Venley

Sentencia N.º 3260

Sentencia
N.º 3260
Fecha
28/10/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1741
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 5 de agosto de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio n° 147, proveniente del Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, y adjuntos los originales del expediente n° 2005-747 (nomenclatura de dicho Juzgado), contentivo de la apelación interpuesta por los ciudadanos VÍCTOR LEÓN y CLINIO ANTONIO GONZÁLEZ DELGADO, titulares de las cédulas de identidad núms. 10.557.940 y 9.157.903, respectivamente, asistidos por el abogado Jorge Humberto Cuevas González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 37.011, contra la decisión dictada por dicho Juzgado Superior el 29 de julio de 2005, la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por los precitados ciudadanos, contra la decisión dictada el 9 mayo de 2005, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

 

El 10 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a realizar las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 27 de julio de 2005, los ciudadanos Víctor León y Clinio Antonio González Delgado, asistidos por el abogado Jorge Humberto Cuevas González, interpusieron ante el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 9 de mayo de 2005, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la citada Circunscripción Judicial, en un juicio de interdicto restitutorio intentado por el ciudadano Alfonso Matías Terán, titular de la cédula de identidad n° E-81.506.721, contra los accionantes en amparo.

 

En la misma fecha, se le dio entrada al presente expediente.

 

El 29 de julio de 2005, el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

El 1° de agosto de 2005, los accionantes apelaron de la anterior decisión, en consecuencia, se ordenó remitir el expediente a esta Sala Constitucional.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Alegaron los accionantes que el 9 de abril de 2003, el ciudadano Alfonso Matías Terán, asistido por el Procurador Agrario, interpuso querella interdictal restitutoria en su contra, la cual fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el 21 de abril de ese año.

 

Que el 27 de enero de 2004, el Tribunal ordenó su citación, no obstante, las mismas no pudieron ser practicadas por no haber sido posible ubicarlos, razón por que el 5 de mayo del citado año se ordenó librar carteles de citación, debiendo publicarse uno en los diarios Última Noticias y La Prensa y, otro colocarse en su morada, para lo cual se comisionó al Juzgado del Municipio Rojas de esa Circunscripción Judicial, comisión que “supuestamente” se cumplió.

 

Señalaron, que el 23 de agosto de 2004, el Tribunal de la causa dado que no comparecieron en el lapso establecido a darse por citados en el juicio, mediante auto designó al abogado Jesús Useche como su defensor judicial, el cual fue juramentado y citado personalmente, de conformidad con el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil.

 

Que solamente la parte querellante, asistido del Procurador Agrario presentó escrito de promoción de pruebas en el juicio, limitándose a promover dos (2) testigos, de los cuales se evacuó la declaración de uno sólo.

 

Que el 9 de mayo de 2005, el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declaró con lugar la querella interdictal restitutoria.

 

Adujeron que de las actas que conforman el expediente no se evidencia que el abogado nombrado para su defensa Jesús Alexander Useche Duque, “nos (los) haya defendido en lo más mínimo”, por cuanto no esgrimió en el juicio ningún tipo de alegatos de hecho o de derecho en su defensa, no se molestó ni preocupó en ubicarlos para suministrarle cualquier información o documentación que pudiere ser necesaria para una mejor defensa, a pesar de conocer su domicilio, pues el mismo aparecía en el libelo de la demanda; asimismo, no promovió ni evacuó ningún tipo de pruebas en el juicio y ni siquiera compareció al acto de declaración de testigos, aunado a lo cual, una vez dictada la sentencia definitiva, no apeló de la misma a pesar de haber sido notificado de ésta, quedando, por ende, dicha decisión definitivamente firme y, consecuentemente, ordenándose el desalojo los hoy accionantes y el de sus familias.

 

Que la decisión dictada, vulneró lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, norma que establece la forma de apreciación de la prueba de testigos, dado que se evacuó la testimonial de un solo testigo, siendo que ésta sola no hace plena prueba al no poder adminicularse con otras.

 

Aunado a ello, señalaron que el Tribunal violentó el exhorto hecho a los jueces de instancia por sentencia del 22 de mayo de 2001 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, “debiendo haber repuesto la causa al estado que se otorgare a los querellados la oportunidad de efectuar la contestación de la demanda para evitar la violación del derecho a la defensa y el debido proceso”, además violentó el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pues, a pesar de que se les nombró un defensor judicial ad litem, su conducta negligente les generó un estado total de indefensión en el juicio, al no poder ser oídos de la manera prevista en la ley.

 

Corolario de lo anterior, denunciaron que la decisión accionada ya definitivamente firme y con una orden de desalojo, generó “una evidente situación irreparable para nosotros (ellos) no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida, sino solamente a través de la presente acción de amparo constitucional  como último recurso”.

 

En atención a lo expuesto, solicitaron se admitiera la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, se declarara con lugar la pretensión con la consecuente nulidad de todo lo actuado en el juicio y se repusiera la causa al estado del nombramiento de un nuevo defensor judicial. De manera subsidiaria, solicitaron se decretara medida cautelar y se suspendiera la ejecución de la decisión accionada hasta que la presente acción fuese decidida, ya que en cualquier momento podía ser ejecutada la misma, pudiendo traer como consecuencia la destrucción de sus mejoras y bienhechurías o la venta de las mismas, ubicadas en el Parcelamiento Cabezones Mata Palo, Parroquia Santa Rosa, Municipio Rojas del Estado Barinas.

 

III

DE LA DECISIÓN APELADA

 

La decisión dictada el 29 de julio de 2005, por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, se fundamentó en los siguientes argumentos:

 

Que el amparo constitucional no es procedente cuando el accionante tiene otros recursos ordinarios que pueda ejercerlos previamente, siendo señalado de esta manera por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 2 de marzo de 2001, caso: Parabólicas Service´s Maracay C.A.

 

Que, igualmente, en sentencia n° 411 de la Sala Constitucional del 8 de marzo de 2002, se señaló que “Debe reiterarse una vez más, que resulta impertinente utilizar la acción de amparo constitucional para el restablecimiento de una situación jurídica, que se pretende lesiva, cuando exista otro recurso judicial previo, para lograr su expedita obtención, a menos que se demuestre que tal medio recursivo resulta inaplicable al caso concreto. En este orden de ideas, esta Sala Constitucional en diversos fallos…ha robustecido la exigencia del agotamiento de la vía judicial previo al ejercicio del amparo, dado que la vía de protección constitucional está destinada a resguardar, de manera reforzada, el goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y aun de aquellos (sic) que no figuren expresamente en ella, cuando han sido vulnerados, y su procedencia como tutela constitucional directa, no puede declararse si el accionante dispone de medios jurisdiccionales ordinarios acordes con la protección constitucional”.

 

Expuso, que en ese orden de ideas, el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, establece el recurso de invalidación como un medio de impugnación de sentencias, pero no como un medio de la vía ordinaria sino a través de un procedimiento independiente definido por la jurisprudencia (sentencia de la Sala Constitucional n° 1121 del 5 de junio de 2002, caso: Café Restaurant L’ Operetta C.A.) de instancia como un recurso extraordinario dirigido a obtener la revocación del error de hecho en el proceso, por ignorarse algunos o todos los elementos que lo caracterizan y lo cual decide en consecuencia, la sentencia contraria a la verdad y a la justicia.

 

En atención a lo expuesto, concluyó que la presente acción es inadmisible de conformidad con lo previsto en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que los accionantes disponían de un medio procesal idóneo para el logro de los fines que a través del amparo pretendieron alcanzar, como es el recurso de invalidación establecido en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier decisión esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente caso. En atención a ello, se observa que ella en sentencia del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República (salvo los Juzgados Superiores de lo Contencioso-Administrativo, a menos que conozcan en materia civil), las Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de dichas acciones como Tribunales de Primera Instancia.

 

Ahora bien, dicho criterio permanece vigente de conformidad con lo establecido en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la G.O. n° 37.942 del 20 de mayo de 2004, pues dispone que, hasta tanto sea sancionada la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante esta Sala, se regirán por los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por “las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional”.

 

Visto entonces, que en el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la apelación de un fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, atendiendo a la decisión mencionada, asume la competencia para conocer del asunto planteado. Así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

En principio es pertinente señalar que, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional y de la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se consideran inadmisibles los escritos de fundamentos presentados por las partes luego de que hayan transcurrido los 30 días a que hace referencia dicho artículo, contados a partir de la fecha en que la alzada reciba las actuaciones; este plazo debe considerarse como preclusivo para que los intervinientes interpongan cualquier escrito relacionado con el expediente (sentencia n° 2360/01, caso: Leopoldo Lares Monseratte). Lo anterior, no que la alzada revise a fondo la decisión apelada, pues, no es requisito indispensable para tramitar la apelación la consignación del escrito de fundamentos, sin embargo, si es presentado en el lapso señalado, el recurso también va a ser enfocado conforme a los argumentos allí expuestos.

 

Pues bien, en el caso de autos, esta Sala, visto que los accionantes apelaron el 1° de agosto de 2005 de la decisión dictada el 29 de julio del citado año, siendo recibido el expediente en esta Sala el 5 de agosto de 2005, sin que a partir de la citada fecha hayan consignado el escrito de fundamentos de su apelación, esta Sala revisara la decisión objetada sin argumentos de denuncia alguna.

 

Para decidir esta Sala observa lo siguiente:

 

Alegan los accionantes que fueron demandados por interdicto restitutorio, pero nunca tuvieron conocimiento de la demanda interpuesta en su contra en virtud de que no fueron citados para dar contestación a la demanda, dada la imposibilidad de ubicarlos.

 

Que en virtud de ello, el Tribunal de la causa, previa publicación en prensa de un cartel de citación y fijar cartel en sus domicilios, que a su decir, nunca vieron, les designó un defensor ad litem, para que ejerciera su defensa, sin embargo, este abogado defensor no ejerció las funciones para lo cual fue nombrado, por cuanto no esgrimió en el juicio ningún tipo de alegatos de hecho o de derecho en su defensa, no se molestó ni preocupó en ubicarlos para suministrarle cualquier información o documentación que pudiere ser necesaria para una mejor defensa a pesar de conocer su domicilio, no promovió ni evacuó ningún tipo de pruebas en el juicio, no compareció al acto de declaración de testigos ni apeló de la sentencia definitiva a pesar de haber sido notificado que ésta, quedando, por ende, dicha decisión definitivamente firme y, consecuentemente, ordenándose el desalojo de los accionantes y el de sus familias.

 

Al respecto, el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de que los accionantes podían recurrir contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial mediante el recurso de invalidación, establecido en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

 

Ahora bien, se observa que en sentencia dictada por esta Sala Constitucional n° 531 del 14 de abril de 2005, caso: Jesús Rafael Gil, reiterando el criterio asentado en sentencia n° 33 del 26 de enero de 2004, caso: Luis Manuel Díaz Fajardo, se expuso lo siguiente:

 

“Señala esta Sala que la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención.

Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.

Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.

En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor judicial que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional.   

Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.

Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia. Así se decide”.

 

 

Visto lo anterior y dado que en el presente caso el abogado Jesús Alexander Useche Duque, en su carácter de defensor ad litem designado por el a quo, al parecer, de manera injustificada, no cumplió ni actuó con diligencia ni eficiencia al dejar desprotegidos a los accionantes, tal como se evidencia de la decisión dictada el 9 mayo de 2005, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas (folio 86), en la cual se dejó constancia de que el defensor designado “No promovió prueba alguna en su defensa” y, posteriormente, al no apelar de la decisión que les resultó adversa; esta Sala rechaza la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, en virtud de que el recurso de invalidación no repararía la situación denunciada por no encuadrar, el asunto planteado, en ninguno de sus supuestos de procedencia, específicamente porque en el interdicto no hay citación del demandado, siendo, por ende, el amparo la única vía mediante la cual pueden los ciudadanos Víctor León y Clinio Antonio González Delgado, hacer valer sus defensas y obtener la reparación de la situación jurídica infringida, ya que los hechos denunciados así como la actuación despreocupada del Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, trastocó el orden público constitucional.

 

En tal virtud, esta Sala declara con lugar la apelación interpuesta por los ciudadanos Víctor León y Clinio Antonio González Delgado, asistidos por el abogado Jorge Humberto Cuevas González; en consecuencia, se anula la decisión dictada el 29 de julio de 2005 por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, y repone la causa al estado en que dicho Tribunal se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, tomando en consideración lo expuesto en este fallo. Así se declara.

 

No puede esta Sala dejar pasar por alto la actitud asumida por el abogado Jesús Alexander Useche Duque, pero visto que no consta en actas su número de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado, se ordena al mencionado Juzgado Superior Cuarto Agrario, que una vez éste sea plenamente identificado, remita las actuaciones al Tribunal Disciplinario del Colegio de adscripción para que aplique la sanción, si de las averiguaciones se desprende que ha lugar a ello. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos Víctor León y Clinio Antonio González Delgado, asistidos por el abogado Jorge Humberto Cuevas González. 

 

SEGUNDO: Se ANULA la decisión dictada el 29 de julio de 2005 por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

 

TERCERO: Se REPONE la causa al estado en que dicho Tribunal se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, tomando en consideración lo expuesto en este fallo.

 

CUARTO: Se ORDENA al mencionado Juzgado Superior Cuarto Agrario, que una vez sea plenamente identificado al abogado Jesús Alexander Useche Duque, remita las actuaciones al Tribunal Disciplinario de adscripción.

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, y copia certificada al Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de octubre dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

FACL/

EXP. n° 05-1741

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