Venley

Sentencia N.º 3255

Sentencia
N.º 3255
Fecha
13/12/2002
Sala
Constitucional
Expediente
02-0496
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 28 de febrero de 2002, con oficio No. 88-2002 (S-6) del 27 de febrero de 2002, emanado de la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los Fiscales Octavo y Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, abogados CÉSAR AUGUSTO MIRABAL MATA y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ MARTÍNEZ, contra el auto dictado, el 11 de enero de 2002, por el Juzgado Décimo Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por ser el mismo, a juicio de los accionantes, violatorio de la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa.

 

La remisión del expediente en mención, obedeció a la consulta de ley establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la referida Sala de Apelaciones, en decisión, del 5 de febrero de 2002, declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional.

 

En la oportunidad señalada, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

El 8 de marzo de 2002, el abogado Pedro Miguel Castillo, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 31.780, actuando en su carácter de defensor de los ciudadanos Julio César Ayala Linares y Otoniel José Guevara Pérez, terceros intervinientes en la acción de amparo incoada, presentó escrito mediante el cual solicita pronunciamiento de la Sala, respecto de la intervención del Ministerio Público en los procesos de amparo constitucional, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

En el escrito contentivo de la acción de amparo, alegan los accionantes:

 

1.- Que, el 27 de junio de 2001, el Ministerio Público que representan ordenó el inicio de la investigación penal correspondiente, con ocasión a los hechos referidos a  la aprehensión en territorio venezolano, de quien fuera prófugo de la justicia peruana, ciudadano Vladimiro Montesinos.

 

2. Que, el 18 de diciembre de 2001, solicitaron la imposición de medidas cautelares sustitutivas a la privación preventiva de libertad, entre otros, a los ciudadanos Julio César Ayala Linares y Otoniel José Guevara Pérez, correspondiéndole conocer de dicha solicitud al Juzgado Decimocuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien el 20 de diciembre de 2001, les decretó la medida cautelar prevista en el artículo 256.4 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

3. Que, el 7 de enero de 2002, el defensor de los prenombrados ciudadanos ejerció recurso de apelación contra el decreto cautelar, y conjuntamente, esto es, en el mismo escrito opuso la excepción de falta de jurisdicción, prevista en artículo 28.2 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

4. Que, el 10 de enero de 2002, el referido defensor presenta escrito mediante el cual opone nuevamente la excepción señalada.

 

5. Que, el 11 de enero de 2002, el Juzgado Decimocuarto de Control dicta auto, de conformidad con el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, acordando tramitar la incidencia, en razón de la excepción opuesta y, en consecuencia, acuerda asimismo emplazar al Ministerio Público a los fines de la contestación y ofrecimiento de pruebas.

 

En consecuencia, denuncian:

 

- La violación por parte del Juez Decimocuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del derecho al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución, por cuanto ejercida la apelación y emplazado el Ministerio Público, el Juez transcurrido el lapso para la contestación, sin mas trámite, debe remitir las actuaciones a la Corte de Apelaciones, lo cual implica el desprendimiento del conocimiento de la causa y por ende perder la competencia temporal para seguir conociendo; sin embargo, el señalado Juez de Control permitió a la defensa de los imputados proponer de nuevo la excepción, cuyo trámite es incompatible con la apelación.

 

Solicitaron, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, medida cautelar innominada de suspensión de los efectos del auto impugnado.

 

DEL FALLO CONSULTADO

 

            En decisión del 5 de febrero de 2002, la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta al estimar, que:

 

“Así las cosas, esta Sala considera que el auto motivo del presente recurso, a través del cual el Juez Catorce de Control, en fecha 11 de enero de 2002, pasó a tramitar la excepción opuesta de falta de jurisdicción...omissis...es un auto de mero trámite contra el cual procede el recurso de revocación, conforme a lo dispuesto en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, a objeto de que el tribunal que lo dicte examine nuevamente el asunto a que se refiere; en consecuencia, existiendo un medio legal ordinario establecido, como lo es el señalado recurso de revocación, recurso éste que tiene su trámite establecido en los artículos 445 y 446 del mismo Código, y existe como medio a ser empleado o uilizado por la partes, la acción de amparo o extraordinaria no es procedente en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales...omissis...En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR IMPROCEDENTE  la presente acción de amparo constitucional y en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la medida cautelar innominada acordada por esta Sala, en fecha 21/01/02, la cual suspendió el curso de la incidencia de la oposición de la excepción...omissis...ASÍ SE DECIDE”.

DE LA SOLICITUD DE LOS TERCEROS INTERVINIENTES

 

            En su escrito, el abogado Pedro Miguel Castillo, defensor de los ciudadanos Julio César Ayala Linares y Otoniel José Guevara Pérez, señala lo siguiente:

 

“El día 30 de enero de 2.002, fecha fijada para que tuviera lugar la audiencia constitucional prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para oír a las partes, se presentó en la sede de la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la Dra. CLAUDIA VALENTINA MÚJICA, Fiscal Decimasexta del Ministerio Público y solicitó a los Magistrados Constitucionales la participación de su persona en la audiencia que estaba pronta a realizarse. La Funcionaria Fiscal argumentó que había sido comisionada por la Fiscalía General de la República para representar a ese Despacho como parte de buena fe en el procedimiento de amparo que se iba a dirimir. Como saben ciudadanos Magistrados, la acción de amparo en estudio había sido interpuesta por los ciudadanos Fiscales del Ministerio Público con competencia Nacional: CÉSAR AUGUSTO MIRABAL 8º y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ 9º, en contra de las actuaciones de la Dra. NORMA CEIBA TORRES, Juez 14 de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control...omissis...quien suscribe....omissis...se opuso radicalmente a la presencia de la Dra. CLAUDIA VALENTINA MÚJICA...omissis...por considerar que la intervención de esta ciudadana en el debate creaba un desequilibrio procesal por cuanto la parte accionante y la parte de buena fe representaban a una misma institución, el Ministerio Público, y en razón de ello se violentaba el artículo 21 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales...omissis...el Juez Presidente declaró sin lugar nuestra petición y permitió, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la presencia e intervención de la Dra. CLAUDIA VALENTINA MÚJICA...omissis...cuando la Sala Constitucional conoce en consulta la decisión del amparo le solicitemos un pronunciamiento expreso sobre lo decidido por el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones...omissis..la decisión que pronunció el Presidente de la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas atenta, en criterio de quien suscribe, contra los derechos fundamentales de nuestros defendidos al debido proceso y a la defensa, pero mas que nada violenta el orden público, el cual estaba obligado a preservar el Tribunal Constitucional...omissis...Es de Perogrullo decir que cuando actúa un Fiscal del Ministerio Público en una causa jurisdiccional, con él esta actuando la Institución que representa...omissis...siendo que el Ministerio Público es “único e indivisible” es obvio que este no puede separarse como lo ha permitido la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en la audiencia constitucional”.

 

            Por lo expresado, solicitó a la Sala, con base a las atribuciones que le confiere el artículo 334 de la Constitución en concordancia con el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, declare nula la decisión del Juez Presidente de la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la petición que formulara, de no permitir la presencia e intervención de la Dra. Claudia Valentina Mújica, en la audiencia constitucional del amparo.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria, establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en tal sentido, reiterando los criterios asentados en sentencias de 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución, esta Sala es competente para conocer de la misma, y así se declara.

Determinada la competencia, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y a tal fin observa:

En el presente caso, según se desprende de los autos la pretensión de amparo fue incoada contra el auto dictado el 11 de enero de 2002, por el Juzgado Décimo Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que acordara emplazar al Ministerio Público, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, contestara y ofreciera pruebas respecto a la oposición a la persecución penal promovida por la defensa de los imputados Julio César Ayala Linares y Otoniel José Guevara Pérez, mediante la excepción previa de la falta de jurisdicción del tribunal.

Ahora bien, a tenor de lo establecido en el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, las excepciones opuestas durante la fase preparatoria del proceso, se tramitan en forma de incidencia, sin interrumpir el curso de la investigación penal, razón por la cual el auto impugnado es un acto de sustanciación del proceso o de mero trámite, a los fines de la resolución que se dicte.

Los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes.

Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso y, por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez.

De allí, que al no producir los autos de mera sustanciación, gravamen alguno a las partes, no son objeto de amparo.

Sin embargo, y a pesar que un auto de mera sustanciación no causa gravamen procesal, podría ser inconstitucional debido a una actuación del juez fuera de su competencia, en la ejecución de esas facultades de dirección y control del proceso. En estos casos, los autos de mero trámite podrían ser objeto de amparo, debiendo el juez constitucional ser cauteloso en la apreciación cierta de la infracción.

            En el presente caso, estima la Sala que, por tratarse el acto impugnado de un auto de mera sustanciación del proceso, sin visos de inconstitucionalidad, la acción de amparo interpuesta es inadmisible, y no improcedente como la declaró el a quo, razón por la cual lo procedente es revocar el fallo consultado, y así se declara.

 

            Por otra parte, en cuanto a la solicitud formulada por el defensor de los terceros intervinientes en el presente proceso, abogado Pedro Miguel Castillo, que se declare nula la decisión del Juez Presidente de la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la petición que formulara, de no permitir la presencia e intervención de la Dra. Claudia Valentina Mújica, en la audiencia constitucional del amparo, la Sala advierte, que vista la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, se hace inoficioso cualquier pronunciamiento al respecto.

 

Sin embargo, la Sala estima pertinente hacer ciertas consideraciones, acerca de la participación del Ministerio Público, en los procesos de amparo.

 

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 13, reconoce la legitimación de Ministerio Público en los procesos de amparo constitucional. A su vez, el artículo 15 eiusdem, establece que el representante del Ministerio Público, a quien el Juez competente hubiere participado la apertura del procedimiento, estará a derecho en el proceso de amparo. Esta participación igualmente se encuentra reconocida en la Ley Orgánica de Ministerio Público.

 

La Constitución de 1999, atribuye al Ministerio Público la competencia para “garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales”, lo cual conlleva a la participación como tercero garante de los derechos fundamentales en los procesos de amparo, que deriva de una legitimación institucional.

 

Esta participación no es obligatoria, como tampoco lo es vinculante, para el juez constitucional, la opinión que pudiera presentar el representante del Ministerio Público notificado, quien puede apartarse del criterio sostenido por el órgano garante de la constitucionalidad.

 

Ahora bien, el proceso de amparo se desarrolla, originariamente, entre dos partes, accionante o presunto agraviado y accionado o presunto agraviante, quedando siempre a salvo la participación del Ministerio Público. Sin embargo, en el proceso penal actual, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal, quien está obligado a ejercerla de oficio, salvo que solo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento. El ejercicio de esta obligación legal, comporta para el Ministerio Público su condición de parte acusadora en el proceso, por lo cual en el impulso del mismo pueden perfectamente producirse no solo actuaciones lesivas a sus derechos, sino también su actuación podría conculcar garantías constitucionales, que en ambos casos harían procedente el ejercicio de la pretensión de amparo.

 

En estos casos, la participación del Ministerio Público en el proceso de amparo debe ceñirse a su condición de parte, bien presunta agraviada o agraviante. Por tanto, resulta ilógico pensar en la participación del Ministerio Público, como garante de la legalidad o de buena fe, cuando el propio organismo tiene un interés en las resultas del proceso.

 

Por esta razón, la Sala considera, que en los procesos de amparo donde el Ministerio Público sea parte, no es aplicable el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues con ello se evitaría una desigualdad o una indefensión de las partes dentro de un juicio que pretende, precisamente, evitar violaciones constitucionales.

 

En consecuencia, la Sala acuerda, oficiar al Fiscal General de la República, a fin de que, en los procesos de amparo constitucional donde el Ministerio Público sea parte, se abstenga de comisionar a un representante de ese organismo, para que intervenga en dicho proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

1. REVOCA la decisión dictada el 5 de febrero de 2002, por la Sala No. 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en su lugar se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los Fiscales Octavo y Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, abogados CÉSAR AUGUSTO MIRABAL MATA y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ MARTÍNEZ.

 

2. ACUERDA oficiar al ciudadano Fiscal General de la República, a los fines que, en los procesos de amparo constitucional donde el Ministerio Público sea parte, se abstenga de comisionar a un representante de ese organismo, para que intervenga en dicho proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada,  en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas,  a     los 13 días  del  mes  de Diciembre de  2002. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

Iván Rincón Urdaneta

            El Vicepresidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

                                                                                     Ponente

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

José Manuel Delgado Ocando

 

                                                                        Antonio José García García

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

El encargado de la Secretaría,

 

Tito de la Hoz

 

 

EXP. No: 02-0496

JECR/

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