Venley

Sentencia N.º 3267

Sentencia
N.º 3267
Fecha
28/10/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1538
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ 

 

El 12 de julio de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio N° 0185-05, del 1 de julio de 2005, librado por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remitió el expediente N° S7-2664-05 (nomenclatura de dicha Sala), que contiene la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado ROBERTO PONTE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.913, en su carácter de defensor privado del ciudadano MIMOUN CHAABI, extranjero, de nacionalidad Marroquí, titular del pasaporte N° R1437734, contra los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la audiencia de presentación de dicho imputado celebrada el 18 de febrero de 2005, con ocasión del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de falsificación de pasaporte, previsto y sancionado en el artículo 328 del Código Penal (artículo 327 del Código Penal vigente).

 

Tal remisión obedece a la apelación interpuesta por el referido abogado, contra la decisión dictada el 8 de junio de 2005, por la Sala N° 7 de la mencionada Corte de Apelaciones, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional propuesta.

 

En fecha 14 de julio de 2005, se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El 16 de febrero de 2005, el ciudadano Mimoun Chaabi es aprehendido por funcionarios policiales, cuando se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Altamira, Municipio Chacao, encontrándose aquél en compañía de la ciudadana venezolana Ivon Betancour. En tal oportunidad, a dicho ciudadano le fueron incautados tres (3) pasaportes venezolanos, en dos (2) de los cuales se encontraban sus fotos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, un reloj y un celular, además de un documento de identidad y una licencia de conducir de Holanda.

 

2.- El 18 de febrero se llevó a cabo la respectiva audiencia de presentación del imputado, celebrándose la misma ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En esa oportunidad, el señalado juzgado de control le impuso al imputado, como medidas cautelares sustitutivas, un régimen de presentaciones ante el Tribunal cada 15 días, prohibición de ausentarse de la jurisdicción del tribunal y prohibición de salida del país.  De igual forma, se acordó la aplicación del procedimiento ordinario a los fines de ventilar dicho proceso penal.

 

3.- El 7 de junio de 2005, el abogado Roberto Ponte, en su carácter de defensor privado del ciudadano Mimoun Chaabi, interpuso acción de amparo constitucional contra el “…Pronunciamiento judicial dictado por el Juzgado Trigésimo Séptimo de Control de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (…), consistente en la Audiencia Para Oír al Imputado y la decisión dictada por ese tribunal en ese acto …”.

 

4.- El 8 de junio de 2005, la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, juzgó sobre la pretensión, y la declaró improcedente in limine litis. Contra este pronunciamiento, el 9 de junio de 2004, el abogado Roberto Ponte interpuso ante dicha Corte de Apelaciones recurso de apelación, para ante esta Sala Constitucional.

 

II

ALEGATOS DE LA ACCIONANTE

 

Del escrito presentado se extraen las siguientes afirmaciones:

 

Que el ciudadano Mimoun Chaabi “…fue privado de su libertad, (…) juzgado y sometido a juicio penal en país extranjero, distinto a su país de origen; por lo cual los jueces y demás funcionarios de justicia deben y están obligados formalmente, a  garantizarle en cualquier circunstancia, todos y cada uno de los derechos y garantías a su Defensa; hechos y circunstancia que no ocurrieron en este caso …”.

 

Que “… En cuanto a la posibilidad que tiene un imputado de origen extranjero, de comunicarse y de entender su situación jurídica por intermedio de un intérprete para desarrollar así una mejor defensa cuando está en otro país. Podemos suponernos que debido al poco conocimiento del idioma castellano, es menester que dicho ciudadano tiene el derecho a que se le designara un intérprete, a los fines de ejercitar su defensa y tener el mejor conocimiento de los hechos que se le imputan, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículo 49 y los demás tratados Internacionales que son ley para la república.- (sic)”.

 

Que “… El derecho a la defensa y el debido proceso es aplicable a todas y cada una de las actuaciones judiciales (Art. 49 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.), en consecuencia en un proceso o juicio penal en la cual ‘NO’ se le ha garantizado el derecho a la defensa a un imputado, debe ser declarado inexistente y viciado de Nulidad Absoluta (Art. 191 en concordancia con el art. 125 ambos del C.O.P.P.)”.

 

Que en el presente proceso penal, no fue garantizado, ni por el Juez ni el Fiscal del Ministerio Público, ni por el defensor, “el más preciado derecho que tiene una persona como es el de comunicarse, entender, comprender y defenderse de un procedimiento penal en su contra’, ya que se evidencia claramente que no se le designo (sic) un interprete (sic), que permitiera contribuir con la manera de comunicarse y saber con claridad los hechos delictivos que le estaban imputando en ese momento y así poder hacer su defensa. Por esta razón se considera tal circunstancia, la más notoria y manifiesta violación al Derecho a la Defensa consagrado en nuestra Carta Magna (Art. 49 Ord. 3) además de ser obligación del Juez para realizar actos judiciales donde estén incursos ciudadanos extranjeros, de cumplir con las formalidades y circunstancias que denunciamos nuevamente y que no ocurrieron en el presente caso”.

 

Que “que se limito (sic) el derecho a la defensa a este ciudadano extranjero, al no permitirle la traducción con un interprete (sic) a su idioma de origen, todo lo expuesto en dicha audiencia y en el proceso judicial que sigue en su contra.”

 

Que en el presente proceso “No se observaron ni se tomaron las debidas, legales, y constitucionales garantías necesarias para el cumplimiento en todos sus actos, en ejercicio que tiene un imputado extranjero al pleno derecho a su defensa; Violando la Constitución específicamente en su artículo 49 Ordinal 3ero., Tratados y Acuerdos Internacionales, a un extranjero, que no domina el idioma y en segundo termino (sic) de la ley procesal”.

 

Que este proceso penal se encuentra “… impregnado de violaciones y de nulidades absolutas, fundamentalmente el acto procesal de la Audiencia para Oír al Imputado y que la misma realizada como fue hecha, evidencia la flagrante violación al derecho a la defensa consagrado constitucionalmente, además de perjudicar y menoscabar la posibilidad de defensa a mi defendido…”.

 

En consecuencia, solicitó lo siguiente: a) la nulidad absoluta de la audiencia para oír al imputado, b) la libertad plena de éste, c) que se oficie al “Departamento de Documentología y de Experticias del C.I.C.P.C. con la urgencia del caso, a los fines de que entreguen el resultado de las mismas y se le haga al imputado la devolución inmediata de sus pertenencias, pasaporte, sus bienes y el dinero…”, y d) la suspensión inmediata de la medida de prohibición de salida del país que pesa sobre el imputado.

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La sentencia dictada el 8 de junio de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró:

 

“… la acción de amparo constitucional debe tenerse como un recurso especial, en virtud de su naturaleza, pues es ésta, una acción extraordinaria, en tal sentido, ella sólo procede, cuando no existe un medio breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional pretendida, en otras palabras, que pueda restituirse el derecho supuestamente lesivo, por otras vías ordinarias, las cuales deben ser previamente agotadas; todo ello, en total comprensión con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece (omissis). A tal efecto, es necesario indicar, que del caso en estudio, se evidencia de la solicitud de amparo constitucional cursante en los folios 1 al 4 ambos inclusive de la presente acción de amparo constitucional, donde se aprecia, que el accionante manifestó claramente, que no se ha interpuesto recurso judicial ordinario alguno en su oportunidad legal en contra de la decisión emanada del Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, la cual se produjo con ocasión de la audiencia para oír al imputado celebrada en fecha 18 de Febrero del 2.005, en la misma el referido tribunal, mediante la cual se acordó una medida cautelar sustitutiva en contra del ciudadano MIMOUN CHAABI, plenamente identificados (sic) en autos. Así las cosas, y de existir la posibilidad de ejercer dicho derecho por vía ordinaria, en virtud del derecho de apelación en contra del auto judicial que se cuestiona. Estos decisores, estiman, que debe declararse improcedente la presente acción de Amparo Constitucional, por no haberse agotado la vía judicial aquí señalada.

Por las motivaciones que anteceden, esta Colegiada actuando en sede Constitucional, considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado ROBERTO PONTE G., en su carácter de defensor privado del ciudadano MIMOUN CHAABI, incoado en contra de la Juez Trigésimo Séptimo de primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y por aplicación de la Jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25-04-2002 …”.

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y a tal efecto observa:

 

Que en sentencia N° 1/2000, del 20 de enero (caso Emery Mata Millán), este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, con relación a las apelaciones y a las consultas de ley que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo expresamente lo siguiente:

 

 “...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia...”.

 

Observa esta Sala, que en el presente caso, la sentencia apelada fue dictada por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de primera instancia en sede constitucional; en consecuencia, siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito supra-, resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional se interpuso contra la audiencia de presentación celebrada el 18 de febrero de 2005, ante el Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como también contra los pronunciamientos emitidos al finalizar la misma, mediante los cuales se le impusieron al imputado varias medidas cautelares sustitutivas. Como fundamento de esta acción de amparo, se alegó que tales actuaciones procesales lesionaron el derecho a la defensa del imputado, consagrado en el artículo 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que la audiencia de presentación, no obstante que el imputado no dominaba el idioma castellano, se llevó a cabo sin la presencia de un intérprete.

 

También observa esta Sala, que la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 8 de junio de 2005, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta, siendo esta última decisión objeto del recurso de apelación interpuesto por la defensa.

 

Ahora bien, esta Sala destaca, respecto a la impugnación de la audiencia de presentación realizada ante Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que la parte accionante, antes de acudir a la vía del amparo, tenía a su disposición un recurso ordinario preexistente, como lo era solicitar por vía principal la nulidad absoluta del señalado acto procesal, con base en lo dispuesto en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual, de haber sido declarada por el órgano jurisdiccional competente, hubiera acarreado consecuencialmente la nulidad de las medidas cautelares sustitutivas impuestas al ciudadano Mimoun Chaabi, de conformidad con el artículo 196 eiusdem.

 

Sobre el carácter de mecanismo ordinario de impugnación que tiene la nulidad, esta Sala, en sentencia N° 349/2002, del 26 de febrero, estableció lo siguiente:

 

“… la nulidad viene a constituir, igualmente, un recurso ordinario preexistente del cual podía disponer, como, en efecto, dispuso, la aludida parte actora. Se trata de un medio que, además de preexistente, es  indiscutiblemente idóneo para la actuación procesal, en favor de los intereses jurídicos cuya protección se pretende en esta causa; más eficaz, incluso, en términos temporales y de menor complejidad procesal que el mismo amparo, habida cuenta de que la nulidad es decidida conforme a las sencillas reglas de los artículos 212 y 194 del Código Orgánico Procesal Penal.”

 

Por otra parte, el abogado defensor tenía también a su alcance un mecanismo ordinario de impugnación distinto a la nulidad, específicamente con relación a la decisión dictada por el juzgado de control al finalizar la audiencia de presentación, a través de la cual se le impusieron al imputado varias medidas cautelares sustitutivas, como lo es el recurso de apelación de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 447.4 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En tal sentido, dicha norma prevé lo siguiente:

 

“Artículo 447. Decisiones recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (…) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva.”

 

Por último, el artículo 264 del mencionado texto normativo también señala la posibilidad de solicitar la revisión y examen de las medidas cautelares para verificar si es necesario su mantenimiento o si pueden ser sustituidas por otras menos gravosas.

 

Por tanto, de lo anterior se evidencia que el abogado defensor del ciudadano Mimoun Chaabi, tenía a su alcance varios mecanismos contra los actos procesales que pretende impugnar a través de la presente acción de amparo constitucional, y por lo tanto, al no haber hecho uso de tales recursos, antes de acudir a la vía del amparo, no cumplió con lo establecido por esta Sala, en la sentencia N° 963/2001, en la que se sostuvo, con relación a la interposición de la acción de amparo ante la existencia de medios ordinarios de impugnación, lo siguiente:

 

“…la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:

a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.”

 

En efecto, no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que previamente dispuso el ordenamiento procesal penal para el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues dichos medios constituyen la vía idónea como garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtengan respuesta o haya una dilación procesal indebida pueden, los interesados, acudir a la vía del amparo. La admisión de lo contrario comportaría la desaparición de las otras vías que estableció el legislador para la eficacia y realización de los derechos e intereses de las partes -incluso los constitucionales- dentro de un determinado proceso (vid. sentencia N° 2489/2005, del 5 de agosto).

 

En consecuencia, estima esta Sala que al no haber hecho uso la defensa técnica del imputado de los mecanismos ordinarios antes señalados, lo procedente era declarar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, conforme lo señalado en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

Por último, llama poderosamente la atención a esta Sala que el órgano jurisdiccional que conoció en primera instancia la acción de amparo constitucional, si bien señaló que el accionante no había agotado la vía judicial ordinaria, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta. A tal efecto, debe esta Sala destacar, con base en el criterio establecido en la sentencia N° 2864/2004, del 10 de diciembre, la diferencia existente entre las figuras de la inadmisibilidad y la improcedencia.

 

El mencionado fallo señala:

 

“Así, la pretensión es admisible, cuando se da cumplimiento a los requisitos legales (generalmente de orden público) que permiten la tramitación de una causa, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión tiene lugar por la insatisfacción de esas exigencias que –sin que sea vista la causa– impiden la constitución del proceso. 

 

Ahora bien, la «procedencia o improcedencia de la pretensión», es propia de un pronunciamiento de fondo (incidental o definitivo) y está necesariamente referida al mérito del asunto debatido en la incidencia o en el proceso, según el caso; es decir, a la aceptación que de un pedimento determinado hace el órgano jurisdiccional. Caso contrario, el tribunal declarará «sin lugar» o «improcedente» la pretensión, pero –en principio– luego de haber sustanciado el proceso.

 

En materia de amparo, esta Sala incluso ha admitido otra posibilidad: evaluar la improcedencia de la pretensión, in limine litis; esto es, atendiendo los principios de economía y celeridad procesal, verificar las posibilidades de éxito de la pretensión y negar el examen de aquélla cuando se evidencie de manera inequívoca que no puede prosperar en la definitiva. Sin embargo, este último examen debe ser practicado con una gran rigurosidad, de forma que no se vea menoscabado el derecho a la tutela judicial efectiva de aquél que delata un menoscabo a una situación jurídica constitucionalmente tutelada a su favor.”

 

Entonces, siguiendo los lineamientos expuestos en la citada decisión, se debe señalar que el pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad que realice un órgano jurisdiccional, se encuentra vinculado a la concurrencia o no de los requisitos previos que deben cumplirse necesariamente a los fines de darle curso a la tramitación de una determinada pretensión; mientras que la improcedencia comprende un pronunciamiento de fondo una vez que el órgano jurisdiccional ha admitido la pretensión, es decir, sobre el mérito de ésta, la cual puede ser in limine litis, es decir, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, el órgano jurisdiccional puede negar -previamente a su tramitación- el examen de la misma cuando no tenga visos de prosperar en la definitiva, de allí que la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones, en su sentencia del 8 de junio de 2005, erró al declarar improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por la defensa del imputado, argumentando para ello el no agotamiento de la vía judicial ordinaria contra los actos procesales impugnados, siendo que tal motivo constituye una causal para la declaratoria de inadmisibilidad del amparo, más no para su improcedencia, debiendo ser revocado en consecuencia dicho fallo. Así se establece.

 

Por lo tanto, y con base en los planteamientos explanados a lo largo del presente fallo, forzoso es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano Mimoun Chaabi, contra la sentencia dictada el 8 de junio de 2005 por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual se revoca, e inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por dicho abogado contra la audiencia de presentación celebrada ante el Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y contra los pronunciamientos emitidos al final de ésta, a través de los cuales se le impusieron al señalado imputado varias medidas cautelares sustitutivas. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano MIMOUN CHAABI, el 9 de junio de 2005, contra la sentencia dictada el 8 de junio de 2005, por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por dicho abogado.

 

2.- Se REVOCA la decisión dictada el 8 de junio de 2005, por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano MIMOUN CHAABI.

 

3.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta el 7 de junio de 2005, por el abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano MIMOUN CHAABI, contra la audiencia de presentación celebrada ante el Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como contra los pronunciamientos emitidos al final de ésta, a través de los cuales se le impusieron al señalado imputado varias medidas cautelares sustitutivas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días de octubre dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. N° 05-1538

 

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