Sentencia N.º 305
Sentencia N.º 305
- Sentencia
- N.º 305
- Fecha
- 15/04/2004
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 03-871
- Ponente
- Alfonso Rafael Valbuena Cordero
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue la ciudadana XIOMARA ESPERANZA GONZÁLEZ, representada judicialmente por el abogado Marcos Goitía contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representada judicialmente por la abogada Annaliesse Montenegro; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, dictó sentencia en fecha 17 de julio del año 2003, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación legal de la parte demandada y con lugar la demanda, confirmando así el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia.
Contra la mencionada decisión anunció recurso de casación la abogada Annaliesse Montenegro, representante legal de la parte demandada, el cual una vez admitido se acordó su remisión a este Tribunal Supremo de Justicia.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social se dio cuenta del asunto en fecha 1° de diciembre del año 2003 y le correspondió la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, quien con tal carácter la suscribe.
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala a decidirlo en los siguientes términos:
PUNTO PREVIO
De la revisión de la sentencia impugnada, esta Sala advierte que la misma fue proferida en fecha 17 de julio del año 2003, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Respecto a la entrada en vigencia de la referida ley procesal, esta Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 01 de diciembre del año 2003, estableció lo siguiente:
Tomando en consideración la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en varias Circunscripciones Judiciales del país, el 13 de agosto del año 2003, cuerpo legal que trae considerables cambios respecto al recurso de casación, esta Sala considera necesario realizar algunas precisiones, antes de entrar a resolver el recurso extraordinario interpuesto.
En el Capítulo II de la citada Ley, contentivo del Régimen Procesal Transitorio, concretamente en el artículo 199, se establece lo siguiente:
Las causas que se encuentren en segunda instancia y casación serán resueltas por los Tribunales Superiores del Trabajo y por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Dispone el precepto legal transcrito que las causas que se encuentren en segunda instancia y casación serán resueltas por los Tribunales Superiores del Trabajo y por esta Sala de Casación Social, respectivamente, conforme al procedimiento establecido en dicha ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Ahora bien, esta Sala en virtud de que la ley no establece expresamente cómo se adaptarán las causas a los nuevos lapsos y especificaciones contenidos en ella, dependiendo de la etapa de sustanciación del recurso de casación en que éstas se encuentren, considera necesario precisar que
aquellos juicios en los cuales se hubiere dictado sentencia en segunda instancia con anterioridad al 13 agosto del año 2003, se tramitarán de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, y las que sean dictadas con posterioridad a esa fecha, se regirán por las disposiciones de la nueva Ley, todo ello en aras de la seguridad jurídica de las partes en litigio.
Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto en el referido fallo, que fue ratificado por esta Sala en fecha 29 de enero del año 2004, así como la fecha en que fue dictada la decisión impugnada 17 de julio del año 2003-, se debe concluir que el presente recurso de casación debió tramitarse, como en efecto se hizo, y resolverse con apego a la normativa que al efecto contiene el Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
ÚNICO
Se ha dejado establecido en anteriores oportunidades, que el lapso que establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil para formalizar el recurso de casación es de cuarenta (40) días más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República y se computará a partir del día siguiente del vencimiento del término de diez (10) días que se conceden para el anuncio del recurso. Este lapso es preclusivo, por lo cual transcurrido, de consignarse el escrito de formalización será considerado extemporáneo, salvo que la Sala haya otorgado una prórroga del lapso, por haberse encontrado el recurrente en la hipótesis prevista en el artículo 202 eiusdem.
En el presente caso, del cómputo practicado por la Secretaría de esta Sala, se evidencia que el lapso para formalizar el recurso de casación comenzó a correr el día siguiente a los diez (10) días que se dan para el anuncio del mismo, es decir, en fecha nueve (09) de octubre del año 2003, y venció el veintidós (22) de noviembre del mismo año, incluyendo el término de la distancia correspondiente, por estar situado el Tribunal de la causa en San Fernando de Apure en Estado Apure, siendo que hasta la fecha no ha sido consignado el correspondiente escrito de formalización, en consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, se declara perecido el recurso de casación anunciado y así se resuelve.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado por la apoderada judicial de la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, de fecha 17 de julio del año 2003.
No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en concordancia con el artículo 74 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de abril del año 2004. Años: 193° de la Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente,
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JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado-Ponente,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO
El Secretario Temporal,
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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C N° AA60-S-2003-000871
Publicada en su fecha a las
El Secretario Temporal
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