Venley

Sentencia N.º 3084

Sentencia
N.º 3084
Fecha
14/10/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2660
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 13 de julio de 2004, la ciudadana SALUD ARANDA de TIRADO, titular de la cédula de identidad nº, 6.230.473, con la asistencia de los abogados María Concepción Tirado de Surga, José Francisco Tirado y Armando J. Rojas Becerra, con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 25.047, 30.088 y 21.675, respectivamente, intentó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 6 de julio de 2004, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 7 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar; el día 9 siguiente, el abogado Moisés Amado, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 37.120, en representación de Inversiones Triantafilia C.A., apeló contra esa decisión para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 28 de septiembre de 2004 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 27 de octubre de 2004, la parte apelante solicitó, mediante escrito, que se declarase con lugar el recurso que interpuso y la improcedencia in limine litis del amparo que se incoó. Por su parte, la demandante pidió que se declare sin lugar la apelación, el 9 de noviembre de 2004.

 

I

DE LA CAUSA

El 13 de julio de 2004, la ciudadana Salud Aranda de Tirado, con la asistencia de los abogados María Concepción Tirado de Surga, José Francisco Tirado y Armando J. Rojas Becerra, incoó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor), amparo constitucional contra el fallo que emitió el 6 de julio de 2004, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

El 26 de julio de 2004, el tribunal de la causa admitió el amparo, ordenó las notificaciones del Juez del tribunal que dictó el pronunciamiento objeto de amparo, del Ministerio Público y de Inversiones Triantafilia C.A., quien actuó como demandante en el juicio que originó el amparo de autos. En esa oportunidad, se decretó medida cautelar innominada y se suspendieron los efectos del veredicto que se impugnó.

El 26 de agosto de 2004, se celebró la audiencia pública a la cual acudieron la parte actora, el tercero interesado y la representación del Ministerio Público. Luego de la intervención de los asistentes, el tribunal declaró con lugar la demanda y anuló el acto jurisdiccional objeto de amparo.

El 7 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas sentenció, in extenso, sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar y, el 9 de ese mismo mes y año, Inversiones Triantafilia C.A. apeló contra el acto decisorio del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         Alegó:

1.1       Que es inquilina de un apartamento que se distingue con el nº 8 del edificio “Boconó”, que está ubicado en la Avenida Caroní, Urbanización Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en contrato de arrendamiento que suscribió, el 13 de marzo de 1978, con Administradora Faisa C.A.

1.2       Que Inversiones Triantafilia C.A., en su carácter de actual propietaria –y arrendadora- del inmueble, solicitó, por ante el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el desalojo y entrega material del inmueble, para lo cual adujo que el contrato se habría convertido a tiempo indeterminado.

1.3       Que negó la demanda y probó la falsedad de la pretensión con la consignación de los recibos de pagos de los cánones que se habían demandado como insolutos.

1.4       Que el tribunal de primera instancia declaró con lugar la demanda, pero, una vez que la sentencia fue apelada, el tribunal de alzada, el 6 de julio de 2004, declaró parcialmente con lugar la apelación y revocó el fallo, por lo que la condenó a la entrega del inmueble.

1.5       Que “…el Juez en la sentencia establece y reconoce que el Contrato por (ella) suscrito, es un Contrato a tiempo determinado, tal como lo señala la Cláusula Tercera de dicho contrato; sin embargo, el Juez, al establecer que, ‘...la calificación de la acción en la definitiva es atribución del órgano jurisdiccional...’, no solo se limitó a calificar dicha acción estableciendo que se trataba de un Contrato a tiempo determinado, sino que se atrevió a ‘inferir’ que la parte actora, pretendía era la Resolución del Contrato, evidenciándose en el texto, arriba, parcialmente transcrito, que el Juez afirma: ‘...de donde se infiere que por pretender la actora la resolución del contrato por falta de pago, nada obsta para que a pesar de la calificación inexacta de la demanda al intentar la acción por desalojo contemplada en el Artículo 33 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, tal y ...’. De esta manera el Juez Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, ha incurrido en calidad de sentenciador en un vicio de ‘ultra petita’, es decir, el juzgador ha concedido a la parte actora más de lo que ella había pedido, violando el principio dispositivo, en un juicio que si bien es cierto es referente a la materia inquilinaria –orden público- en el mismo se ventila una relación de naturaleza meramente contractual o de Derecho Privado, es decir, el Juez no se limitó a lo alegado y probado en autos, tal como lo ordena el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, sino que sacó unos elementos de convicción, infiere, temerariamente o indebidamente una pretensión, a la parte actora, distinta a lo realmente solicitado.”

1.6       Que la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios reconoce dos tipos diferentes de pretensiones según la naturaleza del contrato de arrendamiento: i) resolución de contrato, cuando es a tiempo determinado; y ii) desalojo, cuando es a tiempo indeterminado. Que “el Tribunal una vez deducido el hecho de que el Contrato es a Tiempo Determinado, ha incurrido en un grave error judicial, al atribuirle a la parte actora un pedimento distinto al solicitado (...) Resolución de Contrato, cuando realmente lo pedido es un Desalojo...”.

2.         Denunció:

La violación al derecho a la defensa y al debido proceso que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el tribunal de alzada, mediante una decisión que no cuenta con recursos ordinarios, modificó la pretensión de la demandante y la dejó en estado de indefensión. Que se violó el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y se le condenó con base en un gravísimo error y abuso de poder.

 

3.                  Pidió:

“Vista la sentencia, objeto de la presente acción de amparo, la cual (le) condena, partiendo de un gravísimo error, sin que exista en la ley medio de defensa y, por consiguiente como lo (ha) mencionado, tantas veces, lesionando (su) derecho a la defensa, ya que (es) víctima de un abuso de poder y extralimitación de atribuciones; recurr(e) a su competente autoridad, de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los Artículos 27 y, 49 en sus numerales 1. y 8. de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de solicitar, como en efecto lo (hace), es es(te) acto, el restablecimiento de (su) situación jurídica lesionada, por la sentencia de fecha 06 de Julio de 2004, dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, Expediente Nº 30.105, nomenclatura de ese Tribunal y, en consecuencia solicit(a) se anule dicha sentencia, por ser la misma inconstitucional y de esta manera se reponga la causa en cuestión al estado en que se dicte nueva sentencia de conformidad con el debido proceso, previsto y contenido en el Artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra el veredicto que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala declara su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El juez del pronunciamiento contra el que se apeló juzgó sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Con lugar la demanda de amparo que interpuso la ciudadana Salud Aranda de Tirado (...) en contra de la decisión del 6 de julio de 2004 del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia se declara la nulidad de la sentencia recurrida y se ordena al juez que resulte competente y que conozca en segundo grado en el proceso seguido por la sociedad mercantil Inversiones Triantafilia C.A. en contra de la ciudadana Salud Aranda de Tirado, decida la apelación interpuesta contra la sentencia del Juzgado Decimocuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, de fecha 25 de febrero de 2004, sin incurrir en la (sic) vicios que menoscabaron el derecho a la defensa y al debido proceso a la parte demandada en ese juicio y accionante en esta demanda de amparo constitucional.”

A juicio del juez de la sentencia de la que se recurrió “…el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con su decisión del 6 de julio de 2004, incurrió en ultrapetita e incongruencia positiva en el fallo, en franco abuso de poder, puesto que el juez estaba obligado a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, incurriendo, como ya se dijo, en franca violación principio del debido proceso y el derecho a la defensa, al condenar a una de las partes en la resolución del contrato de arrendamiento, obviando la acción pretendida de desalojo en fundamento del artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sobre cuyo punto no pudieron ejercer sus defensas, ni formular alegatos y pruebas, por lo que la misma resulta nula, y así se declara.”

 

V

ESCRITO DE APELACIÓN

La parte apelante alegó:

1.        Que no existe violación al derecho a la defensa de la actora, puesto que se le permitió el acceso al procedimiento y el ejercicio de todos los recursos pertinentes. Que la demandante pretende la creación de un tercer grado de jurisdicción cuando denunció vicios de rango legal.

2.        Que “…si la parte demandada detectó que su derecho a la defensa fue violado y tenía alguna observación que efectuarle a la sentencia de última instancia, ha debido agotar los recursos ordinarios que le otorga la Ley, bien solicitando una aclaratoria de la sentencia o bien ejerciendo el recurso de queja establecido en el artículo 27º del Código de Procedimiento Civil.”

3.        Que no hay agravio al derecho a la defensa y el fallo objeto de amparo tampoco está viciado de incongruencia o ultrapetita, como fue denunciado, sino que el juez sobre la base del principio iura novit curia “interpretó un contrato”, facultad que le otorga el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitó que se declare inadmisible o improcedente la demanda.

 

VI

ESCRITO DE LA PARTE DEMANDANTE EN ESTA ALZADA

La parte demandante, en esta alzada, alegó:

1.        Que reitera su alegato principal de que el tribunal que dictó la decisión objeto de amparo actuó con abuso de poder al no limitarse a lo que pretendió la actora, con lo cual contrarió lo que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Que el cambio en la calificación jurídica de la demanda la dejó en un estado de indefensión.

2.        Que el escrito de apelación se basó en lo que aconteció en el juicio de “desalojo” y no en el amparo, “dejando a un lado la interpretación que bien puede dársele” al artículo 19.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Que, en todo caso, desmiente las acusaciones hechas sobre los supuestos incumplimientos por la falta de pago de los cánones de arrendamiento.

3.        Que cuando la parte apelante solicitó la inadmisibilidad del amparo, con fundamento en que se tendrían otros medios ordinarios (aclaratoria y queja), demuestra una “ignorancia de la Ley”, pues el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios es claro cuando dispone que no habrá recurso alguno contra el fallo de segunda instancia. Además, en su criterio, ni la aclaratoria ni el recurso de queja pueden ser utilizados como medios para la impugnación de un fallo.

4.        Que tampoco es válido el argumento de que el Juez de la decisión objeto de amparo no violó el derecho a la defensa, sino que aplicó el principio iura novit curia, pues lo que sucedió fue un exceso en el ejercicio de la competencia y una subversión del debido proceso.

Solicitó que se declare sin lugar la apelación.

 

VII

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

1.                Puntos previos.

1.1       En primer término, la Sala pasa al análisis del alegato de inadmisibilidad de la demanda que el apelante expuso, en el sentido de que la parte actora tenía a su disposición los medios ordinarios de la aclaratoria y el recurso de queja para la satisfacción de su pretensión.

Al respecto, como lo rechazó la demandante, la Sala encuentra que tal solicitud no es procedente, toda vez que no es correcto el señalamiento de que, en el caso de autos, mediante la aclaratoria de sentencia o el recurso de queja, la parte actora hubiese podido satisfacer su pretensión de amparo.

En efecto, la apelante desconoce la doctrina que la Sala ha establecido respecto de la interpretación y aplicación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual consiste, principalmente, en que en el supuesto de que el ordenamiento jurídico contenga algún medio judicial idóneo que permita el eficaz restablecimiento de la situación jurídica cuya infracción se denunció, no es admisible el amparo, sino la incoación de ese medio judicial preexistente. No obstante, la Sala también ha precisado que ese criterio no actúa de manera automática, sino que el quejoso puede optar, siempre y cuando lo justifique, entre la proposición del amparo o del medio judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.

Ahora bien, ese “medio judicial preexistente”, para que opere la causal de inadmisiblidad que establece el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es cualquiera, ni uno imaginable, sino uno ciertamente válido, idóneo y eficaz para el logro del restablecimiento que se desea.

Así, se observa que la propuesta del apelante de la declaratoria de inadmisiblidad de la demanda, por cuanto la quejosa tenía a su disposición la aclaratoria de sentencia y el recurso de queja, es absolutamente inválida, puesto que tales medios judiciales no son idóneos ni eficaces para la impugnación de un fallo, ni para el estudio de las denuncias de violaciones que se han expuesto en el amparo de autos. Por tanto, se desecha esa petición. Así se decide.

1.2       En segundo lugar, y aunque no fue planteado como un asunto de inadmisiblidad, la Sala hace las siguientes consideraciones acerca de la referencia que hizo la demandante en relación con la errónea interpretación del apelante del artículo 19.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En efecto, en criterio de la demandante, el apelante no formalizó correctamente la apelación, pues en lugar de referirse al fallo objeto de apelación, dirigió sus alegatos al juicio principal. La Sala estima pertinente una aclaratoria: En materia de amparo constitucional no se exige la formalización de la apelación en los términos que el artículo 19.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia preceptúa para el procedimiento de segunda instancia en los juicios de nulidad.

Ciertamente, en materia de amparo constitucional, la apelación está regulada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual no exige, so pena de una declaratoria de desistimiento, la consignación de un escrito que contenga las razones de hecho y de derecho en que se funda la apelación. En todo caso, un escrito que fundamente apelación en amparo debe presentarse dentro del lapso de treinta días, que se contarán a partir del auto que de cuenta del expediente, como lo señala el propio artículo y ha sido objeto de estudio por esta Sala.

Ahora bien, la ausencia de consignación de fundamentación no tiene ninguna consecuencia jurídica, pues el tribunal analizará la conformidad a derecho de la decisión contra la que se apeló conforme a la pretensión y defensas opuestas, se haya presentado o no escrito de apelación.

De allí, entonces, que no tenga cabida, en el caso de autos, la alusión de la demandante de que el escrito de apelación es defectuoso.

2.         En cuanto al fondo, se observa lo siguiente:

La sentencia de primera instancia declaró con lugar la pretensión con fundamento en que el Juez de la decisión contra la que se recurrió en amparo “…incurrió en ultrapetita e incongruencia positiva en el fallo, en franco abuso de poder, puesto que el juez estaba obligado a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, incurriendo, como ya se dijo, en franca violación principio del debido proceso y el derecho a la defensa, al condenar a una de las partes en la resolución del contrato de arrendamiento, obviando la acción pretendida de desalojo en fundamento del artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sobre cuyo punto no pudieron ejercer sus defensas, ni formular alegatos y pruebas”.

Contra esa decisión del tribunal a quo, la apelante sostuvo que el fallo objeto de amparo no violó ningún derecho constitucional y tampoco el Juez actuó con abuso de poder, sino en ejercicio del principio iura novit curia.

Por su parte, la demandante insistió, en esta alzada, que la modificación en la calificación jurídica de la demanda (desalojo por resolución de contrato), que la segunda instancia del juicio principal hizo con el propósito de condenarla a la entrega del inmueble objeto de arrendamiento, vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso, ya que el tribunal tenía que atenerse a lo que fue alegado por el actor, so pena de violación al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, la Sala observa que el Juez, en tanto que ordenador y rector del proceso, tiene como límite de actuación y juzgamiento lo que hubiere sido alegado y probado en autos, sin que pueda incurrir, cuando falla, en abierta modificación de las pretensiones o defensas que hayan sido opuestas por las partes para convertirlas en algo totalmente distinto, pues ello lesiona el derecho a la igualdad procesal de ambas partes y atenta contra el fundamental principio de seguridad jurídica.

En efecto, una vez que queda trabada la litis, debe existir certeza de los hechos y derechos que el demandante esgrimió y exigió, así como de las defensas que el demandado opuso. No puede el sentenciador, en la decisión, modificar la calificación jurídica de la pretensión o de la defensa que se expuso respecto de los hechos que se imputaron, pues contra ese juzgamiento, que se aparta de las actas procesales, tal como ocurrió en el caso de autos con el tribunal de alzada, la parte que se ve afectada no puede defenderse.

Esta idea básica deriva de la interpretación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que dispone:

“Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.

En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

 

De lo precedente, la Sala concluye que el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no podía modificar la pretensión de la demandante en perjuicio de la demandada pues, con ese juzgamiento, no sólo se apartó de la letra del artículo 12 del Código Adjetivo, sino que violentó los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de la aquí demandante, razón por la cual se declara sin lugar la apelación que se ejerció y, en consecuencia, se confirma el fallo objeto de apelación. Así se decide.

Finalmente, la Sala reitera su doctrina, aplicable solamente en sede constitucional, según la cual el Juez de amparo sí puede observar y reparar violaciones de orden constitucional a pesar de que no hayan sido denunciadas por las partes, con lo cual el tribunal constitucional no está limitado por el principio dispositivo.

Al respecto, esta Sala Constitucional, en la sentencia N° 7 del 1º de febrero de 2000 (caso: “José A. Mejía Betancourt y otros”), estableció que:

 

“El proceso de amparo no es, como se dijo, de naturaleza netamente dispositiva, y el Juez del amparo es un tutor de la constitucionalidad, que para amparar a quienes se le infringen sus derechos y garantías, no puede estar atado por las equivocaciones de los agraviados al calificar el derecho o garantía violado, o la norma aplicable.

 

El Juez del amparo por aplicación del principio iura novit curia puede cambiar la calificación jurídica de los hechos que hizo el accionante, y restaurar la situación jurídica que se alega fue lesionada partiendo de premisas jurídicas diferentes a las señaladas en el amparo. Esto significa que ante peticiones de nulidades, el Juez del amparo, que es un Juez que produce cosas juzgadas formales, puede acudir a otra figura jurídica para restaurar la situación violada.”

 

VIII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 7 de septiembre de 2004, la cual se CONFIRMA y declara CON LUGAR la demanda de amparo que incoó la ciudadana SALUD ARANDA de TIRADO contra el fallo que pronunció, el 6 de julio de 2004, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                            a los      14  días del mes de OCTUBRE de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                        Ponente          

 

 

Luis Velázquez Alvaray

…/

…

 

 

 

 

 

 

Francisco ANTONIO Carrasquero López

 

 

 

 

 

 

 

MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

                        El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 04-2660

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