Venley

Sentencia N.º 32

Sentencia
N.º 32
Fecha
16/02/2001
Sala
Casación Civil
Expediente
00-145
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación


SALA DE CASACION CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÌREZ JIMÈNEZ.

 

En la acción merodeclarativa seguida por la ciudadana MIRTA MARIA RIERA DE BARRIOS, representada por los abogados Fredd B. Jordàn Piña, Antonio del Nogal Blanco, Fredda Jordàn de Salas, Ibette de Valdéz García San Miguel, José R. Escobar, Juan Goncálves y Marielba Barboza Morillo, contra el ciudadano JESUS GERARDO BARRIOS RIVAS, representado judicialmente por el abogado Alonso Rodríguez Pittaluga, Angel Gabriel Viso, Alexander Preziosi y María Trina Burgos; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en fecha 13 de febrero de 1997, declarando con lugar la demanda y condenando en costas al recurrente perdidoso.

 

Contra la mencionada decisión la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue declarado con lugar, según fallo de este Tribunal Supremo de Justicia publicado en fecha14 de octubre de 1998, donde se ordenó la reposición de la causa al estado que el juez que resultare competente dictara nueva decisión corrigiendo el vicio por defecto de actividad señalado.

En fecha 6 de octubre de 1999, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de reenvío, dictó nueva decisión, declarando con lugar la demanda y confirmando la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, en fecha 15 de abril de 1996 y condenando a la parte demandada al pago de las costas procesales.

 

Contra esa decisión la parte demandada propuso recurso de nulidad y subsidiariamente anunció el de casación, el cual una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, sin embargo, la misma no será considerada por esta Sala por haber sido presentada en forma extemporánea.

 

Tramitado este asunto correspondió la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

 

RECURSO DE NULIDAD

 

            De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 101 de la Ley que rige este Tribunal Supremo, la Sala decidirá primero el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de reenvío, para luego examinar el recurso de casación, si el primero fuese declarado improcedente.

 

            Al efecto, en diligencia presentada en fecha 21 de enero del 2000, ante el reenvío, la recurrente expresó:

“Para el caso de que se considere que mi mandante quedó notificado de la decisión dictada por este tribunal el pasado 6 de octubre de 1999, en virtud de las diligencias practicadas por el Alguacil de este juzgado, en nombre de mi representado ejerzo conforme al artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, Recurso de Nulidad, contra el mencionado fallo, igualmente, conforme al artículo 314 eiusdem, anuncio Recurso de Casación, contra la referida sentencia de este juzgado de fecha 6 de octubre de 1999…”.

 

            Ahora bien, la doctrina autoral patria más calificada, ha explicado el recurso de nulidad de la siguiente forma:

 

“Es un recurso especial cuyo efecto es invalidar la sentencia del tribunal de reenvío dictada en desacato o en incumplimiento de la doctrina establecida por la casación. El legislador, en la norma del artículo 439 c.p.c. (hoy en día 323, acotación de la Sala), no se limita a establecer la obligatoriedad de la aplicación de dicha doctrina sino que impone la nulidad del fallo pronunciado en desacuerdo con el del Supremo Tribunal y también la posibilidad de imponer una sanción disciplinaria a los jueces transgresores de sus fallos. Existe la presunción de que, en la aplicación de la Ley, la doctrina de la Corte contiene la verdad jurídica, verdad de orden público, preferente y elevado, cuya desobediencia es sancionada de nulidad” (Cuenca, Humberto; Curso de Casación Civil, Tomo II. Año 1963, pág. 335).

 

La doctrina de la Sala, posterior a la obra del maestro Humberto Cuenca, se encargó de perfilar el carácter de este medio de impugnación, dejando claro la procedencia del recurso de nulidad planteado en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, para este único supuesto:

 

“Cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando y el Juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y se sustancia de nuevo el juicio por el juez de reenvío que no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho, en dicha sustanciación, y en la elaboración de la nueva sentencia” (Sentencia del 24 de abril de 1998, en el juicio de Inversora Findam, S.A. contra La Porfia, C.A.).

 

Como se podrá notar, el desarrollo del tema ha dado fructíferas enseñanzas, siendo una de ellas la más notable, que el recurso de nulidad está dirigido a delatar la consonancia de la sentencia del Tribunal de reenvío con la doctrina de casación que la antecedió, siempre y cuando se refieran a errores de juzgamiento. Luego, no es posible utilizar el recurso de nulidad para denunciar vicios de procedimiento, anteriores ni posteriores a la sentencia de reenvío, o de construcción de esa misma decisión, lo cual quedará en el dominio de las denuncias de actividad que deberá interponerse en forma subsidiaria al de nulidad, o en forma principal si no hubiesen razones para presentar el primero.

 

Como en el caso examinado la Sala de Casación Civil previamente había casado una sentencia por vicio de actividad, lo que de conformidad con la doctrina sentada anteriormente, implicó la reposición de la causa y la nueva sustanciación del juicio por el juez de reenvío, atado únicamente por las reglas de derecho, esta Sala debe declarar sin lugar  el recurso de nulidad en el dispositivo del presente fallo, y así se decide.

 

ESCRITO DE FORMALIZACION

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 3° del artículo 243 eiusdem, por considerar el formalizante que la misma no contiene una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia.

 

            Al respecto, alega el formalizante lo siguiente:

 

“…En efecto, la sentencia recurrida vuelve a incurrir en el vicio que anteriormente fue declarado con lugar por la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 14 de octubre de 1998, ya que si bien indica los actos del proceso no hace un resumen de cómo quedó trabada la controversia para demostrar así que el juez entendió el problema que fue sometido a su consideración.

Si se examina el texto de la recurrida se constatará que ésta no expresa cuáles fueron los alegatos de la parte demandada, formulados tanto en la contestación a la demanda, como en la reconvención y en los informes, lo cual resulta indispensable para poder determinar en qué sentido quedó trabada la controversia. Dicho requisito resulta impretermitible, tal como lo indica la sentencia de la Sala de Casación Civil antes referida del 14 de octubre de 1998, independientemente que sea declarada la confesión ficta, es decir, independientemente de que la sentencia  verse sobre un punto jurídico con fuerza determinante para que no se entre al análisis del fondo de la controversia…(Sic)”:

 

La Sala para decidir, observa:

 

De un análisis detallado de la sentencia impugnada, si bien puede considerarse que el Juez no se atuvo al principio de brevedad contenido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, resulta absolutamente contrario a ese principio declarar la nulidad del fallo por el motivo expresado precedentemente, por cuanto a criterio de esta Sala, lo esencial resultó cumplido, tal vez en exceso, además, los actos reseñados y transcritos en la recurrida son los de mayor relevancia, siendo así, ello no acarrea el incumplimiento de la norma antes referida.

 

Por consiguiente, si bien la omisión de la determinación del thema decidendum de la sentencia daría lugar a la nulidad del fallo, no sucedería lo mismo si el Juez se extendiese demasiado al realizar tal síntesis o si hubiese transcrito actuaciones, mas aún, como precedentemente se acotó, cuando en el caso bajo análisis los actos reseñados por la recurrida son los de mayor relevancia para la solución del referido litigio. Para apreciar lo señalado, basta con copiar dos extractos de la recurrida que permiten verificar lo sentado anteriormente:

 

“…Se inició la presente causa mediante demanda interpuesta por los abogados Fredd B. Jordán Piña, Antonio Del Nogal Blanco, Fredd Jordán de Salas, Ibette de Valdéz García San Miguel, José R. Escobar, Juan Goncálves y Marielba Barboza Morillo, ya identificados, representantes de la ciudadana Mirta María Riera de Barrios contra el ciudadano Jesús Gerardo Barrios Rivas por Acción Mero-Declarativa; en la cual manifestó la demandante que encontrándose legalmente casada con el ciudadano Jesús Gerardo Barrios Rivas desde el 27 de Mayo de 1.987 (Sic) ya había mantenido vida concubinaria con el citado ciudadano, cuya relación indicó que era pública y notoria. Que en razón a lo anterior, y para la fecha del 5 de Febrero (Sic) de 1.986 (Sic), decidieron adquirir un inmueble con aportes comunes, constituidos por las parcela de terreno y casa-quinta en ella construida denominada Matilde, ubicada en la Urbanización Santa Marta, en El Cafetal, Municipio Baruta, Municipio Sucre del Estado Miranda, distinguida con el N° 95, inmueble éste protocolizado en nombre de Jesús Gerardo Barrios que el referido inmueble fue ampliado con aportes comunes, que, además cursaba ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial y Estado Miranda (Sic), bajo el expediente N° 2.963 (Sic) demanda de Separación Cuerpos y Bienes (Sic) contenciosa donde el Juez de la causa dictó medidas de conformidad con el ordinal 1° del artículo 191 del Código Civil, por lo que, ordenó el derecho de ocupación y habitación del inmueble a favor de la Dra. María Riera, así como la Prohibición de Enajenar y Gravar de dicho bien, que con fundamento en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, solicitó se reconociera el interés actual de su derecho y por ello solicitó, que el demandado en este juicio conviniera o se condenara a ello en que era comunero con la demandante de la propiedad del inmueble antes descrito y que, era comunero en las mejoras del referido inmueble a partir de la fecha de su matrimonio, y si el demandado conviniere en ello, pudiese la sentencia al respecto, servir de títulos suficientes (Sic) y los costos, costas y honorarios profesionales que se ocasionaren en el proceso (Sic)” (Folios 440 y 441 del expediente).

 

“…En fecha 2 de Mayo (Sic) de 1.995 (Sic), la parte demandada dio contestación a la demanda, la rechazó y contradijo genéricamente.

Con fecha 9 de Mayo (Sic) de 1.995 (Sic) la parte actora solicitó se declarara extemporánea la contestación hecha por la demandada…” (Folio 442 del expediente).

 

De las transcripciones parciales que anteceden, interesa destacar que la sentencia contiene una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, y de lo que sería objeto de solución en el fallo, razón por la cual se cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

En razón de lo anteriormente expuesto, se declara improcedente esta denuncia por defecto de actividad, y así se decide.

 

-II-

 

            De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12 y 509 del mismo Código, por considerar el formalizante que el tribunal de reenvío incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de prueba.

 

Esta Sala pasa a analizar la presente denuncia, de conformidad con la doctrina vigente para el  11 de enero de 2000, fecha en que se anunciò el recurso de casación.

 

Al respecto,  señala el recurrente:

 

“Al folio 5 de la sentencia recurrida es posible observar que ésta indica que la parte actora promovió las pruebas de testigos de los ciudadanos Avilio Ramón Paredes, Ramón Guillermo Santelis Ruíz, Isabel María Palencia Rivera, Dianora del Valle Cova Villaroel (Sic) e Hilda Sabina Uzcátegui y solicitó la prueba de posiciones juradas…omissis…

Sin embargo, a pesar de haber expreso señalamiento de las pruebas promovidas por la parte actora, la recurrida no las analiza, ni indica sobre los particulares que fueron preguntados o repreguntados los testigos, o si de la referida prueba se desprende algún mérito probatorio, guardando absoluto silencio sobre su pertinencia, incurriendo en una total omisión de análisis…(Sic)”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

            Uno de los pronunciamientos de la recurrida, específicamente el contenido en el folio 449 del expediente, estableció:

 

“…Como puede verificarse por el cómputo efectuado por Secretaría del Tribunal a-quo, desde el día 5 de Abril (Sic) de 1.995 (Sic), fecha en la cual se verificaron los cinco días para realizar la contestación hasta el 2 de Mayo (Sic) de ese mismo año, transcurrieron veinte y dos (22) días de despacho. Es por ello que como se desprende de lo anterior y conforme a lo previsto por los artículos 358 ordinal 1° y 75 (Sic) del Código de Procedimiento Civil, la contestación no fue realizada dentro de los cinco días correspondientes, por lo cual la contestación es extemporánea y así se decide.

Una vez decidido lo anterior, se desprende que no habiendo dado contestación el demandado al fondo de la demanda dentro de los plazos indicados, corresponde a este Superior pasar a examinar conforme al artículo 362 del Código de Procedimiento Civil si la pretensión del demandante no es contraria a derecho.

Sobre éste (Sic) punto la Corte Suprema de Justicia ha sido constante en su doctrina plasmada en reiterados fallos, sobre lo que debe entenderse por contraria a derecho refiriéndose a aquella petición, que efectivamente contradijo un dispositivo legal específico, aquella acción que prohibida o expresamente restringida a otros casos por el ordenamiento jurídico, de tal forma que la frase ‘contraria a derecho’ significa, que la acción intentada no està amparada por la Ley o que por el contrario, esté prohibida por ella.

Es por ello que este Superior concluye que, no es contraria a derecho la petición del demandado (Sic) y que sus pretensiones están permitidas por el ordenamiento jurídico venezolano y así se decide.

…Es por ello, que el Tribunal a-quo concluyó que desde el último día destinado para la contestación de la demanda, es decir el día 5 del mes de Abril (Sic) hasta el 26 del mes de Abril (Sic) transcurrieron los quince días por lo que se considera que la promoción de pruebas realizada por la demandada es extemporánea y por tal motivo no se analizan y así se decide.

De igual forma, tal como se desprende de autos y de acuerdo con el cómputo efectuado por el a-quo, el escrito de informes fue presentado extemporáneamente…(Sic)”.

 

De lo anterior, se evidencia que la recurrida declaró con lugar la acción merodeclarativa interpuesta por la ciudadana Mirta María Riera de Barrios, por efecto de haber sido declarada la confesión ficta del demandado y extemporáneas las pruebas aportadas al proceso por éste, tal pronunciamiento a criterio de esta Sala, constituyó un pronunciamiento de derecho previo a cualquier otro análisis, en virtud de lo cual resultaba inútil cualquier otra consideración  al respecto.

 

En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia, y así se declara.

 

 

-III-

 

            Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, por omitir pronunciamiento respecto a un alegato expuesto en los informes, relativo a la existencia de cosa juzgada.

 

            Sobre este particular, expresó el formalizante lo siguiente:

 

“Evidentemente mi representado alegó en el acto de informes una defensa esencial que tiene influencia determinante en la suerte del proceso y, por lo tanto, encuadra dentro de u (Sic) otras similares, por lo que el sentenciador tenía la obligación de pronunciarse sobre el referido alegato de cosa juzgada so pena de incurrir en el denunciado vicio de incongruencia negativa.

Por otra parte, aún en el presente caso, donde se resolvió el asunto con fundamento en una presunta confesión ficta, es de hacer notar que la omisión por parte de la recurrida del estudio del alegato de cosa juzgada, hubiese determinado la existencia de una excepción que permitiría absolver a nuestra representada, es decir, la existencia de una cosa juzgada hubiese impedido que se entrara a resolver sobre el punto relativo a la confesión ficta, pues èsta hubiese carecido de relevancia dentro del proceso. Así, el fallo recurrido al omitir pronunciamiento sobre el alegato de ‘cosa juzgada’ formulado por nuestro representado en su escrito de informes (oportunidad pertinente para formularlo), afectó en forma determinante la suerte del proceso, pues de haberse considerado dicha excepción la solución del pleito hubiese sido diferente, en ese caso, a favor de nuestro representado.

Por lo que, al haber omitido pronunciamiento expreso sobre una defensa alegada en los informes, comprendidas entre aquellas que tienen influencia determinante en la suerte del proceso, incurrió la recurrida en el vicio de incongruencia negativa y así solicito respetuosamente sea declarado…(Sic)”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

El vicio de incongruencia negativa se verifica cuando el fallo no resuelve alegatos invocados por las partes, es decir, incumple su obligación de pronunciarse en forma expresa, positiva y precisa sobre todos los alegatos formulados en los autos.

 

En el caso examinado tenemos que, efectivamente, como bien señala el formalizante, la representación judicial del ciudadano JESUS GERARDO BARRIOS, en su oportunidad presentó escrito de informes tempestivo ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el cual entre otras cosas, alegaron textualmente lo siguiente:

 

“…Efectivamente, de conformidad con el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, invocamos la existencia de cosa juzgada (oponible en cualquier estado y grado de la causa ) y por este motivo, pedimos se declare sin lugar la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

La demandante ha venido pretendiendo formalmente en otros procesos judiciales que el inmueble objeto de la demanda le pertenece en común con el demandado. En efecto, en el juicio que por separación de cuerpos intentó nuestro representado ante el Tribunal Primero de Primera Instancia  de Familia y Menores de esta Circunscripción Judicial cuyas copias certificadas cursan en autos, dedicó la porción mas extensa del libelo a defender su pretendida co-propiedad, con argumentos que coinciden con los que son materia del presente juicio…

Finalmente la sentencia definitivamente firme dictada en el referido juicio de divorcio, luego de consumado el debate en relación con la propiedad del inmueble y de analizadas las pruebas respectivas, declara: ‘En vista de que en el curso de este proceso se desvirtuaron las razones que sirvieron de fundamento para decretar las medidas precautelativas dictadas con ocasión del inicio del juicio, puesto que el demandado-reconviniente demostró que el inmueble que servía de asiento al hogar conyugal es de su propiedad…consecuencialmente ordena: a) a la demandante reconvenida hacer entrega al demandado-reconviniente del inmueble que ocupa en virtud de la referida decisión de este Tribunal”.

 

Observando la Sala que, ciertamente, sobre este particular, ni sobre ningún otro de los contenidos en los referidos informes, consta pronunciamiento o resolución del tribunal de la recurrida, órgano jurisdiccional que omitió de manera absoluta toda consideración al respecto, por lo que el referido fallo no puede tenerse como exhaustivo, al no contener pronunciamiento sobre una petición concreta formulada en la  oportunidad de informes.

 

En este mismo sentido se ha pronunciado esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia de fecha 24 de abril de 1998, caso Luciano Antonio Pérez Delgado y otros contra José de Los Santos Pérez Sánchez, expediente N° 96-448, donde señaló:

 

“Ha sido constante y reiterada la jurisprudencia de esta Sala, en orden a determinar la conducta del jueces del mérito, respecto al deber que tienen de examinar y resolver los alegatos contenidos en los escritos de informes en el momento de pronunciar su fallo, pues con ello se acatan los principios de decidir conforme a lo alegado y probado y con arreglo a las defensas opuestas.

Es así como la Sala ha venido reiterando, que los jueces están obligados a considerar los informes que les presenten las partes en las oportunidades legales correspondientes, pues si la ley ordena la presentación y consignación de ellos previamente a la sentencia, es para que hagan las consideraciones y resoluciones del caso.

Ha puntualizado la Sala a estos particulares, que si bien no existe obligación respecto de los jueces de considerar y resolver en torno a asuntos que se le formulen por primera vez en el acto de informes, habida cuenta que, el terreno de la relación procesal quedó delimitado completamente en los planteamientos de la demanda y su contestación, ello no significa que los informes carezcan de relevancia, porque en ellos se pueden plantear situaciones de orden público, proponer solicitudes de reposición o invocar la aplicación de normas impositivas no aludidas en actuaciones previas, lo que ciertamente impone a los juzgadores su consideración y pronunciamiento, que de no hacerlo quebrantan el principio de la exhaustividad de la sentencia, incurriendo en la omisión de pronunciamiento, lo que es incongruencia negativa”.

 

Asimismo, resulta oportuno precisar que la regla contenida en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la cual, terminada la contestación o precluido el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni la cita de terceros a la causa, se refiere a los hechos relativos al fondo de la controversia, pues en relación con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación, al ser alegados deben ser resueltos, pues de lo contrario la sentencia producida no puede tenerse como una decisión expresa, positiva y precisa dictada con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, mas aún en el caso de autos, donde la representación del demandado, hoy formalizante, alegó en la oportunidad de informes ante la alzada la existencia de cosa juzgada, cuestión perentoria y determinante en la suerte del proceso.

 

En consecuencia, esta Sala considera procedente la presente denuncia, y así se declara.

 

De conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, declarada procedente esta denuncia por quebrantamiento de forma, la Sala se abstiene de considerar y resolver las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización.

 

 DECISION

 

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,  declara SIN LUGAR el recurso de  nulidad y CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el ciudadano JESUS GERARDO BARRIOS RIVAS, contra la decisión dictada en fecha 6 de octubre de 1999, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se repone la causa al estado de que el Tribunal de alzada que resulte competente dicte nueva decisión, corrigiendo el vicio indicado.

 

 

       Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis  ( 16 ) días del mes de  febrero del dos mil uno.  Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.                                                 

 

El Presidente de la Sala,

 

________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

                                                                              

El Vicepresidente,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                   Magistrado Ponente,

 

                                                       ___________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

                                     

La Secretaria,

 

___________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

RC 00-145

 

TRIBUNAL  SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACION CIVIL.

 Caracas,  veinte  ( 20 )  de   marzo de  dos  mil uno.  (2001).  

Años  190º  y  142º.

 

 

Por cuanto en la anterior sentencia de fecha 16 de  febrero del 2001, en el juicio de acción merodeclarativa que sigue la ciudadana MIRTA MARÍA RIERA DE BARRIOS  contra el ciudadano  JESÚS GERARDO BARRIOS RIVAS,  se  incurrió en un error material en la página 14,  donde dice: “... Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas..." siendo lo correcto:  “... Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ...". Mediante el presente auto queda subsanado el error en  referencia, a los fines consiguientes.

 

 

El Presidente de la Sala,

 

______________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                                  Magistrado Ponente,

 

___________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

                                   

La Secretaria,

 

___________________________________

ADRIANA PADILLA ALFONSO

EXP: 00-145

 

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