVES, que dan Lugar (sic) a una Tutela Judicial vía Amparo Constitucional ya que han ocurrido en forma acumulativa durante todo el proceso, las siguientes Circunstancias de Ley:

1. La Conducta (sic) del Juez carece de Fundamentación (sic) Legal (sic) y cae en ultrapetita porque decide sobre particulares que la demandante nunca le solicito (sic) como es el hecho de su rabia contra el profesional del derecho felipe (sic) figueíra (sic) al solicitarle procedimiento ante el colegio de abogados entre otros, violo (sic) el prceso (sic) de citacion (sic), el nombrar una abogada como defensor ad litem y no velar por el cumplimiento de su funcion (sic), fijese (sic) que cuando la defensora ad litem presento (sic) la contestacion (sic) de la demanda la misma fue extemporanea (sic) es decir fuera del lapso de la ley y sim (sic) embargo el juez marrero (sic) se la admitio (sic) que error tan grave, claro lo sque (sic) se buscaba era realizar un proceso donde el resultado fuera el comteplado (sic) en la sentecia (sic) que impugna[n] mediante este amparo, la defensora ad litem no presento (sic) pruebas y contradijo las presentadas por la parte demandada y lo pero ni un informe o apelacion (sic) a la sentencia que gravisimo (sic) daño se me causo (sic) (…).

2. La Acción (sic) Obedeció (sic) a la Voluntad (sic) Subjetiva (sic) del Juez que desempeño (sic) la autoridad Judicial.

3. Tuvo como Consecuencia (sic) la Vulneración (sic) de Derechos (sic) Fundamentales (sic), de manera grave e inminente.

4. No existe otra vía de Defensa (sic) Judicial (sic) CONTRA EL ATROPELLO QUE POR VIAS DE HECHO Y DE DERECHO EJECUTO (SIC) EL JUEZ EN CONTRA MIA (SIC) Y DE [SUS] DERECHOS E INTERESES (…).

5. El hecho objeto del proceso no se demostró o no puede atribuírsele a [ellos] como fraudulento pues no existen en autos los elementos de conviccion (sic) necesarios para demostrar tal fraude procesal.

6. Disponen los artículos 12, 15, 206, 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

…Omissis…

                        1.12 Que “…El DEBIDO PROCESO, como un derecho de rango Constitucional, [les] impone la necesidad de la relación procesal para permitir resolver conflictos de derecho, pero esta relación procesal debe estar estrictamente sujetada a las normas jurídicas. Por eso, una vez señalado por el ordenamiento jurídico el procedimiento a seguir en la función de resolver por la vía judicial un conflicto, éste debe respetarse íntegramente sin que le sea admisible ni a las partes ni al Juez, apartarse de él…”.

                        1.13 Que “…[p]or tanto y por ordenarlo así el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el juez está obligado a garantizar el Debido Proceso, evitando y/o corrigiendo las faltas que puedan anular el o los actos procesales. Por eso, al ser el proceso un instrumento para la realización de la justicia, formado para dar una tutela efectiva a los justiciables, es que se debe procurar la idoneidad y estabilidad del proceso, para que la administración de justicia se haga lo más pronto posible, en cumplimiento de las normas procesales, salvaguardando los derechos constitucionales…”.

                        1.14 Que “…el procedimiento es el conjunto de reglas que regulan el proceso y este último es el conjunto de actos procesales tendentes a la sentencia definitiva. Las variadas actividades que deben realizarse en el proceso para que este avance hasta la etapa de la sentencia, están sometidas a ciertos requisitos relativos al modo de expresión, el lugar y el tiempo en que deben cumplirse, como en el caso de la citación del demandado.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 847 de fecha 29 de mayo de 2001, expediente N° 00-2170, con ponencia del Magistrado Suplente Dr. Pedro Bracho Grand, con relación a la institución del proceso, se pronunció en los siguientes términos:

…Omissis…

2. Denunció:

 

2.1 La presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa, y al debido proceso, a ser oído, a la igualdad y no discriminación, contemplados en los artículos 21, 22, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

3. Pidió:

 La “…suspensión con fundamento a lo solicitado en el amparo constitucional y con fundamento a lo regulado por el artículo 26 de la ley de amparo la suspensión de la sentencia definitiva del 10 de julio del 2013 contenida en el expediente N° C-2012-000830, toda vez que no se siga el perjuicio legal a las disposiciones de orden público y de esta forma restituya [su] derecho violado…”.

Asimismo, “solicit[a] se declare con lugar la acción de amparo y se restablezca la situación jurídica infringida, dejando sin efecto la decisión impugnada; y se decrete medida cautelar innominada a los fines de que se suspenda la ejecución del referido fallo.

No haya condenatoria en costas, por haber sido declarado con lugar el presente recurso, ya que el juez marrero (sic) en su sentencia menciona la condenatoria en costas dos veces algo increible (sic) ilegal…”.

 

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA EN AMPARO

El 13 de enero de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, dictó sentencia estableciendo lo siguiente:

“…La presente acción de amparo tiene por finalidad la restitución de la situación jurídica infringida, como consecuencia de la decisión definitiva que dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 10/07/2013, mediante la cual declaró con lugar la pretensión de la ciudadana Edith Zulay Arroyo Rodríguez, en contra de los ciudadanos Moisés Aníbal Días (sic), Jorge Cuba y Felipe Figueira, seguida por motivo de fraude procesal.

Con respecto a la admisibilidad de esta acción, este Juzgado observa que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:


…Omissis…

En relación al artículo supra transcrito, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que: ‘...en la causal de inadmisibilidad anterior, incurrirían también, aquellas acciones de amparo en las que existe otro medio procesal idóneo para restablecer la situación jurídica lesionada. Esto se debe a que la acción de amparo constitucional busca la reparabilidad inmediata del daño producido por la violación directa de algún derecho o garantía constitucional’.

(Sentencia del 11 de abril de 2003, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Amparo Constitucional Jorge Luis Hidalgo).

Y así, la Sala Constitucional, en fecha 11 de diciembre de 2001, en el expediente N° 01-1803, sentencia N° 2581, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero (caso: Robinson Martínez Guillén), estableció:

…Omissis…
En igual sentido se pronunció en la sentencia N° 2369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Parabólicas Service´s Maracay C.A., en la que señaló:

…Omissis…

Asimismo, en sentencia de fecha 04 de junio de 2010, caso: Aliz Beatriz González, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, consideró:

…Omissis…


Ahora bien, de la revisión exhaustiva del escrito de amparo, este Tribunal observa que se desprende del mismo, que la razón que motivó al querellante a accionar en amparo contra la sentencia definitiva dictada en fecha 10/07/2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, fue la falta de citación y fraude en dicha citación.


Y con respecto a la falta de citación o fraude en la misma, establece el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:


Son causas de invalidación:


1) La falta de citación, o el error, o fraude cometidos en la citación para la contestación.

 

…Omissis…

 

Ahora bien, de la norma ante transcrita se evidencia que existe en la ley un medio procesal ordinario idóneo para restablecer la situación jurídica presuntamente infringida (falta de citación, o fraude en la misma), como lo es el recurso de invalidación, a los fines enervar los efectos de la decisión contra la que hoy se interpone la presente acción de amparo; motivo por el que este Juzgador debe declarar la inadmisibilidad del presente amparo Constitucional, con base en el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.


En virtud de lo anterior este Juzgado, actuando en Sede Constitucional y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional propuesta por el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la abogada Giselle Linárez, mediante escrito presentado en fecha 10 de enero de 2014, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 10/07/2013…”.

 

 

IV

DEL FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

El 15 de enero de 2014,  la parte recurrente consignó ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, escrito contentivo de la fundamentación del recurso de apelación interpuesto, a través del cual expresó lo siguiente:

“…A todo evento quier[e] destacar que el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO (SIC) DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA solo se pronucio (sic) sobre una citación (sic) fraudulenta, interpretada de manera incorrecta cuando debio (sic) ser interpretada de la siguiente manera la defensora ad-liten (sic) debio (sic) citar[los] a los demandados a los efectos de que su defensa fuera efectiva pero era imposible que ese hecho se concretara pues las direcciones eran falsas y no era posible conseguir[los] y ademas (sic) se debió (sic) pronunciar sobre los demas (sic) puntos solicitados en el amparo y no lo hizo cuasando[le] (sic) graves danos (sic) a [sus] derechos constitucionales y [su] patrimonio.

…Omissis…

2.- En fecha 10-01-2014, se introduce ante JUZGADO (SIC) SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO (SIC) DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, amparo constitucional contra la sentencia emitida por JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL TRANSITO (SIC) Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA, en fecha 10-07-2013, por considerar que la misma se incurrieron en daños a mis derechos constitucionales, y en fecha 13-01-2014, el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO (SIC) DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, lo declara idnanmisible (sic) o no procedente en virtual de una mala interpretacion (sic) del recurso de amparo que a [su] criterio no debio (sic) ser interpretada de esa manera pues en el recurso de amparo se explica detalladamente el modo y las circunstancias de la violacion (sic) de [sus] derechos constitucionales objeto del recurso de amparo como son las siguientes:

2.1.- El procedimiento de amparo procede entre otros asuntos contra sentencias siempre que estas proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o, inclusive, cuando exista un peligro cierto de violación, siempre y cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional, en el caso que nos ocupa señal[ó] en el amparo constitucional a objeto de que se reestablezca (sic) la situación jurídica violada o infringida a los Derechos Fundamentales de: 1- Derecho al Debido Proceso. 2- Derecho a la defensa. 3.- Derecho a ser Oído en el proceso donde se ventilan o se conocen sus Derechos (sic), todos consagrados en los artículos: 22, 25, 48, 49 y 55, siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo dichos Derechos vulnerados y Transgredidos por HABER INCURRIDO el Juez de El (sic)  tribunal (sic) segundo (sic) de primera (sic) instancia (sic)  en lo civil (sic) y mercantil (sic) del segundo (sic) circuito (sic) de la circunscripción (sic) judicial (sic) del estado (sic) portuguesa (sic) a cargo del juez jose (sic) Gregorio marrero (sic) en fecha 10 de julio del 2013. dicto (sic) sentencia en la causa N° C 2012-830, en VIAS DE HECHO Y DE DERECHO, cuya gravedad justifica y posibilita el ejercicio de Acción Constitucional de Amparo establecida y Contenida (sic) en el artículo 27 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y cito Artículo 27 ejusdem (…). Y en la especialísima Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales, así se desprende de los hechos y circunstancias que Rodearon (sic) la SENTENCIA ESPUREA que en MALA PRAXIS llevo (sic) a cabo el Juez marrero (sic).

2.2. - El Derecho al Debido Proceso.

2.3.- El Derecho a la defensa: señala[ron] que el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO (SIC) Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA, en la causa 2013-830, …PROPÓSITO DE LA DEFENSORÍA PRIVADA REPRESENTADA EN EL DEFENSOR AD LITEM. ACTITUD QUE ÉSTE DEBE ASUMIR PARA CUMPLIR CABALMENTE SU MISIÓN que el tribunal al admitir la demanda, ordena la citacion (sic) de los demandados de conformidad con las direcciones señaladas por el demandante y aclaro que dichas direcciones no son reales o verdaderas, pues señalaron direcciones falsas, así que como nos van a citar con direcciones incorrectas, luego a solicitud de la parte demandada se designa defensor ad-litem, la misma recayo (sic) en la persona de la Abogada NOLIANA GONZALEZ (SIC), quien es del conocimiento publico (sic) que tiene amistad manifiesta con los abogados de la parte demandante, y a pesar de que uno de sus representados es el abogado Felipe Figueira, conocido profesional del derecho y litigante en esos mismo tribunales nunca lo contacto personalmente ese detalle aunado a el hecho que [es] conocido y amigo del juez marrero (sic), a quien le prest[a] los servicios de mantenimiento de computacion (sic) nunca [le] dijo que [él] había sido demandado, todo el procedimiento fue realizado a escondidas, en secreto para (sic) nadie se enterare y ahora que solicit[a] el amparo se [le] niega esto es increible (sic) pues el estado de indefension (sic) que [le] ocasiona al violar[le] [sus] derechos contitucionales (sic) de esta manera [le] ocasiona graves daños a [sus] derechos y patrimonio todo pareciera ser una presunta componenda, por tal razon (sic) [pide] que se haga justicia a permitir[le] continuar con [su] amparo para hacer justicia, continuando con [su] argumento la defensora ad-litem, fue designada por el tribunal sin tomar en consideracion (sic) la tablilla que para los efectos se señalan a los posibles defensores ad-litem del tribunal y en la cual la mencionada abogada no aparece, tal designacion (sic) la considera[n] las normas para ser designada como defensora ad-litem, y mas (sic) aun cuando el tribunal la designa como defensora ad-litem de los ciudadanos moises (sic) diaz (sic), jorge (sic) cuba (sic) y felipe (sic) figueira (sic), cuando por razones de logica (sic) juridica (sic) y sana interpretacion (sic) de la ley, de (sic) debio (sic) designar a tres defensores ad-litem y no a una para que representara a los tres ciudadanos ya mencionados por conflicto de intereses ya que dichos ciudadanos mencionados vienen segun (sic) consta en el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO (SIC) Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA, en la causa 2006-080, que los mismos tenia (sic) un litigio por cobro de bolívares (sic), el tribunal debio (sic) en sana critica designar a tres defensores ad-litem para evitar el posible conflicto de intereses entres las partes ya mencionadas o en su defecto indicarle a la defensora ad-litem nombrada que presentara defensas por separado precisamente para no lesionar los derechos de cada uno de ellos por el conflicto de intereses, como parte de las funciones que tiene el juez están obligado a vigilar la actividad desplegada por el defensor judicial para preservar el buen orden del proceso así como garantizar el derecho de la parte demandada, luego la Abogada NOLIANA GONZALEZ (sic), realiza acto o actividades propias para ubicar a los representados, los ciudadanos moíses (sic) diaz (sic), jorge (sic) cuba (sic) y felipe (sic) figueira (sic) y a todo evento quier[e] señalar para la correcta interpretacion (sic) de [su] solicitud de apelacion (sic) y del mismo amparo. En este orden le present[ó] de sala (sic) de casación (sic) civil(sic) extracto de las Sentencias (sic) Tribunal Supremo de Justicia, para que ilustre al sr. Juez superior.

SENTENCIA N° RC.000489 DE SALA DE CASACIÓN CIVIL, EXPEDIENTE N°10-259 DE FECHA 05/11/2010 MATERIA: DERECHO PROCESAL CIVIL TEMA: DEFENSOR AD-LITEM ASUNTO: PROPÓSITO DE LA DEFENSORÍA PRIVADA REPRESENTADA EN EL DEFENSOR AD LITEM. ACTITUD QUE ÉSTE DEBE ASUMIR PARA CUMPLIR CABALMENTE SU MISIÓN.

…Omissis…

Y la otra sentencia que consigno a los efectos de que ilustre a este digno tribunal SENTENCIA N° RC.00817 DE SALA DE CASACIÓN CIVIL, EXPEDIENTE N° 05 516 DE FECHA 31/10/2006 MATERIA: DERECHO PROCESAL CIVIL TEMA: DEFENSOR AD-LITEM ASUNTO: DEBERES DEL DEFENSOR AD LITEM.

…Omissis…

Y como ud (sic) puede apreciar sr. (sic) Juez, en el caso objeto del presente recurso de apelacion (sic) y del mismo recurso de amparo constitucional, ni el defensor ad-litem Noliana del jesus (sic) Gonzales (sic), ni el juez Jose (sic) Gregorio Marrero, cumplieron con sus obligaciones legales en mi caso, el defensor ad-litem noliana (sic) del jesus (sic) Gonzales (sic), en ninguno (sic) casos el defensor obra como un mandatario del accionado sino como un auxiliar de justicia designado por el tribunal para su exclusiva defensa. Otras funciones importantes destinadas a la labor del defensor ad litem, entre ellas, exige la doctrina precedente, que este auxiliar de justicia debe en todo proceso, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para lograr recabar la información necesaria para su defensa en el juicio, así como para obtener los medios de prueba que permitan contradecir lo alegado por el demandante en el libelo. Esto quiere decir, que no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que debe ir en su búsqueda sobre todo si conoce la dirección donde ubicarlo, pero es el caso sr (sic) juez que en [su] dirección nunca fue objeto de citación, ni cartel y mucho menos recib[ió] jamás visita alguna de la defensora ad-litem, ni del juez, a pesar de que el juez [lo] conoce de vista, trato y comunicación pues [es] quien le arregla su computadora personal y la del tribunal. La defensora ad-litem noliana (sic) del jesus (sic) Gonzales (sic), debió procurar la defensa efectiva de la parte accionada, pues ello coadyuva al desarrollo natural del proceso que es el establecido en la ley. ACTITUD QUE ÉSTE DEBE ASUMIR PARA CUMPLIR CABALMENTE SU MISIÓN. Pero solo se limitó a la contestación de la demanda como mero saludo a la bandera, una contestación sin ningún fundamento ni razonamiento, ni promovió, ni evacuo pruebas y tampoco apelo a la decisión del juez marrero (sic), cuando esta sentencia perjudicaba [sus] derechos e intereses. Y en el caso del juez marrero (sic), los jueces lo señala la ley y la jurisprudencia planteada, los jueces están obligados a vigilar la actividad desplegada por el defensor judicial para preservar el buen orden del proceso así como garantizar el derecho de la parte demandada, y lo que se aprecia como obligación del juez marrero (sic) fue lo más deprimente pues vio (sic), observo (sic) y leyó en el expediente, como [su] defensora ad-litem, se mostraba desinteresada de la defensa que le encomendó el tribunal haciendo su peor trabajo legal y que [le] perdone dios (sic), pero pareciera como que quisiera que la parte demandante ganara el caso pues le ofreció batalla alguna, ni resistencia legal fue un mero saludo a la bandera, lleno de la peor defensa legal que pudiera brindar, si ella no estaba capacitad no hubiera aceptado se hubiera negado, pero no, ella acepto para no cumplir con su sagrado deber que juro defender mis derechos e intereses, y no cumplió con su deber, por lo que pud[o] investigar pareciera una confabulación para perjudicar al abog. Figueira (…). Derecho de defensa se extiende a todo el proceso, se objeta criterio del Juez al interpretar y aplicar la ley. Manifiesta improcedencia declarada in limine litis. Es un error de juzgamiento y una violación constitucional, se denuncia violación directa de derecho o garantía constitucional No (sic) utilizó las vías judiciales ordinarias. Debido proceso se garantiza sólo a las partes. Como garantía que el proceso iniciado en contra de [su] persona que fue ilegal con una sentencia que debio (sic) ser congruente pero no fue asi (sic) en el presente caso.

En este sentido, la omisión y violacion (sic) de [sus] derechos, en el presente caso, vulnera, en primer lugar, el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos demas (sic) señalados anteriormente, así mismo atenta contra derechos fundamentales del proceso civil como lo es el debido proceso es considerado formalidad esencial e irrenunciable en el proceso civil venezolano.

Entonces [tienen] que la defensora ad-litem no realizo (sic) diligencia para ubicar a sus representados, su contestacion (sic) fue realizada extemporánea (sic), a pesar que el tribunal increiblemente no se da cuenta de tal detalle y la misma fue realizada sin argumentos de defenzas (sic), la defensora ad-litem no presento (sic) pruebas y mucho menos desestimo (sic) las pruebas que presento (sic) la parte demandante, no presento (sic) informes y no apelo (sic) de la sentencia, funciones o deberes de la representacion (sic) judicial que le encomendo (sic) el tribunal, considero que fue la defenza (sic) realizada por la Abogada NOLIANA GONZALEZ (SIC), es la mas (sic) podre y mal intensionada (sic) de la historia legal de Venezuela (sic), sin argumentos de defensa y sin realizar ningun (sic)  tipo de actividad consona (sic) con su sacro deber de defender[le] [sus] derechos, si esto no representa motivo para un amparo contitucional (sic) o para fundamentar la apelacion (sic) de la no procedencia de [su] amparo que me garantize (sic) [sus] derecho (sic) entonces [se] qued[ó] con la denegacion (sic) de justicia mas inverosimil (sic) y levosa que destruyo (sic) [sus] derechos contitucionales (sic) y [su] patrimonio por tal razon (sic) pid[e] se haga justicia acordando la presente apelacion (sic) y en consecuencias el presente amparo. La sentencia que [le] negó (sic) el amparo si bien consideró la citacion (sic) fraudulenta, lo interpreto (sic) erróneamente (sic), debio (sic) realizar una revisión y verificación más exhaustiva y profunda de los hechos expuestos en el amparo, No (sic) hay fundamentos a favor o en contra del punto controvertido respecto al amparo.

2.4.- El Derecho a ser Oído (sic) en el proceso donde se ventilan o se conocen sus Derechos (sic), todos consagrados en los artículos: 22, 25, 48, 49 y 55, siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a este particularquiero (sic) destacar que JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO (SIC) Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA, en la causa 2013-830 ni el JUZGADO SUPERIOR EN LO CML, MERCANTIL Y DE TRANSITO (SIC) DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, en la causa 2014- 3135, [le] han negado la justicia, en una por no considerar que debo (sic) debo defenderme y en el otro a ser amparo en la defensa de mis derechos constitucionales.

3.- La Sentencia del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO (SIC) DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, equivocadamente declara Infundada (sic) improcedente [su] demanda, habiendo incurrido en los siguientes errores de hecho y de derecho en la sentencia: solo se pronuncia en relacion (sic) a una citacion (sic)  fraudulenta que a [su] critirio (sic) y respetuosamente consider[a] no debio (sic) ser interpretada de esa manera y ademas (sic) hizo caso omiso a [sus] demas (sic) argumento (sic) los ignoro (sic) por completo, ocasionando[le] (sic) un daño irreparable a [sus] derechos constitucionales.

-POR TANTO: solicit[a] conceder la apelación interpuesta para efecto que se revoque o se anule la desicion (sic) de no admision (sic) el recurso de amparo recurrida y resuelva declarando la elevación de la apelación, ya que la sentencia incumple con el requisito de la interpretacion (sic) y motivación adecuada y suficiente, pues contiene una decisión que no se sustenta en la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al proceso; motivo por el cual esta[n] ante una decisión que no se ajusta al mérito de lo actuado, contraviniendo lo formado en el Código Procesal Civil.

Debe solicitarse si asi (sic) lo considera el expediente de 2013-830, llevado por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO (sic) Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA, a efecto de valorarse los hechos y derechos como medios probatorios en conjunto. Pido que la presente apelacion (sic) sea admitido (sic), sustanciado (sic) y declarado (sic) con lugar, con todos los pronunciamientos de ley. Es Justicia que espero en ACARIGUA a la fecha de su presentación.”

 

V

COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa que, conforme al contenido del artículo 25 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que esta Sala Constitucional es competente para conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, en el caso bajo análisis la sentencia apelada fue dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando como primera instancia constitucional. Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, así como lo señalado en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta competente para conocer de la presente apelación. Así se declara.

 

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Determinada la competencia, pasa esta Sala a decidir la apelación ejercida, y en tal sentido, observa que:

En el presente caso se ejerció recurso de apelación contra la decisión del 13 de enero de 2014, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión dictada el 10 de julio de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la referida Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda que por fraude procesal interpuso la ciudadana Edith Zulay Arroyo Rodríguez contra el hoy accionante y los ciudadanos Jorge Cuba y Felipe Figueira.

Como punto previo, debe esta Sala revisar la tempestividad de la presente apelación. Así, tenemos que la apelación fue ejercida el 15 de enero de 2014 y la sentencia apelada fue dictada el 13 del mismo mes y año, por lo que la misma fue realizada de forma tempestiva, en consideración a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece un lapso de tres (3) días para el ejercicio de la misma.

Asimismo, resulta ineludible para esta Sala aclarar, que el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la abogada Giselle Linarez, al momento de interponer el mencionado recurso de apelación ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, consignó escrito de fundamentación. De allí que, se considera dicho escrito tempestivo. Así se declara.

Ahora bien, en el presente caso, la acción de amparo constitucional fue ejercida por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 21, 22, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por cuanto, el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, nunca lo citó en ninguno de los procesos a pesar de ser el demandado y al dictar la sentencia de fondo no tomó en cuenta la inactividad del defensor ad litem al haber contestado en forma pura y simple la demanda y no haber realizado actividad probatoria alguna. Señalaron que, incluso, dicho defensor judicial no ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de fondo dictada por dicho juzgado, trayendo como consecuencia que, la misma quedara firme, declarando además la nulidad de la causa seguida ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial por el hoy accionante contra  Jorge Cuba y Felipe Figueira Quiróz por motivo de cobro de bolívares vía intimatoria, causa en la cual fue dictada una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble perteneciente al ciudadano Felipe Figueira Quiróz.

En este sentido, a través de la sentencia objeto de apelación el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo de autos conforme al artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al estimar que el accionante disponía del recurso de invalidación como medio procesal ordinario idóneo para restablecer su situación jurídica presuntamente infringida (falta de citación, o fraude en la misma).

Resulta pertinente aclarar, que efectivamente el accionante, tenía a su disposición el recurso de invalidación establecido en los artículos 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, criterio que esta Sala comparte; más sin embargo, esta Sala no puede pasar inadvertido las graves denuncias realizadas por el accionante en cuanto a la negligencia por parte de la defensora ad litem, dado que según el accionante, la misma tenía conocimiento del domicilio y pudo haber localizado a sus defendidos para la preparación de su defensa, y sólo se conformó con el envío de telegramas.

Igualmente alegó el accionante que, en el juicio principal, la defensora ad-litem consignó escrito mediante el cual hizo constar su intento por contactar a los demandados, sin resultado alguno y en la oportunidad de contestar la demanda lo hizo en términos genéricos, tampoco se opuso a los documentos promovidos por la parte demandante, ni probó nada que favoreciera a sus representados para desvirtuar las afirmaciones de la parte demandante, así como tampoco ejerció recurso de apelación contra la decisión que les resultó adversa.

Ahora bien, se observa que en sentencia dictada por esta Sala Constitucional N° 531 del 14 de abril de 2005, caso: Jesús Rafael Gil, reiterando el criterio asentado en sentencia N° 33 del 26 de enero de 2004, caso: Luis Manuel Díaz Fajardo, se expuso lo siguiente:

“Señala esta Sala que la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención.

Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.

Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.

En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional.

Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.

Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia. Así se decide”.

Visto lo anterior y dado que en el presente caso la abogada Noliana del Jesús González, en su carácter de defensora ad litem designada por el a quo, al parecer, de manera injustificada, no cumplió ni actuó con diligencia ni eficiencia al dejar desprotegido a al accionante, tal como se evidencia de la decisión dictada el 10 de julio de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la cual se dejó constancia de que el defensor designado vulneró el orden público constitucional al no promover prueba alguna en su defensa y, posteriormente, al no apelar de la decisión que les resultó adversa; Asimismo esta Sala rechaza la actuación despreocupada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la referida Circunscripción Judicial, que trastocó igualmente el orden público constitucional al omitir su deber de salvaguardar el derecho a la defensa de la parte demandada a través del debido control que debe ejercer sobre el defensor ad litem.

En tal virtud, esta Sala declara con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Moisés Aníbal Díaz Urbina, asistido por la  abogada Giselle Linarez; en consecuencia, se anula la decisión dictada el 13 de enero de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y repone la causa al estado en que dicho Tribunal se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, con prescindencia de la causal contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

No puede esta Sala dejar pasar por alto la actitud asumida por la abogada Noliana del Jesús González, pero visto que no consta en actas su número de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado, se ordena al mencionado Juzgado Superior, que una vez ésta sea plenamente identificada, remita las actuaciones al Tribunal Disciplinario del Colegio de adscripción para que aplique la sanción, si de las averiguaciones se desprende que ha lugar a ello. Así se decide.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, por orden público, declara CON LUGAR la apelación interpuesta el 15 de enero de 2014, por el ciudadano MOISÉS ANÍBAL DÍAZ URBINA, asistido en este acto por la abogada Giselle Linarez, contra la decisión dictada el 13 de enero de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional; y en consecuencia se anula la referida decisión y ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta con prescindencia de la causal contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la  Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 30 días del mes de abril   de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

Ponente

 

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

                       

Los Magistrados,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

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ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

GMGA.

Exp. 14-0069

 

 

 

 

 

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