Venley

Sentencia N.º 307

Sentencia
N.º 307
Fecha
11/10/2001
Sala
Casación Civil
Expediente
01-057
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación


 


SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ

 

En el juicio por cobro de bolívares por via del procedimiento de intimación seguido ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por el ciudadano GERMAN DE LEON ALVAREZ, representado judicialmente por el abogado en el ejercicio de su profesión Luis Alejandro Méndez Guaita, contra los ciudadanos ANTONIO FUMERO DAMAS y ARTURO ABRAHAM FUMERO DAMAS, patrocinados por los profesionales del derecho Manuel Matute Rodríguez, Alcides Matute Ayala y José Luis Rincón Labarca; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección al Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en función jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 19 de diciembre de 2000, mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por los demandados, y con lugar la demanda. En consecuencia, confirmó la decisión del a-quo, modificándola en cuanto al establecimiento del lapso de indexación.

Contra el precitado fallo, los demandados anunciaron recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y lo hace previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

Del estudio detenido de las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala considera necesario, en fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes irrecuperables en la función jurisdiccional jerárquica vertical que le toca ejercer con relación al recurso anunciado y admitido, invertir el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la indicada como “segunda”.

 

 

SEGUNDA DENUNCIA

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 243 ordinal 6° y 244 eiusdem, por no contener la recurrida la determinación exacta y precisa de la cosa u objeto sobre la que recayó la decisión.

Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“...Según la recurrida (folio 70), procedería la indexación, desde la fecha de introducción de la demanda y hasta la definitiva ejecución.

 

Empero, al final de la dispositiva (folio 71) dice que se modifica la sentencia apelada dictada en Primera Instancia “en cuanto a establecer el lapso de indexación y adaptarle a la previsión del artículo 254 de la Constitución... referida a la gratuidad de la justicia”.

 

Por lo anterior, nuevamente denuncio, al amparo del ordinal 2° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, que la recurrida está incursa en el segundo de los casos del ordinal 1° del artículo 313 eiusdem, pues no cumple con los requisitos formales que exige el artículo 243 del mismo Código y, además, en (Sic) nula a tenor del artículo 244 del mencionado Código de Procedimiento Civil. En efecto:

 

A.- Del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la recurrida viola el ordinal 6°, pues al decir que modifica el lapso de indexación, sin decir cuál sería, no hay determinación exacta y precisa de la cosa u objeto sobre la que recayó la decisión, ya que no se sabe a ciencia cierta el monto o importe de la condenatoria; y

 

B.- De acuerdo con el artículo 244 del mismo Código de Procedimiento Civil, la sentencia es nula por faltar cualesquiera de las determinaciones indicadas en el artículo 243, y en el caso falta –como dije- la previsión acerca del monto de la condena en cuanto a indexación concierne. Además, la sentencia es nula, por aplicación del artículo 244, ya que no aparece qué fue lo decidido: si la indexación procedía desde la fecha de la demanda y hasta la ejecución o si, por el contrario, debe excluirse un lapso, tiempo o término que el fallo recurrido no declara ni precisa.

 

Por lo ocurrido, solicito nuevamente se case y anule la recurrida y se ordene dictar nueva sentencia que sea determinante, categórica y precisa en cuanto a la condenatoria....”

 

Respecto de lo delatado por el formalizante, la Sala observa que la recurrida en casación, hizo el siguiente pronunciamiento:

“...Con relación a la corrección monetaria solicitada por tratarse de derechos disponibles y haber sido solicitada en el libelo de la demanda, no contradicha por los accionados en su contestación y ser un hecho público y notorio tal como lo apreció el a quo, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, la misma se hace procedente, sobre el capital demandado de Bs. 86.725.901,46; Indexación (sic) que será aplicada conforme los índices de inflación aprobados por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de introducción de la demanda hasta su definitiva ejecución. Y así se decide.

 

Advierte este Tribunal al a quo, en cuanto a la orden de inutilizar los timbres fiscales correspondientes, en criterio de quien juzga, tal orden contraviene la gratuidad de la justicia establecida en el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo tanto esta orden se deja sin efecto. Y así se establece.

 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentes expuestas este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección al Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 20/07/2.000, por el Abogado (Sic) ALCIDES MATUTE AYALA en su carácter de co-apoderado de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el a quo. SE CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Portuguesa, de fecha 10/07/2.000, que declaró Con Lugar, la acción que por Cobro de Bolívares intentó el Abogado (Sic) LUIS ALEJANDRO MENDEZ GUAITA en su carácter de endosatario en procuración del ciudadano GERMAN DE LEON ALVAREZ contra los ciudadanos ARTURO ABRAHAM FUMERO DAMAS Y ANTONIO FUMERO DAMAS, en sus (Sic) carácter de obligado y avalista respectivamente de la letra de cambio objeto de litigio, pero SE MODIFICA en cuanto a establecer el lapso de indexación y adaptarla a la previsión del artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referida a la gratuidad de la justicia....” (Negritas y mayúsculas de la recurrida).

 

Para decidir  la Sala, observa:

En el caso bajo análisis, la Sala observa, que el ad quem, modificó la sentencia de primera instancia ordenando la aplicación del artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para establecer el lapso a partir del cual se realizaría la indexación solicitada por el demandante.

Al respecto, el artículo 254 citado, dispone:

 

“El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios”.

 

Ahora bien, de la transcripción parcial de la recurrida, claramente se desprende que, por un lado decide que la indexación será aplicada desde el momento de la introducción de la demanda y hasta la ejecución definitiva de la sentencia, y por el otro, ordena determinar el lapso de aplicación de la indexación de conformidad con lo previsto en el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que como claramente se observa en la transcripción realizada, no guarda ningún tipo de relación con la determinación de un lapso para aplicar la indexación, lo cual, la Sala considera fue un error grave en el que incurrió el sentenciador de alzada.

De los anteriores considerandos en el caso particular se constata de la sentencia recurrida la existencia de una contradicción entre su motivación y el dispositivo lo que la reviste sin lugar a dudas del vicio de inmotivación, por lo cual la Sala encuentra que en la misma se infringe el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; en ese orden de ideas la Sala, en sentencia Nº 576, de fecha 12 de agosto de 1999 en el juicio de Angel Delgado Medina contra Terrenos y Maquinarias Termaq C.A., expediente Nº 98-473, expresó:

“...b) Que igualmente, la contradicción entre los motivos y el dispositivo, no da lugar a la nulidad de la sentencia por el vicio de contradicción, sino por el de inmotivación, pues en este caso de lo que se trata realmente es de falta de fundamentos....”

 

Por fuerza de estos antecedentes la denuncia analizada deberá declararse procedente, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Asi se decide.

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

D E C I S I Ó N

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por los demandados, contra la sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección al Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al juez que resulte competente dicte nueva sentencia, corrigiendo el vicio indicado.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  ONCE ( 11 ) días  del  mes     de                     OCTUBRE de dos mil uno.  Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

_____________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente Ponente,

 

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VELEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

 

_________________________

ANTONIO RAMIREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

_________________________

ADRIANA ALFONZO PADILLA

 

 

 

Exp. AA20-C-2001-000057

 

 

 

 

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