Sentencia N.º 3192
- Sentencia
- N.º 3192
- Fecha
- 25/10/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1039
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-1039
El 16 de mayo de 2005, fue recibido en esta Sala Constitucional, escrito presentado por el abogado ARÍSTIDES RUBIO HERRERA, titular de la cédula de identidad N° 1.144.159 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 5.481, actuando en su propio nombre y representación, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida contra la sentencia del 16 de noviembre de 2004 dictada por
En virtud de la reconstitución de
El 18 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El presunto agraviado planteó la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:
Que (
)
Que (
) por efecto inmediato del fallo en cuestión, se me ha privado, desde la fecha de la referida sentencia, hasta la presente en que interpongo esta solicitud de amparo, del derecho de ejercer mi profesión de abogado en libre ejercicio, como defensor o acusador, en el indicado Tribunal de Juicio que preside el nombrado Juez (...) toda vez que, por efecto de la misma sentencia, en todo proceso en que yo intervenga debe el referido juez inhibirse (
).
Que (
) el fallo en cuestión establece la existencia de una presunta relación entre el Juez y quien suscribe sin determinar, en absoluto, los elementos, que deben cursar en las actuaciones (
).
Que (
) lo anterior significa que (
) mediante el acto jurisdiccional cuestionado, dispone impedirme y de hecho me ha impedido, el ejercicio profesional en cualquier asunto y por tiempo indefinido en un Tribunal de
Que (
) el informe presentado por el ciudadano Juez con motivo de la recusación, es forzoso señalar que, de dicho informe no emerge prueba alguna de la supuesta relación alegada por
Que (
) ninguna relación existe entre el Juez de la indicada causa y el objeto de la misma; (
) pues el hecho de haber compartido (
) algún caso o varios, con el Juez recusado, no demuestra sino la existencia de una relación derivada de la representación en juicio con las partes que designaron a los abogados, entre estos al suscrito y al Juez (
).
Finalmente, solicitó la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo constitucional, en consecuencia, la nulidad de la sentencia del 16 de noviembre de 2004, dictada por
II
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El 16 de noviembre de 2004,
Que (
) El Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido reiteradamente que: (
) La inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez mediante el cual funcionarios o partes proponen o solicitan la separación o conocimiento de una determinada causa por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí que, en ambos casos el Juez, en función de administrar justicia deberá ser imparcial, y si se encuentra sujeto a, alguna vinculación subjetiva con algunas de las partes de la causa sometida a su conocimiento, o bien con el objeto de la misma, bastará con la existencia de estos vínculos fehacientemente evidenciables para que su inhabilidad sea declarada (
).
Del criterio jurisprudencial trascrito se infiere claramente que la parte que proponga la recusación, al considerar al Juez o funcionario que recusa en uno de los supuestos legales contemplados en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene la obligación de acreditar fehacientemente la existencia de ese vínculo, por manera que de no hacerlo podría acarrear inmediatamente su improcedencia.
De la revisión efectuada a los recaudos acompañados por la recusante, se evidencia que en efecto al Juez recusado abogado ADHEMAR AGUIRRE, actuó en forma conjunta con los abogados ARÍSTIDES RUBIO HERERA y ARÍSTIDES RUBIO BARRANCO, en la causa seguida al ciudadano ERNESTO JOSÉ GUBAIRA CAMPAGNOLY, como defensores de éste, señalando en efecto como domicilio procesal en común, la sede del mismo escritorio Jurídico, Ubicado en el Centro Comercial
Ante lo argumentado por el Juez recusado es necesario señalar que la noción de domicilio procesal no conlleva en momento alguno relación con el concepto de economía procesal, pues el domicilio o lugar procesal se ha de señalar por las partes a los efectos de la práctica de las notificaciones exigidas por la ley, por lo cual las partes o sus representantes dentro del proceso ya sea penal o de cualquier naturaleza procesal, deben indicarlo en las actuaciones, a los fines del debido ejercicio del derecho a la defensa, ya que la notificación debe agotarse primero por vía personal, y actualmente por vía interpersonal como son los medios electrónicos. Si bien el derecho de la defensa puede conforme a la legislación procesal penal ser ejercido hasta por tres abogados, tal situación o condición de defensores engloba un litis consorcio, que genera intereses comunes en beneficio de la persona a cuyo favor se gestiona, y en el aspecto individual existe un interés propio que se conjuga en una misma disposición de prestar un servicio profesional de calidad.
En el caso que ahora ocupa a esta Sala, se ha demostrado la existencia de la relación alegada por la proponente de la recusación que se desprende tanto de los recaudos consignados por ésta con pretensión probatoria como por las afirmaciones expuestas en el informe presentado por el Juez recusado. De tal situación se genera la posibilidad cierta de que exista una afección al principio de imparcialidad, la cual debe estar garantizada plenamente a las partes dentro de un proceso, es decir que no deben existir elementos que se constituyan en indicadores de esa afección, o simplemente que hagan crear la percepción de que así fuera sobre todo como en este caso, cuando existe un elemento objetivo que lo señala, cuando la transparencia e idoneidad que debe imperar en todo administrador de justicia, pueda ser puesto en entredicho, razón esta que hace procedente declarar CON LUGAR la presente recusación por existir prueba de la relación invocada que configura un supuesto que permite encuadrarla en la causal invocada contemplada en el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal (
). (Mayúsculas del original).
III
DE
Visto que, con fundamento en el artículo 4 de
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
Analizado el escrito de solicitud de amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta,
Ahora bien, el presente amparo constitucional se ejerce contra el fallo del 16 de noviembre de 2004, dictado por
Así las cosas, a los fines de determinar la admisibilidad de la presente acción de amparo, conviene señalar que las incidencias de recusación constituyen obstáculos subjetivos que menoscaban la persona del sentenciador y comprometen su imparcialidad -competencia subjetiva- que deben ser resueltas por los jueces de instancia de acuerdo con las leyes que rigen la materia. No obstante, en materia penal, en ningún caso resultan recurribles en casación, pues solamente son susceptibles de recurrirse aquellas decisiones definitivas, emanadas de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público o la víctima en su querella, hayan pedido la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el querellante hayan pedido la aplicación de penas inferiores a las señaladas, o bien aquellas que confirmen o declaren la terminación del juicio o que hagan imposible su continuación.
En tal sentido, siendo que en el presente caso el hecho lesivo se encuentra constituido por una decisión emanada de una Corte de Apelaciones que no reviste un carácter definitivo, no pone fin al proceso, ni impide su continuación, por lo cual no resulta recurrible en casación, la única vía procesal de la cual disponía el accionante para atacar la decisión presuntamente lesiva de sus derechos constitucionales es el amparo constitucional; en consecuencia, resulta admisible prima facie de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de
Ahora bien, esta Sala observa que la presente acción de amparo constitucional se ejerce contra una decisión judicial, al respecto, esta Sala considera oportuno pronunciarse acerca de cómo ha sido concebida la acción de amparo constitucional contra actos jurisdiccionales en nuestra legislación, en el entendido de que se trata de un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales con particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar dichos actos jurisdiccionales. Así, para dicha acción, se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar.
Así, el artículo 4 de
(
) Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva (
). (Subrayado de
En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que la anterior disposición normativa debe interpretarse en el sentido de considerar la procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, cuando: i) el Tribunal haya actuado con abuso de autoridad, usurpación de funciones o que se haya atribuido funciones que la ley no le confiere; y ii) cuando su actuación signifique la violación de derechos o garantías constitucionales.
Igualmente, en reiteradas ocasiones se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que obrar fuera de su competencia como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por la ley, no le han sido conferidas.
En este orden de ideas,
En efecto, la decisión objeto de la presente solicitud de amparo constitucional, declaró con lugar la recusación ejercida por la representación del Ministerio Público contra el Juez Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por cuanto (
) el Juez recusado (
) actuó en forma conjunta con los abogados ARÍSTIDES RUBIO HERRERA y ARÍSTIDES RUBIO BARRANCO, en la causa seguida al ciudadano ERNESTO JOSÉ GUBAIRA CAMPAGNOLY como defensores de éste (
).
Así las cosas, conviene destacar que la recusación constituye un acto procesal cuyo efecto es la exclusión del Juez del conocimiento de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. Para que la recusación proceda debe cumplir con ciertos requisitos de forma y encuadrarse dentro de alguna de las causales previstas en la ley. (Vid. Sentencia de la Sala N ° 2.214 del 17 de septiembre de 2002, caso: Gustavo Adolfo Gómez López).
En efecto, el artículo 86 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:
(
) Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: (
)
8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.
En tal sentido, la doctrina ha sido conteste en señalar que la causal contenida en el numeral 8 del referido artículo, es aplicable a todas las situaciones que pueden sensibilizar al Juez, experto, intérprete e incluso escabino o jurado, en relación con el hecho que van a juzgar.
Ahora bien, circunscribiéndonos al caso concreto, el quejoso adujo que el fallo presuntamente lesivo mal pudo declarar con lugar la recusación interpuesta por
De manera que, la sociedad de intereses debe ser entendida como la fuerte o excesiva unión de tipo social, del funcionario público -en este caso del Juzgador- con alguna de las partes del juicio o cualquiera de sus apoderados judiciales.
Señalado lo anterior, de los autos se desprende que efectivamente entre el Juez recusado y el abogado accionante, existió una relación previa al juicio primigenio, consistente en el ejercicio conjunto de la defensa en algunos casos judiciales, lo cual fue considerado por el Juzgado presuntamente agraviante como una sociedad de intereses que constituía un motivo de recusación, en tal sentido, visto que en el presente caso se comprobó un vínculo preexistente entre el recusado y el quejoso, no verifica esta Sala violaciones a los derechos constitucionales del actor; en consecuencia, se declara improcedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional ejercida contra el fallo del 16 de noviembre de 2004 dictado por
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 05-1039
LEML/ c
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