Sentencia N.º 33
- Sentencia
- N.º 33
- Fecha
- 30/01/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-0220
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 21 de febrero de 2008, HIELO MANOLO C.A., con inscripción el 3 de febrero de 1997, bajo el n.° 1, folios vuelto del 1 al 4 del Libro de Registro de Comercio, tomo 47-B, que ha sido llevado por el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre durante el año 1997, mediante la representación del abogado Mario Dettín Rubiños, con inscripción en el I.P.S.A., bajo el n.° 47.019, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia que emitió, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, para cuya fundamentación denunció la infracción a sus derechos constitucionales a la tutela judicial eficaz y a la obtención de oportuna y adecuada respuesta que reconocen los artículos 22, 23, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 27 de febrero de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 4 de marzo de 2008, la solicitante presentó escrito de alegatos y consignó recaudos en copia certificada.
I
PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE
1. La representación judicial de la peticionaria de revisión alegó:
1.1 Que, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre declaró con lugar la demanda por estabilidad laboral que incoó el ciudadano Gabriel Antonio Fernández, contra su representada Hielo Manolo C.A.
1.2 Que, contra el pronunciamiento del Juzgado Superior, el representante judicial de Hielo Manolo C.A. interpuso, ante la Sala de Casación Social, recurso de control de legalidad, el cual fue declarado inadmisible, el 17 de mayo de 2007.
1.3 Que peticionó la revisión por cuanto, a su juicio, la sentencia objeto de revisión carecía de motivación porque no indicó los hechos que se evidenciaron de las pruebas testimoniales que él promovió, pese a que se les atribuyó valor probatorio a las mismas.
1.4 Que el veredicto cuya revisión requirió, estableció la relación laboral con base en un solo testigo que fue promovido por el actor en dicho juicio.
1.5 Que, además, el acto decisorio que se impugnó es indeterminado, porque ordenó la práctica de una experticia complementaria del fallo sin aportar todos los elementos necesarios para que los expertos puedan desarrollar su actividad ( ), aunque la recurrida expresa que los salarios serán cuantificados, tomando el salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional, dicha sentencia no indica el monto del salario mínimo concreto con el cual deba cuantificarse la indemnización condenada a pagar por [su] representada.
2. Denunció:
La violación a las garantías a que se contraen los artículos 22, 23, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la decisión que dictó, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre no contiene los motivos de hecho en que se fundamentó, ni determinó el objeto del litigio.
3. Pidió:
Que se decretara la nulidad del acto jurisdiccional cuya revisión solicitó, porque adolecía de los vicios de inmotivación e indeterminación y, en consecuencia, volviera a decidirse sobre el fondo de la controversia.
Asimismo, con base en el párrafo undécimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, requirió que se acordara medida cautelar de suspensión de los efectos de la recurrida hasta tanto se resuelva la presente revisión.
Al respecto, alegó:
Con relación al fumus boni iuris, es evidente que la decisión recurrida afecta los derechos de mi representado, ya que este último resultó perdidoso en dicha sentencia.
En cuanto al periculum in mora, es eficente que el mismo existe, ya que se inició la fase de ejecución en el proceso donde se emitió la decisión recurrida, como consta en el anexo marcado con la letra A, que consigno en este acto. En efecto, en dicho anexo, contentivo de copia certificada de la fase ejecutiva del juicio laboral, se lee que en fecha 28 de enero del año 2008 se pidió la ejecución voluntaria y el Juzgado Primero de Primera Instancia Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre la decretó en fecha 30 de enero del año 2008; luego, también se lee en dicho anexo que en fecha 18 de febrero del año 2008 se pidió la ejecución forzosa; por ende, existe peligro por retardo.
En consecuencia, pido que acuerde medida cautelar de suspensión de los efectos de la recurrida hasta tanto se resuelva la presente revisión.
A tal fin, solicito que se ordene al Juzgado Primero de Primera Instancia Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscri´pción Judicial del Estado Sucre, que suspenda la ejecución de la decisión recurrida.
II
COMPETENCIA DE LA SALA
El artículo 336.10 de la Constitución le atribuyó a la Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido emitidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
Así, el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone lo siguiente:
Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
( )
16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República; / ( )
En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión esta Sala ha sostenido lo siguiente:
...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional... (s. S.C. n.° 93 del 06.02.01. Resaltado añadido)
Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de veredictos definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de actos jurisdiccionales que han adquirido tal carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación, sin ningún tipo de motivación, de cualquier pretensión cuando, en su criterio, la revisión que se pretenda, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud del carácter excepcional y limitado de la revisión.
En el presente caso se peticionó la revisión del acto jurisdiccional definitivamente firme que expidió, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, mediante el cual confirmó el acto decisorio de primera instancia que declaró con lugar la pretensión de estabilidad laboral que incoó el ciudadano Gabriel Antonio Fernández, contra Hielo Manolo C.A., razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.
III
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El acto de juzgamiento cuya revisión se pretende, falló en los términos siguientes:
PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 30 de Junio de 2006 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. SEGUNDO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA dictada por el Juzgado a quo. TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano GABRIEL FERNÁNDEZ, contra LA EMPRESA HIELOS MONOLO. Ambas partes plenamente identificadas. Se ordena el Reenganche y Pago de Salarios Caídos a favor de la parte actora, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la fecha de la efectiva reincorporación del actor a su puesto habitual de trabajo, o hasta la persistencia del patrono en el despido, pagando las indemnizaciones correspondientes, salarios que serán cuantificados, tomando el salario mínimo, decretado por el ejecutivo nacional. Debiendo el experto que resulte designado excluir del lapso a los fines de calcular los salarios caídos los lapsos en los cuales la causa estuvo paralizada por causa no imputable a las partes.
Para la fundamentación de su sentencia, el pronunciamiento judicial objeto de la impugnación de autos cuya revisión se peticionó, estableció que:
En fecha 02 de Mayo de 2006, el ciudadano GABRIEL ANTONIO FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.952.757, debidamente asistido por el Abogado YERARD J. PARRA M., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 60.074, interpuso solicitud de CALIFICACION DE DESPIDO, contra la empresa HIELOS MANOLO, C.A, por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre; como fundamento de su pretensión establece: Que comenzó a trabajar en la empresa Hielos Manolo, el 2 de Enero de 1.997, desempeñándose como Mecánico de Mantenimiento, devengando un salario de Bs. 50.000,00 semanal, pero que el día 24 de Abril del año 2000 fue despedido injustificadamente por el ciudadano Arnoldo Luna, quien se desempeñaba como el propietario. Por ello solicitó al Tribunal que abriera el procedimiento de calificación de despido de conformidad con el artículo 116 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, y se declare Injustificado su despido y sea reenganchado a su puesto de trabajo.
CAPÍTULO II
HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE DEMANDADA
En fecha 21 de Junio de 2000, el ciudadano Asnordo Francisco Luna Ordaz, en su condición de Director Gerente, asistido por el abogado en ejercicio José Alberto Gamboa, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 36.322, presenta en su debida oportunidad procesal, escrito de contestación de demanda, que riela a los folios 16 al 17, y en la misma expone lo siguiente: (sic)
CAPÍTULO III
HECHOS NEGADOS
Niega, rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes los hechos explanados en el libelo de demanda así como el derecho reclamado, por ser improcedente inaplicable y a todas luces inexactos por carecer de veracidad.
Niega, rechaza y contradice que el actor haya comenzado a trabajar en la empresa Hielos Manolo, C.A, desde el día 02/01/1997 hasta el día 24/04/2000.
Niega, rechaza y contradice que el actor se haya desempeñado como mecánico de mantenimiento.
Niega, rechaza y contradice que el actor haya devengado la cantidad de Bs. 50.000,00 semanales y que él sea propietario de la empresa Hielos Manolo, C.A.
CAPÍTULO IV
DE LAS DE PRUEBAS
DE LA PARTE ACTORA
En la oportunidad de pruebas promovió las siguientes:
- Reprodujo el merito favorable de los autos. Lo cual fue declarado improcedente su valoración, compartiendo esta Alzada el criterio del A quo. Así se establece.
*TESTIMONIALES:
- Promovió los testimonios de los ciudadanos: José Manuel Tovar, Francisco Rafael Gómez Pacheco y Jhonny Alexander Romero, a los cuales la recurrida no le otorgó valor probatorio por considerar que sus deposiciones fueron contradictorias, compartiendo y ratificando esta alzada dicho criterio de valoración. Así se establece.
- Euclides González, ciudadano de mayor edad que respondió sin contradicciones y de forma coherente que merece confiabilidad, por lo que el A quo le otorgó valor probatorio. No obstante esta alzada determina que del análisis de su deposición se aprecia que efectivamente el actor prestó sus servicios para la demandada lo que lo hace beneficiario de la presunción de laboralidad establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
- Yorvin Vellorí, Jorge Gonzalez y Leslie Patete, no comparecieron el día y la hora señalados por el Tribunal Comisionado, por lo que no existe testimonial que valorar. Así se establece.
* INFORME:
- Al Banco Unión, al banco República, a la Sociedad Mercantil Clamar, no constan las resultas a pasear de haberse oficiado en diferentes oportunidades, por lo que no hay materia que analizar. Así se establece.
*DOCUMENTAL:
- Informe médico emitido por el Dr. Leslie Rafael Patete. La recurrida no le dio valor probatorio por no aportar nada al proceso, compartiendo y ratificando esta alzada dicha valoración. Así se establece.
DE LA PARTE DEMANDADA
En la oportunidad de pruebas promovió las siguientes:
Reprodujo el merito favorable de los autos. Se reproduce íntegramente la estimación hecha con las pruebas de la parte demandante. Así se establece.
*DOCUMENTAL:
Fotocopia de Cheques y Bauchers emanados de terceros. Fueron desechadas por la recurrida en virtud que eran documentales emanadas de terceros que debían ser ratificadas mediante la testimonial y no lo fueron, por lo que comparte y ratifica esta sentenciadora dicha valoración. Así se establece.
*TESTIMONIALES:
- Luis Eduardo Gómez Fernández, José Luís Nuñez y Renny Javier Fermín, Primitivo Ramón Mata y Jhonny José Marcano, Sabas José Gonzalez, Ronny Luís Gómez Cedeño, Jhonmar Bideau Cedeño y Juan Ramon Luna Martínez. Estas testimoniales fueron rendidas sin caer en contradicciones, teniendo los testigos conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que la recurrida las apreció y le otorgó valor probatorio, por ser testigo hábiles, compartiendo este Alzada dicho criterio de valoración, por consiguiente lo ratifica. Así se establece.
Antonio José Montaño, Domingo González, Mata Adeliz Febres, Miguel Cumaná, Goerges R. Clavaud L., Ángel Augusto Ávila, no comparecieron el día y la hora fijados por el Tribunal, en consecuencia no existe testimonio que analizar. Así se establece.
DE LA SENTENCIA APELADA
En fecha 30 de Junio de 2006, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Sucre, dictó sentencia declarando CON LUGAR la solicitud de Calificación de Despido interpuesta por el ciudadano GABRIEL ANTONIO FERNÁNDEZ, en señalando (sic) en términos generales que de conformidad con los principios de inversión de la Carga de la Prueba la empresa no logró desvirtuar la presunción de laboralidad nacida a favor del actor, en virtud de estar confesa de pleno derecho la parte accionada, en el reconocimiento de que el despido fue injustificado y como consecuencia de ello se ordenó EL REENGANCHE AL CARGO y el pago de los SALARIOS CAIDOS desde el 10 de Marzo de 1999 hasta la fecha de su incorporación.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Se determina que el presente juicio quedó circunscrito a verificar en primer lugar si la juez del Juzgado A quo omitió pronunciamiento sobre el alegato de Perención de la Instancia solicitado por la parte demandada. Previa revisión de las acta procesales se evidencia que en fecha 28 de Mayo del año 2003, el Tribunal para entonces competente dictó decisión interlocutoria en la cual desechó tal alegato, siendo que por garantía jurídica ningún Juez de igual instancia puede decidir sobre lo ya decidido, se determina que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho en cuanto a que no se pronunció sobre el alegato de perención desechado por el entonces tribunal competente. Analizada la sentencia recurrida, los argumentos de la parte actora en la oportunidad procesal de interponer su solicitud, la contestación al fondo de la demanda y las pruebas producidas en el juicio, esta sentenciadora aplica la consecuencia jurídica prevista en el hoy derogado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, aplicable en el caso concreto de acuerdo a los circunstancias de tiempo en la cual se desarrollaron los hechos, dejando establecido esta alzada que la demandada en la oportunidad procesal de la contestación al fondo de la demanda no fundamentó los motivos de su rechazo, aunado al hecho que esta alzada discrepa de la motiva sostenida por el Juzgado A quo, cuando en la oportunidad de valorar las pruebas, específicamente la declaración del testigo Euclides González, pues la sentenciadora de la recurrida no especificó qué hechos demostraba la declaración, dejando establecido esta alzada que la parte actora demostró a los autos a través de la referida prueba la prestación del servicio para la demandada, y por lo tanto le nació a su favor la presunción de laboralidad establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, razones que llevan al ánimo de quien suscribe el presente fallo a confirmar la sentencia proferida por el a quo. ASI SE ESTABLECE.
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISION
En el caso sub examine se pretende la revisión de la sentencia que expidió, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, mediante el cual declaró sin lugar la apelación que interpuso el representante judicial de Hielo Manolo C.A. (actual peticionaria) y, en consecuencia, confirmó el veredicto del juzgado de primera instancia que declaró con lugar la pretensión de estabilidad laboral que intentó el ciudadano Gabriel Antonio Fernández, en su contra.
En lo que respecta a los actos de juzgamiento definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala, en en fallo n.° 93 de 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo de Venezuela), que hoy se reitera, asentó lo siguiente:
Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional ( ).
Para el juzgamiento del caso de autos, la Sala observa:
1. En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria requirió la revisión del acto decisorio que emitió, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, debido a que, en su criterio, el acto jurisdiccional en cuestión carece de motivación porque omitió los hechos que expusieron los testigos que fueron promovidos por él en juicio para la demostración de sus excepciones o defensas y, a la vez, es indeterminado porque no señaló el objeto del litigio, pues ordenó la práctica de una experticia complementaria del fallo sin la determinación de todos los elementos necesarios para que los expertos desarrollaran su actividad.
2. Esta Sala Constitucional ha señalado, respecto a la motivación del acto jurisdiccional, lo siguiente:
Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conozcan los motivos de la absolución o de la condena, del por qué se declara con o sin lugar una demanda. Solo así, puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49; sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo; sólo así, puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6 del mencionado artículo; y es más, todo acto de juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social.
Fallos judiciales sin juzgamientos (motivación) atentan contra el orden público, y siendo éste el vicio que se denuncia en la solicitud de amparo, considera la Sala, que debe examinar la sentencia para calificar si realmente hay falta de motivación. (s.S.C. n.° 150/2000, caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja).
En el mismo sentido, esta Sala concretó aspectos sobre la motivación de la sentencia en los términos que siguen:
( ) la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.
Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido (sentencia del Tribunal Constitucional Español n.o 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.
Así las cosas, la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. (sentencia de esta Sala n.° 4.594/2005, caso: José Gregorio Díaz Valera).
Con fundamento en la doctrina que antecede, y que hoy se ratifica, de los artículos 26 y 49 del Texto Fundamental se deriva que los actos de juzgamiento que expidan los jueces deben contener, necesariamente, una motivación que, además, sea razonable, de manera que las partes en juicio conozcan los motivos de la absolución o de la condena, del por qué se declara con o sin lugar su demanda, pues, de lo contrario, atentarían contra el orden público, lo cual haría nulo el acto decisorio que adoleciera del vicio de inmotivación y, asimismo, se apartarían de la doctrina que ha establecido la Sala sobre el particular.
3. En el pronunciamiento que fue sometido a revisión, la Sala observa que, tal como lo delató el peticionario, aunque se mencionaron las pruebas, tanto de la parte actora como de la demandada, especialmente las testimoniales; sin embargo, el sentenciador las apreció sin analizarlas, tal como se verá a continuación.
En efecto, en relación con las pruebas testimoniales que fueron promovidas por el demandante, ciudadano Gabriel Antonio Fernández, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre expresó que la parte promovió varios testigos quienes rindieron declaración y, sin más argumentación, los desestimó así: -primera instancia- no le otorgó valor probatorio por considerar que sus deposiciones fueron contradictorias, compartiendo y ratificando esta alzada dicho criterio de valoración. Respecto del testigo Euclides González, concluyó que el mismo respondió sin contradicciones y de forma coherente que merece confiabilidad, por lo que el A quo le otorgó valor probatorio. No obstante esta alzada determina que del análisis de su deposición se aprecia que efectivamente el actor prestó sus servicios para la demandada lo que lo hace beneficiario de la presunción de laboralidad establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Conforme a lo anterior, esta Sala observa que el tribunal en cuestión atribuyó valor probatorio a dicho testigo, sin que hubiera mencionado cuáles hechos o conjunto de indicios le permitieron llegar a la convicción de que la naturaleza de la relación que existió entre las partes en debate era laboral (Cfr. s.S.C.S. n.o 489/13.08.02. Caso: Fenaprodo-CPV).
Respecto a las pruebas testimoniales que fueron promovidas por la parte demandada Hielo Manolo C.A.-, se observa que, aunque el sentenciador las valoró, el acto decisorio no contiene las respuestas a las preguntas que le hicieron a los testigos, por lo que no se evidenciaron los hechos que fueron relevantes para la demostración o no de sus defensas y que sirvieron de sustento para la motivación del fallo objeto de revisión, como se destaca a continuación: [e]stas testimoniales fueron rendidas sin caer en contradicciones, teniendo los testigos conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que la recurrida las apreció y le otorgó valor probatorio, por ser testigo hábiles, compartiendo este Alzada dicho criterio de valoración, por consiguiente lo ratifica.
Seguidamente, el Juez Superior para la fundamentación de la motivación de la sentencia objeto de revisión, disintió de la decisión de primera instancia cuando ésta última valoró la declaración del testigo Euclides González, porque, en su criterio, el juez de primera instancia no especificó cuáles hechos se demostraron con la declaración de dicho testigo, por lo que el tribunal superior estableció que la parte actora demostró, a través de la referida prueba testimonial, la prestación del servicio para la demandada, hoy solicitante, al no desvirtuarse la presunción que preceptúa el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo; no obstante, la Sala observa que el juzgado en cuestión no señaló tampoco cuáles fueron los hechos determinantes para el arribo a la conclusión de que había operado, a favor del actor, la presunción iuris tantum de existencia de la relación de trabajo.
Por tanto, y de conformidad con la doctrina que antecede, esta Sala considera que el veredicto que se sometió a revisión incurrió en el vicio de inmotivación, por cuanto declaró parcialmente con lugar la demanda, sin ningún tipo de motivación respecto a por qué los testigos le sirvieron de fundamento para la declaración de la existencia de la relación de trabajo, toda vez que el Juez Superior, en el proceso lógico de juzgamiento, estaba obligado a la valoración, en su conjunto, de las testimoniales, pues si bien podían resumirse sus dichos, sin embargo, debían resaltarse los aspectos más importantes de sus deposiciones, de modo que la sentencia pudiera bastarse a sí misma, lo cual no sucedió en el caso de autos y desemboca en la violación a los derechos a la tutela judicial eficaz y al debido proceso de la parte solicitante que preceptúan los artículos 26 y 49 de la Constitución.
Por último, el solicitante alegó que el acto decisorio era indeterminado porque ordenó una experticia complementaria del fallo sin la indicación del monto del salario mínimo con el que debía cuantificarse la indemnización que condenó a pagarse.
Al respecto, se aprecia que el acto de juzgamiento en cuestión ordenó el reenganche y el pago de los salarios dejados de percibir a favor de la parte actora desde la admisión de la demanda hasta la efectiva reincorporación del actor a su puesto habitual de trabajo, o hasta la persistencia del patrono en el despido, cuyo salarios se calcularían con base en el salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional, con la exclusión de los lapsos en los cuales la causa estuvo paralizada por causa no imputable a las partes, dispositivo que, a criterio de esta Sala, no es indeterminado, ya que se señaló que el salario que debía tomarse en consideración para el pago de la indemnización era el salario mínimo, que fue decretado por el ejecutivo nacional, por lo que se desestima este argumento del solicitante. Así se declara.
En conclusión, en aplicación de lo que dispone en el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala considera procedente la revisión de la sentencia que pronunció, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por cuanto dicho fallo obvió los criterios de interpretación de las normas y principios constitucionales, respecto al contenido mínimo de los derechos a la tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso que reconocen los artículos 26 y 49 de la Constitución, en relación con la motivación de los actos de juzgamiento, que asentó esta Sala y que fueron citados supra; en consecuencia, se declara que ha lugar a la revisión que se demandó, se anula dicho acto decisorio y se ordena que un nuevo Juzgado Superior del Trabajo se pronuncie sobre el fondo de la controversia, sin que se incurra en el vicio de inmotivación que se determinó en este veredicto. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que fueron expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR a la solicitud de revisión que presentó la representación judicial de HIELO MANOLO C.A. contra el acto jurisdiccional que emitió, el 26 de octubre de 2006, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En consecuencia, ANULA el fallo objeto de revisión y REPONE la causa al estado en que otro Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia, con sujeción al criterio que se estableció en el presente veredicto.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, el cual remitirá el expediente correspondiente para su distribución dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación de esta sentencia.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de enero de dos mil nueve. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
/
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 08-0220
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