Sentencia N.º 323
- Sentencia
- N.º 323
- Fecha
- 27/06/2002
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C00-1241
- Ponente
- Alejandro Angulo Fontiveros
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO-PONENTE: DOCTOR ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Vistos.-
Dio origen al presente juicio el hecho ocurrido el 9 de febrero de 1997, en una finca ubicada en el tramo de la carretera Chacopata-Cariaco, sector Las Maras, Estado Sucre, donde funcionarios de la Guardia Nacional realizaron un operativo y encontraron en un vehículo ocho sacos que contenían presunta droga. Efectuaron un patrullaje por los alrededores del lugar y detuvieron al ciudadano LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA y encontraron dos sacos que contenían 24 panelas de presunta droga. La substancia incautada resultó ser clorhidrato de cocaína con un peso de doscientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho gramos con ocho miligramos de cocaína, es decir, doscientos veintiséis kilos con cuarenta y cuatro gramos de cocaína.
El Juzgado Superior en lo Penal del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre (Accidental), a cargo del juez abogado MIGUEL A. GÓMEZ ORAMA, el 30 de marzo de 1998 hizo los pronunciamientos siguientes: 1) Condenó al imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO, venezolano nacionalizado, natural de Aveiro, Portugal, casado y portador de la cédula de identidad V- 7.442.195, a cumplir la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; 2) Absolvió a los ciudadanos imputados OMAR SÁNCHEZ DE PABLO, venezolano nacionalizado, natural de Málaga, Colombia, casado y portador de la cédula de identidad V- 16.960.522; JACINTO RAMÓN CARUSI GARCÍA, venezolano, natural de San Felipe, Estado Yaracuy y portador de la cédula de identidad V- 4.245.120; JESÚS ARMANDO VARGAS, venezolano, natural de Casanay, Estado Sucre, agricultor, soltero y portador de la cédula de identidad V- 8.450.578; LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, Colombiano, natural de Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia, mecánico y portador de la cédula de ciudadanía E- 82.225.359; ISIDRO MARACHE RAMOS, venezolano, natural de Güiria, Estado Sucre, soltero, chofer y portador de la cédula de identidad V- 1.503.566; SALVADORA MOZO CORREA, colombiana, natural de Pereira, Colombia, casada y portadora de la cédula de ciudadanía E- 80.430.627; y JIMENA DOLORES MORENO MOZO, colombiana, natural de Bogotá, estudiante y portadora de la cédula de ciudadanía E- 82.027.433, de los cargos fiscales por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES a los tres primeros y a los tres últimos por el de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES EN GRADO DE COOPERACIÓN INMEDIATA, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal.
Contra ese fallo anunciaron recurso de casación el imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO y el Fiscal Tercero del Ministerio Público, en lo que respecta a las absolutorias. El 15 de abril de 1998, el Juzgado Superior en lo Penal del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre admitió el recurso según lo previsto en el artículo 338 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y remitió el expediente a la extinta Corte Suprema de Justicia.
El abogado JUAN JOSÉ RAMÍREZ MELÉNDEZ, Defensor del imputado PEDRO ANTERO GERINHO y la abogada Fiscal Cuarta del Ministerio Público ante la Sala de Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia, consignaron los escritos contentivos del recurso de casación.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Doctor RAFAEL PÉREZ PERDOMO, el 28 de enero del año 2000 declaró con lugar el recurso de casación propuesto por la Fiscal del Ministerio Público.
La Sala Nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Reenvío y a cargo de los Jueces abogados MIGUEL USECHE MOLINA (Presidente), MINERVA GIOANNINI (Ponente) y JUVENAL BARRETO, el 2 de agosto del año 2000 hizo los siguientes pronunciamientos: 1) Absolvió a los ciudadanos imputados LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, OMAR SÁNCHEZ DE PABLO y JACINTO RAMÓN CARUSI GARCÍA (ya identificados), de los cargos fiscales por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; y 2) Condenó al imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO (ya identificado) a cumplir la pena de ONCE AÑOS y TRES MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El abogado JUAN JOSÉ RAMÍREZ MELÉNDEZ, Defensor del imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO y el abogado FRANCISCO BERNABÉ RAAZ SEQUERA, Fiscal del Ministerio Público, interpusieron recurso de casación.
La citada instancia emplazó al representante del Ministerio Público ante los Tribunales de Reenvío en lo Penal, a contestar el escrito consignado por la Defensa. También emplazó a los abogados NERY ENRÍQUEZ, ITAMAR GEDALIA PARAGUACUTO HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO UZCÁTEGUI ESAA, LUIS MIGUEL ESCOBAR, GONZALO ROA AVENDAÑO y CATALINO SANTIAGO GONZÁLEZ, Defensores de los ciudadanos imputados LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, OMAR SÁNCHEZ DE PABLO y JACINTO RAMÓN CARUSI GARCÍA, para que contestaran el escrito interpuesto por el Fiscal Primero del Ministerio Público según lo establecía el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal (derogado). No lo hicieron y el expediente fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia.
Recibido el expediente se dio cuenta en Sala y el 19 de octubre del año 2000 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS. El 14 de diciembre del año 2001 se constituyó la Sala de Casación Penal.
Se convocó a una audiencia oral y pública la cual se celebró el 30 de mayo de 2002 y con la presencia de todas las partes.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales se pasa a decidir en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LOS
TRIBUNALES DE REENVÍO EN LO PENAL
Con base en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal (derogado) el recurrente denunció la infracción del ordinal 3° del artículo 512 eiusdem y alegó que la juzgadora no estableció de manera clara los motivos en que fundó su sentencia, incurriendo de esta manera en falta de motivación.
La Sala, para decidir, observa:
Después de analizado el recurso de casación propuesto por el Fiscal Primero del Ministerio Público, esta Sala de Casación Penal constata que tiene razón el Fiscal recurrente cuando le atribuye a la sentencia recurrida la falta de motivación, ya que en la misma no constan las razones de hecho y Derecho que guiaron a los jueces al decidir el fallo.
El artículo 512 (ordinal 3°) del Código Orgánico Procesal Penal (derogado) establecía: La sentencia que se dicte conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes contendrá: 3°...La exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, con mención de las normas legales aplicadas....
Observa la Sala que el juzgador no analizó los elementos probatorios existentes en el expediente. Motivar un fallo implica explicar la razón en virtud de la cual se adopta una determinada resolución y es necesario discriminar el contenido de cada prueba, confrontándola con las demás existentes en autos, además en cada caso concreto las exigencias de la motivación es particular. Así, será más rigurosa en algunos juicios cuyas complejidades y actividad probatoria obligan al juez a efectuar un análisis comparativo más meticuloso, como lo es el presente caso.
Constata la Sala que los juzgadores no cumplieron con ese requisito de motivación, ya que no expresaron las razones de hecho y Derecho por las que absolvieron a los ciudadanos imputados LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, OMAR SÁNCHEZ DE PABLO y JACINTO RAMÓN CARUSI GARCÍA.
Por consiguiente, se debe declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Primero del Ministerio Público ante los Tribunales de Reenvío en lo Penal. En consecuencia se anula el fallo recurrido y se ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que previa distribución envíe el expediente a una de las Salas de la Corte de Apelaciones para que dicte una nueva sentencia sin los vicios que dieron lugar a la presente nulidad. Así se decide.
DECISIÓN
Este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Primero del Ministerio Público ante los Tribunales de Reenvío en lo Penal contra la sentencia dictada el 2 de agosto del año 2000, por la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTISIETE días del mes de JUNIO de dos mil dos. Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Magistrado Presidente de la Sala,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Ponente
El Magistrado Vicepresidente de la Sala,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
La Magistrada,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
La Secretaria de la Sala,
LINDA MONROY DE DÍAZ
Exp.RC-00-1241
AAF/sd
VOTO SALVADO
Quien suscribe, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
En la sentencia de la cual disiento se narra el transcurso del presente proceso, en cuanto a los recursos de casación interpuestos, de la manera siguiente:
...El Juzgado Superior en lo Penal del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre (Accidental), a cargo del juez abogado MIGUEL A. GOMEZ ORAMA, el 30 de marzo de 1998 hizo los pronunciamientos siguientes: 1) Condenó al imputado PEDRO ANTERO GERINHO, venezolano nacionalizado, natural de Aveiro, Portugal, casado y portador de la cédula de identidad V-7.442.195, a cumplir la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; 2) Absolvió a los ciudadanos imputados OMAR SÁNCHEZ DE PABLO, venezolano nacionalizado, natural de Málaga, Colombia, casado y portador de la cédula de identidad V.-16.960.522; JACINTO RAMON CARUSI GARCIA, venezolano, natural de San Felipe, Estado Yaracuy y portador de la cédula de identidad V- 4.245.120; JESÚS ARMANDO VARGAS, venezolano, natural de Casanay, estado Sucre, agricultor, soltero y portador de la cédula de identidad V- 8.450.578; LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, colombiano, natural de Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia, mecánico y portador de la cédula de ciudadanía E- 82.225.359; ISIDRO MARACHE RAMOS, venezolano, natural de Güiria, Estado Sucre, soltero, chofer y portador de la cédula de identidad V- 1.503.566; SALVADORA MOZO CORREA, colombiana, natural de Pereira, Colombia, casada y portadora de la cédula de ciudadanía E- 80.430.627 y JIMENA DOLORES MORENO MOZO, colombiana, natural de Bogotá, estudiante y portadora de la cédula de ciudadanía E- 82.027.433, de los cargos fiscales por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES a los tres primeros y a los tres últimos por el de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES EN GRADO DE COOPERACIÓN INMEDIATA, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal.
Contra ese fallo anunciaron recurso de casación el imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO y el Fiscal Tercero del Ministerio Público, en lo que respecta a las absolutorias. El 15 de abril de 1998, el Juzgado Superior en lo Penal del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre admitió el recurso según lo previsto en el artículo 338 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y remitió el expediente a la extinta Corte Suprema de Justicia.
El abogado JUAN JOSE RAMIRES MELÉNDEZ, Defensor del imputado PEDRO ANTERO GERINHO y la abogada Fiscal Cuarta del Ministerio Publico ante la Sala de Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia, consignaron los escritos contentivos del recurso de casación.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Doctor RAFAEL PÉREZ PERDOMO, el 28 de enero del año 2000 declaró con lugar el recurso de casación propuesto por la Fiscal del Ministerio Público.
La Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Reenvío y a cargo de los Jueces abogados MIGUEL USECHE MOLINA (presidente), MINERVA GIOANNINI (Ponente) y JUVENAL BARRETO, el 2 de agosto del año 2000 hizo los siguientes pronunciamientos: 1) Absolvió a los ciudadanos imputados LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, OMAR SÁNCHEZ DE PABLO y JACINTO RAMON CARUSI GARCIA, (ya identificados), de los cargos fiscales por el delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y 2) Condenó al imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO (ya identificado) a cumplir la pena de ONCE AÑOS y TRES MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El abogado JUAN JOSE RAMÍREZ MELÉNDEZ, Defensor del imputado ciudadano PEDRO ANTERO GERINHO y el abogado FRANCISCO BERNABÉ RAAZ SEQUERA, Fiscal del Ministerio Público, interpusieron recurso de casación.... (resaltado mío)
Como puede observarse claramente en la presente causa, se evidencia que estamos en presencia del supuesto previsto en el artículo 461 (hoy 468) del Código Orgánico Procesal Penal reformado, relativo a la Doble Conformidad de fallos absolutorios, estos en relación con los procesados OMAR SÁNCHEZ DE PABLO, JACINTO RAMÓN CARUSI GARCÍA y LUCIANO DE JESÚS MORALES MARULANDA, antes identificados.
En efecto, la primera sentencia absolutoria se dictó en fecha 30 de marzo de 1998, la segunda sentencia absolutoria en fecha 2 de agosto de 2000, en las cuales coinciden los criterios de absolver a los mencionados ciudadanos de la imputación por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
Siendo que en este caso se ha presentado indudablemente el supuesto previsto en el artículo 461 del Código Orgánico Procesal Penal reformado, por cuanto se ordenó la apertura de un nuevo proceso, éste verificado por la segunda sentencia dictada por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas actuando como Tribunal de Reenvío, y por cuanto el primer fallo anulado versaba sobre la absolución de los referidos ciudadanos, resulta a todas luces innegable la imposibilidad de recurrir, por mandato expreso del referido artículo, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 461. Doble Conformidad. Si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia, y obtiene una sentencia absolutoria, en contra de ésta no será admisible recurso alguno. (resaltado mío).
El criterio aquí explanado no sólo se fundamenta en la interpretación literal del artículo referido -el cual es bastante claro en señalar la imposibilidad de recurrir contra el nuevo fallo que absuelve- sino que se sustenta en la interpretación y uso extensivo del mismo (permitido en materia penal siempre que se beneficie al reo), lo cual se ajusta a su vez al Principio de Presunción de Inocencia, por cuanto se patentiza claramente tal presunción en estos casos, con el pronunciamiento de un nuevo fallo absolutorio con ocasión de otro anulado que igualmente absolvía, resultando así la consagración de dicho principio, por no haber sido desvirtuado en ninguno de los dos procesos y en consecuencia quedó manifestado, develado, tal fue y es la intención del legislador en la redacción de esta norma y esa debe ser su aplicación.
¿Cabe entonces someter a una persona, que se presume inocente, y que en dos procesos resulta demostrada tal condición, más aún, que no fue desvirtuado tal principio, a tantos procesos como a bien tenga el órgano encargado de la persecución penal o la parte acusadora?
La figura de la Doble Conformidad de ningún modo puede entenderse como violatoria del principio de igualdad de las partes, puesto que dentro de la misma es condición sine qua non que la parte Fiscal o acusadora en su caso, hayan promovido los recursos correspondientes contra la primera sentencia absolutoria, lo cual daría lugar a la apertura del nuevo proceso.
Cabe destacar que en el presente caso existe también una persona condenada por los hechos cuestionados, sentencia que resultó definitivamente firme, de acuerdo a la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la defensa.
Igualmente es de acotar que el criterio anterior que sostenía la mayoría de los miembros de esta Sala era el de la aplicación de la norma contenida en el artículo 461 del Código Orgánico Procesal Penal derogado (ahora artículo 468), donde se consideraba que en aquellos casos en los cuales resultare casada una sentencia absolutoria y una vez dictada la nueva sentencia se obtuviere igualmente una absolutoria, también se verificaría la doble conformidad, dentro de un proceso que haya cumplido con todas y cada una de sus etapas y oídos todos sus recursos, incluyendo el de casación, (Sentencia 0598 del 11 de julio de 2001, Ponente Dra. Blanca Rosa Mármol de León), sentencia en la que salvó su voto el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros.
En razón de las anteriores consideraciones estimo que el presente recurso de casación debió desestimarse por inadmisible, (aún cuando en el momento se declara inadmisible) a tenor de lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, y por no compartir el criterio de la Sala de declarar con lugar el recurso interpuesto, sometiendo de esta forma a un nuevo proceso a los ciudadanos absueltos en dos oportunidades, salvo mi voto en la presente sentencia. Fecha ut- supra.
El Presidente de la Sala,
Alejandro Angulo Fontiveros
El Vicepresidente,
Rafael Pérez Perdomo
La Magistrada Disidente,
Blanca Rosa Mármol de León
La Secretaria,
Linda Monroy de Díaz
BRMdeL/hnq.
RC. Exp. N° 00-1241 (AAF)
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias