Sentencia N.º 3267
- Sentencia
- N.º 3267
- Fecha
- 28/10/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1538
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 12 de julio de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio N° 0185-05, del 1 de julio de 2005, librado por
Tal remisión obedece a la apelación interpuesta por el referido abogado, contra la decisión dictada el 8 de junio de 2005, por
En fecha 14 de julio de 2005, se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES DEL CASO
1.- El 16 de febrero de 2005, el ciudadano Mimoun Chaabi es aprehendido por funcionarios policiales, cuando se encontraba en las inmediaciones de
2.- El 18 de febrero se llevó a cabo la respectiva audiencia de presentación del imputado, celebrándose la misma ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En esa oportunidad, el señalado juzgado de control le impuso al imputado, como medidas cautelares sustitutivas, un régimen de presentaciones ante el Tribunal cada 15 días, prohibición de ausentarse de la jurisdicción del tribunal y prohibición de salida del país. De igual forma, se acordó la aplicación del procedimiento ordinario a los fines de ventilar dicho proceso penal.
3.- El 7 de junio de 2005, el abogado Roberto Ponte, en su carácter de defensor privado del ciudadano Mimoun Chaabi, interpuso acción de amparo constitucional contra el
Pronunciamiento judicial dictado por el Juzgado Trigésimo Séptimo de Control de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (
), consistente en
4.- El 8 de junio de 2005,
II
ALEGATOS DE LA ACCIONANTE
Del escrito presentado se extraen las siguientes afirmaciones:
Que el ciudadano Mimoun Chaabi
fue privado de su libertad, (
) juzgado y sometido a juicio penal en país extranjero, distinto a su país de origen; por lo cual los jueces y demás funcionarios de justicia deben y están obligados formalmente, a garantizarle en cualquier circunstancia, todos y cada uno de los derechos y garantías a su Defensa; hechos y circunstancia que no ocurrieron en este caso
.
Que
En cuanto a la posibilidad que tiene un imputado de origen extranjero, de comunicarse y de entender su situación jurídica por intermedio de un intérprete para desarrollar así una mejor defensa cuando está en otro país. Podemos suponernos que debido al poco conocimiento del idioma castellano, es menester que dicho ciudadano tiene el derecho a que se le designara un intérprete, a los fines de ejercitar su defensa y tener el mejor conocimiento de los hechos que se le imputan, tal como lo establece
Que
El derecho a la defensa y el debido proceso es aplicable a todas y cada una de las actuaciones judiciales (Art. 49 Constitución de
Que en el presente proceso penal, no fue garantizado, ni por el Juez ni el Fiscal del Ministerio Público, ni por el defensor, el más preciado derecho que tiene una persona como es el de comunicarse, entender, comprender y defenderse de un procedimiento penal en su contra, ya que se evidencia claramente que no se le designo (sic) un interprete (sic), que permitiera contribuir con la manera de comunicarse y saber con claridad los hechos delictivos que le estaban imputando en ese momento y así poder hacer su defensa. Por esta razón se considera tal circunstancia, la más notoria y manifiesta violación al Derecho a
Que que se limito (sic) el derecho a la defensa a este ciudadano extranjero, al no permitirle la traducción con un interprete (sic) a su idioma de origen, todo lo expuesto en dicha audiencia y en el proceso judicial que sigue en su contra.
Que en el presente proceso No se observaron ni se tomaron las debidas, legales, y constitucionales garantías necesarias para el cumplimiento en todos sus actos, en ejercicio que tiene un imputado extranjero al pleno derecho a su defensa; Violando
Que este proceso penal se encuentra
impregnado de violaciones y de nulidades absolutas, fundamentalmente el acto procesal de
En consecuencia, solicitó lo siguiente: a) la nulidad absoluta de la audiencia para oír al imputado, b) la libertad plena de éste, c) que se oficie al Departamento de Documentología y de Experticias del C.I.C.P.C. con la urgencia del caso, a los fines de que entreguen el resultado de las mismas y se le haga al imputado la devolución inmediata de sus pertenencias, pasaporte, sus bienes y el dinero , y d) la suspensión inmediata de la medida de prohibición de salida del país que pesa sobre el imputado.
III
DE
La sentencia dictada el 8 de junio de 2005, por
la acción de amparo constitucional debe tenerse como un recurso especial, en virtud de su naturaleza, pues es ésta, una acción extraordinaria, en tal sentido, ella sólo procede, cuando no existe un medio breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional pretendida, en otras palabras, que pueda restituirse el derecho supuestamente lesivo, por otras vías ordinarias, las cuales deben ser previamente agotadas; todo ello, en total comprensión con lo previsto en el artículo 5 de
Por las motivaciones que anteceden, esta Colegiada actuando en sede Constitucional, considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado ROBERTO PONTE G., en su carácter de defensor privado del ciudadano MIMOUN CHAABI, incoado en contra de
IV
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y a tal efecto observa:
Que en sentencia N° 1/2000, del 20 de enero (caso Emery Mata Millán), este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en
...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de
Observa esta Sala, que en el presente caso, la sentencia apelada fue dictada por
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Determinada la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional se interpuso contra la audiencia de presentación celebrada el 18 de febrero de 2005, ante el Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como también contra los pronunciamientos emitidos al finalizar la misma, mediante los cuales se le impusieron al imputado varias medidas cautelares sustitutivas. Como fundamento de esta acción de amparo, se alegó que tales actuaciones procesales lesionaron el derecho a la defensa del imputado, consagrado en el artículo 49.3 de
También observa esta Sala, que
Ahora bien, esta Sala destaca, respecto a la impugnación de la audiencia de presentación realizada ante Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que la parte accionante, antes de acudir a la vía del amparo, tenía a su disposición un recurso ordinario preexistente, como lo era solicitar por vía principal la nulidad absoluta del señalado acto procesal, con base en lo dispuesto en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual, de haber sido declarada por el órgano jurisdiccional competente, hubiera acarreado consecuencialmente la nulidad de las medidas cautelares sustitutivas impuestas al ciudadano Mimoun Chaabi, de conformidad con el artículo 196 eiusdem.
Sobre el carácter de mecanismo ordinario de impugnación que tiene la nulidad, esta Sala, en sentencia N° 349/2002, del 26 de febrero, estableció lo siguiente:
la nulidad viene a constituir, igualmente, un recurso ordinario preexistente del cual podía disponer, como, en efecto, dispuso, la aludida parte actora. Se trata de un medio que, además de preexistente, es indiscutiblemente idóneo para la actuación procesal, en favor de los intereses jurídicos cuya protección se pretende en esta causa; más eficaz, incluso, en términos temporales y de menor complejidad procesal que el mismo amparo, habida cuenta de que la nulidad es decidida conforme a las sencillas reglas de los artículos 212 y 194 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por otra parte, el abogado defensor tenía también a su alcance un mecanismo ordinario de impugnación distinto a la nulidad, específicamente con relación a la decisión dictada por el juzgado de control al finalizar la audiencia de presentación, a través de la cual se le impusieron al imputado varias medidas cautelares sustitutivas, como lo es el recurso de apelación de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 447.4 del Código Orgánico Procesal Penal.
En tal sentido, dicha norma prevé lo siguiente:
Artículo 447. Decisiones recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (
) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva.
Por último, el artículo 264 del mencionado texto normativo también señala la posibilidad de solicitar la revisión y examen de las medidas cautelares para verificar si es necesario su mantenimiento o si pueden ser sustituidas por otras menos gravosas.
Por tanto, de lo anterior se evidencia que el abogado defensor del ciudadano Mimoun Chaabi, tenía a su alcance varios mecanismos contra los actos procesales que pretende impugnar a través de la presente acción de amparo constitucional, y por lo tanto, al no haber hecho uso de tales recursos, antes de acudir a la vía del amparo, no cumplió con lo establecido por esta Sala, en la sentencia N° 963/2001, en la que se sostuvo, con relación a la interposición de la acción de amparo ante la existencia de medios ordinarios de impugnación, lo siguiente:
la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
En efecto, no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que previamente dispuso el ordenamiento procesal penal para el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues dichos medios constituyen la vía idónea como garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtengan respuesta o haya una dilación procesal indebida pueden, los interesados, acudir a la vía del amparo. La admisión de lo contrario comportaría la desaparición de las otras vías que estableció el legislador para la eficacia y realización de los derechos e intereses de las partes -incluso los constitucionales- dentro de un determinado proceso (vid. sentencia N° 2489/2005, del 5 de agosto).
En consecuencia, estima esta Sala que al no haber hecho uso la defensa técnica del imputado de los mecanismos ordinarios antes señalados, lo procedente era declarar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, conforme lo señalado en el cardinal 5 del artículo 6 de
Por último, llama poderosamente la atención a esta Sala que el órgano jurisdiccional que conoció en primera instancia la acción de amparo constitucional, si bien señaló que el accionante no había agotado la vía judicial ordinaria, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta. A tal efecto, debe esta Sala destacar, con base en el criterio establecido en la sentencia N° 2864/2004, del 10 de diciembre, la diferencia existente entre las figuras de la inadmisibilidad y la improcedencia.
El mencionado fallo señala:
Así, la pretensión es admisible, cuando se da cumplimiento a los requisitos legales (generalmente de orden público) que permiten la tramitación de una causa, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión tiene lugar por la insatisfacción de esas exigencias que sin que sea vista la causa impiden la constitución del proceso.
Ahora bien, la «procedencia o improcedencia de la pretensión», es propia de un pronunciamiento de fondo (incidental o definitivo) y está necesariamente referida al mérito del asunto debatido en la incidencia o en el proceso, según el caso; es decir, a la aceptación que de un pedimento determinado hace el órgano jurisdiccional. Caso contrario, el tribunal declarará «sin lugar» o «improcedente» la pretensión, pero en principio luego de haber sustanciado el proceso.
En materia de amparo, esta Sala incluso ha admitido otra posibilidad: evaluar la improcedencia de la pretensión, in limine litis; esto es, atendiendo los principios de economía y celeridad procesal, verificar las posibilidades de éxito de la pretensión y negar el examen de aquélla cuando se evidencie de manera inequívoca que no puede prosperar en la definitiva. Sin embargo, este último examen debe ser practicado con una gran rigurosidad, de forma que no se vea menoscabado el derecho a la tutela judicial efectiva de aquél que delata un menoscabo a una situación jurídica constitucionalmente tutelada a su favor.
Entonces, siguiendo los lineamientos expuestos en la citada decisión, se debe señalar que el pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad que realice un órgano jurisdiccional, se encuentra vinculado a la concurrencia o no de los requisitos previos que deben cumplirse necesariamente a los fines de darle curso a la tramitación de una determinada pretensión; mientras que la improcedencia comprende un pronunciamiento de fondo una vez que el órgano jurisdiccional ha admitido la pretensión, es decir, sobre el mérito de ésta, la cual puede ser in limine litis, es decir, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, el órgano jurisdiccional puede negar -previamente a su tramitación- el examen de la misma cuando no tenga visos de prosperar en la definitiva, de allí que
Por lo tanto, y con base en los planteamientos explanados a lo largo del presente fallo, forzoso es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano Mimoun Chaabi, contra la sentencia dictada el 8 de junio de 2005 por
VI
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano MIMOUN CHAABI, el 9 de junio de 2005, contra la sentencia dictada el 8 de junio de 2005, por
2.- Se REVOCA la decisión dictada el 8 de junio de 2005, por
3.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta el 7 de junio de 2005, por el abogado Rafael Ponte, en su carácter de defensor del ciudadano MIMOUN CHAABI, contra la audiencia de presentación celebrada ante el Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como contra los pronunciamientos emitidos al final de ésta, a través de los cuales se le impusieron al señalado imputado varias medidas cautelares sustitutivas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. N° 05-1538
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