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En fecha 13 de abril de 2015, el ciudadano abogado LEANDRO ANSELMO ALMENAR CAMACHO, con cédula de identidad número 6.966.276, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.417, presentó ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una SOLICITUD DE AVOCAMIENTO en el proceso seguido contra el ciudadano ALHISSON GUSTAVO TERÁN MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 17.993.443, llevado por ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos de Violencia Contra La Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo la causa con alfanumérico APO1-S-2014-011301, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN AGRAVADO y CONTINUADO, previsto y contemplado en el artículo 259, primer aparte, en relación con los artículos 260 y 217 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal.
En fecha 15 de abril de 2015, se le dio entrada a la presente solicitud y, en esa misma fecha, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal de su recibo y se
designó ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 11 de febrero de 2015, en Reunión Ordinaria de la Sala Plena, fue elegida tanto la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia como de las restantes Salas de este Máximo Tribunal. En dicha sesión fue elegido como Presidente de la Sala de Casación Penal el Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez y como Vicepresidente la Magistrada Doctora Francia Coello González. En consecuencia, en la misma fecha se procedió a la instalación y constitución de dicha Sala, quedando conformada de la manera siguiente: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente; la Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta; y las Magistradas y el Magistrado, Doctora Deyanira Nieves Bastidas, Doctor Héctor Manuel Coronado Flores y la Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno. Asimismo, se designó como Secretaria (E) a la Doctora Ana Yakeline Concepción de García y como Alguacil, al ciudadano Giovanni Fernández Urbina.
II
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de las Salas que lo integran, requiera algún expediente y se avoque a conocerlo, se encuentra establecida en el artículo 31 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 106 eiusdem, los cuales prevén:
Artículo 31:
Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley.
Artículo 106:
Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Se advierte que la naturaleza de los alegatos expuestos en la presente solicitud de avocamiento está relacionada con un juicio penal, por ello, la Sala de Casación Penal, se declara competente para conocer y decidir al respecto. Así se declara.
III
DE LOS HECHOS
Los hechos que dieron origen a la solicitud de orden de aprehensión librada por el Fiscal Nonagésimo (90°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, contra el ciudadano imputado Alhisson Gustavo Terán Martínez, son los siguientes:
En el día de hoy, viernes ocho (8) de agosto de 2014, siendo las 05.40 hora de la tarde, comparece voluntariamente ante este despacho la adolescente I( ), de 14 años de edad, (DEMÁS DATOS REPOSAN EN LA PLANILLA DE USO EXCLUSIVO DEL FISCAL). En consecuencia expuso lo siguiente Yo vengo a denunciar a ALISSON TERÁN, alias MUÑECO de aproximadamente 25 años de edad, quien es mi tío político, ya que me acosa, me dice cosas, como que quiere tener relaciones sexuales conmigo, me ha tocado mis partes, me ha tocado por encima de la ropa, incluso ha llegado a tocarme la vagina sin ropa, hace como un mes no recuerdo la fecha, cuando estaba en la casa de mi tía DORA LA CRUZ, ubicada en el Primer Plan de la Silsa Calle Los Pinos, me obligó a quitarme la ropa, e intentó tener relaciones sexuales, yo me quite la ropa porque me amenazó que si yo decía algo me iba a pasar. Otro día no se la fecha exacta, pero fue también hace como un mes atrás, cuando estaba en casa de mi tía en la dirección antes mencionada, yo estaba en bata, me alzó la bata y me metió su dedo por mi vagina tres veces, y yo le decía que me dejara quieta pero no me dejaba, porque él tiene más fuerza que yo. El me acosa desde hace dos meses, no sé porque comenzó a acosarme Yo no había contado nada, porque él me dijo que si yo decía algo, le iba pasar algo malo a mi mamá, yo decidí contarle a mi mamá lo sucedido el día de ayer, porque mi vecino cuyo nombre desconozco le dijo, que una persona masculina estaba tocando la puerta de mi casa y eso le parecía extraño. Un día 4-08-14, que era el cumpleaños de mi hermano Muñeco, me fue a buscar a mi casa, y me fui en su carro hasta chacaito, durante todo el camino ALISON me estuvo tocando las piernas, ese día no llego a tocarme la vagina. Alison intentó penetrarme con su pene por mi vagina hace como un mes y medio, (no recuerdo la fecha) en casa de mi tía en el Primer Plan de la Silsa, y no llegó a penetrarme, porque llegó mi tía, pero ella no se dio cuenta de lo que pasaba, sino es por ella me viola . (Sic)
IV
DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO
El solicitante alega en su escrito de avocamiento, lo siguiente:
Yo Leandro Almenar Camacho, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. 6.966.276, abogado en ejercicio, inscrito en el Impreabogado bajo el N° 50.417, actuando en mi carácter de abogado defensor privado del ciudadano Alhisson Terán, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 17.993.443, ante su competente autoridad ocurro y expongo:
I
LOS HECHOS
Consta de las actas que conforman la el expediente signado con el N° AP01-S2014-011301, de la nomenclatura del tribunal 3ro de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial de violencia de género del área Metropolitana de Caracas, que a mi representado en fecha 3 de febrero de 2015, le fue decretada medida cautelar judicial privativa de libertad, por considerarle presunto autor culpable del delito de abuso sexual a adolescente con penetración continuado, previsto y sancionado al efecto por los artículos 43 de la Ley Orgánica del derecho de la Mujer a Vivir una Vida Libre de Violencia. En la oportunidad legal pertinente atinente a la presentación ante el juez de control se expuso de manera clara, evidente y elocuente la inocencia de mi defendido en los términos a que se contrae mi exposición en la mencionada audiencia de presentación, invocando toda una serie de argumentos que aclaran la inocencia absoluta de los hechos que se le inquieren a mi defendido. Es el caso ciudadano Presidente y demás miembros de esta Sala Penal, que producto de la medida privativa de libertad acordada en contra de mi defendido, en fecha 11 de febrero de 2015, se presentó en forma escrito de solicitud de revisión de la medida cautelar privativa de libertad que pesa sobre mi defendido por otra menos gravosa, el cual se presenta a la presente solicitud de avocamiento marcado A, dando como resultado que hasta la presente fecha el juez a cargo del mencionado tribunal 3ro en Funciones de Control del Circuito de violencia de género no haya emitido pronunciamiento que corresponde en derecho, lo cual en criterio de quien aquí expone configura lo que en efecto se denomina denegación de justicia al vulnerar además el principio de la tutela judicial efectiva. Posteriormente a la solicitud de revisión de medida comentada en el párrafo anterior, se presentó espontáneamente y libre de toda presión, coacción y apremio la representante legal de la víctima menor de edad, quien manifestó de manera clara, precisa y lacónica que los hechos no sucedieron de la manera en que fueron denunciados, lo cual es evidente que comporta una modificación sustancial de las circunstancias que motivaron admitió la medida cautelar privativa de libertad, cuyo escrito se acompaña a la presente solicitud de avocamiento marcada B, siendo posteriormente a ello consolidando aún más la situación objeto de la presente solicitud de avocamiento, la interposición de la querella penal por parte de la madre de la víctima, como su representante, por la presunta comisión del delito de actos lascivos, previsto y sancionado al efecto por el artículo 378 del Código Penal venezolano, lo cual termina por esclarecer que los hechos enjuiciables no son de abuso sexual con penetración continuado, sino el delito de actos lascivos presuntamente cometido por mi defendido, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar a que se contare la querella referida, la cual se presenta en copia simple marcada C, adjunta al presente escrito para que surte sus efectos legales para este alto tribunal de justicia. Ciudadano presidente y demás miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, los hechos aquí narrados se corresponden con una flagrante violación a la tutela judicial efectiva que se le debe a mi defendido, quien mediante sendos escritos ha hecho valer las circunstancias de atenuación y hasta eximentes de responsabilidad penal, tal y como se ha alegado desde el principio, más sin embargo no se ha producido la decisión que relaje injusticia que padece mi defendido, lo cual podría perfectamente se subsanado mediante decisión que acuerde una cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas de las establecidas al efecto en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.
II
DEL DERECHO
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
La facultad del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar y avocarse al conocimiento de una causa esta expresada en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone lo siguiente: Artículo 31 .1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta ley ( ). Asimismo, el artículo 106, eiusdem, dispone lo siguiente: Competencia Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto lo asigna a otro tribunal ( ). Se advierte que, la naturaleza de los alegatos expuestos en la presente solicitud de avocamiento, está relacionada con un proceso penal, por ello, la Sala de Casación Penal, es la competente para conocer y decidir al respecto. Ciudadano Presidente y demás miembros de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, los argumentos de derecho explanados conforman la competencia plena de esta sala de Casación Penal para conocer y decidir por vía de avocamiento del asunto que aqueja a mi defendido a quien se le han cercenado sus derechos inherentes a la tutela judicial efectiva, denegación de justicia y retardo procesal injustificado por parte del juzgado 3ero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en tanto y en cuanto el mencionado tribunal de manera injustificada ha omitido el pronunciamiento que le compete en relación a la solicitud de la medida cautelar privativa de libertad que indebidamente se le impuso a mi defendido, en cuenta clara de la modificación de las circunstancias que la motivaron, que no son ni más ni menos que la propia declaración espontánea de la representante legal de la supuesta víctima y en segundo lugar de la querella penal que interpuso por medio de abogado representante por el delito de actos lascivos, cuyo delito por su menor gravedad admite evidentemente el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad de las establecidas al efecto por el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 242, situación esta que flagrantemente perturba los derechos constitucionales de mi defendido al verse privado injustificadamente de su libertad pudiendo ser enjuiciado en libertad por los hechos que se le inquieren conforme a la querella presentada por el representante de la víctima por el delito actos lascivos, previstos y sancionado al efecto por el artículo 378 del Código Penal venezolano.
III
PETITORIO
Por los razonamientos anteriormente expuestos es por lo que ocurro ante su competente autoridad a los fines de solicitar, como en efecto lo hago, se tenga a bien AVOCARSE al conocimiento de la causa que se le sigue a mi defendido por ante el Juzgado 3ero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial del área Metropolitana de Caracas, según causa signada con el Nro. AP01-S-2014-011301, en virtud del silencio que indebidamente impera sin causa justificada con relación a la medida cautelar privativa por una menos gravosa que se ha presentado al mencionado tribunal desde hace más de dos meses, específicamente en fecha 11 de febrero de 2015, la cual se presenta al presente escrito marcada B a los fines legales consiguientes relacionados con la demostración de la denegación de justicia que se le perpetra a mi defendido al no decidir una solicitud de derecho formulada.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en todas sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Tal criterio fue reiterado por esta Sala, en sentencia Nº 202, del 9 de mayo de 2006, en la cual se estableció lo siguiente: ( ) Ahora bien, tal y como lo ha dicho la Sala, el avocamiento (y el procedimiento por el cual se rige) tiene carácter extraordinario, pues la intervención de la máxima instancia judicial penal se aparta del ámbito de la casación para ordenar el proceso penal seguido ante los tribunales de instancia, en consecuencia, no debe ser considerado como un remedio jurídico protector de todo ciudadano que considere que sus derechos han sido lesionados, por cuanto éste es un medio de protección procesal aplicable sólo en casos graves o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana.
Aunado a las formas y condiciones concurrentes descritas, es necesario que se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido para restituir la situación jurídica lesionada: está claro, entonces, que esta última circunstancia es acumulativa a las anteriores para que proceda la solicitud ( ).
Ahora bien, se observa de las actuaciones cursantes en el expediente que no están demostradas, como condiciones concurrentes, las escandalosas infracciones al ordenamiento jurídico que violen el debido proceso y que pongan en peligro la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana.
De la solicitud planteada se evidencia que el ciudadano abogado LEANDRO ALMENAR CAMACHO, en su carácter defensor privado del ciudadano imputado ALHISSON TÉRÁN, presentó ante esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una SOLICITUD DE AVOCAMIENTO en el proceso seguido en contra del mencionado ciudadano, llevado por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo la causa AP01-S-2014-011301, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN AGRAVADO Y CONTINUADO, contemplado en el artículo 259, primer aparte, en relación con el artículo 260 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal.
Ahora bien, como puede observarse, de las actas insertas a la presente causa, se evidencia el inicio del proceso penal con la denuncia de la víctima (identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en fecha 8 de agosto de 2014, ante la Fiscalía Centésima Séptima del Área Metropolitana de Caracas, actualmente en fase de investigación, a cargo de la Fiscalía Nonagésima (90°) del Ministerio Público.
En fecha 3 de febrero de 2015, se llevó a cabo ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la Audiencia de Presentación del ciudadano imputado oportunidad en la cual, se dictaron los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se acordó se siga el procedimiento previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por cuanto existe un gran cúmulo de diligencias por practicar.
SEGUNDO: Se acredita el delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN AGRAVADO Y CONTINUADO, de conformidad con los artículos 259, primer aparte, en relación con los artículos 260 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, por considerar los hechos como violencia de género.
TERCERO: Decreta medida privativa judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano Alhisson Gustavo Terán Martínez.
CUARTO: Se acuerda las medidas de protección y seguridad establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, numeral 6 que prohíbe que por sí mismo o a través de terceras personas realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o a algún integrante de su familia, y la del numeral 13 que se le practique un informe Biopsicosocial a la víctima, de conformidad con el artículo 125.2 de la Ley Especial.
En fecha 11 de febrero de 2015, el defensor privado del imputado, ciudadano Alhisson Gustavo Terán Martínez, consignó escrito ante el referido Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, en el cual solicita la revisión de la medida preventiva judicial privativa de libertad y en su lugar se decrete una menos gravosa, por considerar que no existe peligro de fuga ni de obstaculización, por poseer su defendido arraigo en el país y ser un joven cabal, honesto sin antecedentes penales ni correccionales, casado y padre de una niña de un (1) año de edad.
Asimismo se anexa marcado C a la solicitud de avocamiento, escrito consignado ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Control de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado Pedro Cuencas, inscrito en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 89.280, Apoderado Judicial de la ciudadana Yajaira Gregoria Astudillos La Cruz, madre de la menor, en la cual aduce, que de conversaciones sostenidas entre su representada y su menor hija, ésta reconoció que lo sucedido entre ella y el ciudadano Alhisson Terán, era que en varias oportunidades, en que ambos se habían quedado solos en la casa (siendo éste último tío político de la menor), se suscitaron ciertos actos indebidos entre ellos (besos, caricias recíprocas en los genitales), sin llegar en ningún momento al acto carnal ni a otro tipo de penetración, considerando que se está en presencia del delito de actos lascivos producidos por el imputado en contra la adolescente y no del delito previamente calificado (abuso sexual a adolescente con penetración agravado y continuado), con ocasión a la denuncia, que al efecto realizó la adolescente ante el Ministerio Público, en virtud de lo cual, procede a presenta querella penal por el delito de actos lascivos, previsto en el artículo 378 del Código Penal.
De igual forma como anexo B, que corre inserto en las actas que acompañan la solicitud presentada, se consigna escrito suscrito por la ciudadana Yajaira Astudillo La Cruz, madre de la menor, y dirigido al Juez Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de la Jurisdicción Especial de Violencia contra la Mujer, en el cual aclara la situación anteriormente planteada, aludiendo que las circunstancias que inicialmente dieron origen a la investigación no son como se presentaron al momento de formular la denuncia, pues, de acuerdo a conversaciones con su menor hija, el ciudadano Alhisson Terán, no abusó sexualmente de ella, sino como señalamos anteriormente, ambos con pleno conocimiento mantuvieron una relación amorosa que no pasó de caricias y besos sin malicia extrema, que esto se lo manifestó su menor hija al enterarse de las consecuencias que se habían producido en el presente caso, manifestando que es injusto que el mencionado ciudadano se encuentre privado de libertad.
En fecha 27 de marzo de 2015, el defensor privado del imputado presentó escrito en el cual solicita el correspondiente pronunciamiento por parte del Tribunal Tercero de Control, con relación a la revisión de la medida cautelar privativa de libertad, al considerar que han variado las circunstancias, pues a su decir, al ser el delito de actos lascivos un tipo penal de menor gravedad, hace viable la revisión y sustitución de la misma por una menos gravosa.
Visto así las cosas, esta Sala observa que en el presente caso, el proceso penal seguido al ciudadano Alhisson Gustavo Terán Martínez, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Adolescente con penetración agravado y continuado, previsto en los artículos 260 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, se encuentra en fase inicial, etapa en la cual el representante del Ministerio Público deberá realizar las diligencias que considere necesarias para obtener la verdad de los hechos denunciados y, la consecuente presentación del acto conclusivo.
Asimismo se observa, que el defensor privado del imputado ha solicitado la revisión de la medida preventiva privativa de libertad impuesta por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal Con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, situaciones éstas, que de acuerdo a lo que ha venido sosteniendo la Sala, deben ser planteadas y reclamadas ante la instancia correspondiente (de acuerdo a la etapa en que se encuentre el proceso) y mediante el ejercicio de los recursos procesales que tienen las partes.
En este sentido, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, que el imputado o imputada podrá pedir la revisión de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, siendo en todo caso el tribunal en donde se encuentre la causa, el llamado a examinar la necesidad del mantenimiento de la misma cada tres meses, así como su sustitución o revocación cuando lo estime prudente
Siendo así, si alguna de las partes, en este caso concreto, el imputado estima que sus derechos están siendo conculcados, deberán agotar y ejercer previamente, todas las vías jurisdiccionales previstas en el ordenamiento jurídico vigente, vale decir, los recursos ordinarios preexistentes, situación que no ha ocurrido en el presente caso, en el cual la defensa del imputado en fecha 11 de febrero del año en curso, solicitó la revisión de la medida judicial de privación preventiva de libertad, de cuyo pronunciamiento se encuentra a la espera, pues, como lo señalamos anteriormente, tal situación corresponde examinar y decidir específicamente al Tribunal Tercero de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual cursa actualmente la causa.
La Sala de Casación Penal, ha señalado en infinitas oportunidades, que el avocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes, tal como lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El referido artículo 107, establece: El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática . (Resaltado de la Sala).
Por su parte, el artículo 108, de la mencionada Ley, reza: La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios ( ).
Criterio este de la Sala de Casación Penal, sostenido reiteradamente al establecer que: ( ) es preciso indicar que la potestad que otorga la ley para ejercer la posibilidad de accionar mediante el avocamiento, no puede ser entendida como un recurso ordinario de revisión de procesos o sentencias, pues debido a su prudencia y excepcionalidad no constituye per se un remedio procesal ante cualquier acto o decisión que fuere adversa a las partes, mucho menos si tales situaciones pueden ser impugnadas a través del trámite de incidencia o con los recursos ordinarios que establece el Código Orgánico Procesal Penal ( ). (Sentencia Nº 438, del 20 de octubre de 2010).
En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala observa, que no están demostradas, como condiciones concurrentes, las escandalosas infracciones al ordenamiento jurídico que violen el debido proceso y que pongan en peligro la imagen del Poder Judicial, la paz pública, o la institucionalidad democrática venezolana.
En consecuencia, la Sala de Casación Penal declara INADMISIBLE la solicitud de AVOCAMIENTO propuesta por el ciudadano abogado Leandro Almenar Camacho, con cédula de identidad número 6.966.276, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.417, actuando con el
carácter de defensor privado del ciudadano ALHISSON GUSTAVO TERÁN MARTÍNEZ. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de Avocamiento propuesta por el ciudadano abogado, LEANDRO ALMENAR CAMACHO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.417, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano ALHISSON GUSTAVO TERÁN MARTÍNEZ. Así se declara.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los quince ( 15 ) días del mes de mayo de 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
Maikel José Moreno Pérez
La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada,
Francia Coello González Deyanira Nieves Bastidas
El Magistrado, La Magistrada,
Héctor Manuel Coronado Flores Elsa Janeth Gómez Moreno
Ponente
La Secretaria (E),
Ana Yakeline Concepción de García
HMCF/jc
Exp. Nº 2015-146