Sentencia N.º 3084
- Sentencia
- N.º 3084
- Fecha
- 14/10/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2660
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 13 de julio de 2004, la ciudadana SALUD ARANDA de TIRADO, titular de la cédula de identidad nº, 6.230.473, con la asistencia de los abogados María Concepción Tirado de Surga, José Francisco Tirado y Armando J. Rojas Becerra, con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 25.047, 30.088 y 21.675, respectivamente, intentó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
El 7 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 28 de septiembre de 2004 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 27 de octubre de 2004, la parte apelante solicitó, mediante escrito, que se declarase con lugar el recurso que interpuso y la improcedencia in limine litis del amparo que se incoó. Por su parte, la demandante pidió que se declare sin lugar la apelación, el 9 de noviembre de 2004.
I
DE
El 13 de julio de 2004, la ciudadana Salud Aranda de Tirado, con la asistencia de los abogados María Concepción Tirado de Surga, José Francisco Tirado y Armando J. Rojas Becerra, incoó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
El 26 de julio de 2004, el tribunal de la causa admitió el amparo, ordenó las notificaciones del Juez del tribunal que dictó el pronunciamiento objeto de amparo, del Ministerio Público y de Inversiones Triantafilia C.A., quien actuó como demandante en el juicio que originó el amparo de autos. En esa oportunidad, se decretó medida cautelar innominada y se suspendieron los efectos del veredicto que se impugnó.
El 26 de agosto de 2004, se celebró la audiencia pública a la cual acudieron la parte actora, el tercero interesado y la representación del Ministerio Público. Luego de la intervención de los asistentes, el tribunal declaró con lugar la demanda y anuló el acto jurisdiccional objeto de amparo.
El 7 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
II
DE
1. Alegó:
1.1 Que es inquilina de un apartamento que se distingue con el nº 8 del edificio Boconó, que está ubicado en
1.2 Que Inversiones Triantafilia C.A., en su carácter de actual propietaria y arrendadora- del inmueble, solicitó, por ante el Juzgado Decimocuarto de Municipio de
1.3 Que negó la demanda y probó la falsedad de la pretensión con la consignación de los recibos de pagos de los cánones que se habían demandado como insolutos.
1.4 Que el tribunal de primera instancia declaró con lugar la demanda, pero, una vez que la sentencia fue apelada, el tribunal de alzada, el 6 de julio de 2004, declaró parcialmente con lugar la apelación y revocó el fallo, por lo que la condenó a la entrega del inmueble.
1.5 Que
el Juez en la sentencia establece y reconoce que el Contrato por (ella) suscrito, es un Contrato a tiempo determinado, tal como lo señala
1.6 Que
2. Denunció:
La violación al derecho a la defensa y al debido proceso que establecen los artículos 26 y 49 de
3. Pidió:
Vista la sentencia, objeto de la presente acción de amparo, la cual (le) condena, partiendo de un gravísimo error, sin que exista en la ley medio de defensa y, por consiguiente como lo (ha) mencionado, tantas veces, lesionando (su) derecho a la defensa, ya que (es) víctima de un abuso de poder y extralimitación de atribuciones; recurr(e) a su competente autoridad, de conformidad con el Artículo 4 de
III
DE
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de
IV
DE
El juez del pronunciamiento contra el que se apeló juzgó sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
A juicio del juez de la sentencia de la que se recurrió
el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
V
ESCRITO DE APELACIÓN
La parte apelante alegó:
1. Que no existe violación al derecho a la defensa de la actora, puesto que se le permitió el acceso al procedimiento y el ejercicio de todos los recursos pertinentes. Que la demandante pretende la creación de un tercer grado de jurisdicción cuando denunció vicios de rango legal.
2. Que
si la parte demandada detectó que su derecho a la defensa fue violado y tenía alguna observación que efectuarle a la sentencia de última instancia, ha debido agotar los recursos ordinarios que le otorga
3. Que no hay agravio al derecho a la defensa y el fallo objeto de amparo tampoco está viciado de incongruencia o ultrapetita, como fue denunciado, sino que el juez sobre la base del principio iura novit curia interpretó un contrato, facultad que le otorga el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.
Solicitó que se declare inadmisible o improcedente la demanda.
VI
ESCRITO DE
La parte demandante, en esta alzada, alegó:
1. Que reitera su alegato principal de que el tribunal que dictó la decisión objeto de amparo actuó con abuso de poder al no limitarse a lo que pretendió la actora, con lo cual contrarió lo que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Que el cambio en la calificación jurídica de la demanda la dejó en un estado de indefensión.
2. Que el escrito de apelación se basó en lo que aconteció en el juicio de desalojo y no en el amparo, dejando a un lado la interpretación que bien puede dársele al artículo 19.18 de
3. Que cuando la parte apelante solicitó la inadmisibilidad del amparo, con fundamento en que se tendrían otros medios ordinarios (aclaratoria y queja), demuestra una ignorancia de
4. Que tampoco es válido el argumento de que el Juez de la decisión objeto de amparo no violó el derecho a la defensa, sino que aplicó el principio iura novit curia, pues lo que sucedió fue un exceso en el ejercicio de la competencia y una subversión del debido proceso.
Solicitó que se declare sin lugar la apelación.
VII
MOTIVACIÓN PARA
1. Puntos previos.
1.1 En primer término,
Al respecto, como lo rechazó la demandante,
En efecto, la apelante desconoce la doctrina que
Ahora bien, ese medio judicial preexistente, para que opere la causal de inadmisiblidad que establece el artículo 6.5 de
Así, se observa que la propuesta del apelante de la declaratoria de inadmisiblidad de la demanda, por cuanto la quejosa tenía a su disposición la aclaratoria de sentencia y el recurso de queja, es absolutamente inválida, puesto que tales medios judiciales no son idóneos ni eficaces para la impugnación de un fallo, ni para el estudio de las denuncias de violaciones que se han expuesto en el amparo de autos. Por tanto, se desecha esa petición. Así se decide.
1.2 En segundo lugar, y aunque no fue planteado como un asunto de inadmisiblidad,
En efecto, en criterio de la demandante, el apelante no formalizó correctamente la apelación, pues en lugar de referirse al fallo objeto de apelación, dirigió sus alegatos al juicio principal.
Ciertamente, en materia de amparo constitucional, la apelación está regulada en el artículo 35 de
Ahora bien, la ausencia de consignación de fundamentación no tiene ninguna consecuencia jurídica, pues el tribunal analizará la conformidad a derecho de la decisión contra la que se apeló conforme a la pretensión y defensas opuestas, se haya presentado o no escrito de apelación.
De allí, entonces, que no tenga cabida, en el caso de autos, la alusión de la demandante de que el escrito de apelación es defectuoso.
2. En cuanto al fondo, se observa lo siguiente:
La sentencia de primera instancia declaró con lugar la pretensión con fundamento en que el Juez de la decisión contra la que se recurrió en amparo
incurrió en ultrapetita e incongruencia positiva en el fallo, en franco abuso de poder, puesto que el juez estaba obligado a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, incurriendo, como ya se dijo, en franca violación principio del debido proceso y el derecho a la defensa, al condenar a una de las partes en la resolución del contrato de arrendamiento, obviando la acción pretendida de desalojo en fundamento del artículo 33 de
Contra esa decisión del tribunal a quo, la apelante sostuvo que el fallo objeto de amparo no violó ningún derecho constitucional y tampoco el Juez actuó con abuso de poder, sino en ejercicio del principio iura novit curia.
Por su parte, la demandante insistió, en esta alzada, que la modificación en la calificación jurídica de la demanda (desalojo por resolución de contrato), que la segunda instancia del juicio principal hizo con el propósito de condenarla a la entrega del inmueble objeto de arrendamiento, vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso, ya que el tribunal tenía que atenerse a lo que fue alegado por el actor, so pena de violación al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto,
En efecto, una vez que queda trabada la litis, debe existir certeza de los hechos y derechos que el demandante esgrimió y exigió, así como de las defensas que el demandado opuso. No puede el sentenciador, en la decisión, modificar la calificación jurídica de la pretensión o de la defensa que se expuso respecto de los hechos que se imputaron, pues contra ese juzgamiento, que se aparta de las actas procesales, tal como ocurrió en el caso de autos con el tribunal de alzada, la parte que se ve afectada no puede defenderse.
Esta idea básica deriva de la interpretación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que dispone:
Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.
En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
De lo precedente,
Finalmente,
Al respecto, esta Sala Constitucional, en la sentencia N° 7 del 1º de febrero de 2000 (caso: José A. Mejía Betancourt y otros), estableció que:
El proceso de amparo no es, como se dijo, de naturaleza netamente dispositiva, y el Juez del amparo es un tutor de la constitucionalidad, que para amparar a quienes se le infringen sus derechos y garantías, no puede estar atado por las equivocaciones de los agraviados al calificar el derecho o garantía violado, o la norma aplicable.
El Juez del amparo por aplicación del principio iura novit curia puede cambiar la calificación jurídica de los hechos que hizo el accionante, y restaurar la situación jurídica que se alega fue lesionada partiendo de premisas jurídicas diferentes a las señaladas en el amparo. Esto significa que ante peticiones de nulidades, el Juez del amparo, que es un Juez que produce cosas juzgadas formales, puede acudir a otra figura jurídica para restaurar la situación violada.
VIII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
/
Francisco ANTONIO Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 04-2660
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